DESCONCIERTO TOTAL
Opino entonces que la propuesta desde la sociedad civil, seguirá siendo como verdaderos actores de la salud, acudir a la justicia para fortalecer la tutelatón y la formulación de las acciones populares en este tema tan difícil de la salud. No hacerlo, nos convertirá en unos espectadores más cuyas soluciones están muy distantes de encontrar.
Por:
Álvaro Montenegro Calvachy (1)
Introducción
Los artículos 11 y 49 de la Constitución Política de Colombia (2), consagran que el derecho a la vida es inviolable y que la atención de la salud y el saneamiento ambiental, son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Pues bien, he iniciado con el anterior marco constitucional para examinar tres escenarios sobre el tema de la salud y la vida en Colombia:
(i) el informe de la Contraloría General de la República sobre la situación de la Nueva EPS,
(ii) la alocución del señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego el pasado viernes 12 de septiembre de 2025, sobre las EPS y en particular sobre la Nueva EPS y
(iii) La audiencia pública, aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes a instancias del doctor Juan Daniel Peñuela Calvache, representante a la Cámara por el departamento de Nariño, llevada a cabo en la misma fecha en la ciudad de Pasto.
Primer escenario: La Contraloría lanzó una advertencia al país sobre la situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025.
Se expone que la actuación, permitió recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera, inexistente en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud y sin soporte en estados financieros certificados.
El análisis preliminar de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) encendió las alarmas al detectar: incremento desmesurado de anticipos, facturas represadas, deudas en ascenso, contratos incompletos y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
La Contraloría encontró un aumento significativo de los anticipos pendientes por legalizar. Entre 2023 y 2024, pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones (155 %). Solo en el primer semestre de 2025, se sumaron $6,6 billones adicionales, llevando el saldo a $15,27 billones, cifra que compromete seriamente la liquidez institucional.
Además, el ente de control señaló persistentes anticipos con más de 2 años de antigüedad por $143.000 millones, y al corte de junio de 2025, aún quedaban $5,7 billones de la vigencia 2024 sin legalizar.
Respecto del panorama de facturación es igualmente crítico. Se hallaron 22,7 millones de facturas pendientes por un valor de $22,1 billones, de las cuales 9,1 millones resultaron repetidas por un monto de $8,9 billones. Así, el valor real pendiente por procesar asciende a $13,2 billones, el 97% de ellas correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025.
Se advirtió que, en 36 prestadores de salud, se concentra el 40 % de ese valor ($5,2 billones), lo que eleva el riesgo fiscal si se presentan incumplimientos o litigios.
Se señaló que la Nueva EPS, no entregó soportes completos de los contratos, en incumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 441 de 2022.
A ello se suma, el incremento de las cuentas por pagar, que, a marzo de 2025, alcanzaron $21,37 billones, mientras que los anticipos sin legalizar suman $10,5 billones y las facturas pendientes otros $8,7 billones, revelando un desequilibrio financiero profundo.
El informe encontró además una subestimación de $11,1 billones en reservas técnicas al cierre de 2024, con ausencia de soportes de autorizaciones y facturas, lo que pone en entredicho la capacidad de la EPS para garantizar la cobertura a sus más de 10 millones de afiliados.
La Contraloría advirtió que la situación refleja un deterioro progresivo, pese a la intervención de la Superintendencia de Salud, y anticipó que la alerta será remitida a la delegada para el sector salud para determinar posibles responsabilidades fiscales.
De manera paralela, se trasladará la información a las autoridades competentes en caso de hallarse faltas disciplinarias o conductas de carácter penal.
Segundo escenario: El informe anterior, hay que contrastarlo con la alocución del señor Presidente de la República Gustavo Petro, quien insistió en que las EPS como intermediarias de recursos públicos y aseguramiento no funcionan asegurando que en las EPS intervenidas, ya se aplica el giro directo de recursos.
Agregó que el sistema no sirve. Las EPS pueden cumplir funciones, pero no de manejo del dinero público, no de aseguramiento. No pueden seguir manejando estas cantidades de dinero público porque no funciona un sistema de intermediación.
Además, denunció que alrededor de las EPS, se configuró un “cartel de la contratación” que involucra empresarios y políticos, por lo que advirtió: “No voy a salvar a las EPS. “Quiero salvar la salud de la gente”.
