Por:
Ricardo Obando Reyes
Introducción
El ruido y la verdad
Hay tierras que se escriben despacio, con la paciencia propia de la niebla del Galeras que baja al valle o con el arte milenario que el Guáitara imprime en la talla de su cañón. Nariño es una de ellas. Aquí, en el sur, el tiempo no corre: transcurre lento; se posa. Y quienes hemos crecido bajo estos cielos aprendemos temprano que las cosas importantes —una amistad, una obra, una convicción— no se miden por el aplauso del día, sino por la manera en que sobreviven al viento.
Escribo estas páginas desde Ipiales, mi ciudad, en un año en el que las voces se han vuelto demasiado altas y los juicios demasiado rápidos. Escribo, sobre todo, para ustedes, muchachos y jóvenes de este sur al que pertenezco por nacimiento, por oficio y por afecto. Escribo porque creo que hay memorias que, si no las contamos quienes tuvimos el privilegio de estar cerca, corren el riesgo de perderse en el ruido de la coyuntura.
Nuestra región ha visto pasar generaciones enteras de hombres y mujeres que le entregaron la vida al servicio público con decencia, sin fortuna y sin estridencia. Muchos de ellos ya no están. De otros, apenas se conserva el nombre en una calle o en la portada de una tesis olvidada, “un periódico de ayer”. Pero unos pocos —los menos— han sabido convertir su paso por la cosa pública en una lección viva, en una manera de estar de pie frente a la historia. De uno de esos hombres quiero hablarles: Parmenio Cuéllar Bastidas. Amigo mío desde hace décadas, jurista de raíz, maestro por vocación y, si me permiten decirlo con la sencillez con que lo diría un nariñense más, un buen hombre.
Hemingway lo contó mejor que nadie en aquella novela corta y honda del viejo Santiago, el pescador cubano que salió mar adentro tras un pez colosal, sostuvo la línea al hombro durante tres días con sus noches, y volvió a puerto con apenas el espinazo blanco del animal, roído por los tiburones en el largo camino de regreso. Perdió el trofeo, es cierto; pero llegó a la playa invicto en su dignidad, con las manos vivas y la mirada limpia. Así he aprendido a comprender la vida de los hombres que dedican sus años a las causas hondas —la decencia, la justicia, la paz—: los tiburones del día pueden morderles el resultado visible hasta dejarlo reducido a una osamenta sobre la arena; la dignidad, en cambio —esa que ningún escualo alcanza— regresa entera con quien nunca soltó la cuerda. Parmenio es, para quienes lo conocemos, uno de esos pescadores del sur.
Debo confesar que este ensayo no lo tenía previsto. Uno transcurre por la vida con la esperanza de dedicar los años que vienen a los libros, a los nietos, a los proyectos que quedaron a medio camino. Pero hace apenas unos días leí en las redes oficiales un mensaje que atribuía al doctor Cuéllar la recepción de siete mil millones de pesos en el marco de los diálogos de paz del sur; una cifra lanzada al aire con la ligereza con que se lanza una piedra a un estanque, sin medir la onda que produce. Confieso que la lectura me dolió como un mal recuerdo. No por Parmenio —a él lo protege una vida entera de acciones, realizaciones, documentos y testigos, y bastó una solicitud de rectificación bien redactada para que la aritmética verdadera saliera a flote: quince millones novecientos cincuenta mil pesos mensuales de honorarios y una renuncia presentada por voluntad propia antes del cambio de gobierno—; me dolió por otra cosa. Me dolió por lo fácil que resulta hoy, en la era del trino y del titular, borrar con tres líneas una trayectoria de más de medio siglo.
Y me dolió, también, por lo que quedaba detrás del ruido: una mesa de conversaciones cerrada de manera abrupta, comunidades que habían empezado a creer de nuevo en la palabra del Estado, muchachos que dejaron el fusil y que hoy aguardan, en las veredas de nuestra frontera, que alguien recuerde que existen. Pero de todo eso hablaremos después, con calma, en las líneas que siguen. Por ahora basta con decir que el episodio no es el tema de este ensayo. Es apenas la chispa moral que me obligó a sentarme a escribir. La verdadera materia es otra, mucho más ancha y mucho más honda.
