LOS EMPRESARIOS NO HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Los empresarios en Colombia —o al menos los gremios que enviaron las dos cartas a la jefa de negociaciones del Gobierno, la señora Vera Grave— no se sienten representados en los documentos que, la semana del 20 de mayo de 2024, le presentó el Comité Nacional de Participación (CNP) a la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En las dos misivas, los gremios que representan a los industriales, comerciantes y sector financiero —Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Colombiana de Minería (ACM), Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)— expresan que no están de acuerdo con el contenido de los documentos.

Según los firmantes —Bruce Mac Master, Natalia Gutiérrez, Juan Camilo Mariño, Frank Pearl, Germán Arce, Jorge Bedoya  y Julián Domínguez— este escrito no los representa por varios motivos. Primero, porque en el contenido no se encuentra su voz, no están sus preocupaciones, allí “no se recogen el sentir, ni las opiniones de muchos de sus miembros” y claramente tiene un sesgo con el que no se identifican.

Segundo, porque el documento fue elaborado por un grupo de organizaciones que se tomaron atribuciones que no le correspondían. Según los empresarios, el CNP no atendió el propósito para el que fueron encomendados. En el modelo de participación propuesto se hacen también propuestas de transformación que afectan a los gobiernos municipales y departamentales; además, se exige que “las agendas de transformación se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en políticas de Estado”, lo que  exige un carácter vinculante y que va en contra del “principio de separación de poderes”.

Ante estas críticas, la recomendación de los empresarios a la Mesa fue que estos documentos “no pueden ser sometidos a aprobación”. A pesar de este llamado, el 24 de mayo las partes sentadas en la Mesa —por su afán de mostrar resultados a la opinión pública y dinamizar el congelado espacio— firmaron en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el Acuerdo No 28, llamado: “Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”, con el que se cumple el Punto 1 del Acuerdo de México.

Es decir, a pesar de la respetuosa recomendación de los empresarios de “aplazar la discusión”, los representantes del Gobierno y de la guerrilla aceptaron las recomendaciones del CNP. Reconocen y acatan el contenido del Diseño de Participación, del Plan Nacional y las Recomendaciones. Según el Acuerdo No 28, página 1, “el conjunto de documentos estará a disposición de la sociedad para su consulta y han sido la base para la elaboración de este Acuerdo”. Un texto estructurado en 9 puntos y presentado en 10 páginas.

Un acuerdo en el que la Mesa reconoce la importancia del Comité Nacional de Participación y de su esfuerzo por construir un documento colectivo. El cual fue elaborado con los insumos de “78 pre-encuentros y encuentros de orden nacional y regional, con la participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores; así como 3.217 organizaciones en todas las regiones del país, 19 cárceles y la diáspora en 14 países de América Latina, Norteamérica y Europa” (pág. 1 del Acuerdo No 28).

A pesar de esta masiva participación de las organizaciones de la sociedad civil, que incluso supera la participación que se tuvo en los encuentros sobre los seis puntos del Acuerdo Final con las Farc-ep entre 2012 y 2016,  lo cierto es que los gremios —Andi, Acolgen, ACM, ACP, Asofiduciarias, SAC y Confecámaras— no se sienten incluidas. Lo cual resulta un gran vacío para el histórico logro alcanzado en este nuevo proceso. Un hueco que de no llenarse podría afectar seriamente la legitimidad del proceso, perder un valioso aliado para la paz y continuar avivando el conflicto armado.

En este sentido, uno de los mayores retos que tiene el proceso con el ELN es incluir a este importante actor. Hacer realidad la primera frase del Acuerdo No 28: “La paz en Colombia requiere de todas las voces, de todos los pueblos, comunidades, personas, procesos y formas de construir nación”. Es prioritario que la Mesa de Negociación, el Comité Nacional de Participación y los responsables de ejecutar el modelo de participación para avanzar en la propuesta de transformación logre incluir a los empresarios y escucharlos.

Recordemos la experiencia en la refrendación del Acuerdo Final con las Farc-ep. En aquella ocasión fueron los partidos políticos de derecha, encabezados por el Centro Democrático, quienes cuestionaron el Acuerdo Final y exigieron su inclusión. Ahora son los representantes de la industria, del comercio, de la minería y del sector financiero los que exigen que su voz sea escuchada, que su opinión se incluya también.

Para algunos esto es un despropósito y un sin sentido, pues entre esos 30 sectores que participaron estaban los empresarios; sin embargo ellos no lo consideran así. Los empresarios están habituados a que se les piense como un sector por fuera de la sociedad civil. En el juego de las políticas públicas es habitual que a los empresarios se les mire como un tercer actor que se diferencia y está en conflicto con el Estado y la Sociedad Civil (ver figura 1).

En esta lógica no debe existir dificultad para la Mesa en reconocer que los empresarios están por fuera de la sociedad civil. Que ellos representan otros intereses, la mayoría de ellos basados en la libertad económica, la protección de la propiedad privada y la búsqueda de la ganancia. Principios que pueden discrepar con los que tienen las organizaciones de la sociedad civil y que quedaron contenidos en el numeral 3.2. Modelo Económico del Acuerdo No 28, el cual dice:

“Impulsar nuevos modelos sostenibles y propios de producción en los que el Estado cumpla su responsabilidad social, que superen la desigualdad social y el modelo especulativo y monopólico, que permitan y promuevan una transición hacia un modelo económico no depredador del ambiente, las comunidades y acorde con el interés nacional” (pág. 4 del Acuerdo No 28).

Es necesario tomar conciencia que los intereses que defiende la sociedad civil pueden ser muy distintos a los que defienden los empresarios. Una cosa es las transformaciones que exigirán las comunidades étnicas e indígenas y otras los grandes empresarios. La recomendación a la Mesa de Negociaciones es que permita que, como pasa recientemente en el campo del conflicto armado, se permita la inclusión de todos los actores en la construcción de la Paz Total.

Lo importante es que todos los actores en el proceso sean escuchados, aportando con sus ideas y consensuando las transformaciones. Que a los empresarios se les permita el autorreconocimiento y ocupar el puesto que deseen. Como pasó con las disidencias de las Farc-ep, que ahora se llaman Estado Mayor Central (EMC) o con el Clan del Golfo, que decidió autonombrarse recientemente Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La idea es que se respete al empresariado y que si desean llamarse fuerza empresarial colombiana (FEC) o simplemente M, de Mercado, como ocurre en el campo de las políticas públicas, se lo permitamos.

Este camino sería muy adecuado para el proceso de paz con el ELN. Lo que permitiría aprovechar un valioso actor que históricamente ha aportado en la construcción de la paz. Una participación que, como la de José Félix Lafaurie —presidente de Fedegan y delegado del Gobierno en la Mesa—, ha mostrado ser muy importante para el actual proceso de paz. Una experiencia significativa y valiosa que yo mismo he documentado en textos como “Cuarenta años de activismo empresarial antioqueño en los procesos de paz en Colombia (1980-2020)”. (https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/342251).

Lo fundamental es que el empresariado logre vincularse en el proceso de paz con el ELN. Que haga parte de la firma de los acuerdos y se convierta en un actor incidente en la implementación de los mismos. El reto del Plan Nacional de Participación es pulir la metodología para que la participación de “todas las voces” sea posible y eficiente. De tal forma que se avance en las transformaciones estructurales que requiere el país y la sociedad; que se dejen sentadas las bases de un gran acuerdo nacional para la reconciliación.

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– Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.