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DUQUE DEJA RASPADA LA OLLA

GEOMETRIAS

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Por:

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

 

Fue muy tónico acompañar al nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo Gaviria, a su posesión como Miembro Numerario de la Academia Colombiana de Historia. Una credencial más que se cuelga del cuello del caleño, universitario de todas las horas y todos los continentes. Una invaluable adquisición del gobierno Petro, más si tiene en cuenta todos los desafíos que le cayeron encima al aceptar hacer parte del gobierno electo si se asumen todas las noticias negativas que se nos vienen.

Todos los analistas coinciden en decir que el gobierno Duque es lo peor que le pudo pasar a Colombia. Inclusive el uribismo lo repudia en tanto bajo su égida fue que rodó al abismo. Duque le hizo más estragos que el vituperado expresidente Santos.

Regaló millones a los empresarios en tributación que podían pagar. Exenciones tributarias que cuestan más $80 billones anuales. Vendió el 61 % de las reservas de oro en 2020. Imprimió billetes para los bancos lo que elevó la inflación y costo de vida, sin ser necesario porque los bancos no tuvieron pérdidas en pandemia antes mostraron crecimiento en utilidades.

 

 

El gobierno de Iván Duque recurrió a endeudarse para inflar su gasto. Recuérdese que cuando el entonces ministro Alberto Carrasquilla intentó imponer su reforma tributaria en abril de 2020 se le armó un paro nacional que duró 28 días y dejó un saldo desconocido de muertos y heridos. Al no poder exprimir impuestos, Duque decidió empeñar el país para que los ciudadanos paguemos en cómodas cuotas la deuda contraída.

Antes de iniciar su mandato, la deuda externa rondaba el 20 % del PIB, pero en diciembre de 2021 alcanzó el 30 %. A marzo de 2022, el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó un monto de US $101.557 millones con un crecimiento de 14 % en el año completo. Si se le agrega el endeudamiento interno con la emisión de títulos en pesos (TES), la deuda pública de Colombia alcanza el 68 % del PIB.

El desequilibrio de la economía es muy grave: el déficit externo fue del 7 % del PIB en 2021 y se proyecta que se reducirá levemente este año, gracias a que el precio del petróleo NYMEX alcanzó un hito de US $121,50 por barril. En noviembre de 2021 el barril se cotizaba en US $73 dólares, o sea que al gobierno se le apareció la Virgen durante este año con la guerra de Rusia contra Ucrania, lo que evitó que el peso se devaluara.

 

José Antonio Ocampo con Jorge Luis Piedrahita

 

Al ministro Ocampo Gaviria le tocará enfrentar los platos rotos de los grandes desequilibrios legados por Duque: un déficit fiscal de 6,2 % del PIB y un 7 % para el déficit en las cuentas con el exterior. El exceso de gasto del gobierno lo está pagando la población que soporta una inflación generada precisamente por la demanda del sector público, al tiempo que la demanda del sector privado también está en ebullición. Acá es cuando se sugiere hacer política contracíclica, o sea, reducir el déficit fiscal, lo que también hubiera tenido el efecto benéfico de reducir el déficit en cuenta corriente. Ya será Ocampo Gaviria al que le corresponderá hacer un fuerte ajuste con un recorte drástico del gasto y un aumento de los ingresos, o sea, de la tributación a mediano plazo.

El precio del petróleo se reducirá cuando se alcance la paz entre Rusia y Ucrania, y cesen las sanciones sobre las finanzas y el comercio de la primera. Se trata de algo impredecible. Si se produce la paz, el petróleo volverá a sus precios normales y bajos, causando la destorcida de la economía colombiana que puede llegar a exigir un fuerte ajuste, que el nuevo gobierno deberá asumir a su debido tiempo. El ganador de las elecciones presidenciales recibió la manzana envenenada.

Nos endeudó hasta donde más pudo para dejar al próximo gobierno en líos para poder ejecutar sus propuestas. La deuda externa total de Colombia llegó a más del 50 % del PIB.

Cómplice de las fechorías de todos los funcionarios, con todas las oficinas contraloras y procuradoras cooptadas en la misma podredumbre. Hasta el último minuto de la última hora estallan los escándalos, en el Aeropuerto del Café, en los presupuestos de la paz, en las adjudicaciones en el ministerio de defensa, en el canal del Dique… Parecía una buena idea para un país que vive de una calamidad a otra. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estaba destinada a anticiparse a los desastres naturales –o provocados– para prevenirlos, salvar vidas, minimizar pérdidas y atender emergencias de manera eficiente. Sin embargo, con Iván Duque la UNGRD se ha convertido en otra caja menor de la politiquería y aún peor, en un infestado foco de corrupción.

El proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el senador Mario Alberto Castaño está desnudando cómo se robaron y roban esta entidad adscrita a la Presidencia de la República. 6 billones de pesos, a órdenes del presidente y según se ha sabido hasta de su propia señora madre.

Premian en el exterior al Gobierno Duque porque suministra informes falsos. ¿Cómo es posible que con todos los líderes muertos y con los desastres ambientales, le den un premio ambiental? En su bien saboteado discurso del 20 de julio, se olvidó mencionar que en este tema –y pese a su compromiso ante la comunidad internacional y a que somos el país con mayores masacres de lideres ambientales –quedó en deuda con la ratificación del Acuerdo de Escazú.

