La séptima papeleta –Antecedentes de la Constitución del 91-

Por:

J. Mauricio Chaves-Bustos

 

 

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES Y CONSTITUCIÓN EN COLOMBIA

A propósito de los 30 años de la Constitución de 1991

 

Parte 2

 

La séptima papeleta –Antecedentes de la Constitución del 91-.

 

El mundo cambia estrepitosamente durante la década de los 80, particularmente con la caída del bloque soviético, que pone en entredicho la propuesta comunista que se había sostenido por casi 70 años; el conservadurismo de Estados Unidos e Inglaterra, por otra parte, muestran que el modelo de capital que debe seguirse es el de apertura y libertad de empresa, de reducción del Estado paternalista, a cambio de un gobierno que actuara más como un gerente que como un estadista, el neoliberalismo –o neoconservadurismo, en términos de Hard y Negri-, se va imponiendo poco a poco en todo el mundo, incluida la otrora Rusia de Lenin y Stalin. No es mera coincidencia, como lo muestra Boaventura de Souza Santos, que a finales de los 80 e inicios de los 90, la mayoría de los países denominados en vías de desarrollo, se vean llamados a reformar sus constituciones, buscando garantías legales de corte más profundo, como es el constitucional, para afianzar una economía mundial de libre mercado. Casi todos los países latinoamericanos, impelidos por el Banco Mundial, inician entonces los procesos de reformas constitucionales.

 

A esto, se suma que Colombia en la década de los 80 seguía enfrentando a grupos al margen de la ley, generalmente influenciados por la ideología de izquierda, los recursos se destinan a buscar por cualquier medio acabar con el flagelo de la guerra intestina que enfrentaba a colombianos contra colombianos. Las FARC, ELN, EPL, M.19, son los principales grupos que debe enfrentar el Estado colombiano. Además, el auge del narcotráfico, que posibilita una nueva clase social emergente, la misma que termina por atravesar todos los escenarios de la vida nacional –Político, cultural, religioso y hasta deportivo-, agrava la situación interna y reclama un cambio de las estructuras para poder enfrentar tantos frentes, tanto propios como exógenos.

 

Muchos fueron los grupos que buscaban una reforma constitucional, ya en 1988 la guerrilla y amplios sectores populares propusieron una salida negociada mediante el llamado a un plebiscito, idea que fue acogida por el mismo Carlos Lleras Restrepo en 1987, sin embargo la Corte Suprema se manifestó contaría a la misma, todavía que analizando el decreto que llamó al plebiscito de 1957, por un lado reafirmó el impedimento que tenía para efectuar el estudio constitucional de dicho decreto, y por otro quiso distinguir entre una reforma constitucional efectuada por el Congreso –constituyente secundario- y otra por medio de un plebiscito – constituyente primario-. Académicos y estudiantes también creían en la necesidad de iniciar una reforma, pero acudiendo al constituyente primario para que lo haga. Además, amplios sectores de la sociedad no creían en la tradición política para hacer dicha reforma, la corrupción, los malos manejos del erario público, eran críticas comunes a los políticos de entonces, inclusive un político perteneciente a una de las casas más influyentes del conservatismo, como Álvaro Gómez, abogaba por un cambio en las estructuras del país. La búsqueda de la paz, además, era el telón de fondo de cualquier escenario social, existía en cierta medida una narrativa de concertación nacional para superar los males que aquejaban a toda la nación, gentes de izquierda y de derecha, ex guerrilleros y generales de la república, confiaban plenamente en que la única salida posible era acudiendo a la voz del pueblo, es decir al constituyente primario.

 

Aquí es fundamental reconocer que la tradición constitucional colombiana se funda en el reformismo, durante la vida republicana hemos tenido 6 constituciones, y a la Constitución del 86 se le hicieron 5 grandes reformas en cien años de existencia de ésta; también tradicionalmente estas reformas se han hecho por vía legal, sólo las reformas de 1863, 1885, 1957 y 1986 se hicieron reformas ignorando los preceptos constitucionales.

