HOLOCAUSTO: EL EXTERNADO EN EL CORAZON

Por:

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

 

(Fragmentos de Los Pasos Contados)

 

 

… Reyes Echandía ya era magistrado de la Corte y era carismático y didáctico en la cátedra con su proverbial magisterio que le permitía llegar a todos sus absortos pero ansiosos párvulos con sencillez evangélica. Pero igual era un insuperable expositor en foros internacionales los más exigentes. El derecho penal general era asumido por todos los muchachos con claridad y rigor cartesiano gracias a este amauta tan pragmático como científico. Y para remate y para recabar los conocimientos allí estaba el Tratado de Derecho Penal que incluía todos los capítulos del delito y de las penas: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad, criminología. Eso sí era un Tratado entendido como compendio científico, riguroso y completo de una especialidad jurídica en todos los tomos posibles. Era el presidente de la Corte Suprema de Justicia en las horrorosas jornadas del holocausto. Murió implorando -y sin ser escuchado por nadie- el cese al fuego…

Por esa época, los tres maestros, Fernando Hinestrosa, Alfonso Reyes Echandía y Manuel Gaona Cruz, habían figurado en la terna para Procurador General de la Nación. En declaraciones que nos dio para el periódico “Sub-Versión”, el doctor Hinestrosa dijo que no aceptaba la inclusión de su nombre y Reyes Echandía, que sí quería ser procurador, era un tullido para andar mendigando votos entre la fauna parlamentaria; por ello la terna se desintegró y el abogado que reemplazó a los dos externadistas, Carlos Jiménez Gómez, fue elegido. Se dijo que Hinestrosa y Reyes Echandía habían quedado ex-ternados.

Mario Fernández Herrera, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alfredo Vásquez Carrizosa, Enrique Low Murtra, Alfonso Gómez Méndez, Ramiro Sandoval, Manuel Urueta Ayola, Gustavo Humberto Rodríguez, Andrés González, Augusto Hernández Becerra, Camilo Velázquez Turbay, Jorge Restrepo Fontalvo, Dídimo Páez Velandia, Hernán Fabio López Blanco, Gabriel Escobar Sanín, Ramiro Bejarano, Augusto Hernández Becerra, Eduardo García Sarmiento, Jorge Restrepo Fontalvo, Luis Enrique Aldana Rozo, Rafael Poveda Alfonso, Mario Montoya, José María Torres Vergara, Richard Tovar, Joaquín Vanín Tello, completaban la nómina de lujo en el equipo docente de la Universidad.

El más antiguo era el profesor Antonio Rocha Alvira, de Chaparral igualmente, ministro y magistrado que lo había sido cuarenta años atrás. Era una verdadera reliquia. Titular de la cátedra de Pruebas, concurría muy puntualmente los viernes, con su paso cansino, su paraguas, sus gafas oscuras, su sombrero que depositaba en la mesa, iniciaba su cátedra de historia patria, que no de derecho probatorio, y su discurso sobre las gestas y los próceres era tan conmovedor y nítido como si él hubiera participado como actor mismo o por lo menos como testigo.

… De Chaparral también es Alfonso Gómez Méndez, recién regresado de Francia y de Alemania. Diserto expositor que adobaba con reminiscencias históricas las doctas lecciones del derecho penal especial. Es muy recordado su cuento de que Murillo Toro nunca estuvo en Roma, que había revuelto el obispero en su época, pero que le sirvió al presidente radical para zanjar una dificultad coyuntural con los nuñistas seria. También puso de moda el cuento del sofá, cuando en reportaje que nos concedió al periódico Sub-Versión que coordinábamos con Héctor Riveros, Hernando Meneses, Jaime Jaramillo, Jairo Rivera, Jaime Durán, Jorge León, Mario Santos, entre otros, responde: “Yo lo he dicho en reciente artículo de prensa que, en este caso, el Estado se comporta como el buen hombre que ante las veleidades amorosas de su mujer, para ponerles fin, resuelve vender los muebles en los que ella se dedica a sus actividades extraconyugales (Esto a propósito de la nueva disposición constitucional de 1979 que ante el supuesto del ausentismo parlamentario optó por establecer que el quórum se formaba con cualquier número plural de sus miembros (Periódico Sub-Versión, Nov-Dic, 1980, p.9, 10).

