UNA LECTURA AL LIBRO DE LA VERDAD

Por:

Álvaro Montenegro Calvachy (1)

 

 

Resumen

 

Entre el 18 y 19 de agosto de 2026, el gobierno nacional, lanzó lo que denominó el Libro de la Verdad, que prácticamente se constituye en un informe presentado por el presidente Abelardo de la Espriella Otero y el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano, ante la Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República.

El informe es la culminación del llamado “empalme anticorrupción”, habida cuenta que el empalme real con el gobierno saliente de Gustavo Petro no se pudo llevar a cabo por desavenencias entre los gobernantes entrantes con los salientes, y el gobierno actual, según lo afirmó, hizo la revisión desde afuera con apoyo de Contraloría General de la República.

El argumento principal de la información es presentar unas presuntas irregularidades encontradas en la administración nacional saliente, planteando que su “propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas porque esa es una tarea que le corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso” (2).

Sin embargo, el presente artículo, previa revisión del documento, sostendrá que no corresponde en sentido legal a un empalme bajo la denominación que se le asigne, porque es una mirada unilateral, de una sola de las partes, que no permitió a la otra formular las aclaraciones o aportar las pruebas necesarias, y que más bien estructura una especie de notitia criminis, de un compendio de hallazgos para que las autoridades competentes investiguen y decidan lo pertinente.

 

Palabras clave: Empalme, anticorrupción, política, oposición, descalificación, judicialización de la política.

 

Introducción

 

1. Marco legal

La Ley 951 de 2005 creó el informe de gestión o empalme, al fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para que los servidores públicos de los diferentes niveles así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado, presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.

El término empalme hace referencia a “la acción y efecto de empalmar, a la unión, ensamblaje, acople, conexión, encaje, vinculación” (3). Por lo tanto, el empalme presidencial no es un acto de cortesía ni una decisión política, es una obligación establecida en la citada Ley y el mecanismo que garantiza la transición ordenada del poder.

 

2. El Libro de la Verdad

 

Es un documento de 135 páginas con 82 denuncias sobre presuntas irregularidades de la administración Petro 2022-2026. Está organizado en cinco capítulos y resume nueve patrones de mal manejo: corrupción, gestión administrativa, tecnología, finanzas públicas, contratación, opacidad de la información, fragmentación del Estado, destrucción del rigor técnico, etc.

El propio gobierno reconoce que no todo es corrupción: solo 23 de los 82 casos son presunta corrupción, los otros 59 son críticas a políticas públicas o errores de gestión.

 

3. Los 10 casos que pusieron en riesgo la gestión pública.

 

1. UNGRD: Baja ejecución, recursos inmovilizados y fallas de trazabilidad contractual.
2. La sentencia que protegía a la niñez de la Guajira usada como sombrilla para contratar 1,78 billones de pesos
3. Nóminas paralelas: Hasta 900.000 contratos por prestación de servicios entre 2022 y julio 2026, por cerca de $15 billones de pesos.
4. Fuerzas Armadas. Mientras los grupos armados expandieron su control territorial, el Ejército perdió capacidad de respuesta.
5. Colombia Mayor: Desfinanciación del programa entre agosto y diciembre de 2026.
6. Fonigualdad: Pagos por $140.910 millones a una misma empresa de servicios temporales sin soportes de cumplimiento.
7. Reforma agraria: Desembolsos por $979.003 millones para 537 predios, pero solo 3 titularizados a favor de la Nación. De 351.463 hectáreas adjudicadas, solo 95.148 con registros completos.
8. Air-e y sector energético: Air-e pasó de patrimonio de $2,22 billones en 2023 a déficit de $377.662 millones en 2025, con pérdidas de $2,5 billones. Modificaciones irregulares en contratación del Fenoge por $165.000 millones.
9. FOMAG: Presunto detrimento de $548.000 millones en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, con demoras de hasta 7 años en pensiones y crisis en salud docente.
10. Bomba fiscal. Deuda contratada a las más altas tesis de interés.

 

4. Pruebas recaudadas.

 

Este es uno de los aspectos que más causa polémica. El gobierno dice que entregó soportes documentales recopilados en 47 días de transición: actas de Contraloría, solicitudes de medidas preventivas a Procuraduría, informes de ejecución presupuestal, etc.

