¿QUÉ PASA EN EL PENAL DE GUAYAQUIL FRENTE A LAS SUCESIVAS MASACRES?

 

Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, provincia donde se encuentra el penal, señala que el gobierno ecuatoriano combate el hacinamiento de tres formas: a partir del traslado de internos a otros penales, con indultos y con la deportación de presos extranjeros.

El gobernador explica que actualmente el penal del Litoral tiene aproximadamente 8.000 presos divididos en 12 pabellones, entre 600 y 700 presos por pabellón.

“¿Cuántos efectivos del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) están controlando esa penitenciaría? Diría que unas 80 personas o menos, designados para custodiar 8.000 reos”.

Arosemena añade que los agentes penitenciarios, además, por ley, están desarmados, y deben enfrentar a bandas que “han logrado camuflar y meter armas en ese recinto penitenciario”.

Estas bandas criminales locales -como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones- se disputan territorios al interior y al exterior de la cárcel, así como los favores de carteles mexicanos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) y la distribución de estupefacientes dentro y fuera de Guayaquil.

Arosemena sostiene que el gobierno ha adquirido un escáner para detectar el ingreso de este armamento al penal, que podría llegar a Ecuador antes de fin de año, pero ¿cómo entraron hasta hoy a la penitenciaría esas armas?

Para Abraham Correa, ex oficial de la policía y experto en temas carcelarios, la corrupción ha contribuido a que hoy “las cárceles estén controladas por los internos”.

“Los líderes de estas bandas delincuenciales locales, que son parte de estas organizaciones internacionales del narcotráfico, han ingresado un armamento que es mejor que el que tiene la policía; entonces la corrupción de estos centros penitenciarios es otro elemento más a tener en cuenta”, dice.

Arosemena responde que el enemigo no está dentro del estado de derecho: “El enemigo está bien identificado, está afuera, pero nos corremos el riesgo de que pueda haber algún tipo de contaminación, por eso hay que actuar”.

A través de su cuenta de Twitter el presidente Lasso expresó sus condolencias a las familias de los presos que fallecieron, y sostuvo que no es posible garantizar el derecho a la vida “si la fuerza pública no puede actuar para proteger”.

Este reclamo es parte de un enfrentamiento entre el mandatario y la Corte Constitucional del Ecuador, tras la declaración del estado de emergencia. El gobierno había solicitado dos meses, mientras que el tribunal lo limitó a uno.

El estado de emergencia permitió que las fuerzas armadas contribuyeran a tareas de seguridad interna, junto con la policía, en las calles del país. Pero en lo que se refiere a los centros penitenciarios, la Corte Constitucional determinó que el accionar militar se limite al perímetro exterior de los penales, incluyendo el primer filtro de ingreso a los recintos.

Tras la última masacre, el mandatario indicó que “este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”.

El tribunal no tardó en responder: “La Corte Constitucional del Ecuador rechaza las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República, quien ha hecho un llamado de atención a este organismo, pretendiendo evadir sus propias responsabilidades”.

 

 

Fernando Recalde, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, dijo durante un operativo militar en las calles de Guayaquil que las fuerzas armadas están subordinadas al ente gubernamental donde este lo disponga: “En la penitenciaría tenemos el control del perímetro externo; nos han dado esa tarea; y en el perímetro exterior no hemos tenido visos de que personas privadas de libertad traten de fugarse”, explicó.

Pero la asambleísta Patricia Sánchez, explica que los enfrentamientos responden a otra lógica que no es la fuga. “La penitenciaría es la oficina donde ellos resuelven lo que pasa afuera en la ciudad”.

 

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Fiscalía General de Ecuador

 

Ante la crisis que enfrentan los centros de rehabilitación social en el Ecuador, la Fiscalía General del Estado cree necesario que se tomen una serie de medidas urgentes desde distintas instituciones del Estado, en el marco de sus competencias, así:

Se exhorta al Consejo de la Judicatura a fin de que los jueces, en el ámbito penal y en aplicación del principio de celeridad procesal, den prioridad a las causas que estén directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva, por cuanto el 40% de las personas privadas de libertad se encontrarían sin sentencia.

De igual forma, se solicita al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) impulsar de manera célere y sin dilaciones los procedimientos orientados a beneficios penitenciarios determinados en los artículos 698 y 699 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en coordinación con los jueces de Garantías Penitenciarias, debiendo priorizar el desarrollo de las audiencias en virtud de la crisis penitenciaria que en este momento demanda que sus funcionarios se activen las 24 horas del día.

Finalmente, se hace un llamado a los agentes fiscales a escala nacional a que procedan conforme lo determina el numeral 1 del artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador y se prioricen las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva contenidas en el artículo 522 del COIP, en concordancia con los principios de necesidad y proporcionalidad, determinados por la CIDH y recogidos por la Corte Constitucional en la sentencia No. 8-20-CN/ 21.

