LA DOCTRINA TURBAY AYALA

Por:

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

Así pudiera conocerse la cínica e impúdica respuesta que dan los gobernantes en punto de sus actuaciones reprochables. Por los años ochenta del siglo pasado -cuando arreciaba la protesta social y el condigno terrorismo de Estado- el curaca de la época -recientemente tachado de mafioso y narcotraficante por los archivos desclasificados e inútiles ya de la CIA- cuando en sus faraónicos tours por el mundo, era requerido acerca de los prisioneros y torturados políticos en su país, rampantemente los negaba o nudamente replicaba que era que se autotorturaban para desprestigiar a su gobierno. Tanto eran ciertos los suplicios que el propio García Márquez tuvo que exiliarse aparatosamente.

Así como responde el impunemente imputado Uribe Vélez -Director de la entidad que autorizaba los aeropuertos en el cuatrienio del estatuto de seguridad- que carga con el abrumador peso de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales -entre otros prontuarios-, cuando dice que se ajusticiaban a los inocentes muchachos porque estaban cogiendo café de contrabando.

Eso es lo que está sucediendo hoy por hoy -pero al revés- con los llamados aguijonazos o estocadas que dizque está sufriendo un magistrado de la corte constitucional que las ha denunciado, pero sin pruebas y sin solicitar ser reconocido como víctima. Se presume que son autopicotazos porque se ha venido a saber que fue su magistrado auxiliar el “chuzado”, pero también que es el mismo que  fue viceministro de Duque e hijo de Juan José Chaux Mosquera, quien fuera investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo. Amén de ser de la barriada del uribismo opositora al actual gobierno.

Y es que pese a la depuración que ha intentado Petro, subjefes y jefes de inteligencia de aquella oscura y siniestra época uribista, siguen laboriosos; por lo tanto, resulta arbitrario insinuar que es el gobierno “el que dio la orden” y desconocer su lucha contra la insepulta infiltración mafiosa en los organismos de inteligencia actuales. Más bien piénsese en que se trata de una estratagema del uribismo por gemelear al gobierno Petro con las execrables prácticas de la “seguridad democrática”.

Recientemente el ex magistrado Araújo Rentería decía que como su nombre lo indica, lo perverso es sumamente malo, y así es la costumbre que tenemos en Colombia, de ponerle otros apelativos a graves delitos. Al  genocidio de las personas que buscaban un trabajo y fueron asesinados dos veces, físicamente para presentarlos como guerrilleros y luego moralmente, presentándolos como autores de otros delitos, le pusieron el nombre de FALSOS POSITIVOS, con el fin de justificar y atenuar la responsabilidad de sus autores materiales e intelectuales.

A la violación masiva de derechos humanos, que era la ejecución de varios delitos graves, le pusieron el eufemismo de CHUZADAS, que no eran solo chuzadas telefónicas sino también, como lo documentó Juan Gossaín, desprestigio por medios de comunicación, encuestas, cadenas de chat, distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros, creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes, sabotaje, terrorismo explosivo, incendiario, servicios públicos y tecnológicos, presión, amenazas y chantaje de los que el gobierno de turno consideraba como sus enemigos.

A la corrupción de algunos congresistas para que votaran como el gobierno de entonces quería, le denominaron MERMELADA y cínicamente se dijo que, por su causa, aumentaría el número de “diabéticos en Colombia”, por no referirse al número de corruptos o corrompidos

Lo común son los eufemismos con que se califican esos graves delitos y como ellos corrompen la Constitución y la ley, se deterioran los valores y se utilizan ilícitamente las funciones públicas.

Lo distinto es que en este caso el presidente de la República, ha dicho públicamente que no las ha ordenado, no las patrocina y que cualquier funcionario que dependa de él y esté comprometido será separado de su cargo, lo que es destacable para los derechos humanos y lo que no sucedió en el gobierno Uribe, quien, por el contrario, las patrocinó contra la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y a cuya oficina llegaban reportes del DAS

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Asistimos a la celebración de los 33 años de la Constitución de 1991. La edad de Cristo cuando murió, dijo un expositor no se supo si refiriéndose a su muerte y crucifixión a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente en ciernes.

El magistrado de las chuzadas -vicepresidente de la Corte- hizo una completa conferencia sobre la evolución del control constitucional. Para nosotros fue interesante saber del artículo segundo de la ley segunda de 1887, sobre acción pública en contra de los decretos legislativos, pero no hemos dado con aquel dispositivo.

En su prolija disertación se olvidó Ibáñez que la Constituyente de 1991 fue convocada por decreto de estado de sitio que recibió la bendición del juez de la época. Así que no sería raro que el presidente Petro repita la estrategia. O sería que el magistrado no quiso mortificar al senador David Luna que vigilaba por el recinto, es enemigo del gobierno, no quiere saber de Constituyentes y es el avezado inspector de las chuzadas al magistrado.

La Constitución de 1991 ha sufrido 57 reformas, así que no es irreformable. Un experto extranjero dijo que “el pueblo es poder constituido”, sujeto a la Constitución … Pero nuestro artículo tercero constitucional reconoce que  la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público…