DECLARACIÓN PLENARIO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE FECODE.

POR LAS TRANSFORMACIONES Y REFORMAS SOCIALES EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO.

Las condiciones económicas en Colombia, aún en el marco de un gobierno progresista que plantea importantes reformas, conserva rasgos de dependencia por cuanto los gobiernos anteriores anclaron la economía nacional, la estabilidad, la autodeterminación y la soberanía alimentaria y cambiaria, a las pretensiones agresoras e imperialistas de E.E.U.U. No en vano, se ha pretendido instrumentalizar la economía nacional, especialmente en un momento de tensiones bélicas a nivel global, que reactivan acciones propias de un conflicto a gran escala. De igual forma, la injerencia de los órganos multilaterales como el F.M.I., O.C.D.E., B.M., calificadoras de riesgo, entre otros, se han encontrado con resistencias desde el actual gobierno, que adopta políticas para proteger la producción e industria nacional.

Después de tres décadas de mandatos de derecha violentos y guerreristas, que recrudecieron el conflicto como mecanismo de terror para perpetuar su poder económico, político, por decisión del constituyente primario, se elige un gobierno progresista y alternativo, hoy liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, que se va posesionando en medio de un contexto de profundas turbulencias políticas en la América Latina y el territorio nacional; a pesar de múltiples tensiones, se avanza reafirmándose con autodeterminación y soberanía nacional.

El acumulado de lucha, vivenciado en el marco del gran paro nacional, fue la más rebelde expresión en rechazo de la política de muerte, encarnada en Iván Duque, que por acción u omisión permitió el asesinato sistemático de líderes sociales, populares y jóvenes en pie de lucha, como mecanismo de silenciamiento de la oposición, dejando la dolorosa cifra de más de 300 masacres al año, crisis económica y brechas históricas de desigualdad, profundizadas con mayor rudeza en la pandemia y su confinamiento. Adicionalmente, para entonces, se agudizó el desequilibrio de poderes que promovió la politización de los órganos de control, como en el caso de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, que hoy invisibilizan graves situaciones de corrupción sucedidas en gobiernos anteriores, sin que haya procesos o judicialización por tales hechos; por el contrario, ante un proyecto alternativo como el del gobierno del cambio, ha condenado el ejercicio político que se adelanta desde las diversas corporaciones y ha contribuido abiertamente a las matrices de desprestigio.

Es en este contexto de lucha y expresión beligerante en las calles, que se clamara por un cambio y en el que se logra, por medio de un apretado triunfo, el gobierno progresista y alternativo, que representa los intereses de los históricamente excluidos, que presenta y promueve transformaciones estructurales. Es evidente que se intentó un Acuerdo Nacional que permitiera la gobernabilidad, hecho que no se pudo consolidar luego de que las élites oligárquicas del país impidieran el curso de las reformas estructurales en el legislativo. Sin duda, las matrices mediáticas que gestan el golpe al gobierno de Gustavo Petro, se alimentan de evidentes calumnias que buscan el descrédito ante la sociedad civil para posteriormente, ejecutar las acciones propias del Lawfare e inhabilitar al gobierno y sus representantes, en cuya situación el apoyo popular volcado en las calles sería un imperativo.

El balance del primer año de gobierno de Gustavo Petro, deja al país por primera vez una reforma tributaria progresista que no grava a los sectores populares y pone en la agenda reformas estructurales que buscan garantizar los derechos, no el enriquecimiento de las élites capitalistas del país, por lo cual han sido torpedeadas, mutiladas y excluidas de los debates en el legislativo. La intención de consolidar la “Paz Total”, representa un importante avance para la construcción de la justicia social y por ende, la garantía de los derechos de toda la población; es así que, la histórica instalación del Comité Nacional de Participación, da inicio al segundo momento más importante de la historia reciente para lograr avanzar en la consolidación de la “Paz con justicia social”, sumando voluntades para el cese bilateral de las acciones armadas, lo que es de gran relevancia en la consolidación de la Escuela como Territorio de Paz en las regiones.

Es importante resaltar los grandes avances, como la construcción colectiva y popular del PND y en general de la política pública, la aprobación del campesinado como sujeto de derechos, las acciones para la promoción de la seguridad alimentaria, entre las que se encuentra el aumento de presupuesto para agricultura, la formalización de más de un millón cuatrocientas mil hectáreas de tierras para avanzar en la reforma rural integral, la aprobación de cuatro zonas de reserva campesina, la condonación de créditos educativos del ICETEX para poblaciones vulnerables, la aprobación de la matrícula cero para la educación superior, los recursos destinados a los pueblos negros y a la garantía de los y las indígenas, la creación del Ministerio de la Igualdad, el aumento del aporte social para madres cabeza de hogar, la importante asignación de recursos para la defensa de la Amazonia y la política contra el narcotráfico que deja cifras históricas en incautaciones y judicialización, sin dejar de resaltar las importantes transformaciones estructurales propuestas en la reforma laboral que pretende recuperar derechos, la reforma pensional que fundamentalmente universaliza el derecho y la reforma a la salud que la garantiza como derecho y en condiciones dignas.