El profesor Gómez Méndez avanza actualmente en su flamante campaña presidencial y es de esperar, por las pruebas que ha dado de su versatilidad y erudición, además de su proselitismo boyante, que gane las primarias y la segunda vuelta.

Pero indudablemente quien llamó poderosamente mi atención fue el profesor Manuel Gaona Cruz, quien nos dictó Derecho Constitucional Colombiano en segundo y Teoría del Estado en quinto. Largo, corpulento, de corbatas snobs, era un expositor oceánico, embrujante, seductor. Había sido viceministro de César Gómez Estrada en el gobierno López y Viceprocurador de Jaime Serrano Rueda. En 1980 lo acompañamos en su candidatura al Concejo de Bogotá en la Unión Popular Liberal que habían fundado con Roberto Arenas Bonilla, entre otros. Naufragó espectacularmente. Gaona era un convencido de la social – democracia a la colombiana. En un mapa nos comprobaba cómo el mundo iba hacia el socialismo. Al año siguiente y con apenas 40 años reemplazó a su paisano Gonzalo Vargas Rubiano en una plaza de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo esperaban allí el jurista, humanista y poeta, vicerrector del Externado, profesor Carlos Medellín Forero, como también el propio Presidente de la alta corporación, Maestro Alfonso Reyes Echandía, como si un cruel destino los convocara.

Me restaba recordar que los años universitarios coincidieron plenamente con el cuatrienio Turbay Ayala de tan triste memoria. Todo el establecimiento universitario replicaba las actuaciones del ejecutivo que, con el general Camacho Leiva a la cabeza, habían puesto patas arriba el Estado de Derecho, violaban flagrantemente los derechos humanos, pisoteaban las garantías procesales … era el reinado del escabroso estatuto de seguridad.

Junto con Vázquez Carrizosa, que ya octogenario empuñó la bandera de los derechos humanos a “nombre de Juan Pablo II”, según decía irónicamente para que no lo torturen, Rodrigo Lara Bonilla, Alfonso Reyes Echandía, Alfonso Gómez Méndez, Julio Salgado Vázquez, Gregorio Becerra, Manuel Gaona porfiaban por el restablecimiento de las libertades ciudadanas y los derechos humanos y eran víctimas por ello mismo de los seguimientos policiacos. Reyes Echandía había compuesto un ensayo insuperable en el que denunciaba la imposibilidad de que las autoridades militares asumieran también las funciones judiciales como estaba tan de moda en el gobierno de Camacho Leiva.

El ex procurador Gómez Méndez recuerda ahora que se conmemoran los 40 años de la demencial toma y de la genocida contra toma por parte de los militares que “en la llamada operación ‘Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’, aparte de la petición principal de adelantar un juicio al presidente por el supuesto incumplimiento de los acuerdos de paz, se pedía la derogatoria del tratado de extradición. No era el tema central, aun cuando probablemente les dieron dinero a los terroristas. El argumento de que iban a quemar los expedientes no tiene mucha lógica porque de ellos había copia en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería, y existían medios más eficaces y menos violentos para desaparecerlos. De hecho, luego se reconstruyeron. El que se quemó y no se reconstruyó fue el que existía contra Miguel Vega Uribe por torturas y que era adelantado por el presidente Reyes Echandía”.

En 1980, Gaona organizó un Seminario sobre la reforma constitucional de 1979, que en un acto de “tropel y parranda”, había promulgado el gobierno. En el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, durante varias semanas los más calificados juristas del país pulverizaron dicha Constitución hija de las componendas del Congreso y el Gobierno, más de este último, que había ordenado que la aprobaran “sin cambiarle una coma”.