Porque el maestro Cuéllar —permítanme llamarlo así, como lo llamamos quienes lo conocemos— no cabe en un titular de tres días. No cabe en un debate calentado por la polarización. Su vida es una lección de otro tiempo y para otro tiempo: el del muchacho de Samaniego que estudió Derecho en la Universidad Libre y economía política en Praga; el Ministro de Justicia; el Gobernador que sacó a Nariño de la quiebra sin robarse un peso y saldó las deudas atrasadas con los maestros; el Senador que dedicó veinte años a defender al campesino minifundista frente al glifosato; el negociador que, ya con la cabeza blanca, aceptó volver a la trinchera del diálogo porque creía, cree —y creerá hasta el último día— que para hacer la paz no hay que hacer la guerra.
A ustedes, jóvenes de Nariño y de Colombia, va dirigido este ensayo. No les pido que me crean por lealtad ni por afecto: les pido que se asomen. Que aparten por un momento el clamor de los teléfonos, la espuma del comentario fácil, la tentación de la polarización que tan cara les está saliendo hoy a las democracias del mundo. Que se detengan a mirar, con ojos limpios, la vida de un hombre bueno del sur. Porque en tiempos en que todo parece efímero, conocer a alguien que dedicó su existencia a una sola idea —la paz como forma superior de gobernar una república— es, quizá, el mejor mapa que podemos dejarles para el camino que viene. Es, también, la mejor manera de aprender a mirar el mar sin miedo a los tiburones.
Capítulo 1
El campesino no es el enemigo
Quien haya caminado alguna vez, después de una jornada de aspersión, por las veredas de Puerres, del Valle del Guamuez o del Cumbal, sabe lo que es entrar a un plantío donde el maíz aún estaba en leche, la yuca a medio hincharse bajo la tierra, el plátano abriendo el primer racimo, y encontrarlo todo caído, torcido, amarillo, con esa peste ácida que se pega a la ropa y a la piel por semanas. Se llamaba “aspersión aérea con glifosato” en los papeles oficiales; en las tulpas y los fogones del sur se decía, simplemente, nos fumigaron el pancoger. El pancoger —esa palabra hermosa de nuestro campesinado, que no significa cosecha ni cultivo comercial ni excedente exportable, sino, literalmente, “lo que se coge para el pan de la casa”— quedó reducido en cientos de fincas a un cementerio verde amarillento.
Empiezo por ahí porque quiero que ustedes, jóvenes de Nariño y de Colombia, entiendan de dónde nace la doctrina que este ensayo intenta rescatar. No nace de un manifiesto ni de un salón universitario: emerge, evidentemente, de una escena concreta, la de una familia campesina —o mejor, la de muchas familias minifundistas mirando sus parcelas quemadas, calcinadas—. De esa escena, repetida miles de veces entre 1999 y 2003 en el suroccidente, cristalizó en el doctor Cuéllar —ya con una hoja de servicio que venía de la Cámara de Representantes, el Senado y el Ministerio de Justicia— la convicción que la Gobernación de Nariño le entregaría como bandera para el resto de su vida pública: el campesino no es el enemigo.
Conviene recordar el marco en que aquello ocurrió, porque las etiquetas suelen engañar. El Plan Colombia se firmó en Washington en agosto de 1999 entre un presidente conservador colombiano y un presidente demócrata estadounidense. La operación no era, entonces, ni “de derecha” ni “de izquierda”: era, para decirlo con exactitud, un pacto binacional militarizado, financiado en miles de millones de dólares, cuyo pilar central fue rociar más de dos millones cuatrocientos mil galones de sustancias químicas sobre los cultivos ilícitos del sur de Colombia. La aritmética del resultado, con los años, quedó desnuda y a la vista: la coca no bajó (se desplazó hacia las reservas ecológicas —el llamado “efecto globo”—); en cambio, bajaron la producción del maíz, el fríjol, la papa criolla y el plátano de sombra. Se fumigaba, en la práctica, a los pobres para no fumigar el problema.
Parmenio llegó a la Gobernación de Nariño en enero de 2001, justo cuando el ciclo de aspersión más intenso se descargaba sobre Putumayo y Nariño. No hubo en él, entonces, retórica de tribuna: hubo la reacción del jurista que camina las veredas y ve lo innegable y lo innombrable —desolación, muerte y hambre—. En una entrevista de aquellos meses lo dijo con una crudeza que aún hoy nos sacude: “No creemos que los campesinos de las regiones afectadas sean culpables de su pobreza y de su marginalidad. Esto que me ha tocado presenciar es un genocidio, pues se está generando un proceso de extinción de un grupo humano impidiéndole que pueda alimentarse y sobrevivir. A los campesinos les han fumigado hasta el pancoger.” La palabra “genocidio”, en boca de un ex-ministro de Justicia y de un profesor de Derecho Constitucional, no era un desliz emocional: era un diagnóstico jurídico.
