GOBIERNO DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN 15 DEPARTAMENTOS POR TERREMOTO

Bogotá, 20 de agosto de 2026

 

El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en 15 departamentos del país, como consecuencia de los graves daños ocasionados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1261 de 2026, expedido el 19 de agosto, bajo las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994. La medida tendrá una duración de 30 días calendario y cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.

 

Sismo de magnitud 7,4 dejó una emergencia de grandes proporciones

 

De acuerdo con la información citada en el decreto, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, tuvo una magnitud de 7,4 Mw, una profundidad de 103,4 kilómetros y su epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó. Hasta las 6:00 de la mañana del 19 de agosto se habían registrado 393 réplicas y el sismo había sido sentido en 30 departamentos.

El balance preliminar presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, dimensiona la magnitud de la tragedia: 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas, además de 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas.

También se reportaron daños en edificios, instituciones educativas, centros comunitarios, establecimientos de salud, puentes, carreteras, acueductos, aeropuertos y otras obras de infraestructura. Las autoridades han advertido que las cifras son preliminares y pueden aumentar a medida que continúen las inspecciones en los territorios de difícil acceso.

 

Emergencia también incluye a Nariño

 

Aunque el epicentro se produjo en Chocó, la magnitud del fenómeno ocasionó afectaciones en diferentes regiones del país. Por esta razón, Nariño quedó expresamente incluido entre los departamentos cobijados por la declaratoria de emergencia.

El decreto precisa, además, que la emergencia no se limita únicamente a los municipios inicialmente identificados por la UNGRD. También podrán quedar comprendidos aquellos municipios en los que posteriormente se demuestre de manera precisa una afectación concreta causada por el terremoto.

Entre los efectos registrados en los servicios esenciales, el documento señala que la demanda de energía eléctrica no atendida llegó inicialmente a cerca del 18 % del total nacional. En la región conformada por Cauca y Nariño, la afectación inicial alcanzó el 44 %, aunque posteriormente gran parte del servicio fue restablecido.

Daños podrían superar los $30 billones

 

El Gobierno advierte que todavía no es posible establecer el valor definitivo de las pérdidas económicas. Sin embargo, las estimaciones preliminares incluidas en el decreto calculan un impacto de por lo menos $30 billones, equivalente aproximadamente al 1 % del Producto Interno Bruto.

La afectación comprende viviendas, establecimientos comerciales, infraestructura pública, hospitales, instituciones educativas, vías, servicios públicos y actividades productivas. El impacto es especialmente delicado para hogares vulnerables, comunidades rurales y personas cuya subsistencia depende de actividades informales, agropecuarias, comerciales y de servicios.

La emergencia también puede repercutir sobre el abastecimiento de alimentos, debido a los daños y restricciones en corredores viales estratégicos, generando mayores costos de transporte, dificultades en las cadenas de distribución y eventuales presiones sobre los precios.

Gobierno prepara medidas extraordinarias

 

La declaratoria permite al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley directamente relacionados con la atención de la emergencia. Las medidas podrán abarcar asuntos presupuestales, tributarios, financieros y crediticios, además de vivienda, salud, educación, transporte, servicios públicos, reconstrucción de infraestructura, reactivación económica y asistencia humanitaria.

Entre las alternativas contempladas se encuentran la creación de fondos especiales para financiar la atención y reconstrucción; alivios tributarios, aduaneros y cambiarios temporales; modificaciones presupuestales; utilización de determinados recursos de fondos especiales y mecanismos para facilitar créditos, garantías, períodos de gracia y subsidios financieros a los damnificados.

Para las microempresas afectadas se contempla la posibilidad de establecer líneas de crédito de emergencia con tasas subsidiadas y períodos extraordinarios de gracia. También se plantea utilizar temporalmente recursos de Fontur para apoyar la operación hotelera en las zonas golpeadas por el desastre.

Vivienda, empleo y ayudas para damnificados

 

Uno de los frentes prioritarios será la atención de las familias que perdieron sus viviendas. El decreto plantea flexibilizar y ampliar los subsidios familiares de vivienda, facilitar alojamientos temporales y reasentamientos y adoptar medidas frente a posibles distorsiones en los precios de arrendamientos y materiales de construcción.

En materia laboral, el Gobierno considera necesario establecer un mecanismo temporal de apoyo que permita sufragar parte de los salarios y aportes de trabajadores de empresas damnificadas, especialmente micro y pequeñas empresas, con el propósito de proteger el empleo. También se contempla una transferencia económica extraordinaria para trabajadores independientes afectados.

Educación podrá funcionar en espacios alternativos

 

La emergencia también golpeó fuertemente al sector educativo. El decreto señala daños en infraestructura física y digital, mobiliario y conectividad, además de la necesidad de brindar acompañamiento pedagógico y psicosocial a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

Por ello, el Gobierno plantea habilitar temporalmente la prestación del servicio educativo en espacios físicos alternativos y mediante modalidades remotas, así como facilitar la contratación de acompañamiento pedagógico y psicosocial y la adquisición de tecnología y mobiliario.

También se advierte que las reglas ordinarias del Programa de Alimentación Escolar, PAE, no contemplan suficientemente una situación de esta naturaleza, por lo que podrían adoptarse mecanismos excepcionales para garantizar alimentación a estudiantes y sus familias durante la contingencia.

Recursos extraordinarios para afrontar la reconstrucción

 

El Ejecutivo sostiene que los recursos ordinarios disponibles resultan insuficientes frente a la dimensión del desastre. Por ello, se contempla acudir temporalmente a diferentes fuentes de financiación, entre ellas recursos del Sistema General de Regalías, donaciones, recursos de capital y fondos especiales.

El decreto también abre la posibilidad de extender el mecanismo de Obras por Impuestos a municipios afectados, con el propósito de movilizar recursos y capacidad privada hacia proyectos relacionados con la recuperación.

Además, se estudia utilizar de manera extraordinaria determinados bienes y recursos administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y el FRISCO para albergues temporales, reasentamiento de familias, centros de acopio y obras de infraestructura de emergencia.

Medidas estarán sometidas a control constitucional

 

La declaratoria no significa que todas estas medidas entren automáticamente en vigencia. El Decreto 1261 habilita al Gobierno para expedir durante el estado de emergencia los respectivos decretos legislativos, que deberán guardar relación directa con la crisis y estar orientados a conjurarla o impedir la extensión de sus efectos.

El Gobierno deberá presentar al Congreso de la República un informe motivado sobre las causas de la declaratoria y las decisiones adoptadas. Asimismo, el Decreto 1261 debe ser remitido a la Corte Constitucional, organismo encargado de ejercer el correspondiente control constitucional.

La emergencia rige desde la publicación del decreto y tendrá una duración de 30 días calendario, periodo durante el cual el país afrontará una etapa decisiva de atención humanitaria, recuperación de servicios esenciales y puesta en marcha de las primeras acciones de reconstrucción en los territorios golpeados por uno de los movimientos sísmicos más fuertes registrados en Colombia durante el último siglo.