AUDIENCIA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA A CONGRESISTAS DE “VACA POR ANTIOQUIA”.

Bogotá, 27 de mayo de 2024

El Consejo de Estado citó a 10 congresistas del Centro Democrático, a audiencia de pérdida de investidura por haber aportado dinero a la “vaca” por las vías 4G de Antioquia, asunto que atrajo a los paisas, pues argumentaba que las vías de este departamento no favorecían el progreso de la región.

Se hizo una “vaca” para este fin, pero en medio de la recaudación de dinero de diferentes personas, en la que participaron incluso de narcotraficantes y congresistas, se hizo una denuncia sobre  la violación del artículo 183 de la Constitución.

El artículo 183 dice: “Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el entendido que incurrieron en la causal de violación de este régimen establecido en el artículo 180-2; Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno”.

 

 

La Gobernación de Antioquia, publicó en su página web, la invitación a donar en los siguientes términos:

“Acepto realizar donación a favor del Departamento de Antioquia, en los términos del artículo 1443 del Código Civil, para culminar el denominado proyecto 4G, dentro del cual se encuentran: “Túnel del Toyo y Conexiones Viales en Antioquia”. Conexión Bolombolo, conexión Primavera, Conexión a Puerto Antioquia, y conexión Subregión Occidente- Embalses- norte, o proyectos de infraestructura vial, orientados a mejorar la conectividad entre Antioquia y el resto del país.

Manifiesto que los recursos donados tienen un origen lícito, y que ni yo, ni mis representados (cuando aplique) nos encontramos incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC), también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ni participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Autorizo al Departamento de Antioquia al tratamiento de datos personales, conforme con las condiciones aplicables, establecidas en esta Política de Tratamiento de Datos de la entidad, publicada en su página web”.

 

 

El despacho del magistrado ya cuenta con todas las pruebas para tomar una decisión. En el auto de citación declaró concluida la etapa probatoria y negó “por innecesarias” las demás solicitudes que habían hecho los abogados defensores de los congresistas en el proceso.

Estos son los congresistas citados a audiencia: Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez.

 

 

En medio de esa controversia, en la que la Gobernación de Antioquia se ha mantenido en que no hubo ninguna irregularidad, el gobernador Andrés Julián Rendón señaló que el Departamento reembolsaría los recursos a todos los parlamentarios, buscando cesar toda acción contra ellos.

Oscar Marín, subsecretario de Hacienda del departamento también rindió testimonio durante la audiencia. El funcionario encargado de la tesorería sostuvo que los aportes no se pueden considerar como un contrato estatal por cuanto los recursos se encuentran en el banco y no han sido incorporados al departamento.

“No se ha aceptado la donación a absolutamente a nadie de los 15.000 ciudadanos que han aportado hasta ahora, porque estamos en este análisis y no se ha incorporado recurso alguno al presupuesto departamental. Cualquiera puede retractarse y pedir devolución”, sostuvo Marín.

El subsecretario señaló que si en el análisis de los recursos encuentran que se presentan delitos o faltas normativas por las que deban rechazar algún aporte, lo harán. Así como hasta el momento cualquier persona puede manifestar por escrito su voluntad de retractarse. “No hay ningún movimiento presupuestal de nuestro departamento porque no se ha incorporado ni un solo peso de este recaudo”, afirmó.

A pesar de esta posición, se han dado a conocer diversos argumentos sobre el proceso que han generado controversia, como el caso de los senadores Andrés Guerra Hoyos y Esteban Quintero Cardona y el representante por Antioquia,John Jairo Berrío López, quienes entregaron al Consejo de Estado un concepto en el que aseguraron que los recursos por la vaca no habían salido de sus cuentas bancarias.

Otros implicados han argumentado que la demanda formulada por Carlos Mario Patiño González, según la cual los congresistas que donaron a la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón pudieron incurrir en una inhabilidad, tiene fallas en su formulación, ya que confunde la celebración de un contrato con una entidad pública con una donación; esta última, una figura a la que los congresistas podrían acudir con el propósito de salvaguardar su investidura y las necesidades de los electores de sus circunscripciones.

 

“El contrato de donación es un contrato con una entidad pública y, por tanto, se incurre en la prohibición del artículo 180-2 de la Constitución Política”, sostiene el demandante. En ese sentido, los congresistas que aportaron, podrían perder la curul, de llegar a declararse la inhabilidad.

La última audiencia que se realizó para recaudar los testimonios de las partes fue el 22 de mayo, cuando rindieron declaración los asesores jurídicos del representante Julián Peinado, quienes habían hecho un análisis previo de si la donación violaba el régimen de incompatibilidades e inhabilidades.

Johana Echeverry señaló que en su estudio analizaron excepciones en contratos públicos para los funcionarios, en los que encontraron que si estos se ejercen en las mismas condiciones a las demás personas o por obligación estatal, no constituye una inhabilidad.

“La donación se aplica como una excepción a los contratos estatales”, sostuvo la asesora, quien comparó el aporte hecho por el congresista como la compra de tiquetes por Satena o el pago de peajes. “La conclusión fue que la donación no le va a acarrear ninguna dificultad ni que es una incompatibilidad y que puede proceder a realizarla”, señaló.