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CORTE FIJA LIMITES A AUTORIDADES INDIGENAS QUE MALTRATAN A LAS MUJERES

La Corte Constitucional le puso freno jurídico a la permisividad sobre la violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas. Dijo que la justicia ordinaria debe implementar límites a la autonomía de esos pueblos en este aspecto, por lo que ninguna tradición, cosmogonía o método de justicia étnico puede estar por encima de los derechos establecidos en la Constitución.

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Magally Cisneros

 

El expediente comenzó el 23 de enero de 2022, cuando el Resguardo citó a votaciones para elegir al “padre o madre” enlace, una autoridad que adelanta labores administrativas y que gestiona dineros del gobierno provenientes de Familias en Acción. Aunque más de 1.000 personas se opusieron a la designación de dicha “madre enlace”, la sesión se cerró con tal decisión, al parecer irregular. Una madre cabeza de familia se acercó a la mesa, tomó el acta y la rompió como protesta. Fue cuando 23 comuneros la empujaron y la violentaron. Un grupo de mujeres la defendió, entre ellas Magally Cisneros, pero lo único que recibieron fueron castigos con látigo.

¿Pueden las costumbres de la justicia étnica pasar por encima de los derechos concedidos a las mujeres colombianas en la Constitución colombiana? Nunca. La Corte Constitucional concluyó que el respeto por la dignidad de la mujer está por encima, en la balanza de la justicia, de las tradiciones indígenas asentadas en el territorio nacional.

“El abuso de poder que estoy dando a conocer es evidente, puesto que se aprovechan de su investidura de autoridades indígenas para tomar decisiones arbitrarias y pasar por encima de los comuneros y miembros de especial protección por el Estado. Somos sometidos por el miedo que nos provocan y con la sanción que me impusieron fue un claro mensaje para la comunidad que no tenemos la libertad de expresarnos en ningún sentido”, dejó por escrito Cisneros, en su tutela contra el Resguardo.

Magally Cisneros, por protestar en contra de las decisiones que se estaban tomando, fue sometida a un juicio en el que se ordenó ser azotada, pero luego de que otros comuneros rechazaran la decisión, se le solicitó que pidiera perdón, de rodillas, por haber protestado. Fue por esta razón que interpuso una acción de tutela en la que solicitó la protección de su derecho a la libre expresión, al debido proceso, ala igualdad y a la dignidad humana.

El caso llegó a manos de dos juzgados en Ipiales. Los jueces que conocieron el expediente en primera y segunda instancia afirmaron que esta acción de tutela es improcedente porque no se implementó el mecanismo idóneo sancionatorio, el cual debe basarse en “las costumbres, la Legislación indígena, la Ley Natural, el Derecho Mayor y la Jurisdicción Especial Indígena, garantizando el respeto al debido proceso”.

El proceso llega entonces a la Corte Constitucional, entidad que, además de darle solución al caso de Cisneros Portilla, entregó un análisis de la forma en la que, en este caso, la jurisdicción especial indígena habría incurrido en ciertas formas de violencia contra la mujer. En la conclusión, se detalla que la justicia indígena tiene límites dentro de lo que abarca los derechos fundamentales, por lo que no se podrá “vulnerar el derecho a tener una vida libre de violencias, al ser un mandato derivado de la igualdad y la no discriminación, entre otros”.

“La vida de la gran mayoría de mujeres indígenas sigue marcada por grandes obstáculos para el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, expresa el magistrado Alejandro Linares, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en su ponencia.

La Sala Plena, comentó que la “autonomía indígena y el reconocimiento al principio de diversidad étnica no son excluyentes con el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias (…) no cabe duda de que al interior de las comunidades indígenas se debe avanzar hacia su protección, y armonizar, en cada caso, con las costumbres indígenas, los derechos de las mujeres”.

La decisión quedó plasmada en el fallo SU-091 de 2023, en el que se establece que “esta es una prohibición que cobija a todas las justicias en Colombia, pues sería inadmisible que algunas mujeres tengan el acceso restringido a una vida libre de violencias (…) el derecho propio de las comunidades indígenas no podrá vulnerar dicho derecho a tener una vida libre de violencias, al ser tal un mandato derivado de la igualdad y la no discriminación, entre otros”.

Esta determinación, dice la Sala Plena, es evidencia de un avance en la jurisprudencia “que conlleva la creación de un nuevo límite a la autonomía de las autoridades de los pueblos indígenas, esto es, la prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer”.

Los magistrados señalaron que si bien la jurisdicción indígena tiene autonomía, también debe responder a límites establecidos en la Carta Política, como lo relacionado con los derechos fundamentales que incluyen el no aplicar castigos de pena de muerte, tortura o servidumbre. Y se deben dar garantías al debido proceso.

Ahora, teniendo en cuenta lo ocurrido, la Corporación del Cabildo Indígena tiene 30 días para conformar un espacio con representantes de las mujeres de la comunidad. “El objetivo de dicho espacio debe ser el de examinar los principales problemas de garantías judiciales que persisten en el tratamiento a la mujer dentro de la jurisdicción especial indígena, formule recomendaciones para superar estos problemas y resalte las buenas prácticas”, dice el fallo.