De allí surgió la necesidad nacional de demandar la reforma por vicios de procedimiento. Ya la Corte Suprema de Justicia había sentado jurisprudencia de su competencia para invalidar reformas constitucionales con motivo de la “pequeña constituyente” de López Michelsen, así que bajo el criterio de Gaona Cruz con Oscar Alarcón y Tarcisio Roldán pidieron la inexequibilidad de la Constitución Turbay Ayala.

Irónicamente, luego de haber demandado el Acto Legislativo de marras, Gaona fue cooptado para la Sala Constitucional de la misma Corte y se posesionó en mayo de 1981 ante Turbay Ayala. Claro que se declaró impedido como Magistrado para conocer de su propia demanda, pero no dejó de censurarlo vigorosamente en sus lecciones de derecho constitucional y teoría del Estado en El Externado. Y allí se produjo un suceso inverosímil, que nos tocó muy de cerca a los alumnos de Gaona

Resulta que había ingresado a la Facultad y era compañero nuestro, Luis Ignacio Andrade Blanco, hijo de Felio Andrade Manrique, a la sazón Ministro de Justicia del régimen. Inescrupulosamente y actuando como infiltrado Luis Ignacio había grabado las conferencias del catedrático y las había puesto en conocimiento de su padre que hizo el escándalo de rigor: “el magistrado Gaona, además de ser el demandante, de ser el juez, no se declara impedido y además prejuzga en sus cátedras” (¿?), dijo el arrebatado Ministro.

Los sabuesos de inteligencia militar merodearon de inmediato la Facultad para aprehender al subversivo quien con toda la dignidad republicana y el apoyo del estamento externadista invocó la inviolabilidad de cátedra que era piedra miliar de la existencia del Externado y no pudo ser tocado ni en su persona ni en su integérrima elocuencia.

El Departamento de Derecho Público que ya para 1982 dirigía Gaona, convocó el concurso de monitorias que es el primer escalón para la vinculación docente. Habida cuenta mis simpatías acendradas por la temática iuspublicista participé con un estudio sobre el “poder constituyente” que me permitió ganar la monitoria. El tema era muy oportuno comoquiera que lo que se discutía en esos meses, en las altas esferas estatales, legislativas y jurisdiccionales era precisamente la densidad de las competencias de las diferentes ramas del poder público.

Ello me permitió entrar en el círculo del Maestro del cual me convertí en Monitor, así como también del profesor Rodrigo Lara Bonilla, de Eduardo Rozo Acuña y cuando retornó de su Embajada en Italia, del Maestro Carlos Restrepo Piedrahita.

Conmigo también ingresaron a las Monitorias Carlos Medellín hijo, Rodrigo Uprimny, Juan Carlos Henao todos ellos de descollante desempeño tanto que el último de los nombrados es Magistrado de la Corte Constitucional actualmente, que la rivalizó, paradójicamente, con Uprimny en un inusual e imprevisto juego del destino. Carlos Eduardo Medellín Becerra ya fue Ministro de Justicia y Embajador en Londres. Para nuestra época de estudiantes él era un aguerrido capitán del Nuevo Liberalismo y nosotros, del liberalismo que acompañaba la reelección del presidente López Michelsen.

Volviendo al profesor Gaona, no pensaba él quedarse más allá de lo conveniente en la Corte. Nos había hablado de su deseo de dedicarse a la política y aspiraría al Senado. Sus allegados sabíamos que sus ambiciones, pero ante todo sus méritos, lo llevarían mucho más lejos.

Por lo pronto empezó a redactar su “Manual” de Derecho Constitucional, que se publicó póstumamente y en el que campea su pensamiento socialdemócrata y humanístico del Estado. Pero ante todo su concepto ético y axiológico del poder político

Un capítulo doctrinal que le apasionó fue el del presidencialismo latinoamericano sobre el que discurrió en su tesis de grado en la Universidad de Paris. La nutrió de la investigaciones históricas y sus estudios sobre ciencia política y sociología.