 

El presidente Barco, a instancias de sus ministros Gaviria y Fernando Cepeda, buscaron que se llamara a un plebiscito para reformar la Constitución, pero en tres ocasiones estos deseos se vieron truncados con un pacto político entre los partidos tradicionales para no alterar el régimen legal constitucional colombiano. Finalmente se llama a elecciones al constituyente primario, quedando en el imaginario colectivo el ampliamente reconocido papel del Movimiento Estudiantil “Todavía Podemos Salvar a Colombia”, quienes propusieron la denominada séptima papeleta para las elecciones del 11 de marzo de 1990, en el que se apoyaba el llamada a una Asamblea Nacional Constituyente “Voto por Colombia, sí, a una Asamblea Nacional Constituyente”, que movilizó a más de dos millones de colombianos para que votaran por el Sí a dicha convocatoria.

 

Dicho movimiento, bajo la sagaz orientación política y constitucional del entonces profesor universitario Fernando Carrillo, y en coordinación con los asesores presidenciales de Barco, los doctores Manuel José Cepeda y Rafael Pardo Rueda, acuerda el mecanismo de la denominada “Séptima papeleta” para que directamente el pueblo colombiano convocará la Asamblea Constituyente. Tal procedimiento es avalado por el Presidente Barco en su alocución del 10 de marzo de 1990 al invitar a los colombianos a votar el día siguiente por la séptima papeleta. Es así, como el 11 de marzo de 1990 se contabilizan extraoficialmente cerca de 2.235.493 votos a favor de su convocatoria. Ante semejante hecho político, se genera una dinámica de compromisos entre los precandidatos a la Presidencia de la República que rápidamente los lleva a suscribir un acuerdo para solicitar al Presidente Barco la convocatoria oficial de una Asamblea Constituyente [1].

 

 

Dada la imposibilidad de adelantar una reforma a través del Congreso, el gobierno de Barco promovió la idea de realizar una constituyente con el apoyo de una movilización estudiantil -que convocó informalmente a la opinión pública- y con el respaldo activo de sectores antes marginados, como indígenas y el grupo guerrillero recién desmovilizado, M-19, entre otros. Pero fue sólo hasta comienzos de los 90, con el gobierno Gaviria, que la Asamblea Nacional Constituyente -ANC- pudo materializarse gracias, en gran parte, al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el decreto 1926, a través del cual se podría convocar la ANC. [2]

 

El movimiento Todavía podemos salvar a Colombia lanzó una declaración, de donde se resaltan los siguientes puntos:

 

• El rechazo a todo tipo de violencia, cualesquiera que sean las ideologías o intereses que pretendan justificarla.
• La exigencia al respeto de los derechos humanos en Colombia.
• El apoyo a las instituciones democráticas en su lucha contra todas aquellas fuerzas que pretenden desestabilizarlas, llámense narcotráfico, guerrilla, grupos paramilitares u otros.
• El rechazo para estos fines, y en virtud de la autodeterminación de los pueblos, de cualquier tipo de intervención armada por parte de estados extranjeros.
• La solicitud de convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que impiden que se conjure la crisis actual.
• La exigencia de la depuración exhaustiva de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Gobierno y de los Partidos Políticos.

 

Bajo la figura del Estado de Sitio, el presidente Barco ordena a la Organización Electoral contabilizar los votos que el 27 de mayo se depositaran en torno a la posibilidad de integrar una Asamblea Constituyente. Dentro de los opositores a tal llamado encontramos al entonces Procurador General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, pero así mismo encontramos posiciones que posibilitaron dicha reforma, como la de la propia Corte Suprema de Justicia, quien en Sentencia del 24 de mayo de 1990 declaró Constitucional dicho decreto.