En el campo de la educación específicamente, Fecode logró con el gobierno del cambio un nuevo marco para la contratación de los servicios médico asistenciales. Los nuevos pliegos garantizan la integralidad de los servicios y la progresividad para la incorporación de nuevos derechos, amplía los beneficios, reduce los estándares de acceso, reduce las exclusiones y mejora la cobertura y las condiciones de acompañamiento y desplazamiento; fortalece las veedurías e incluye un manual de sanciones ante eventuales incumplimientos; aunque sigue pendiente el giro directo de la Nación, hay más recursos y programas para salud y seguridad en el trabajo. En síntesis, estos pliegos constituyen un avance en derechos y en mecanismos jurídicos y de participación de los sindicatos en el control, veeduría y auditoría de los servicios, y se espera que con estos elementos se ponga fin a la tragedia que hoy viven los maestros y sus familias en el ámbito médico-asistencial.

Fecode logra con el gobierno del cambio un Acuerdo que, entre otros aspectos, retoma, con plazos definidos, el trabajo de la Comisión de Alto Nivel para la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, -SGP-, de la Comisión Tripartita para el nuevo Estatuto Docente, se abre espacio para la discusión del proyecto de Ley Estatutaria para revisar y modificar si es del caso, la normatividad; se establece el compromiso de ampliar la cobertura, la planta docente, la jornada única y los recursos de gratuidad; se mejoran las condiciones de los orientadores y se precisan las de los docentes provisionales; se establecen criterios para superar el congelamiento de los ascensos y reubicaciones; se avanza en la nivelación salarial y en la bonificación pedagógica.

Urge entonces, garantizar como elemento estructural y transversal a la lucha por el cierre de las brechas educativas, el logro de la reforma constitucional al SGP, que permita la plena financiación de la educación como derecho, la discusión amplia con participación de FECODE sobre el proyecto de ley estatutaria, el cumplimiento de los acuerdos pactados, la derrota de los nefastos proyectos sobre bonos escolares y eliminación del derecho a la huelga; propenderemos por sacar adelante las reformas estructurales, democráticas y progresistas, en las que destacamos la defensa de la reforma a la salud propuesta por el gobierno del cambio y en ello, la defensa de nuestro modelo especial de salud, garantizando un modelo de salud y salud y seguridad en el trabajo en el marco de una contratación que realmente la garantice como derecho para el magisterio y sus familias. Lograrlo, implica una correlación de fuerzas en el legislativo, que garantice su debido debate y aprobación, pese a las difíciles condiciones fiscales que dejaron los gobiernos predecesores; es claro que hoy tales condiciones no están dadas, urge fortalecer la táctica de lucha, NO en rechazo a las políticas del gobierno, sino en EXIGENCIA a las élites políticas para su debate; lo cual ha de complementarse con el fortalecimiento de la comisión tripartita y un diálogo directo con el Gobierno Nacional que garantice su estudio y viabilización macroeconómica y posterior aprobación.

Corresponde al movimiento sindical, social y popular, desde el ejercicio permanente de organización, movilización y lucha, respaldar al gobierno del cambio, claramente, el logro del poder gubernamental no ha sido suficiente, ya que el poder político y económico aún se encuentra en manos de élites que abogan por la hiper concentración del capital a costa de la miseria y eliminación de derechos del pueblo colombiano.

En consecuencia, la Federación, llama al magisterio colombiano a la realización de un paro de 24 horas contra la pésima prestación de los servicios médicos por parte de los actuales contratistas y contra dos regresivos proyectos de ley, el denominado de bonos escolares y el que pretende prohibir el derecho a la protesta, presentados por las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Ratificamos nuestra firme decisión de defender en las calles los derechos de la población colombiana, la dignificación de la profesión docente y la educación pública estatal y digna para los colombianos. Orientamos a liderar el próximo 29 de octubre acciones que redunden en el logro de gobiernos locales, que permitan desde los territorios constituir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Respaldamos el Gobierno del cambio, las transformaciones y reformas estructurales, en la perspectiva de trabajar por la erradicación de la pobreza, la miseria, la inseguridad, la violencia, el desempleo y por la equidad, la justicia social, la justicia ambiental, la paz y la democracia.

Domingo José Ayala Espitia, presidente.

Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario general.

Bogotá, 9 de agosto de 2023