Y otro, sobre “El control y la reforma de la Constitución en Colombia” que le permitieron elogiar concienzudamente nuestro sistema y calificarlo como el “mejor de Occidente”.

Para cumplir con los compromisos académicos de pregrado investigué y escribí mi tesis sobre “Las venas abiertas de la justicia constitucional”, de más de 500 páginas, que le llamó mucho la atención al profesor Gaona Cruz, de la cual fue presidente. Me hizo el inconmensurable honor de colocarla en la mesa de centro de la sala de espera de su Despacho en la Corte Suprema. Allí se incineró con el magistrado en las aciagas e imperdonables jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985

 

LA  DEMENCIAL TOMA Y LA  GENOCIDA CONTRATOMA

 

 

… Para esos meses de 1985, del holocausto, yo estaba vinculado a DAINCO que tenía la sede en la carrera 8ª entre calles 11 y 12, a media cuadra del Palacio de Justicia, que visitaba con frecuencia porque el Magistrado Gaona me convidaba al tinto. Era su secretaria una señora que resultó ser hermana de un antiguo Gerente de la Cervecería Bavaria de Pasto de apellido Mondol Gordillo.

El palacio de Justicia en cuyo vestíbulo se había colocado una estatua de José Ignacio de Márquez, boyacense de Ramiriquí, el primer civil jefe de Estado, siempre me pareció que tenía algo del panóptico en donde se puede ver todo desde un sólo sitio, que era un edificio construido premeditadamente para un asalto en el que el bando que lograra dominar los pisos superiores dominaba la guerra. Eso también lo pensaría el M-19 que desde el cuarto piso cuadrangular fumigó de barbarie el escenario.

Al mediodía del miércoles 6 ya desde nuestras oficinas escuchamos los retumbantes disparos y la alteración del orden en el sector. Nunca sospechamos que se estaba incubando, ahí, ante nuestras atónitas miradas, el más conmovedor y trágico episodio de la historia contemporánea.

 

 

Estupefacta, conmovida hasta la indignación, pávida ante tal orgía de sangre y fuego, la conciencia desprevenida de la Nación no atinaba a comprender la victoria de quienes la reclamaron, acto seguido del incendio y destrucción del altar de la justicia.

De nada sirvió la desesperada súplica que daba el jefe del poder jurisdiccional para que se abriera una ceja de paz en aquel torrente de arrogancia bélica que únicamente no acudió a la bomba atómica (quizá porque se trataba de un recinto cerrado), menos sirvió el Derecho de Gentes-para la guerra- que demanda la inexcusable exigencia de respetar la vida de los heridos, de los rendidos y desde luego de los terceros totalmente ajenos al conflicto, como eran los magistrados de las altas cortes y el personal administrativo del Palacio.

 

 

Para nosotros, los externadistas, que fuimos sus discípulos y amigos, y que en el turbión de tan escalofriantes sucesos no supimos cómo fuera posible que el Estado Mayor de nuestra universidad quedara sacrificado en el mismo templo donde se oficiaba la justicia, el crimen no sólo traducía la barbaridad del régimen, sino que embargaba nuestra vida de una tristeza y de una impotencia indescriptible.

El Estado de Derecho que estábamos aprendiendo y que estábamos construyendo quedó tendido también al lado de los inermes magistrados porque su carnicería no significaba, sino que los otros dos poderes del Estado habían preferido liquidar el poder jurisdiccional para ver de salvar las instituciones -como lo dijo orondo e impune un sargentón-. Nunca el cinismo había sido tan tétrico.