De ese diagnóstico nació, en muy pocos meses, una respuesta institucional que pocos recuerdan con la nitidez que se merece: el Plan Sur. No fue ocurrencia de un gobernador solitario; fue un pacto de seis mandatarios departamentales —los gobernadores de Nariño, Cauca, Putumayo, Huila, Tolima y Caquetá— que decidieron sentarse a proponer, frente al modelo bilateral militarizado, una alternativa territorial construida desde las regiones más golpeadas. La Unión Europea, que a la sazón buscaba una vía civil para acompañar la paz colombiana, financió la formulación del Plan y, a partir de él, dio vida a los llamados Laboratorios de Paz, todavía hoy uno de los pocos episodios de cooperación internacional que dejó en pie infraestructura, escuelas y organizaciones campesinas.
La médula del Plan Sur cabía en cinco principios, y vale la pena que ustedes los conozcan porque no han perdido un milímetro de vigencia. Primero, una nueva distribución democrática de la tierra para el minifundista, que es el productor histórico del alimento del país. Segundo, asistencia técnica y transferencia tecnológica pública, para que el campesino no dependa del vendedor de agroquímicos ni del intermediario del pueblo. Tercero, mercados estables con precios sustentables, para que el trabajo del año no se evapore en tres semanas por la especulación. Cuarto, un sistema de crédito blando ajustado a los ciclos agrícolas —no a los ciclos bancarios, que son otra cosa—. Quinto, protección arancelaria del agro frente a la competencia desleal de las importaciones que, desde la “Apertura Económica” de los noventa, venían quebrando a los productores nacionales.
Léanlos con calma. No hay en esos cinco puntos una sola palabra de trinchera ideológica: hay agronomía, economía política y sentido común. Cualquier persona honesta, venga de donde venga, puede suscribirlos. Esa fue siempre la virtud del maestro Cuéllar: proponer con tal precisión técnica y con tal humanidad, que la discusión política, cuando llegaba, ya estaba desarmada.
El Plan Sur no fue derrotado por argumentos. Fue derrotado por el reflejo, todavía dominante en Colombia, de preferir la solución rápida y espectacular —el avión, el químico, la fotografía militar (y hoy las redes sociales)— sobre la solución lenta y silenciosa —el crédito, la vía terciaria, el mercado campesino, la escuela rural—. Es el mismo reflejo que, veinticinco años después, sigue explicando por qué Nariño y Putumayo continúan siendo lo que son: territorios pródigos y bendecidos por la naturaleza, convertidos en laboratorio permanente de políticas que se ensayan sobre la piel del que menos tiene.
Sería, sin embargo, faltar a la verdad si silenciáramos aquí una parte incómoda del cuadro: el campesino del sur no fue solamente víctima del glifosato; fue también, y a lo largo de las mismas décadas, presa fácil de las economías ilegales que supieron leer el vacío mejor que el propio Estado. Donde no llegó la vía terciaria, llegó la ruta del cargamento; donde no llegó el crédito de fomento, llegó el anticipo del comprador clandestino; donde no llegó el técnico agrícola, llegó el químico del laboratorio ilegal. Ignorar esa realidad, o mirarla de reojo, sería tan deshonesto como celebrarla o justificarla. El maestro Cuéllar nunca lo hizo. Él siempre reconoció —y en eso también fue distinto de tantos políticos y oradores de su tiempo— que la coca en el minifundio del sur no era un producto de “campesinos malos” ni un accidente inocente: era la única manera en que muchas familias, arrinconadas por la quiebra del agro y por la ausencia estatal, habían encontrado el modo de pagar el arriendo, comprar los cuadernos escolares y sostener el remedio del enfermo.
Esa lucidez conceptual —ver al campesino en su totalidad, sin idealizarlo y sin criminalizarlo— es lo que hace grande al Plan Sur. Los cinco pilares que acabamos de recorrer no son la ingenuidad de quien cree que el campo colombiano solo produce yuca y plátano; son la propuesta rigurosa de quien sabe que, si no aparece el crédito legal, aparece el préstamo ilegal; si no aparece el mercado formal, aparece el comprador armado; si no aparece la escuela rural, aparecen otros maestros con otra pedagogía. El Estado que se retira de una vereda no deja un vacío neutro: deja un terreno que otro va a ocupar. Y ese “otro” —conviene que ustedes lo tengan claro desde temprano— casi nunca es benévolo.
