Por:
Alonao Villacís
En Colombia se ha instalado una idea peligrosa: que todo el que tiene patrimonio es enemigo del pueblo y que el Estado es el gran generador de riqueza. Esa confusión no solo es falsa, sino que puede llevarnos a un colapso económico y social.
Primero, hay que decirlo con claridad: no es lo mismo un rico rentista o político corrupto que un empresario. El rico político que se ha enriquecido con contratos amañados, privilegios legales, corrupción o captura del Estado, sí debe responder. Ese patrimonio no es fruto del trabajo ni del riesgo, sino del abuso. Ahí no hay debate. Pero el empresario es otra cosa.
EL EMPRESARIO: Arriesga su capital. Genera empleo formal. Paga salarios, seguridad social, impuestos, parafiscales. Sostiene cadenas productivas. Mantiene viva la economía real, especialmente en regiones y fronteras donde el Estado casi no llega. Castigar al empresario como si fuera corrupto no es justicia social, es ignorancia económica.
EL ESTADO NO GENERA RIQUEZA: la administra…
Esta es una verdad incómoda, pero fundamental: El Estado no crea riqueza, la redistribuye.
El dinero que entra al Estado: No nace en los ministerios. No lo produce la burocracia. No lo generan los decretos. Proviene del trabajo de los ciudadanos, del esfuerzo de las empresas, del riesgo del capital privado.
Cuando se olvida esto y se actúa como si el Estado fuera el productor y el empresario el obstáculo, el sistema empieza a fallar: Menos inversión. Menos empleo. Más informalidad. Más contrabando. Menos recaudo real.
Paradójicamente, castigar al que produce termina empobreciendo al que se quiere proteger.
Reformas sin sostenibilidad no son justicia, son populismo. Reformas que: Aumentan costos laborales sin medir productividad. Incrementan impuestos sin revisar el gasto público. Asfixian al empresario formal mientras la informalidad crece. Desincentivan la inversión privada. No destruyen a “los ricos”, destruyen al tejido empresarial, especialmente a las medianas y pequeñas empresas, que son las que más empleo generan.
Y mientras tanto, otros “ricos” —de distintos bandos políticos— siguen enriqueciéndose, porque el problema nunca fue el empresario, sino la falta de ética y control sobre el poder.
Sin empresa no hay empleo; sin empleo no hay Estado.
Esto es simple, incluso para el ciudadano más escéptico:
Sin empresas = no hay empleo.
Sin empleo = no hay ingresos.
Sin ingresos = no hay impuestos.
Sin impuestos = no hay Estado.
Sin Estado = no hay programas sociales, ni salud, ni educación.
Si el capital privado migra ¡porque invertir se vuelve inviable! nos quedamos sin el pan y sin el queso: Sin inversión. Sin trabajo. Sin recaudo. Y con más pobreza. Eso ya lo han vivido otros países. No es teoría, es historia.
La verdadera justicia social no es destruir al que produce, sino: Perseguir al corrupto. Exigir eficiencia al Estado. Proteger al empresario que genera empleo. Combatir la informalidad y el contrabando. Construir reglas estables, justas y sostenibles.
Un país que odia a su empresariado termina dependiendo del subsidio, y un país que depende solo del subsidio termina perdiendo su libertad.
Pensar distinto no es ser enemigo del pueblo. Pensar con responsabilidad es defender el futuro de todos.