COMUNEROS DEL SUR: ENTRE LA DESMOVILIZACIÓN POSIBLE Y LOS LÍMITES DE LA PAZ NEGOCIADA EN NARIÑO

El proceso de negociación entre el Gobierno nacional y Comuneros del Sur llega al cambio de administración presidencial en un punto particularmente complejo: existe una posibilidad concreta de avanzar hacia la concentración de integrantes, la entrega de armas y el tránsito a la legalidad, pero persisten dudas sobre la voluntad efectiva de abandonar las economías ilegales, las garantías jurídicas para sus integrantes y, sobre todo, la capacidad del nuevo Gobierno para dar continuidad a un proceso construido durante la administración de Gustavo Petro. Esta tensión es especialmente relevante para Nariño, donde el conflicto armado debe entenderse a partir de la relación entre economías ilegales, control territorial, comunidades rurales y una presencia estatal todavía insuficiente en amplias zonas de los Abades, el piedemonte costero, el triángulo del Telembí y la cordillera. La coyuntura no plantea únicamente si Comuneros del Sur se desmovilizará, sino si el Estado podrá convertir una negociación localizada en una política sostenible de desarme, desmovilización, reincorporación y transformación territorial.

Comuneros del Sur surgió como una estructura del ELN con presencia histórica en Nariño. En mayo de 2024 se separó de esa guerrilla para avanzar en un proceso de paz territorial propio, en medio de disputas con otras estructuras armadas. La mesa adquirió relevancia por la posibilidad de vincular la negociación con transformaciones concretas en los territorios. Desde entonces se han registrado acuerdos relacionados con desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, sustitución de cultivos de uso ilícito y entrega de material de guerra. En abril de 2025, la estructura entregó y destruyó más de 585 artefactos explosivos, uno de los principales resultados concretos alcanzados dentro de los procesos de Paz Total. (Marín Molano, 2026).

Estos avances explican que desde Nariño se haya defendido la continuidad del proceso como una oportunidad para el nuevo Gobierno. Según información publicada por El Espectador, existe un territorio autorizado para la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Mallama, resultado de un proceso de consulta con comunidades indígenas, donde podrían concentrarse inicialmente alrededor de 400 integrantes. La expectativa es avanzar posteriormente hacia la dejación de armas de una estructura que, de acuerdo con la misma fuente, tendría alrededor de 2.000 integrantes. Sin embargo, la instalación quedó condicionada a la definición del marco jurídico por parte de la nueva administración. (El Espectador, 2026).

Aquí aparece una primera dificultad política. El cambio de Gobierno no supone únicamente sustituir al interlocutor de la negociación, sino modificar las condiciones institucionales en las que esta se desarrolla. Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia con una posición crítica frente a la Paz Total y con una agenda centrada en el fortalecimiento de la acción de la fuerza pública. Comuneros del Sur se enfrenta a que el nuevo Gobierno puede tener pocos incentivos políticos para reivindicar el modelo de negociación de su antecesor, pero es precisamente el Ejecutivo entrante el que debe definir las condiciones jurídicas para permitir el cierre del proceso. La discusión obliga, por tanto, a distinguir entre la paz como proyecto político de un Gobierno y la paz como política de Estado.

Tampoco sería suficiente atribuir las dificultades exclusivamente al cambio de administración. La situación de Comuneros del Sur revela una contradicción: negociar con una estructura armada supone reconocer la posibilidad de su tránsito a la legalidad, pero también exigir transformaciones verificables en sus prácticas. En julio de 2026, las autoridades localizaron y destruyeron un complejo de procesamiento de cocaína atribuido a la organización entre Santa Cruz de Guachavés y Samaniego. Según la Dijín, el complejo tenía capacidad para producir hasta seis toneladas de cocaína por ciclo y durante el operativo fueron incautados 1.800 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El hallazgo ocurrió mientras la organización mantenía conversaciones con el Gobierno y mientras su comandante, Gabriel Yepes Mejía, alias H.H., tenía suspendida una solicitud de extradición en Estados Unidos como parte de las condiciones relacionadas con el proceso de paz. (El Colombiano, 2026).

Este hecho no permite concluir por sí solo que la negociación haya fracasado, pero tampoco puede ser minimizado. Una negociación pierde legitimidad cuando los beneficios jurídicos avanzan más rápido que la desarticulación de las economías que sostienen militar y financieramente a una estructura. En Nariño, donde la economía de la coca continúa articulándose con mercados ilegales, control territorial y distintas formas de violencia, la entrega de armas no garantiza por sí misma la desaparición de las capacidades económicas de una organización armada. La sustitución de cultivos, la destrucción de laboratorios y la persecución de las rentas ilegales deben estar acompañadas de alternativas económicas y de una presencia estatal capaz de evitar que el vacío dejado por una estructura sea ocupado por otra, como ocurrió anteriormente en el caso de las FARC-EP.