Que este capítulo les sirva, entonces, para una cosa muy sencilla. Cuando alguien les diga que “hay que acabar con la coca a las malas”, pregúntense: ¿de dónde saldrá el alimento del campesino al día siguiente?, y también: ¿dónde queda el futuro de sus hijos? Y cuando alguien les proponga una salida, cualquier salida, sobre El Sur de Colombia,midan la calidad de la propuesta por una pregunta única: ¿trata al campesino como enemigo o como persona o ciudadano? De esa respuesta —y de ninguna otra— depende que sea una política decente.
Capítulo 2
La aritmética de la vida
Toda guerra se cuenta con muertos. Esa es, en Colombia, la aritmética más antigua y también la más triste: cuántos “cayeron” ayer en la vereda, cuántos “aparecieron” esta madrugada en el río, “cuántos van en lo que llevamos del año”. Uno crece en el sur oyendo esa cifra como quien oye pasar el viento o sonar el río: se acostumbra sin querer acostumbrarse. Y termina creyendo, casi sin darse cuenta, que la única historia que un país puede contarse a sí mismo es la de sus difuntos.
Existe, sin embargo, otra aritmética —menos ruidosa, casi silenciosa— que la de los titulares. Es la aritmética de la vida: no la de los que murieron, sino la de los que dejaron de morir. La de los explosivos que ya no van a estallar en un puente o en una Estación de Policía. La de los combatientes que hoy no están apuntando un fusil a nadie porque decidieron entregarlo. La de las extorsiones y los secuestros que ya no ocurren, y de las minas antipersonales que ya no se siembran. La de las hectáreas que dejarán de sembrarse de coca porque quien las trabajaba aceptó cambiarlas por cacao, café o caña panelera. Es una aritmética difícil de contar, precisamente porque no deja cadáveres; y por eso casi nadie la usa: no deja “likes”, no reditúa votos, no cabe en el minuto y medio del noticiero.
Conviene, antes de seguir, una precisión que este ensayo se debe. La palabra “vida” ha sido tan manoseada en la conversación política colombiana de los últimos años — convertida en consigna de campaña, en “marca” de gobierno, en promesa de una “potencia mundial de la vida” que nunca se concretó y que hoy nadie sabe muy bien qué se quiso decir— que a estas alturas casi ha perdido su significado. La que este capítulo emplea no guarda ninguna relación con esa retórica fácil. No es “una consigna de escenario” ni una bandera de partido: es una cuenta. No es una promesa de mitin: es un conjunto de personas concretas —campesinos que siembran, soldados que patrullan, escolares que caminan al aula, madres que esperan en la casa— que no tuvieron que ser enterradas. Cuando aquí decimos “vida”, hablamos de esa aritmética humilde y verificable; no del catálogo de eslóganes con que, en años recientes, se pretendió sustituir los hechos por la propaganda.
Este capítulo quiere enseñarles a ustedes, jóvenes de Nariño y de Colombia, a leer esa aritmética difícil. Antes de mostrar cifra alguna, conviene precisar algunos conceptos que en la prensa se usan a veces con ligereza. Un cese al fuego unilateral es la decisión, tomada por un actor armado, de suspender sus operaciones sin exigirle al Estado ninguna simetría; es una apuesta de riesgo, porque expone al que la declara. Una Zona de Ubicación Temporal —ZUT, para abreviar— es un espacio geográfico acotado, con presencia estatal y verificación institucional, donde los ex combatientes se concentran mientras se define su tránsito a la vida civil; no es un santuario ni un premio: es un mecanismo jurídico que permite pasar del monte a la vida civil, del desorden y el caos a la ciudadanía y al derecho. El desarme voluntario es la entrega verificable de armas, munición y explosivos, cuyo destino inmediato es la destrucción por parte del Ejército Nacional. Y la erradicación voluntaria es el compromiso, suscrito por comunidades campesinas, de reemplazar cultivos ilícitos por cultivos legales, dentro de un esquema pactado de acompañamiento estatal.
Con esos conceptos claros, entremos a los datos. En el escrito de Solicitud Previa de Rectificación en Condiciones de Equidad que el doctor Cuéllar radicó ante la Presidencia de la República en septiembre de este año, y en los informes que la Comisión de Paz debe rendir formalmente al país sobre el proceso adelantado en Nariño y Putumayo entre 2024 y 2026, aparecen cinco cifras que conviene tener a mano: el cese al fuego unilateral pactado casi desde la instalación misma de la mesa; catorce toneladas de material de guerra entregadas y destruidas por el Ejército Nacional; dos Zonas de Ubicación Temporal instaladas —una en el Valle del Guamuez, otra en Barbacoas—; noventa y nueve combatientes concentrados en la ZUT del Putumayo, aguardando la ley que ha de definir su tránsito a la vida civil; y un compromiso verificable de erradicación voluntaria de treinta mil hectáreas de coca —quince mil en Nariño y quince mil en Putumayo—.