El siguiente es el Boletín de la Corte Constitucional

SENTENCIA SU-091/23

M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO Expediente : T-8.833.393

 

CORTE AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA MUJER INDÍGENA AL DEBIDO PROCESO, A TENER UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE IMPONE UN NUEVO LÍMITE EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL A LA AUTONOMÍA INDÍGENA AL ESTABLECER LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

 

1.- Antecedentes

 

Le correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional decidir si los miembros de una comunidad indígena vulneraron los derechos fundamentales señalados al imponer una sanción y emprender algunas actuaciones en contra de ella misma, así como de las mujeres de la comunidad, en el marco de una reunión que tenía por objeto la elección del enlace de la comunidad en el Programa “Más familias en acción”. Tras analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Corte estudió la relación entre la jurisdicción especial indígena y el mandato del Estado contra todas las formas de violencia contra la mujer.

La Corte señaló que la jurisdicción especial indígena cuenta con un fundamento constitucional directo no sólo en el artículo 246 de la Constitución Política de 1991, sino también al ser una materialización de un Estado que protege la diversidad étnica y cultural, así como al representar el valor que subyace y que está determinado por el respeto por la diferencia (artículos 19, 2, 13 y 70 de la Carta Política). Sin embargo, esta jurisdicción especial está sometida a ciertos límites, como, por ejemplo, el núcleo duro de los derechos fundamentales que incluye la vida, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de tortura (que debe ser interpretada en clave de diversidad), la prohibición de servidumbre y el debido proceso -este último con un contenido que no equivale al del derecho no-indígena o mayoritario, pero que debe materializar las garantías esenciales de dicho derecho-.

Prosiguió con un recuento del contexto de la violencia en contra de las mujeres indígenas y las restricciones de acceso a la administración de justicia, bajo un enfoque de interseccionalidad. Sobre el particular, advirtió que la vida de la gran mayoría de mujeres indígenas sigue marcada por grandes obstáculos para el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Sala Plena reconoció expresamente que la justicia tiene deudas históricas con estas mujeres. Así, indicó que, en años recientes, se vienen implementando estándares de protección para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, el cual está contemplado en los artículos 13, 43 y 246 de la Constitución Política, la Convención Interamericana de Belem Do Pará para “Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer” (Ley 248 de 1995) y el Convenio 169 de la OIT, la Ley 1257 de 2008, entre otros instrumentos normativos, así como en la jurisprudencia constitucional.

A la luz de este contexto, indicó el tribunal constitucional que la autonomía indígena y el reconocimiento al principio de diversidad étnica no son excluyentes con el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias, por lo que no cabe duda de que al interior de las comunidades indígenas se debe avanzar hacia su protección, y armonizar, en cada caso, con las costumbres indígenas, los derechos de las mujeres. La Sala Plena explicó que este reconocimiento se refleja como un avance en la jurisprudencia constitucional que conlleva la creación de un nuevo límite a la autonomía de las autoridades de los pueblos indígenas, esto es, la prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer.

La Corporación hizo énfasis en que esta es una prohibición que cobija a todas las justicias en Colombia. Sobre el particular, consideró que sería inadmisible concluir que, en el marco de la Constitución y de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, ciertas mujeres tengan acceso restringido a una vida libre de violencias. En esta medida, reafirmó que el derecho propio de las comunidades indígenas no podrá vulnerar dicho derecho a tener una vida libre de violencias, al ser tal un mandato derivado de la igualdad y la no discriminación, entre otros.

En el caso concreto, la Sala reprochó la ausencia de garantías mínimas otorgadas a la accionante en la imposición de la sanción, así como la invisibilización de la voz y la participación de las mujeres de la comunidad en decisiones y en la reunión efectuada para la elección del enlace del programa social dentro de la comunidad.

 

2.- Decisión

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que debían ampararse los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, a tener Una vida libre de violencia de géneroy a la libertad de expresión.

En consecuencia, procedió a revocar los fallos de tutela que declararon improcedente el amparo solicitado y a ordenar a la Corporación del Cabildo Indígena accionado que en el término de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, conforme al interior de la comunidad un espacio con representantes de las mujeres de la comunidad, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, para realzar el papel de ellas dentro de la jurisdicción especial indígena.

El objetivo de dicho espacio debe ser el de examinar los principales problemas de garantías judiciales que persisten en el tratamiento a la mujer dentro de la jurisdicción especial indígena, formule recomendaciones para superar estos problemas y resalte las buenas prácticas.

El resultado de esta discusión deberá llevarse, dentro de un término prudencial, a discusión de la Asamblea General de la comunidad del mismo Cabildo Indígena en aras de adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de todas las mujeres -con independencia de su edad- a una vida libre de violencia de género, a la libertad de expresión, la igualdad y al debido proceso, así como para evitar que las situaciones aquí presentadas se repitan. En tal contexto, deberá analizarse la problemática desde la existencia de discriminación interseccional en contra de mujeres y niñas, teniendo en cuenta también la identidad multifacética de ellas.

 

3.- Aclaraciones de voto

 

La magistrada DIANA FAJARDO RIVERA y el magistrado JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ aclararon su voto en la decisión.

Las magistradas NATALIA ÁNGEL CABO Y PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA y el magistrado JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR se reservaron la posibilidad de aclarar su voto.

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta Corte Constitucional de Colombia

 

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