GOLPE A GOLPE CONTRA LA PAZ

El gobierno de Abelardo de la Espriella está desmontando, golpe a golpe, la política pública de Paz Total. En pocas semanas ha alterado las condiciones de interlocución, retirado garantías ofrecidas a los grupos armados y cerrado escenarios de negociación. Las nueve resoluciones expedidas el 28 de agosto constituyen el golpe más duro y directo hasta ahora. No es el primero ni será el último en esta ofensiva contra la paz.

El primer golpe llegó el 7 de agosto, el mismo día de la posesión presidencial, con el traslado de 117 personas privadas de la libertad a establecimientos de máxima seguridad. Entre ellas había varios cabecillas vinculados a los diálogos sociojurídicos de Medellín y Buenaventura. El Gobierno presentó la operación como una medida de control penitenciario, pero su mensaje político fue claro: las condiciones creadas para facilitar la interlocución podían terminarse unilateralmente.

El segundo golpe fue la orden de hacer efectivas las extradiciones a Estados Unidos de cinco dirigentes de organizaciones armadas. Estas habían sido concedidas por el Gobierno anterior en 2025, pero permanecían suspendidas debido a la participación de los solicitados en procesos de negociación. La decisión retiró una garantía política empleada para sostener los diálogos y anticipó la nueva doctrina gubernamental: participar en una negociación no impedirá la extradición por narcotráfico.

El caso de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, muestra el alcance del segundo golpe. Bajo su conducción, 99 integrantes de los Comandos de la Frontera entregaron 105 armas y se concentraron en una zona de ubicación temporal en Putumayo. La orden de extraditarlo y el cierre posterior de la mesa los dejan sin su principal interlocutor ante el Estado y sin una ruta jurídica clara. El Estado recibió sus armas, pero mantiene en la incertidumbre a quienes confiaron en sus compromisos.

Las nueve resoluciones constituyen el tercer golpe y, hasta ahora, el más contundente. El Gobierno terminó las mesas con las estructuras dirigidas por alias Calarcá y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, además del espacio sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. También retiró el reconocimiento de sus representantes, revocó las delegaciones gubernamentales y, en el caso de las ACSN, solicitó reactivar las órdenes de captura. Así desmontó el andamiaje jurídico y administrativo que sostenía los tres canales de interlocución.

El cierre no puede ocultar que algunas mesas atravesaban crisis evidentes. Hubo incumplimientos, fragmentación de las organizaciones, expansión territorial y continuidad de las economías ilícitas. El balance de la Paz Total que acabo de publicar en el número 119 de la Revista Foro muestra que la multiplicación de interlocutores avanzó más rápido que las capacidades jurídicas, administrativas y territoriales del Estado. Sin embargo, reconocer esas fallas no justifica dar el mismo tratamiento a procesos estancados, experiencias con resultados parciales y grupos que ya habían comenzado a dejar las armas.

La Paz Total produjo trayectorias diferentes. El diálogo con el ELN terminó suspendido después de una prolongada crisis, mientras Comuneros del Sur entregó material bélico para su destrucción. Las negociaciones con las disidencias sufrieron fragmentaciones, pero coexistieron con acuerdos territoriales y reducciones temporales de la violencia. La paz urbana abrió canales con estructuras que controlan barrios y cárceles. El Gobierno Petro administró estas diferencias sin capacidades suficientes; el nuevo Gobierno corre el riesgo de borrarlas y tratar por igual a todos los grupos armados.

Las primeras decisiones del Gobierno revelan una fórmula uniforme frente a los grupos armados: sometimiento, extradición y ofensiva militar (SEO). Esta fórmula puede producir capturas y golpes operacionales, pero no necesariamente desarticula las redes económicas, políticas y territoriales que reproducen la violencia. Colombia ha comprobado que la muerte o captura de un jefe suele provocar disputas sucesorias y nuevas fragmentaciones. Cerrar una mesa resulta relativamente sencillo; sin embargo, gobernar el territorio que queda después exige instituciones, recursos y presencia estatal.

Pero los golpes contra la Paz Total pueden continuar. El siguiente, de mayor profundidad, podría ser la eliminación de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que De la Espriella anunció que reemplazaría por un Comisionado Nacional de Seguridad. Esta oficina no fue una invención del Gobierno Petro: durante cuatro décadas acumuló conocimientos, archivos, procedimientos y relaciones indispensables para explorar y conducir negociaciones. Suprimirla, dejaría al Estado sin una capacidad especializada que podría necesitar incluso un Gobierno partidario de la mano dura.

Un golpe adicional recaería sobre la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuya supresión también fue anunciada. Aquí es indispensable distinguir la Paz Total, adoptada en 2022, del Acuerdo Final firmado con las FARC en 2016. Terminar las negociaciones actuales es una atribución del Gobierno; abandonar los compromisos de reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos, seguridad territorial y derechos de las víctimas desconocería la obligación estatal de implementar de buena fe lo acordado. Recordemos que un presidente puede cambiar su política de paz, pero no liberar al Estado de los compromisos adquiridos.

Otro golpe ya comenzó a tramitarse en el Congreso: un proyecto propone modificar disposiciones centrales de la Ley 2272 de 2022, fundamento jurídico de la Paz Total. Esta norma permite diferenciar entre negociaciones políticas y acercamientos sociojurídicos con organizaciones criminales. Su reforma podría reducir todas las salidas negociadas al sometimiento y limitar los instrumentos de futuros gobiernos. Este golpe no depende de resoluciones presidenciales: exige mayorías en el Congreso y debe convertirse desde ahora en asunto de deliberación y control ciudadano.

El golpe más contundente podría dirigirse contra la Jurisdicción Especial para la Paz. De la Espriella prometió eliminarla y reducir drásticamente sus recursos, pero no puede hacerlo mediante decreto: la JEP fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 y su eliminación exigiría una reforma constitucional. El Gobierno sí podría debilitarla mediante recortes presupuestales, ataques a su legitimidad o restricciones operativas. El costo recaería sobre la investigación de los máximos responsables y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En conclusión, las resoluciones del 28 de agosto son un golpe duro y directo contra la Paz Total, pero hacen parte de una secuencia que apenas comienza. Las mesas cerradas pueden reabrirse; pero las capacidades estatales destruidas podrían tardar décadas en reconstruirse. De allí que el Congreso, las autoridades territoriales y la ciudadanía deban vigilar cada paso. No se trata de defender todos los errores del gobierno Petro. Se trata de impedir que, golpe a golpe, Colombia vuelva a quedarse sin instrumentos para construir la paz.

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