Aquí debo detenerme y dejar tres aclaraciones que este ensayo se debe a sí mismo y les debe a ustedes.
La primera: no me corresponde a mí, como amigo del jurista y como ciudadano común, dictaminar si esas cifras fueron muchas o pocas, si el proceso pudo alcanzar más de lo que alcanzó, o si la Comisión hizo o no todo lo que se le encomendó. Todo eso deberán presentarlo, en su momento y ante las instancias que corresponda, quienes tuvieron la responsabilidad de conducir el proceso; y quienes lo revisen deberán hacerlo con la severidad técnica que estos asuntos exigen.
La segunda: nada de lo dicho hasta aquí es una defensa del gobierno que abrió la mesa, ni una apología del que la cerró. Al primero le pesará, por muchos años, la distancia entre lo que prometió transformar y lo que efectivamente supo lograr y administrar, así como los episodios de improvisación, ineptitud y hasta corrupción que salpicaron su ejercicio y que no requieren de mi pluma para ser puntualizados o recordados. Del segundo hablaremos, con la misma severidad, en el capítulo siguiente. Este no es un memorial de agravios ni una carta de recomendación para quienes malgastaron su turno; es, apenas, un ejercicio de lectura ciudadana.
Y una tercera aclaración, quizá la más incómoda, porque toca una palabra que ha rondado por estas páginas sin denominarla claramente por su nombre. La “Paz Total” — bandera ajada con la que el gobierno anterior pretendió abrazar de golpe todos los conflictos armados del país— no fue una política de Estado: fue un sainete de tarima. Encumbró a jefes armados antes de que hubieran ganado el derecho a sentarse a una mesa; pagó cuotas a quienes seguían delinquiendo mientras dialogaban; cultivó, sin proponérselo, pero también sin evitarlo, una peligrosa cultura de la impunidad negociada; y terminó, previsiblemente, en el fracaso. Esa verdad la registrará la historia sin ambigüedad, y este ensayo no está aquí para maquillarla. Ahora bien, dos precisiones son de rigor. Primera: el sainete del marco general no borra el trabajo serio, técnico y humano que un puñado de comisionados decentes —el doctor Cuéllar entre ellos— realizaron al amparo de ese marco, en el escenario concreto de Nariño y Putumayo. La cifra sobrevive al eslogan que la envolvió, y es la cifra la que hay que juzgar. Segunda: el rechazo, justificado, a ese sainete no autoriza en modo alguno la tesis contraria y también fracasada, según la cual a la violencia solo se le debe responder con más violencia. Los grandes eslóganes casi nunca producen paz —los del Pacto Histórico ayer, los de la mano dura hoy—; la produce, en cambio, el trabajo minucioso, verificable y honesto de quienes se sientan a una mesa con las manos limpias y salen de ella con las manos limpias. Cuando el eslogan cae —y siempre cae—, sobrevive únicamente el trabajo bien hecho por debajo de él. Ese es el único legado que vale.
Lo que sí me corresponde, y lo que quiero que ustedes retengan, es lo siguiente: cada tonelada de explosivos entregada equivale a decenas de artefactos que no van a estallar en un puente, en una escuela rural, en una estación de policía, en un pelotón que atraviesa un camino veredal. Cada combatiente concentrado en una zona de ubicación es un hijo que no le va a llegar muerto a una madre esta semana, y una madre que tampoco tendrá que enterrar al soldado que iba a enfrentarlo. Cada hectárea sustituida es una familia que empieza a poder trabajar sin mirar hacia los lados. La aritmética de la vida no se mide bien mientras el proceso está vivo; se mide después, cuando el pueblo que no fue destruido puede contarse a sí mismo, en sus narraciones y en sus distintas generaciones. Y por eso hay que aprender a leerla con paciencia.
Hay, además, una conclusión más ancha —y en cierto modo más incómoda— que estas cifras invitan a formular, con independencia de si el resultado global se considera suficiente o insuficiente. Es esta: un país que dispone de mentes con la formación jurídica, la trayectoria institucional y la sobriedad ética que se le reconocen al doctor Cuéllar —y a un puñado más de compatriotas como él, hombres y mujeres que resisten en la vida pública sin haber cedido a la tentación de la tribuna fácil— y que no las incorpora de manera sistemática a los procesos serios donde se juega el futuro de la nación, es un país que está desperdiciando su propio patrimonio moral. No se trata de premiar a nadie, ni de canonizar a nadie. Se trata simplemente de reconocer que la conducción de una mesa de paz, o de una reforma agraria, o de una negociación con actores armados, no es tarea para burócratas improvisadores ni para militantes de coyuntura: es una misión para quienes han acumulado, en varias décadas de servicio público, la clase de rigor, el carácter y la clase de decencia que no se aprenden en un semestre. Que un país llame o no llame a esas personas cuando el momento lo exige, dice más de ese país que de ellas.