Quito, 13 de noviembre de 2021

 

Servicio Nacional de Atención SNAI

 

 

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informa que de acuerdo a un primer barrido en los 36 Centros de Privación de Libertad (CPL), distribuidos en 9 zonas a escala nacional, no se registran incidentes hasta la mañana de este domingo 14 de noviembre.

El reporte de los directores de cada uno de los Centros Penitenciarios advierte que en los recintos se mantiene el orden y control; las actividades se desarrollan con normalidad.

Respecto al acto de solidaridad de los internos de los CPL Azuay N°1, Cotopaxi N°1 y Chimborazo N°1 con personas privadas de libertad del CPL Guayas N^S1 (ex Penitenciaría), quienes este sábado se negaron a recibir sus alimentos, se encuentran en buen estado de salud, y hoy ya culminaron con dicha acción.

Secretaría General de Comunicación de la Presidencia

El Gobierno Nacional despliega una serie de acciones articuladas para atender y brindar el acompañamiento necesario a los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en el Centro de Privación de Libertad Guayas N^s1, en los que se identificaron 68 personas privadas de la libertad fallecidas y 25 heridas. Actualmente, no se registran incidentes en los centros de privación de libertad del país.

El Ejecutivo ha trabajado interinstitucionalmente para tomar las decisiones oportunas en cuanto a la situación carcelaria. Hasta el momento, 34 cuerpos ya han sido identificados, la Secretaría de Derechos Humanos entregará en las próximas horas los féretros a las familias. Mientras que Criminalística continúa trabajando en la identificación de los demás fallecidos. El proceso de entrega de los cuerpos consiste en realizar la autopsia, que deberá ser avalada por la Fiscalía; solicitar al Registro Civil la autorización de los datos y verificar si están cedulados; otorgar el acta de defunción; y, finalmente, entregar el cuerpo en el féretro a los familiares.

Sobre la atención del Gobierno a los familiares de las víctimas, varias entidades les brindan primeros auxilios psicológicos, entre ellas equipos del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría de Derechos Humanos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja Ecuatoriana. Además, trabajadores sociales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) dan seguimiento al estado de salud de las personas heridas que están siendo atendidas en casas de salud, manteniendo informados a sus familiares de su estado.

Entre otras de las acciones que emprende el Ejecutivo, ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, mantuvieron una reunión con un equipo asesor internacional para articular la cooperación en el proceso de pacificación. En la cita participaron delegados de la Organización de las Naciones Unidas y del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACcTO). Además, el Jefe de Estado dialogó con representantes de la sociedad civil como el Arzobispo de Guayaquil y la activista Nelsa Curbelo.

Tras las acciones emprendidas por el Gobierno, hasta la mañana de este domingo 14 de noviembre no se registra incidentes en los 36 centros de privación de libertad, distribuidos en 9 zonas a escala nacional, de acuerdo a un primer barrido del SNAI. El reporte de los directores de cada uno de los centros penitenciarios advierte que en los recintos se mantiene el orden y control; y las actividades se desarrollan con normalidad.

Respecto al acto de solidaridad de los internos de los centros de privación de libertad de Azuay N°1 y Cotopaxi N°1 con las PPL del CPL Guayas N²1 (ex Penitenciaría), quienes este sábado se negaron a recibir sus alimentos, se retomó con regularidad.

Desde ayer, el presidente Guillermo Lasso, convocó a autoridades gubernamentales y del Estado -de manera urgente- a un Comité de Seguridad en el ECU 911 de Samborondón. A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario hizo un llamado de atención a las instituciones del Estado, en especial a la Corte Constitucional, para que la institucionalidad vigente permita al Estado cumplir su labor fundamental: defender la vida. “Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos. El primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para protegerlos”, reiteró.

 

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El presidente Guillermo Lasso tomó algunas decisiones en una reunión con los ministros de Gobierno y de Defensa, los jefes militares y policiales para determinar las principales acciones a ejecutar ante la situación carcelaria: aceptó la renuncia del jefe del comando conjunto, vicealmirante Jorge Cabrera y del director del organismo a cargo de prisiones (SNAI), Bolívar Garzón.

El nuevo jefe del comando conjunto es el general Orlando Fuel, que era el comandante del Ejército, y encargó la dirección del SNAI a Marlo Brito, titular del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

El general Orlando Fabián Fuel Revelo fue designado como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en reemplazo de vicealmirante Jorge Cabrera.

También designó al General Luis Enrique Burbano Rivera como Comandante General de la Fuerza Terrestre, en reemplazo de Fuel Revelo, el nuevo Jefe del Comando Conjunto.

 

Con información de BBC News Mundo, Ecuador