LA CONSTITUYENTE ES EL CAMINO

Por:

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

No se entiende el aquelarre jupiterino que ha sazonado la oligarquía megarrica y sus corifeos paniaguados de la prensa hablada y escrita ante la iniciativa popular de reformar la Constitución en temas cruciales y contemporáneos, siendo que los Uribes y los duques y Gavirias la han retocado cincuenta y cinco (55) veces sin que el andamiaje haya crujido ni sucumbido.

Diez constituciones nacionales hemos tenido los colombianos a lo largo de estos doscientos años. La novena fue la de 1886 y la décima, la de 1991. En el siglo XIX, hubo una irreformable, la de 1863, comoquiera que exigía la votación unánime de todos los 9 Estados y la de todos los plenipotenciarios. Tan pétrea que se hizo inviable y por ello se incendió en la batalla de La Humareda cuando al vencerla, el gobierno de Núñez pudo proclamar que la Constitución de Rionegro “ha dejado de existir”. Típico golpe de estado que nadie castigó y que por el contrario posibilitó la expedición de la Constitución monocrática, monástica, monárquica “desgraciadamente electiva”, de 1886, que, rota sus vértebras en 1936, 45 y 1968, llegó centenaria y andrajosa hasta 1991.

Explícitamente el artículo 374 prescribe que La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Así que la propuesta supralegal no es desventurada ni descaminada.

La agenda de reformas incluye eliminar las tareas clientelistas y pestilenciales de las cortes, lo que originó no sólo “el cartel de la toga” sino la promoción a la judicatura constitucional de sujetos como Jorge Pretelt o como Carlos Camargo, elegidos en actos típicamente simoníacos. Así mismo, se convirtieron (tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado) en sucursales de los partidos políticos, apostándole a la caída del gobierno. ¡Qué tal sesionar en vacaciones sólo para tumbar la emergencia económica!

La mecánica política no mejoró. Se reconoce que con la inmunidad (impunidad) parlamentaria de antaño no hubieran sido encarcelados por narcotráfico, por el 8.000, paramilitarismo y otros crímenes, un centenar de congresistas y en turno otros que prefieren renunciar a su credencial para ir a un juicio ante la Fiscalía complaciente, ejemplo dado por todo un expresidente. La mecánica política no sólo sigue siendo la profesión (?) más desprestigiada, sino que muy pocos ciudadanos decentes se someten a sus designios clientelistas y corruptores. Actualmente, los parlamentarios son meros pajes del dólar y de la concupiscencia que les brindan sus comanditarios. ¡Cuando rigen las sesiones normales no concurren al quórum, pero cuando los urgen sus patrones megarricos amenazados por la emergencia económica con arrancarles 0.5% de sus patrimonios y sus rentas, vuelan desde sus regiones a vociferar las mociones de censura contra el gobierno así estén disfrutando en vacaciones!

Para evitarnos los conflictos de interés y el carcelazo totalmente exótico de ministros honestos (como Bonilla y Velasco), se ha de impulsar el régimen parlamentario para que un jefe de coaliciones lidere la agenda de gobierno-legislativo y caiga cuando ya no cuente con el respaldo de las mayorías. Inclusive piénsese en un sistema unicameral para que responda a un país en donde no hay aristocracia ni sangre azul (sólo megarricos que aspiran a ser oligarcas). Es el Congreso el que ha permanecido impávido, cobarde, abúlico, sin dar señales de vida frente a temas tan acuciantes y palpitantes de la vida nacional. Algunas cuestiones – eutanasia, aborto, formas diversas de familia, jurisdicción agraria- han sido sistemáticamente excluidas de la agenda legislativa. Lo único que los alimenta es el odio al presidente y por ende ser mulas muertas obstructoras de la justicia social.

Si bien los constituyentes de 1991 separaron nítidamente las esferas de lo teológico y lo estatal e hicieron de Colombia un Estado laico, gobiernos como los de Uribe Vélez, retornaron el confesionalismo a las aulas escolares, algo propio de las tinieblas de la Regeneración que creíamos tiempos idos. Bien hubiéramos podido seguir a los reformistas mexicanos de Benito Juárez que al separar las dos potestades entendieron que la Iglesia dejaba vacío el espacio para que la cultura lo llenara. El estado se vio compelido a promover la cultura como uno de sus designios esenciales.