 

 

A pocos días para que concluya su gobierno avanzan frenéticamente codiciosas maniobras para raspar la olla. En estos minutos de agonía se otorgarán licitaciones billonarias como las del Canal del Dique y las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas; comprometiéndose vigencias presupuestales futuras hasta por ocho años y se gastarán las regalías petroleras que no han entrado. De esta manera el mandatario saliente dejará con pocos recursos y muchos compromisos a su sucesor.

El ex vicepresidente Vargas Lleras en su editorial de ayer –hablando del Canal del Dique dice: “Sabemos del bien conocido método de hacerse con las licitaciones al precio que sea para luego “ajustar” el contrato por la vía de las reclamaciones, las adiciones presupuestales, las demandas judiciales o una combinación de todas ellas, como en el caso de la firma Sacyr, cuya estrategia contractual ha resultado muy exitosa. Cómo entender ahora y con estos antecedentes que se fije como fecha de adjudicación este 4 de agosto, a pocas horas de terminar el gobierno. Me viene a la memoria la adjudicación el 6 de agosto de 2010, penúltimo día de la administración Uribe, de la transversal Américas, famosa mundialmente por sus tres tramos inconexos. O el contrato de Ruta del Sol 3 firmado el 4 de agosto, también de 2010, proyecto que 12 años después aún no termina, que se proyecta para 2025 y que ya está sometido a una demanda internacional por valor de 1,4 billones”

Y se interroga: ¿Será que el Gobierno, con estos precedentes y advertencias, se atreve a adjudicar este contrato del canal del Dique, al único oferente y por valor de 3,2 billones? ¿Qué puede haber detrás de esto? ¿Quién entiende? ¿Quién va a responder en el futuro?”

Pero nada tan lesivo como un Tratado de Libre Comercio, negociado apresuradamente, con el que quieren dejar amarrado para siempre al país.

Se trata de un veloz TLC que planean pactar con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y los Gilinski, dueños de la paniaguada revista Semana. Las negociaciones del acuerdo empezaron apenas en marzo de este año y pretenden concluirlas antes del 7 de agosto. Téngase en cuenta que el TLC firmado con EU se negoció en una docena de deliberaciones a lo largo de más cinco años. Con Japón se ha negociado por más de nueve años y trece rondas. Por más que Duque prometió no firmar ningún TLC, ya tiene lista su firma para estamparla con los Emiratos.

Cuando se presentó hace pocas semanas el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022, el ministro de Hacienda dijo jubiloso que “la casa se entregaba en orden”. Sin embargo, en un comunicado posterior del comité autónomo de la regla fiscal se dice que “la casa no está aún en orden, el Marco Fiscal de Mediano Plazo traza la senda para ordenarla”. Esto debió caerle como una ducha de agua fría al entusiasmo enfermizo del ministro de Hacienda.

Y, por lo tanto, el margen fiscal que encuentra la administración Petro para cumplir los justicieros programas que ofreció durante la campaña y que tanta expectativa han despertado, son estrechos. Tanto más, si se tienen en consideración que el presidente electo como su ministro de Hacienda han comprometido de que respetarán la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El comité autónomo señala, por ejemplo, que ha habido en los últimos años un acelerado proceso de endeudamiento público quizás explicable por las afugias de la pandemia, pero no menos delicado cuando los niveles porcentuales de la deuda pública alcanzan guarismos nunca vistos. Por ejemplo, en el año entrante más de una cuarta parte de los impuestos deberán destinarse al pago de intereses de la deuda contraída. El único camino que puede recorrer el gobierno Petro es aumentar los impuestos para financiar su ambicioso programa de gasto social.

El discurso de Iván Duque durante la instalación del Congreso fue el fiel reflejo de sus cuatro años de gobierno: desconexión, indolencia, soberbia y ego.

Sin el más mínimo reparo, Duque comenzó diciendo: ¡Hemos cumplido!, para luego empezar a enumerar lo que para él fueron los logros más importantes de su gestión, pero que más bien se parecía a la descripción de un país de fantasía en el que todo funciona perfecto.

Uno de los puntos que más indignación causó fue el de su programa Paz con Legalidad. Duque dijo que este ha sido “el Gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia”, lo que le valió que la oposición le gritara: “¡Mentiroso!”.  También aprovechó para lanzarle una indirecta a Gustavo Petro al afirmar que “se puede hacer justicia en el campo sin expropiaciones”.

Iván Duque se va con un 68 por ciento de desaprobación, abucheado, huyendo por la puerta trasera para no oír la réplica de la oposición y pavoneándose que fue el mejor presidente de un país que solo existió en su cabeza calenturienta.

POST SCRIPTUM:

Humberto Puyana Mutis hijo de Carlos César Puyana Santander, ha precisado a este columnista que su padre fue parlamentario del departamento en la década de los cuarenta. Y efectivamente, por lo menos al tramitarse y sancionarse la ley 25 de 1947 (noviembre 17), por medio de la cual se provee el aumento del aporte de la Nación, en $ 200.000 (adicionales) para la construcción de la central hidroeléctrica de Pasto, figura ahí la firma de Carlos César Puyana Santander en su investidura de presidente de la Cámara de Representantes. Puyana fue importante y descollante jefe liberal, director-propietario del periódico “El Radio”, que él mismo sustanciaba y distribuía. El combativo impreso también fue incendiado por las turbas gobiernistas en noviembre de 1949.

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