Cuando ustedes vean, en el noticiero de mañana, que un proceso de paz se cerró o que otro se abrió, no se dejen ganar por el impulso del titular. Vayan a la aritmética. Cuenten. Pregunten cuántos explosivos se destruyeron, cuántos muchachos volvieron a su casa, cuántas hectáreas cambiaron de sembrado, cuántas familias durmieron sin sobresalto. Y pregunten también, con el mismo rigor, quién condujo el proceso, qué vida y qué formación traía. Un país que aprende a hacerse esas preguntas es un país que empieza, muy lentamente, a merecerse la paz. Es un país que empieza, también muy lentamente, a saber a quién debe encargarle sus asuntos más difíciles —y a quién no—.
Capítulo 3
La palabra rota
En Nariño hay unas expresiones antiguas que ustedes, jóvenes de esta región, seguramente escucharon alguna vez en boca de un abuelo o de un compadre: “lo que se pactó, se pactó”, “palabra de caballeros” o “palabra de honor”. En la vida veredal y en la sencillez cotidiana de la Colombia rural profunda, la palabra dada valía —y en muchos rincones todavía vale— más que una firma en el papel notariado. Se compraba una parcela con un apretón de manos. Se prestaba un dinero sin recibo. Se acordaba un jornal con un “ahí nos vemos” que jamás se rompió. En esa tradición campesina hay una filosofía que la modernidad urbana ha ido borrando pero que sigue siendo, en el fondo, la única garantía de que una comunidad pueda existir: sin palabra empeñada, no hay convivencia posible.
Este capítulo trata de lo que pasa cuando la palabra que se rompe no es la de un vecino ni la de un compadre, sino la del Estado. Porque el Estado también da su palabra. La da cuando abre una mesa de paz. La da cuando envía a sus funcionarios a firmar acuerdos con comunidades campesinas. La da cuando recibe armas y ordena destruirlas. O cuando instala una Zona de Ubicación Temporal y le promete, a quienes decidieron entregarse, un tránsito ordenado hacia la vida civil. Y cuando esa palabra se rompe —de un día para otro, sin explicación técnica, por revanchismo electorero, con un trino difamatorio o con una alocución de tarima— lo que se rompe con ella no es apenas un acto administrativo: se rompe la posibilidad misma de que ese Estado vuelva, algún día, a ser creído.
La doctrina existe, y es vieja
Quiero que ustedes sepan una cosa que en las noticias no se dice, porque no vende: la Corte Constitucional colombiana lleva años recordando, en fallos que están escritos y publicados, que las altas autoridades del Estado tienen un “poder-deber” comunicativo. La expresión suena técnica; la idea es sencilla. Cuando habla un presidente, o un ministro, o un alto funcionario, no está expresando una opinión personal sobre el clima: está usando una voz que tiene el peso de la institución que está detrás. Esa voz, precisamente por su peso, obliga. Obliga, a decir verdad. Obliga a medir consecuencias. Y obliga a proteger, no a exponer, a las personas nombradas. Un trino oficial que difama a un ciudadano, o una alocución que desmiente sin datos un proceso de paz en curso, no son excesos verbales: son, técnicamente, faltas contra ese deber constitucional. Y la Corte lo ha dicho con nombres propios y con números de sentencia, para quien tenga la curiosidad de ir a leerlas.
Hay una segunda distinción que corresponde establecer aquí, porque explica gran parte del drama colombiano de las últimas décadas: la diferencia entre política de gobierno y política de Estado. Una política de gobierno dura lo que dura un mandato; una política de Estado sobrevive a los cambios de mando porque hunde sus raíces en la Constitución y en el consenso institucional. La paz, en Colombia, debería ser política de Estado —la Constitución la consagra como derecho, fin y deber— pero desde hace décadas se le trata como política de gobierno.
Cada cuatrienio, la República vuelve a preguntarse si vale la pena hablar con quien tiene un fusil, como si la respuesta no estuviera escrita desde 1991. Y cada cambio de mando devuelve al territorio la incertidumbre, y el limbo a los combatientes que creyeron en la palabra oficial.
