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EL DERECHO DEL MAR Y LA HISTORIA DEL MAPA ENCOGIDO 

GEOMETRIAS 

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Por:

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

Ahora que las nuevas “policarpas” de la oposición –palomas, paolas y mafes- viudas y abatidas impugnan la política internacional de la Cancillería de San Carlos, es pertinente recordarles quiénes perdieron el mar y el territorio nacionales y por qué no podemos darnos a trancas y barrancas con Nicaragua. Las sentencias de la Corte de La Haya han dado la razón a Managua y para defender la subsistencia de nuestros raizales en aguas devenidas nicas, todo se ha de conducir con filigrana, casi que con refinamiento.

El mapa de la patria se ha acurrucado en las narices de nuestros internacionalistas, particularmente de los que eran afiliados al partido de Ospina y Caro. La historia de nuestra cartografía es la historia de la piel de zapa, el cuero mágico que comienza dadivoso, pero al final se empequeñece y encoge. Zapa traduce dolor.

Desde el comienzo de los tiempos, en virtud del Tratado o de la Paz de Utrecht (1715), Portugal sonsacó a España la Amazonia y debilitó al Imperio español hasta que finalmente entregó, a través de dicho tratado, la mayoría de sus territorios en Europa, además de sus rutas comerciales y beneficios de sus colonias suramericanas. Debían serle absolutamente despreciables aquellas remotas selvas reverberantes y febriles.

 

El mapa de nuestros territorios perdidos

 

Ya en la era republicana, con la firma de próceres como Lorenzo María Lleras –abuelo de Alberto Lleras para que oiga el inefable Felipe Zuleta Lleras- ante el mismo Brasil, que sabe y detenta el diámetro amazónico, Colombia perdió la desembocadura del Putumayo; quedó apenas con el estrecho abrevadero de Leticia sobre el Marañón.

En la misma época, en 1865, hacia el lindero opuesto, se suscribió el Tratado Valenzuela-Castro entre Colombia y Costa Rica, por el que donamos utópicamente 12.000 kilómetros cuadrados de territorio que incluían la mejor bahía del mar Caribe, la inapreciable Bahía del Almirante. Nuestros abuelos radicales están conminados a responder, porque dizque era menester que los costarricenses incluyeran en su carta magna las premisas cruciales de Ríonegro: que no fuera a traficar con esclavos; que no fuera a implantar la pena de muerte; que proclamara la libertad religiosa.

De la misma factura fueron las divisas que el presidente Zaldúa y su canciller Quijano dieron al embajador Aníbal Galindo para hincar los límites con Venezuela: todo antes que un pleito: “por una imprecisión geográfica perdimos en el Sarare, desde el Nula hasta el Desparramadero, 2.000 kilómetros cuadrados”, diría luego el perilustre y estratosférico canciller colombiano López de Mesa.

En 1952, ¿Quién entregó Los Monjes? Hasta el último día de su vida, el expresidente Urdaneta inculpó a Vásquez Carrizosa, quien igualmente se escurrió. Milita en el archivo diplomático y en la memoria de los colombianos que el gobierno de Laureano Gómez y Urdaneta pagó con aquellos islotes guaneños la solidaridad de Venezuela cuando negó el asilo a los jefes liberales en 1952. Y algo más nuclear, hablando de familias. Es que tanto en la Casa de Nariño como en la Cancillería de San Carlos habitaban los tentáculos de la familia Holguín que era dada a rifar la soberanía como cuando don Carlos Holguín Mallarino obsequió con tesoros quimbayas su compadrazgo con la reina María Cristina de España.

Olaya Herrera igualmente firmó el acta tripartita de Washington del 4 de marzo de 1925, por el cual se convino cederle al Brasil, por una simple nota, un territorio mucho más extenso que el de Los Monjes, así como también con la firma del mismo diplomático, la Nota del 10 de abril de 1928 sobre Quitasueño, Roncador y Serrana que determinó que la pesca en aguas circundantes a estos cayos le correspondía a Colombia y el cuidado de los faros a los Estados Unidos.