La administración de justicia no es cumplida ni pronta. Y por ello es lo màs cercano a la injusticia. No sólo en la arquitectura constitucional, sino, particularmente, en la vida cotidiana. En efecto, la mora total en el sistema judicial, esto es, lo que se demoraría la evacuación si no ingresaran procesos nuevos, es de 9 años en la jurisdicción ordinaria y de trece en la contenciosa. El Consejo Superior de la Judicatura, muy tardíamente sustituido, amén de ser refugio de los políticos cesantes, escandalizó al país con la conducta de algunos de sus magistrados, elegidos por el Congreso en contubernio inaceptable.

El modelo económico montado en una economía de mercado fue legislado a favor del sector privado: el sistema financiero, los oligopolios industriales y los gremios agropecuarios. El ponente de la Ley 100 de 1993, el inefable Álvaro Uribe Vélez, quien cedió a las EPS el negocio de la medicina para la clase media solvente y le dejó al Estado la salud del 60 % de la población. Esa misma ley le cedió el ahorro pensional al sector financiero (que hoy llega a $310 billones, casi un tercio de la riqueza nacional), el cual fijó altas comisiones a las pensiones obligatorias (el 1%, el triple de lo usual en la intermediación financiera pasiva) y excesivas a las voluntarias (hasta el 4 %). Esa jugadita habilitó a dos grupos financieros para que incursionaran en otros sectores de la economía, como la construcción de infraestructura en el caso del grupo de Sarmiento Angulo. Además, colgó a las nóminas parte de los pagos de la seguridad social, lo que aumentó la informalidad y el desempleo en forma estructural. Aún más, las obras públicas se financiaron con peajes y no con el raquítico presupuesto de la nación, lo que encareció el transporte y empobrece a toda la sociedad.

Los retrocesos en materia de progreso social y económico están a la vista. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más del 40% de la población se encuentra en la pobreza y los índices de pobreza sólo en este gobierno de Petro han cedido notoriamente. Con este telón de fondo de angustia socioeconómica, los colombianos están doblemente castigados por la corrupción y la impunidad, particularmente de la cúpula de la clase política.

El régimen departamental siguió colapsado. En las discusiones de 1991, la existencia de los departamentos se salvó por un voto. Son y eran cadáveres insepultos. Ante los municipios vigorosos no hay espacio para  la entidad departamental. Más de quince proyectos de ley orgánica de ordenamiento territorial sucumbieron ante la indiferencia de los congresistas que no quieren modificar la geografía de sus feudos podridos. La reforma de las competencias y recursos fiscales para las regiones está en el orden del día, así como la jurisdicción agraria.

Se le han hecho reformas a la Constitución, la mayoría de ellas inocuas. Unas antidescentralistas, de duro castigo a la autonomía territorial y otra de ellas perversa que permitió la reelección inmediata de Uribe Vélez, con su herencia de vergüenza mayor en todos los frentes del Estado. Por fortuna, la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad de la Carta, atajó la segunda reelección que hubiera sido el camino para la dictadura perpetua.

A la fecha, la Constitución ha sido reformada 53 veces: 5, relativas al Acuerdo con las Farc, algunos transitorios; 4, creadores de distritos especiales; 3, sobre justicia penal militar; 3, de circunscripciones electorales especiales; 3, reformas al régimen de regalías; 2, reformas políticas, 2 al control fiscal y 2 reformas para incorporar a carrera administrativa a quienes estaban provisionales. Además de reformas a las asambleas departamentales, extradición, expropiación, Bogotá, nacionalidad, periodos de gobernadores y alcaldes, reelección, pensiones, salud, moción de censura, sostenibilidad fiscal, doble instancia, entre otros.

Aunque no se impone el reemplazo de la Constitución y nadie  lo ha propuesto, entre otras cosas porque una es la parte orgánica de la Constitución (que de suyo es revisable y ajustable siempre de acuerdo con los requerimientos de las sociedades) y otra, la dogmática, que de suyo también es irrefragable porque supone el núcleo y pilar del sistema democrático; se avala tomar prestados el espíritu y la metodología del  proceso ejemplar emprendido en 1991; comprometerse seriamente con una nueva generación de colombianos en un esfuerzo por encontrar un terreno común y actual que consulte los requerimientos de la vida contemporánea.