Lo que ya está ocurriendo en la frontera
Mientras ustedes leen estas páginas, en las veredas del Valle del Guamuez, de Barbacoas, de Tumaco, de Ricaurte y de Puerres, familias enteras están descubriendo que la palabra que el Estado les dio ya no vale. Los noventa y nueve muchachos concentrados en la ZUT del Putumayo —que salieron del monte confiando en que Colombia les iba a devolver un lugar en la vida civil— hoy no saben si mañana los cobija una ley o los espera una orden de captura. Las comunidades campesinas que se comprometieron a arrancar coca a cambio de asistencia técnica, crédito y vías terciarias, hoy miran el potrero recién preparado y no saben con qué van a sembrarlo. Los líderes veredales que dieron la cara para conversar con la Coordinadora, hoy son señalados por otros grupos armados como colaboradores de un proceso muerto —y en la lógica implacable de la guerra, un colaborador de un proceso muerto es, de facto, un objetivo militar—.
Esto no es especulación. Es lo que la sociología rural colombiana lleva más de veinte años documentando cada vez que un proceso se cierra abruptamente: donde el Estado se retira, otro actor entra; donde la palabra oficial se rompe, entra “la palabra” armada; donde el programa de sustitución se abandona, entra el cultivo forzado; y donde el líder queda expuesto, entra el asesinato selectivo. Los expertos lo llaman vacío de poder. En Nariño lo llamamos, sin eufemismo, “lo que se nos viene”.
Y no solo es el Estado
Corresponde aquí una precisión de rigor moral que este capítulo se debe. No es solo el Estado el que rompe su palabra ni es solo al Estado al que le caben responsabilidades en este cuadro. Los grupos armados —las guerrillas arcaicas y sus disidencias, los paramilitares en todas sus mutaciones, las estructuras del narcotráfico, las mafias transnacionales que hoy atraviesan la frontera— son actores con voluntad propia, con capacidad de decidir y con una moral que les es exigible ante la historia. Cuando extorsionan al comerciante, cuando reclutan al menor, cuando cobran vacuna al pequeño transportador, cuando siembran una mina en un sendero veredal, cuando ordenan asesinar a un líder comunal, no están reaccionando pasivamente a un vacío institucional: están decidiendo hacerlo. La mayoría de esos actores, además, no son coterráneos nuestros —como tampoco lo son, en general, los burócratas que desde Bogotá deciden sobre nuestras vidas—; vienen de otras partes de Colombia o de otros países, se instalan sobre nuestro territorio, cobran su cuota de sangre y de dinero, y se van (las más de las veces, con las arcas colmadas y con crímenes por responder ante la historia).
Entre esas dos maquinarias —el Estado que rompe la palabra y los actores armados que la sustituyen por la de sus fusiles— quedamos, como siempre, los mismos: los ciudadanos de estas veredas y de estos pueblos, que ni votamos por unos ni le servimos a los otros, y que somos, además, los únicos que no podemos irnos: porque aquí nacimos, aquí trabajamos, aquí vamos a envejecer, y aquí —si Dios y la historia lo permiten— queremos ver crecer a nuestros nietos.
Parmenio puso el cuerpo
Hay un aspecto humano de todo este cuadro que no puedo pasar por alto y que ustedes merecen conocer, porque cambia por completo la lectura de lo que recientemente ha ocurrido. Que un hombre a la edad del maestro Cuéllar haya aceptado sumarse a una Comisión de Paz en un país tan violento como el nuestro; y que eso haya significado, además, trasladarse personalmente a regiones selváticas donde el paramilitarismo, el narcotráfico y las disidencias hacen su ley; que lo hiciera sin escolta internacional, sin mediación exterior, sin la comodidad de sesiones en una capital extranjera; que lo hiciera, para colmo, bajo un gobierno cuyas limitaciones de toda índole ya se han dicho aquí y no necesitan nueva enumeración; dice del jurista lo que ninguna hoja de vida alcanza a exponer: es un hombre jugado por sus convicciones, dispuesto a exponer la vida propia y a alterar la tranquilidad de los suyos por una causa que no le devolvería nada. Que, sobre ese riesgo asumido en silencio, algunas voces —cómodamente sentadas detrás de una pantalla, o mirando un smartphone, sin haber pisado jamás una vereda del Putumayo— hayan optado luego por difamarlo, es, sinceramente, penoso; retrata más al que insulta que al insultado.
Y que un mandatario recién estrenado, sin haber recorrido siquiera la zona, sin haber evaluado técnicamente el proceso, haya extinguido con un trazo administrativo desde su despacho en Bogotá (¿o en Barranquilla?) el único diálogo que estaba dando resultados verificables, es la asimetría moral más nítida que este ensayo puede dejar consignada: de un lado, un hombre que puso el cuerpo; del otro, una firma que ni siquiera cruzó el aire.