En ese sentido, el señor Presidente resaltó que la Nueva EPS, escondió $5 billones a la Superintendencia de Salud en 2023, con la finalidad de pedir un aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “Escondieron $5 billones para no ponerlos en la contabilidad. Escondieron este dinero que estaba en facturas, que se debía, pero no aparecía en la contabilidad”. Según el presidente, el dinero solicitado estaba destinado para “pagar sus cuentas atrasadas”.
Al referirse a la Nueva EPS, referenció que, según el informe del ente de control, se encontró un aumento significativo de los anticipos pendientes por legalizar. Entre 2023 y 2024, pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones (155 %). Solo en el primer semestre de 2025, se sumaron $6,6 billones adicionales, llevando el saldo a $15,27 billones.
Adicionalmente, señaló anticipos con más de dos años de antigüedad por $143.000 millones, y al corte de junio de 2025, aún quedaban $5,7 billones de la vigencia 2024 sin legalizar.
Hallaron 22,7 millones de facturas pendientes por un valor de $22,1 billones, de las cuales 9,1 millones resultaron repetidas por un monto de $8,9 billones. Así, el valor real pendiente por procesar asciende a $13,2 billones, el 97% de ellas correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025.
El organismo de control también señaló que la Nueva EPS, no entregó soportes completos de los contratos, en incumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 441 de 2022.
A ello se suma el incremento de las cuentas por pagar, que, a marzo de 2025, alcanzaron $21,37 billones, mientras que los anticipos sin legalizar suman $10,5 billones y las facturas pendientes otros $8,7 billones.
Tercer escenario: Audiencia pública de la Cámara de Representantes en Pasto, que tenía como finalidad, escuchar a la ciudadanía, pacientes, prestadores de servicios de salud, veedurías y autoridades nacionales y territoriales frente a la crítica situación de salud en el Departamento de Nariño, evento al cual fueron invitados delegados del gobierno nacional, autoridades epartamentales y municipales, congresistas, representantes de organizaciones sociales, gremios de la salud, veedurías ciudadanas y sociedad civil en general.
El objetivo fundamental era motivar la participación ciudadana para fortalecer el ejercicio democrático y contribuir a la consolidación de compromisos, para superar la crisis y garantizar un sistema de salud digno y sostenible en el departamento de Nariño.
Se expusieron estadísticas sobre la situación de las EPS con asiento en Nariño, para conocer su situación financiera y el grado de endeudamiento que tienen con las IPS, así como también que, frente a la no entrega de medicamentos, la situación sigue siendo crítica y no hay una solución a corto plazo para resolverse. Las veedurías en salud y ciudadanos y ciudadanas como siempre, muy propositivos y claros en refrendar el diagnóstico que se está viviendo y el reclamo que se conjure la crisis que no solo está atentando contra la salud sino contra la vida.
Los representantes del gobierno nacional, la verdad, muy diplomáticos en asumir posiciones positivas para resolver un tema tan complejo y difícil de sortear en Nariño, salvo la Procuraduría General de la Nación, a quien se la observó con una postura más coherente en su accionar, para lograr que los derechos humanos que están en juego, no se sigan vulnerando para los usuarios de las EPS en el Departamento.
Conclusión
Con el informe rendido por la Contraloría General de la República en torno a la situación de la Nueva EPS, en una relación directa con lo expuesto por el señor Presidente de la República en su alocución, no hay duda que, existe un desconcierto total en el país frente al verdadero papel que actualmente están desempeñando las EPS y en especial la Nueva EPS que, a no dudarlo, afectan seriamente los derechos a la dignidad humana, salud y vida de los usuarios pero que también, el gobierno nacional está en la obligación de propiciar soluciones claras y concretas a corto plazo.
Opino entonces que la propuesta desde la sociedad civil, seguirá siendo como verdaderos actores de la salud, acudir a la justicia para fortalecer la tutelatón y la formulación de las acciones populares en este tema tan difícil de la salud. No hacerlo, nos convertirá en unos espectadores más cuyas soluciones están muy distantes de encontrar.
Felicitaciones al doctor Juan Daniel Peñuela Calvache, quien, con su preocupación por tratar estos asuntos de la salud, en concertación con los diferentes actores, propicia espacios para los debates respectivos en pro de encontrar soluciones de diferente índole ante la crítica situación de la salud.
—–
(1) MONTENEGRO CALVACHY, Álvaro. Abogado y Economista de la Universidad de Nariño. Defensor de Derechos Humanos. Asesor Social.
(2) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (ARTÍCULO 339)