Seis meses después de la demencial toma del Palacio de Justicia por parte de un comando guerrillero y del cruento y descomunal rescate a cuenta de las Fuerzas Armadas, la Nación recibió el informe del tribunal especialmente creado para que indague los pormenores del suceso terrible. ¿Quién dio la orden de contraataque? ¿Por qué no se respetó la vida de los rehenes inocentes? ¿Qué hubo de los desaparecidos? Eran (y son) interrogaciones cardinales que no fueron absueltas por el célebre tribunal. (“Nada irregular, sólo una falta de cortesía”, le hace decir el caricaturista Osuna al magistrado Serrano Rueda en una perspicaz síntesis de la tarea cumplida por los dos investigadores).

Contenía tal informe la declaración del Ministro de Justicia que aunque tardía y contradictoria fue valerosa en medio del increíble unanimismo probelisarista de los demás ministros liberales particularmente el de Jaime Castro, quien por sus cercanos nexos con las universidades y tribunales, como que fue catedrático del Externado que le abrió las puertas para el comienzo de sus días triunfales, así como también por ser su esposa fiscal del Consejo de Estado, ha debido mostrar mayor sensibilidad y asumir una conducta erguida y decorosa para ver de salvar la vida de sus colegas, amigos y también defender la dignidad del Palacio de Justicia. Esa hubiera sido una actitud digna de un primer ministro que posa de jurista. Y eso era lo menos que esperábamos de un prohombre del liberalismo.

 

 

En el prólogo del libro “Holocausto en el silencio” de las periodistas Adriana Echeverri y Ana María Hanssen, el penalista Yesid Reyes Alvarado, hijo del entonces Presidente de la Corte, hace un descarnado pero riguroso análisis probatorio de lo que sucedió en la cruenta toma y contra toma y no resultan bien librados ni los expresidentes, ni el entonces Director de la Policía Nacional, ni Gaviria, ni Serpa, que todos a una respaldaron la demoledora respuesta del Ejército contra el comando guerrillero.

Dicen los  politólogos que han examinado este crimen de Estado que “el M19 no fue ni tuvo nada que ver con la izquierda y menos con el ‘comunismo’. Fue un movimiento protestatario, no revolucionario, inspirado en un populismo de derecha, no de izquierda, nacido de ideólogos de derecha, sin propuestas de desconocer el Estado ni reemplazar el modelo económico sino solo sustituir a sus dirigentes, sin conceptos como la estatización de los medios de producción, etc.

Petro es y ha sido básicamente de esa línea. Siendo como es, demagogo pero estudioso, ha tenido un barniz de izquierda y simpatiza con su análisis social; pero no tiene ni la estructura ni la convicción de un seguidor de las tesis marxistas. Igual nunca fue propiamente dirigente o de algún alto cargo en ese movimiento, y poco o nada tuvo que ver con la toma del Palacio de Justicia puesto que entonces estaba preso. Tampoco tuvo algo que ver Pablo Escobar”.

Poco se avanzó en estos 40 años sobre la forma en que murieron algunas de las víctimas del Palacio de Justicia; mientras el general Delgado Mallarino afirmó en el Consejo de Ministros que “Cuando sus hombres penetraron al cuarto piso del Palacio de Justicia (en contra de las advertencias que sobre esa operación hicieron algunos ministros, como Enrique Parejo), no encontraron allí a ninguna persona”, la investigación posterior demostró que en ese piso murieron varios magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En la misma investigación se reveló que la bala hallada en el cuerpo del presidente de la Corte (una nueve milímetros) no correspondía a ninguna de las armas utilizadas por el comando del M-19. Si bien ni la Policía ni el Ejército suministraron sus armas para que se llevara a cabo el cotejo con el proyectil que dio muerte al presidente de la Corte, se sabe que algunas de las armas usadas por los hombres de la Policía Nacional que penetraron al cuarto piso funcionan con proyectiles nueve milímetros lo que daría pie a pensar que los magistrados murieron en el intercambio de disparos ocasionado con el asalto al cuarto piso del Palacio, sobre cuyos peligros habían advertido a Delgado Mallarino varios de los ministros.