 

Gaviria asume dicho compromiso, y ya como Presidente llama a una Asamblea Nacional Constituyente, en el fondo, lo que se buscaba, como se mencionó ya, es adecuar las estructuras del Estado a los requerimientos de una economía en proceso de globalización, “En efecto, Gaviria asumió desde el momento mismo de su elección –antes de su posesión –, el liderazgo del proceso constituyente y el de la reforma del Estado y la economía. Para ello hizo uso de varias estrategias e instrumentos políticos que le permitieron construir todo el andamiaje que le daba viabilidad al desarrollo de su propuesta; una propuesta que se resumía en dos estrategias básicas: la del posicionamiento del individuo liberal como el gran sujeto político de la democracia, y la de la economía mercado, como la única garantía para alcanzar un crecimiento económico sostenido. En este contexto, la nueva administración lograba articular de una manera integral el problema de la democratización del régimen –basado en la idea del individuo liberal – y el de la configuración de un nuevo modo de regulación –fundado en la economía de mercado –.

 

En este orden de ideas, se puede decir que la administración de Gaviria encontró en el proceso constituyente el momento político más importante para hacer converger el problema de la economía de mercado con el de la democracia liberal en un gran proyecto de sociedad neoliberal. De esta manera, la convocatoria y puesta en marcha de la ANC se constituye en el principal objetivo de la nueva administración. De hecho, Gaviria y todo su equipo gubernamental lograron, desde el momento mismo de su elección, diseñar a su acomodo el itinerario y la naturaleza del proceso. No se puede olvidar que la nueva administración asume el liderazgo del proceso desde el preciso momento en que las fuerzas políticas mayoritarias del Congreso, el conservatismo y la Alianza Democrática M-19 deciden aceptar sin reparo alguno el decálogo propuesto por el gobierno como temario para la Asamblea Constitucional”. [3]

 

En cuanto al movimiento estudiantil, algunos consideran que “la organización de este grupo de estudiantes obedeció más a la acción política del gobierno, tal como lo expresa el ex ministro Humberto de la Calle, que a una motivación espontánea de los estudiantes universitarios. Este movimiento contó con el apoyo de los medios de comunicación y de políticos adscritos al establecimiento, debido a que la séptima papeleta era una iniciativa claramente gubernamental. Por eso es importante destacar el papel de líder del movimiento que tuvo Andrés González, quien posteriormente sería el viceministro de Gobierno de Gaviria” [4].

 

Algunos de quienes participaron en el movimiento, consideran que el detonante para llamar la atención de una juventud apática, que cumplía más el papel de espectadora frente a una sociedad que se derrumbaba – Narcotráfico, guerrilla, Palacio de Justicia, exterminio de la UP -, fue definitivamente el asesinato de Luis Carlos Galán.

 

Esto hizo que estudiantes de todos los sectores, públicos y privados, salieran por las calles del país a protestar por dicho asesinato, generando un sentimiento de apropiación frente a la patria, pero así mismo creando una conciencia de clase, la misma que podía generar una serie de cambios necesarios para el país. “Así como fue grande e incluyente, el movimiento estudiantil duró poco, pero dejó su marca en la política nacional: la Constitución, como símbolo del hastío de una generación con la violencia que le tocó vivir. Y también dejó su marca en los estudiantes que se movilizaron en ese breve período que va desde agosto de 1989 hasta finales de 1990. Aún hoy la recuerdan como una época irrepetible de triunfo político y de esperanza, de la felicidad de la acción política, de cambiar el mundo a los 20 años, de reuniones interminables donde aprendieron a articular sus emociones e intuiciones políticas en argumentos, y donde aprendieron a negociar, a ceder, a esperar, a insistir, a trasnochar y, en suma, a ser ciudadanos activos”. [5] Pero si seguimos por la senda de este sentimiento, se puede decir que el intrinques para despertar de su letargo a la juventud de entonces, no fue solamente el asesinato de Galán, recordemos que se había iniciado ya el exterminio radical de la UP, asesinando a sus principales cabecillas, Jaime Pardo Leal y a Bernardo Jaramillo, así como al principal líder del entonces desmovilizado M-19, Carlos Pizarro León-Gómez.