La oposición sostiene que no hay pruebas forenses. Gustavo Petro dijo que el documento no contiene pruebas forenses entregadas a la Fiscalía, sino recopilación de 23 hechos que son políticas públicas y no delitos. La Fiscalía solo prometió evaluación técnica sin abrir aún investigaciones formales.

 

5. Posturas asumidas.

 

La Fiscalía, Procuraduría y Contraloría recibieron el documento y posaron con él. El Procurador manifestó: “se abrirán los procesos que se tengan que abrir” y que ya hay investigaciones andando.

El Instituto de Ciencia Política, por conducto de uno de sus analistas sostuvo: “Sería un error desacreditar los hallazgos por la mezcla de contenidos. No todo lo grave es corrupción. Endeudar irresponsablemente también es grave”.

El expresidente Gustavo Petro fue enfático en sostener: “No son delito”, son diferencias ideológicas. Pidió a cada exministro responder punto por punto.

La exvicepresidenta Francia Márquez: Lo calificó de “show mediático y cortina de humo; está hecho con ChatGPT” y “sin ninguna evidencia probatoria de corrupción”.

El ex candidato presidencial Iván Cepeda dijo: “Que cuestionar tierras es buscar restituir a “despojadores, narcos y paras” y promover contrarreforma agraria.

El Pacto Histórico (Alexandra Pineda, Alejandro Ocampo): “Panfleto político disfrazado de investigación, sin rigor probatorio” y maniobra para ocultar inoperancia del nuevo gobierno.

 

6. Incidencias legales. 

 

El informe así presentado, puede tener incidencias legales a saber: Penal. Sí la Fiscalía encuentra mérito, abre indagación y eventual imputación por peculado, interés indebido, etc. Disciplinaria. La Procuraduría se conoce que ya abrió investigaciones como la del director del Fenoge suspendido el 3 de agosto de 2026 y Fiscal, la Contraloría podría determinar detrimento patrimonial.

 

Conclusiones

 

1. No hubo empalme en los términos estrictos que ordena la ley.
2. Se abre un debate jurídico y político argumentándose que se estaría “judicializando la política” para deslegitimar al adversario creando un manto de duda sin condenas.
3. También se podría sostener que es una ruptura necesaria para no normalizar malos manejos.
4. Sin embargo, independiente de los enfrentamientos que se suscitaron entre el gobierno entrante con el saliente o los que se sigan presentando, el pueblo colombiano tiene todo el derecho de conocer realmente cómo fue el manejo del Estado por parte del gobierno anterior, en todos sus frentes, porque sorprenden afirmaciones que sostienen baja ejecución del presupuesto, recursos inmovilizados, sentencias judiciales incumplidas, nóminas paralelas, fuerzas armadas sin capacidad de respuesta, desfinanciación de programas, contrataciones indebidas, detrimentos patrimoniales, deuda con altas tasas de interés, contratos sin lleno de requisitos legales, reducción de requisitos para ocupar cargos públicos, entrega de tierras sin títulos de propiedad, bomba fiscal entre otros pero también lo es que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Lanzar imputaciones sin las pruebas respectivas, es atentar contra este mandato constitucional y legal y ello también tiene sus consecuencias.
5. Finalmente, el título del libro de por sí es subjetivo y lleva un mensaje como si fuera la verdad absoluta, que implica necesariamente examinarse dependiendo de la lupa como se lo analice ya sea desde la filosofía política, teoría política, ciencia política o política a secas que tienen sus propias especificaciones para derivar igualmente sus propias consecuencias. Nuestro reto será como sociedad civil evaluarlo desde esas diferentes ópticas.

 

Bibliografía

 

1. Constitución Política de Colombia (1991).

2. Ley 951 de 2005 3. Libro de La Verdad. Empalme anticorrupción.

3. Gobierno de Colombia, 2026.

 

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Notas:

(1) Montenegro Calvachy, Álvaro. Abogado y Economista de la Universidad de Nariño.

(2) De la Espriella Abelardo y Restrepo Juan Manuel (2026). Libro de la Verdad-Empalme Anticorrupción. página 5. Bogotá D.C.

(3) Diccionario de la lengua española (DEL)