 

 

En las investigaciones efectuadas por la Justicia Penal Militar, tampoco se halló mérito para procesar a ninguno de los que dirigieron las operaciones militares contra el comando del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia; por el contrario, se determinó que los disparos hechos desde los tanques al mando del coronel Plazas contra un pequeño baño del edificio donde permanecían refugiados cerca de 60 rehenes y unos pocos guerrilleros, tuvieron la noble finalidad de airear el recinto para que el humo no afectara a los que allí permanecían. Los relatos de algunos de quienes estuvieron en ese baño dan cuenta que esa operación de aireamiento concluyó cuando una de las paredes del baño voló, lesionando a varios de los rehenes y permitiendo que por ese agujero penetraran, además de aire fresco, granadas de fragmentación y balas que segaron la vida de varios guerrilleros y rehenes.

¿Is fecit cui prodest?, dirían los latinos ¿A quién convino este crimen? La hoja de vida pulcra y pulida de los magistrados, su altiva independencia de criterios, su magisterio insobornable, la sabia y honesta elaboración científica que exhibían, la corrección de sus vidas, su irrevocable patrocinio al respeto de los derechos humanos y a las libertades ciudadanas, su devoción a la vigencia del sentimiento genuino y cristiano de equidad, su utopía fundada en un presente preñado de posibilidades para todos, en especial y preferentemente para las clases proletarias, la búsqueda anhelada de una luz de esperanza y de justicia para ellas, su rechazo permanente y consecuente con la legalidad de los cuarteles, todo ello les fue cobrado a los magistrados a precio tan irreversible como macabro.

“La represión del Estado de Sitio – habían dicho en lapidaria sentencia- extiende su cortina de silencio y de miedo que pretende encubrir graves injusticias socioeconómicas de regímenes que edifican la prosperidad de sus pocos validos a costa de la miseria de muchos explotados”, frase luminosa que reivindica la misión democrática de los jueces. El más joven de todos el más vehemente y sincero le había indicado el comportamiento a la corte:

“La Carta le dice a la Corte que debe guardar la Carta y no hacerle la Corte a los que violan la Carta”. Frase inolvidable del inolvidable Manuel Gaona Cruz.

Afortunadamente aquel magisterio de elevada conducta no fue inmolado con los cuerpos de los magistrados. Vivas están sus beligerantes y honestas enseñanzas selladas con el sello de su propia sangre, que se reproduce por todo el país para quienes tuvimos la esclarecida fortuna de ser notarios de su probidad, de su sabiduría, de su irreverencia, de su lealtad esclarecida.

 

 

“Las semillas que dejaste al viento -le dijo su hija en hermosa plegaria al magistrado Reyes Echandía-, en tu fervoroso ardor por legar de tu existencia a la vida y a tu pueblo lo más probo, lo sublime e insuperable, no fructificarán en vano”.

El magnicidio que se cometió y que cubre de ignominia y de infamia a sus inspiradores y ejecutores no les deja ninguna victoria. Si es fácil dinamitar el cuerpo es imposible extinguir el espíritu, la sangre, la savia que nutrieron las varias generaciones de externadistas que hoy nos exigimos perentoriamente ser sus sucesores en tan comprometedora como histórica y peligrosa responsabilidad de ser fieles a las lecciones aprendidas de respeto y amor a la República Civil.

La tragedia del Palacio de Justicia rompió la historia del país y es el postrer episodio de una trama organizada desde la Casa de Nariño por el propio Presidente de la República que durante tres años dialogó con los alzados en armas en medio de champaña y cámaras de televisión sin ningún resultado apremiante y que a la hora de mayor gravedad nacional se resistió a proseguirlo porque dizque no podía negociar lo que era innegociable. Como si en la cita clandestina de Madrid no se hubiera negociado, o como si la contraorden de Yarumales al Ejército para que detenga un operativo victorioso no entrara también en el boleteo institucional patrocinado por ese mismo gobierno.