Banner Before Header

¡ULTIMÁTUM! SE OBLIGA AL GOBIERNO A IDENTIFICAR IRREGULARIDADES DE LA ACTIVIDAD POLICIAL

Consejo de Estado le da tres meses al gobierno para reglamentar sistema unificado de identificación de posibles irregularidades en la actividad policial

0 339

Bogotá, 3 de febrero de 2022

El Consejo de Estado determinó que, en tres meses, el presidente y los ministros de Defensa y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deben reglamentar la implementación de un sistema electrónico único para recepción de quejas y reclamos en torno a las actividades de las operaciones policiales, siempre que no se afecte la confidencialidad, cuando sea necesario.

La decisión se explica por la demanda que interpuso un ciudadano, en ejercicio de la acción de cumplimiento. Según el accionante, ya habían pasado más de cuatro años desde que el Congreso, mediante el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, le impusiera al Gobierno el deber de implementar un sistema único para identificar y prevenir casos de abuso policial y demás irregularidades. De ahí que acudiera a este instrumento jurídico, para que se estableciera el incumplimiento y se ordenara expedir la plataforma.

Luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara a favor de las pretensiones del accionante, el Consejo de Estado conoció el asunto y ratificó que el Gobierno incumplió su obligación legal de reglamentar un sistema unificado de identificación y prevención de irregularidades en la actividad policial. Según la alta corte, le corresponde al presidente de la República cumplir este mandato. Por ello, ratificó que, en un plazo de tres meses (desde la ejecutoriedad del fallo), se debe expedir la reglamentación por parte del jefe del Estado y los ministros de Defensa y de las TIC, como lo impone el comúnmente denominado ‘Código de Policía’.

La norma busca que los ciudadanos cuenten con un sistema ágil para presentar quejas y reclamos que tenga cobertura nacional.

El caso concreto

 

El demandante pretende el cumplimiento parcial del artículo 235 de la Ley 1081 de 2016, mediante la cual el Congreso de la República expidió el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Lo anterior para que el gobierno nacional reglamente el sistema único para el mejoramiento y prevención de los abusos en la actividad de policía establecido en la citada norma.

El texto de la disposición invocada señaló lo siguiente:

“Artículo 235. Sistema único para el mejoramiento y prevención de los abusos en la actividad de policía. La Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro del año siguiente a la promulgación del presente Código, establecerá un sistema electrónico único de quejas, sugerencias y reclamos de cobertura nacional que garantice un acceso fácil y oportuno de la ciudadanía.

El sistema electrónico único deberá reportar en tiempo real las actividades que realicen las autoridades de Policía y el resultado de las mismas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, siempre y cuando no se afecten operaciones policiales en desarrollo ni se contravenga la ley.

El gobierno nacional reglamentará la implementación del sistema establecido en este artículo para que el mismo pueda arrojar resultados estadísticos sobre la actividad de Policía”. (negrillas fuera del texto en este inciso).

Previamente al análisis que corresponde, es necesario referirse al argumento reiterado por la Presidencia de la República según el cual no tiene competencia para atender la obligación de reglamentación legal reclamada por el actor en la demanda.

Observa la Sala que desde el trámite previo al proceso y en la actuación judicial hubo algunas inconsistencias alrededor de las autoridades que podrían tener el deber de reglamentar el artículo 235 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Inicialmente, en el escrito mediante el cual fue agotada la renuencia, el actor dirigió el requerimiento, entre otros, al presidente de la República pero el deber de reglamentación de la disposición fue solicitado genéricamente al gobierno nacional.

Luego, la demanda fue interpuesta por el señor Rodríguez Sastoque contra el presidente de la República y los ministros del Interior, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y sin embargo, en las pretensiones, el cumplimiento fue reclamado a la Presidencia de la República y a los titulares de las dos últimas de esas carteras.

En el auto de marzo 9 de 2021, dictado por el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, se admitió la demanda contra la Presidencia de la República y los tres ministerios ya señalados.

No obstante, en el numeral segundo de la providencia ordenó las notificaciones personales al presidente de la República y a los titulares de las respectivas carteras. Posteriormente, en la sentencia impugnada declaró el incumplimiento de la norma y dispuso lo siguiente: “[…] ORDÉNASE al señor (sic) Presidencia de la República para (sic) dentro de marco de sus competencias, y previa valoración de las intervenciones que se hubiesen presentado en el marco regulatorio, expida el Decreto por medio del cual reglamente el artículo 235 del Código (sic) Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), dentro del plazo de tres meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia”.

La providencia no fue objeto de aclaración por las partes pese a la disparidad contenida frente a quien tenía que ejecutar la orden dirigida al acatamiento de la obligación legal de reglamentación.