Con nuestro hermano Ecuador, al cabo de cien años, se ha venido a saber que el tratado de límites, suscrito el 15 de julio de 1916 en Bogotá, entre el canciller de Colombia Marco Fidel Suárez y el embajador ecuatoriano Alberto Muñoz Vernaza “que resuelve todo lo pendiente entre los dos países por razón de fronteras”, no se publicó y se mantuvo secreto hasta que el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano lo hizo público, “ya que en Colombia nada se ha dicho del tema. Ignoramos las razones para mantener en secreto este anuncio”, dice El Tiempo del sábado 22 de julio de 1916. (En la Sección “Hace 100 años”). Por lo que –y de acuerdo con el Derecho de los Tratados- simplemente este Instrumento binacional, al no haber sido publicado ni notificado, ¡es sencillamente inexequible!

Desde esa época se dijo y probó que Colombia perdió en la delimitación de la frontera con Ecuador más de 50.000 kilómetros cuadrados, porque la frontera sur se agrietó entre la región que abarcaba los ríos San Miguel, Coca, Napo y Aguarico. Se afectó igualmente la desembocadura de Sucumbíos y perdimos el Corregimiento del Pun, tributario que era de la inspección de La Victoria del municipio de Ipiales. Toda la cuenca de los ríos Aguarico y Churuyaco, depositaria de petróleo y minerales que nos arrebataron por componendas con la Shell.

Pero como el tratado no se publicó ni se notificó bien pudiera demandárselo también ante la Corte Internacional de La Haya para ver de rescatar el Pun y repatriar la Virgen del Carmelo que es la misma Virgen de Las Lajas.

Empero, ajustados al cedulario real, particularmente de 1563, la Presidencia de la Real Audiencia de Quito remontaba hasta Buenaventura y Popayán y sólo a partir de la ley de junio de 1824 fuimos admitidos colombianos.

Después de esto, lo de Panamá resulta apenas un episodio recurrente: nuestro mapa ha sido escamoteado, talado, rebanado por los cuatro costados. Un caso de prodigalidad, colindante con la interdicción judicial.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha ofrecido para el consumo, tanto en 1967 como en 1997, tomos que contienen el Atlas de Colombia. Esos volúmenes son la prueba acusadora de las liviandades y prodigalidades de nuestra clase dominante que no dirigente.

De nuestra propia cosecha, en el Archivo Histórico de Indias de Sevilla, dimos con el primer cuadro cartográfico que apareció en Europa  sobre las tierras que hoy integran la República de Colombia, en esas calendas llamadas Castilla de Oro, editado en Lovaina, Bélgica (1597) , atribuido a Cornelius Witflyer, amén de los mapas de Dícado Mendezio, Alfonso Florencio Langren, Lenius Hulsium y el Atlas de Mercator – Hondius, para no deprimirnos al extender el gran mapa de Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayán. Lo ejecutó Guillermus Blaeuw. Según él, nuestra heredad comprendería: por el occidente, desde la Provincia hoy ecuatoriana de Esmeraldas; por el oriente, la alinderación comenzaría por incluir a Aruba, Curazao y Coro. El Lago de Maracaibo y el Golfo del mismo nombre, quedan desde luego, englobados en la misma coloración rosácea que escogió el cartógrafo para distinguir el virreinato, colocados visiblemente bajo la jurisdicción de la “Governación de Sancta Martha”. Pero contrastemos no más el mapa de Codazzi de 1860 o el de la República de Colombia de 1886. Todo Panamá. Sobre el Golfo -no el Lago de Maracaibo, una buena tajada, que cede casi media Guajira. También en favor de Venezuela, dos o tres globos de terreno más en el interior.

En cuanto concierne con el Perú, Ecuador y el Brasil, baste decir que nuestros linderos eran el río Napo, el Brazo Avatiparaná, el Brazo Casiquiare. La costa colombiana-el departamento del Magdalena, por más señas- abrazaba el Lago de Maracaibo hasta su lugar más hondo o austral, hasta Paijana y el departamento del Cauca llegaba hasta el Napo, lo recorría todo, se bañaba en el Amazonas y subía colindando con el Brasil hasta el río Ventuari.

Así las cosas, Colombia fue dueña del petróleo que hizo millonaria a Venezuela y de los yacimientos que resarcieron al Ecuador.

Y ahora el mar de Nicaragua que sus califas presentan como una víctima de una supuesta codicia nuestra, cuando sucede exactamente lo contrario.