La reciente decisión del presidente De la Espriella introduce un elemento adicional. El 26 de agosto de 2026, el mandatario firmó la extradición de cinco integrantes de organizaciones armadas que habían participado en procesos de diálogo durante el Gobierno anterior, entre ellos Gabriel Yepes Mejía, alias H.H., comandante de Comuneros del Sur. El Gobierno señaló que las solicitudes permanecían suspendidas por la participación de estas personas en las mesas de negociación y ordenó avanzar en su captura y entrega a Estados Unidos. (El País, 2026).

La extradición de H.H. modifica sustancialmente el escenario de la negociación ya que se convierte en una señal política sobre el tratamiento que tendrán quienes participaron en los diferentes procesos de Paz Total. La medida puede reforzar la idea de que el nuevo Gobierno privilegiará el sometimiento y la persecución penal sobre la negociación política, pero también plantea una pregunta central: ¿qué incentivos quedan para que una estructura armada entregue sus armas y avance hacia la legalidad si quienes ejercen funciones de liderazgo dentro de la negociación pueden terminar enfrentando las mismas consecuencias jurídicas que quienes permanecen al margen de dichas negociaciones? La respuesta dependerá de que el Estado establezca con claridad cuáles son los beneficios, obligaciones y consecuencias asociados al proceso. Hasta el momento, todo parece indicar que habrá un revés de lo dispuesto estructuralmente en la política de Paz Total.

El caso de la ZUT también plantea desafíos territoriales y de legitimidad. Una zona de ubicación no puede entenderse únicamente como un espacio físico para concentrar combatientes. Su éxito dependerá de lo que ocurra alrededor. Si las comunidades continúan expuestas a extorsiones, amenazas, reclutamiento, confinamiento o disputas por el control territorial, la existencia de una ZUT no significará necesariamente una transformación de las condiciones de seguridad. Por ello, el seguimiento debería incorporar indicadores territoriales que permitan medir cambios en homicidios, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento y extorsión, además del número de armas entregadas o combatientes concentrados.

Esta consideración es especialmente importante en un departamento donde las dinámicas armadas desbordan el territorio específico de Comuneros del Sur. La eventual desmovilización de esta estructura no resolverá automáticamente las disputas que atraviesan el territorio nariñense. Por el contrario, existe el riesgo de que una salida incompleta genere vacíos de poder que sean ocupados por otras organizaciones. La experiencia demuestra que la reducción de una estructura armada no equivale necesariamente a una reducción de la violencia si no se modifican las condiciones territoriales que permiten la reproducción del conflicto.

En este escenario, el nuevo Gobierno tiene una decisión que trasciende a Comuneros del Sur. Puede desmontar la Paz Total como política y, al mismo tiempo, conservar aquellos mecanismos de negociación que hayan producido resultados verificables. No existe necesariamente una contradicción entre una política firme frente a las economías ilegales y la continuidad de un proceso de desmovilización. Por el contrario, una política de seguridad efectiva debería ser capaz de garantizar que quienes abandonen las armas no sean reemplazados inmediatamente por otras estructuras y que las comunidades no queden expuestas a nuevas disputas por el control territorial.

Para Nariño, Comuneros del Sur representa al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo. La oportunidad está en que existe un proceso que ha alcanzado avances verificables en desminado, entrega de material de guerra, sustitución y preparación de una eventual zona de ubicación. El riesgo consiste en que la negociación quede atrapada en un limbo: una negociación que conceda beneficios sin controles suficientes sobre las economías ilegales, o una política de seguridad que desconozca los avances existentes y termine reabriendo espacios para la confrontación.

El debate, por tanto, no debería centrarse en defender la Paz Total como proyecto político de Gustavo Petro ni en rechazarla por haber sido impulsada por su Gobierno. La pregunta central es si el Estado colombiano tiene la capacidad de transformar una negociación localizada en una política pública seria de desarme, desmovilización, reincorporación y transformación territorial. Para ello se requieren reglas jurídicas claras, mecanismos independientes de verificación, participación efectiva de las comunidades, seguimiento a las economías ilegales y garantías para quienes abandonen las armas, pero también consecuencias verificables frente a quienes incumplan.

Comuneros del Sur puede convertirse en una victoria temprana para el nuevo Gobierno, si así lo quiere, como lo ha planteado el gobernador de Nariño, pero únicamente si esa victoria se entiende como un resultado institucional y territorial, no como la apropiación política de un proceso heredado. La decisión sobre H.H. demuestra que el nuevo Gobierno ya está marcando una diferencia sustancial frente al tratamiento dado por la administración anterior. El desafío será determinar si esa ruptura termina cerrando una posibilidad de desmovilización o si puede integrarse en un modelo distinto, con reglas más estrictas pero capaz de conducir a la dejación efectiva de las armas. Para Nariño, el resultado tendrá consecuencias que irán mucho más allá de una mesa de negociación: determinará si una estructura armada puede abandonar realmente la guerra sin que las comunidades vuelvan a quedar atrapadas en el bucle de disputas por el control territorial en el departamento.