 

Camilo González Posso, miembro del M-19 durante el periodo en cuestión, relata cómo la iniciativa de la séptima papeleta tuvo otro origen, el mismo que fue acogido posteriormente por sectores académicos y estudiantiles, principalmente por la comunidad Jesuita, por estudiantes del Rosario y de los Andes, así como en Fernando Carrillo, entonces amigo personal del ministro Cepeda, el relato en cuestión es el siguiente, el cual se toma in extenso, dada la importancia de su contenido:

 

“Todavía no se ha contado la historia menuda del movimiento que llevó a que millones de colombianos depositaran en las elecciones de marzo de 1990 un voto a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente dirigida a instituir la democracia participativa como pacto nacional para la paz.

Parte de esa historia se hizo en una mesa del Hotel Continental en Bogotá, cuando con algunos amigos de la revista Debate decidimos proponerle a Carlos Pizarro que ante el hundimiento de piezas claves del pacto firmado con el Gobierno Barco y que figuraban en la fallida reforma constitucional, se llamara a un voto adicional para que los colombianos se pronunciaran por la paz y por una constituyente para la democracia.

El primer borrador lo redactamos en una servilleta y los coautores Alberto Caicedo y Adriana Velásquez, conocidos como parte del grupo de los 12 apóstoles delegados por el M-19 para las mesas del diálogo, fueron los encargados de llevarlo a Santo Domingo donde se concentraba la comandancia de esa agrupación a la espera del cumplimiento de compromisos por parte del gobierno y del Congreso para pasar a la desmovilización total.

Pizarro dejó en remojo la iniciativa mientras firmaba sin condiciones el acuerdo de incorporación a la civilidad, pero la retomó a finales de febrero de 1990 como parte de su campaña a la alcaldía de Bogotá. Su lema fue “Constituyente en movimiento”. El borrador del Continental se propuso sin mayor eco a la CUT y en diciembre de 1989 fue acogida por los dirigentes de FETRACUN que lo publicaron en su periódico. Pero fue en la Comisión Pro Constituyente, que se había integrado desde 1985, que se le dio forma al texto que se publicó en el Diario El Espectador con la propuesta a la familia Cano de cambiar su llamamiento al Voto en blanco por la invitación a convocar una Asamblea Constituyente, mediante un “Plebiscito Popular”.

En la sede de la Democracia Cristiana, con un grupo designado por la Comisión Proconstituyente, redactamos uno de los dos textos que serían divulgados masivamente. Alirio Caicedo y Diego Arango fueron anfitriones y contribuyeron, entre otros, Armando Novoa, el constitucionalista y columnista de El Espectador Santiago Peña, Guillermo Cardona, Jaime Zuluaga Nieto, Jorge Regueros y el General Matallana. A esa cita concurrieron Fernando Carrillo, entonces profesor en la Universidad de los Andes y algunos estudiantes, (Jaime Ortiz entre ellos), quienes manifestaron interés en el tema y reparos a la técnica jurídica del texto propuesto. En la columna del Dr. Peña se hizo la presentación en público del voto. Los primeros miles de papeletas se imprimieron en papel verde, con la idea fallida de publicitarlo como el “voto verde”. No conocimos la historia íntima del trabajo de redacción en el grupo de estudiantes, ni ellos la han escrito todavía. Es una tarea pendiente de Fabio Villa, Catalina Botero, Ana María Ruiz y sus amigos del Congreso Universitario de febrero de 1990. El resultado del trabajo de corrección promovido por Fernando Carrillo, Camilo Ospina y Marcela Monroy no nos sorprendió cuando fue dado a conocer en las Universidades Andes y del Rosario. Un grupo de profesores y estudiantes de esas Universidades, que por lo demás tenían comunicación fluida con Manuel J. Cepeda y otros asesores del equipo del Presidente Barco, le dieron forma al texto que sería divulgado por el diario El Tiempo como la papelera de los estudiantes y que incluyó a la democracia participativa como eje del cambio constitucional.

Se habían dado al menos tres procesos, que confluyeron simbólicamente en la sede organizada en el sótano del CINEP, que sirvió ante todo al núcleo de estudiantes que se colocaron a la cabeza de una convocatoria que había adquirido la dimensión de un gran acuerdo nacional resumido en la Séptima Papeleta.

