Por:
Jorge Luis Piedrahita Pazmiño
Si bien era cierto, según inveterada doctrina, que la democracia reposa en el binomio Jueces-Fuerzas Armadas, en nuestro país, por sus pasos contados, entrambas instituciones han devenido descaecidas y desahuciadas. A éstas últimas, -descontando sus despilfarros conocidos-, las ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente denominados por el uribismo “falsos positivos”- les fue fatídico para su reputación.
De la judicatura colombiana se puede afirmar que desde las irrisorias sentencias que legitimaron gobiernos espurios -verdaderas dictaduras militares y civiles- como fueron las de Marroquín, Ospina Pérez, Laureano Gómez, Rojas Pinilla, hasta el comportamiento contemporáneo de cohabitación con el uribato y el vargasllerato, lo cierto es que transmiten recados contra la ética y el pundonor que debería respirarse en tan altas instancias.
Con el gobierno de Petro han sido alarmantemente vengativas, ponzoñosas, retaliadoras. Van más de cuarenta (40) leyes que le han derribado, desde los decretos sanitarios para la niñez guajira hasta las tarifas de la energía eléctrica de la costa caribe, el plan nacional de desarrollo, pasando por el ministerio de la Igualdad, y van por la ley pensional que sólo busca darle una respuesta humanitaria a la cuarta edad.
Pero eso sí, cuando se trata de parapetar al uribismo-duquismo las Cortes nada investigan de los escándalos denunciados oportunamente contra la Unidad de Riesgo en la nefasta época de Duque; por mejor dejan vencer los términos al fugitivo Char, le precluyen a Julio Gerlein aprovechando a un servil juez, antiguo jugador del fútbol de los Char; permiten la continuación del “magistrado” Prada en el Consejo Electoral, a sabiendas de que por ellos mismos está llamado a juicio.
Los altos jueces colombianos pasan por el bochorno de que sea la justicia norteamericana la que castigue a los Sarmientos Angulo-Martínez Neira por lo de Odebrecht y a la nueva Fruit Company (“Chiquita Brands”), promotora del paramilitarismo y el desalojo de campesinos. Fue de tal tonelaje el cohecho y la concusión y el prevaricato que se ganaron ventajosamente al mote de “cartel de la toga”, que tiene huyendo o purgando cárcel a sus dignatarios. El anterior apodo, cuando la connivencia con las dictaduras fue el de la “Corte-sana”. (Piénsese que la Procuradora Cabello, apéndice de las cortes uribista y vargasllerista, acaba de sobreseer y archivar el expediente de la impresentable exministra Abudinem, que extravió dolosamente setenta mil millones de pesos)
Cuando en 1914 se trataba de salvar la soberanía territorial -por el despojo de Panamá- los altos jueces -timoratos y simoníacos- se inhibieron de conocer el tratado Urrutia-Thomson porque dizque las leyes sobre tratados son incontrolables por los jueces. Como si el antiguo artículo 214 de la Constitución no hubiera mandado lapidariamente que el control constitucional se ejerce sobre TODAS LAS LEYES. Vergüenza que reiteraron en 1980 para no permitir la extradición de narcotraficantes en la administración Turbay Ayala (ahora ya se supo por qué).
El vicepresidente de una de las Cortes inventó lo de sus autochuzadas sólo para desmerecer al gobierno Petro y ya se sabe también que su magistrado auxiliar es un antiguo ministro de Duque, gobierno que no ha desembrollado lo de las plataformas del espionaje colombo-israelí.
Una de las más reprensibles iniciativas de la Constituyente de 1991 fue entregarle funciones electorales a las Cortes. Asúmase la postulación del infausto Ordoñez Maldonado para la antepasada Procuraduría (gestión que tiene condenada a la Nación por sus repetidas arremetidas en contra de los Derechos Humanos y el D.I.H). La elección del Fiscal “cianuro”. Y del Fiscal amigo de Duque Barbosa, que no investigó, ni acusó a ningún uribista y por mejor, buscó la impunidad para el apelador eterno. Y ahora, los ternados Henao y Varón Cotrino para la nueva Procuraduría, pajecitos de Vargas Lleras, fundador del partido Cambio Radical, prototipo de corrupción y paramilitarismo. Y los magistrados lo saben, porque son ellos los que investigaron y condenaron.
La función de los magistrados pareciera ser no sólo postular a los peores sino hacer seguimiento de su elección. A no los dividendos burocráticos que se cobran …
Será entonces plausible la reforma que propone López Obrador para México, de elección popular de jueces (Como se practicó entre nosotros en la Primera República Liberal de 1853).
Desde ultratumba el magistrado Manuel Gaona Cruz nos vuelve a enseñar: ¡La Carta le dice a la Corte que controle la Carta y no le haga la corte a los que violan la Carta!