Ya todo estaba definido cuando los negociadores nicaragüenses sugirieron la conveniencia de adoptar el meridiano 82 como punto de referencia adicional a las definiciones a que ya se había llegado en cuanto a la soberanía de los dos países en el Mar Caribe. La solución no podía ser más sencilla: las islas al lado derecho del meridiano 82 son colombianas y las islas al lado izquierdo son nicaragüenses.

El tratado Esguerra-Bárcenas estuvo en vigencia por más de medio siglo sin que se hubiera presentado roce alguno entre las partes. Fue solamente cuando circuló la especie de que podía descubrirse petróleo en el interior del Golfo, cuando Nicaragua procedió a abrir una negociación con las multinacionales del petróleo, brindándoles la oportunidad de perforar lo que hasta entonces se había considerado territorio colombiano.

Colombia presentó una protesta formal y, desde entonces, quedó abierta la disputa con el argumento nicaragüense de que el Tratado debía declararse nulo en virtud de incumplimientos de Colombia, que le estaba dando una interpretación acomodaticia en cuanto al alcance del meridiano 82. Nuestra réplica fue inmediata, invocando el principio jurídico de que no existen nulidades de pleno derecho declaradas unilateralmente por una de las partes, sino que debe ser fruto de un pronunciamiento judicial que así lo declare.

La reacción nicaragüense se hizo esperar por varios años, hasta cuando, con el cambio del régimen somocista por la junta de gobierno sandinista, Nicaragua acabó presentando la demanda, que viene castigándonos a cuentagotas.

¿Cómo se explica que si tanto la Costa de la Mosquitia como el archipiélago de San Andrés y Providencia eran colombianos en 1928, el gobierno del gramático conservador Abadía Méndez -otro Marroquín- firmara el Tratado Bárcenas-Esguerra, que en plata blanca lo que implicaba era una renuncia de la soberanía colombiana sobre la Costa de Mosquitos y demás islas e islotes mencionados en ese Tratado?

  1. Es éste el origen de todas nuestras desgracias marítimas en relación con Nicaragua.
  2. La demanda de Nicaragua tenía 5 pretensiones que abarcan 230.000 kilómetros:
  3. Que se declarara que Colombia había incumplido el fallo de 2012. Lo lograron.
  4. Que se declarara que Colombia violó los derechos de Nicaragua por la presencia de la Armada Nacional en la zona. Lo lograron.
  5. Que se declarara que Colombia incumplió el fallo al expedir permisos de pesca en la zona. Lo lograron.

Y que se declarara una última violación de Colombia por ofrecer esta zona para explotación petrolera. Lo lograron.

Perdimos, además, todas nuestras pretensiones en lo relacionado con los derechos de pesca, aún la de subsistencia. Y en el entretanto, el fallo ordena cesar todas las acciones violatorias mencionadas, lo que en la práctica equivale a que ya no podremos continuar pescando en la zona, ya no podremos patrullar bajo el argumento de la conservación ambiental y no podremos seguir ofreciendo áreas para la explotación de hidrocarburos.

¿Qué viene ahora? Si se copia la costumbre duquista de sacarles el cuerpo a las sentencias, Nicaragua apelará al art. 94 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que todos los Estados que son parte del sistema de NU se comprometen a cumplir las decisiones de La Haya y que el Consejo podrá dictar medidas para hacer cumplir los fallos. Sería esta la primera vez en la histórica en que el Consejo se vea abocado a imponer una medida o sanción a un país para asegurar el cumplimiento de un fallo de la Corte.

Y ahora el uribismo insepulto cita al Canciller Leyva para que explique por qué Colombia no asistió a una asamblea de la OEA en la cual se castigaba a Nicaragua por las tajantes violaciones de Derechos Humanos, como si el impresentable uribismo no los hubiera pisoteado con falsos positivos y mil aberraciones más. Y no fuera responsable de la contumaz gestión para seguir adelgazando nuestro atribulado mapa patrio.

1 comentario
  1. Édgar Bastidas Urresty dice

    Artículo que ilustra muy bien la pérdida de territorio colombiano por el desconocimiento de la geografía, las fronteras, los tratados, por parte de los gobernantes colombianos, que configura una traición a la patria y no debería quedar en la impunidad

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