Considera la Sala que en este caso en particular le asiste razón a la apoderada de la Presidencia de la República, pues respecto de este organismo no fue agotado el requisito de procedibilidad de la acción porque el actor no reclamó el deber normativo al citado organismo.

Adicionalmente, es claro que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no tiene competencia para la reglamentación de las leyes en aquellas materias específicas a las cuales hace referencia el artículo 235 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En tales condiciones, la Sala considera procedente acoger la solicitud de desvinculación de la entidad de esta actuación procesal y así lo hará en la parte resolutiva.

No obstante, precisa la Sala que en el expediente está acreditado que en cuanto al presidente de la República fue agotado el requisito de constitución de la renuencia, pues el escrito de enero 4 de 2021 fue dirigido expresamente, entre otros, al primer mandatario.

Debe entenderse que la solicitud hecha previamente al ejercicio de la acción fue conocida por el funcionario, dado que en su nombre fue contestada por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, como lo reiteró la apoderada del organismo tanto en la contestación de la demanda como en la impugnación.

La notificación ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, fue hecha por medios electrónicos a la dirección para notificaciones judiciales registrada por la Presidencia de la República, según consta en el expediente.

A pesar de lo anterior, el primer mandatario no acudió al proceso.

Es criterio reiterado de la Sala, que la acción de cumplimiento es procedente para ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria de las leyes en aquellos eventos en que el Congreso de la República haya impuesto al ejecutivo este deber en cuanto a ciertas materias.

Dicha alternativa resulta viable incluso independientemente de la imposición de un determinado plazo para tales efectos, por cuanto la ausencia de un término específico no redunda en la ineficacia de la disposición que contiene el mandato respectivo5.

Al impugnar la decisión adoptada por el a quo, la parte demandada no discutió la exigibilidad de la norma, la procedencia de la acción para la expedición de la reglamentación legal, ni la facultad que tiene el presidente en esta importante materia.

Es incuestionable que la reglamentación del artículo 235 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana corresponde al presidente de la República, como titular de la respectiva potestad establecida en el artículo 189 de la Constitución.

A su cargo está la expedición del reglamento relacionado con la implementación del sistema único para el mejoramiento y prevención de los abusos en la actividad de policía, con la firma del ministro o director del departamento administrativo del ramo con quien integra el gobierno.

En las impugnaciones tampoco quedó desvirtuada la conclusión a la cual llegó el a quo en la sentencia impugnada, según la cual la reglamentación legal prevista en el artículo 235 del denominado Código de Policía no ha sido dictada por el gobierno nacional.

Aunque no pueden desconocerse algunos avances a partir de la publicación de un proyecto de decreto para el conocimiento de la ciudadanía, por parte del Ministerio de Defensa, como lo resaltó su apoderado, lo cierto es que dicha iniciativa no está materializada.

El hecho de que eventualmente esté en trámite para la firma de quienes intervienen en su expedición, según manifestó el citado mandatario judicial en la impugnación, no significa en términos reales que la reglamentación haya sido adoptada.

Así, la sentencia impugnada será confirmada en el entendido de que la expedición del acto reglamentario corresponde al presidente de la República junto con los ministros vinculados a este proceso con quienes integra el gobierno nacional en esta temática y no a la Presidencia de la República, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En esta materia, la Sala mantiene un criterio según el cual el plazo de 6 meses es razonable en aquellos casos en que las normas respectivas no contemplen

expresamente un lapso específico en el cual deba ser ejercida la potestad reglamentaria.

Sin embargo, el término de 3 meses concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A será mantenido en la medida en que no fue objeto de impugnación.

Al margen de lo anterior, será reconocida personería a la apoderada de la Presidencia de la República dado que no fue hecha por el a quo, como fue puesto de presente por la mandataria judicial durante la intervención en la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

F A L L A

 

PRIMERO: Revocar el numeral primero de la sentencia impugnada. En su lugar, declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior.

SEGUNDO: Desvincular de este proceso al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Confirmar el numeral segundo de la sentencia impugnada en el entendido de que la expedición del acto reglamentario corresponde al presidente de la República, junto con los ministros vinculados a este proceso con quienes integra el gobierno nacional en esta materia, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

QUINTO: Prevenir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A para que en adelante observe los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 393 de 1997 para la remisión del expediente para el trámite de la impugnación.

SEXTO: Se reconoce personería a la doctora Martha Alicia Corssy Martínez para actuar como apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en los términos del poder conferido y que obra en el expediente digital.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

PEDRO PABLO VANEGAS GIL Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado

 

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.