Los Jesuitas colaboraron mucho, incluso para pagarle a la imprenta de El Tiempo, con un cheque del Provincial, la impresión de las papeletas que distribuimos el 11 de marzo. Desde la campaña de Pizarro, la gerencia distribuyó otros millones de papeletas acogiendo el texto de los estudiantes. Y los candidatos galanistas, como María Cristina Ocampo, hicieron otro tanto. Fue clave la decisión de El Tiempo de publicar el voto durante varios días invitando a la gente a incluirlo de séptimo, después de las listas de ediles, concejales, alcalde, diputados, representantes y senadores.

De la necesidad de una Asamblea Constituyente se venía hablando al interior de los partidos tradicionales desde finales del Frente Nacional y se insistió con fuerza en el Diálogo Nacional pactado por el M-19 y el EPL con el gobierno de Belisario Betancur; el 20 de mayo de 1989, en los salones del Congreso de la República, en la Mesa de diálogo y concertación sobre asuntos constitucionales, se firmó el pacto para que por la vía de la reforma al artículo 218 de la Constitución se incluyera “la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia representación política y social”. En ese pacto entregado a los negociadores, aparecen las firmas de Aurelio Iragorri, Presidente del Senado; René Ramos, delegado del M 19; Gustavo Gallón, Alirio Caicedo, Diego Uribe Vargas (delegado del Partido Liberal), el General ® Hernando Zuluaga, Otto Ñáñez y Camilo González Posso.

Pero la idea de tomarse las urnas para una expresión soberana del Pueblo, con un voto extrainstitucional, se concretó en diciembre de 1989, cuando aún se sentía el duelo por Luís Carlos Galán, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal y cuando la influencia de clientelistas y narco políticos llevó al fracaso del Congreso de la República en la tarea de democratizar las instituciones. Los pactos de paz firmados en Santo Domingo, Cauca, cayeron en el parlamento, pero resucitaron por camino imprevisto ese 11 de marzo cuando la Séptima Papeleta estremeció las urnas. [6]

 

Este documento sirve como corolario para demostrar la apertura política de los jóvenes del país de todas las tendencias para reformar la Constitución del 86, es decir que las circunstancias paradigmáticas de entonces, como se han descrito ya, impulsaron un sentimiento común de cambio institucional. Lo relatado por González Posso no resta mérito a los conocidos promotores de la séptima papeleta, al contrario, reafirma el deseo general de impulsar reformas que calaran en lo más profundo del Estado colombiano.

De todas formas el llamado a votar la séptima papeleta, como lo reconoce Llano Ángel, es la representación de una dialéctica permanente entre el constituyente primario, “fuerza social y política incontenible” y el establecimiento “ordenamiento jurídico y constitucional que se resiste al cambio”. Independientemente de su procedencia, lo manifiestamente importante es que finalmente dio pie a que se reformaran las instituciones más profundas del Estado. La vieja dialéctica de la que hablaba Hegel, se hace así abiertamente manifiesta en la compleja realidad colombiana de entonces y de siempre.

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[1] [1] LLANO ANGEL, Hernando. La carta del 91: ¿un consenso constitucional ficticio? En: Criterio Jurídico, Santiago de Cali V. 5,  2005.  pp. 31-49.

[2] HURTADO, Mónica. Proceso de reforma constitucional y resolución de conflictos en Colombia: el Frente Nacional de 1957 y la Constituyente de 1991. Revista de Estudios Sociales no. 23, abril de 2006, 97-104.

[3] JIMÉNEZ MARTÍN, Carolina. Momentos, escenarios y sujetos de la producción constituyente. Aproximaciones críticas al proceso constitucional de los noventa. En: Análisis Político # 58, Bogotá, septiembre-diciembre, 2006. pp. 132-156.

[4] Ídem.

[5] LEMAITRE, Julieta. El Derecho como conjuro. Bogotá: Uniandes y Siglo del Hombre Editores, 2009

[6] GONZÁLEZ POSSO, Camilo. La séptima papeleta. Marzo 31 de 2005 (Doc. PDF).