El caos que se viene: hay que nombrarlo
Sería una falta de respeto con ustedes callar lo que se está poniendo en marcha en este preciso momento. No es alarmismo: es simplemente la lectura del escenario. En los próximos meses, si nada cambia, Nariño y Putumayo verán —lo hemos experimentado antes, con distintos protagonistas, en distintas décadas— el regreso escalonado de la extorsión en la trocha; el “resiembre” forzado de coca donde apenas se había arrancado; el rearme silencioso de disidencias y de grupos externos que llegarán a ocupar el espacio dejado por quienes se estaban desmovilizando; el nuevo minado de senderos veredales; el desplazamiento de familias que ya habían dejado de desplazarse; la ejecución selectiva de líderes que la mesa alcanzó apenas a protegerles la vida por dos años; el reclutamiento — otra vez— de menores en municipios donde la escuela apenas empezaba a recuperarse; el retorno de las Estaciones de Policía convertidas en “objetivos militares”, o peor: en ruinas de escombros; y la parálisis, por miedo, de los pocos programas civiles que aún sostenían la vida cotidiana en la franja fronteriza. Violación generalizada de los Derechos Humanos; y lo que es peor: aceptación y reinado absoluto de la cultura de “la mano dura” como única opción de convivencia humana. Sería el naufragio final. Y cada uno de esos episodios, cuando ocurra, será hijo directo de la palabra rota; y aunque quien la rompió deba responder por ellos con la misma severidad con que se le exige “al gobierno anterior” explicar por qué razón no supo cuidar ni culminar lo que había comenzado, finalmente todo argumento sólo será lógica barata o palabras vacías que jamás podrán justificar las vidas perdidas o los daños irremediables que se causen.
También del otro lado de Rumichaca
Hay, además, un frente que quiero nombrar con especial cuidado, porque desde Bogotá casi nunca se ve —aunque desde Ipiales, Cumbal, Tumaco, o desde Obando, lo respiramos todos los días—: la onda del cierre no se detiene en el puente de Rumichaca. Lo cruza. Ecuador, que desde hace un par de años vive su propia crisis de seguridad — agudizada, precisamente, por estructuras criminales que se abastecen del suroccidente colombiano—, ya ha empezado a imponer restricciones al ingreso y circulación de compatriotas nuestros y a apretar el comercio bilateral que sostiene, entre otras cosas, buena parte de la economía cotidiana de nuestras ciudades. La aversión social hacia el colombiano crece del otro lado de la línea, y esa aversión la pagamos primero las familias fronterizas que hacemos vida diaria con el vecino. Si la reactivación del conflicto en Nariño y Putumayo se consolida y se escala —y va camino de hacerlo—, veremos en los próximos meses más restricciones, más aislamiento comercial, más cierres administrativos, y más dificultades para el pequeño empresario ipialeño, tumaqueño y de todo el corredor fronterizo. Es un dolor adicional que ninguna oficina en Bogotá va a percibir a tiempo, porque para las oficinas de Bogotá el mapa de Colombia termina, con demasiada frecuencia, en Cali o Popayán.
Este ensayo no es un pronóstico ni un lamento. Es apenas una constatación: las consecuencias del cierre abrupto de un proceso de paz no las paga quien lo cerró desde una tribuna en Bogotá. Las paga la madre en el Valle del Guamuez que ya había empezado a dormir sin sobresalto. Las paga el muchacho que en Barbacoas creyó que la ley lo iba a proteger. Las paga la maestra rural que había vuelto a abrir la escuela porque la vereda estaba tranquila. Las paga el pequeño comerciante cuya ruta hacia el Putumayo depende de que no vuelva la extorsión. Las paga, en última instancia, un país entero cuya credibilidad ante sus propios ciudadanos se va deteriorando cada vez que un mandato cierra lo que otro comenzó.
Nariño, otra vez, tiene la palabra…
¡Nariño a la cumbre ascended!
Y aquí llego a la parte del capítulo que más me importa escribirles. Porque este texto no puede terminar en la denuncia. Nariño, a lo largo de su historia, ha demostrado una cualidad singular que ustedes deberán aprender a valorar y a ejercer: la de responder a las horas oscuras con inteligencia colectiva. Lo hicimos en 2001, cuando ante el Plan Colombia armamos, entre seis departamentos, el Plan Sur. Lo hicimos cuando la Constituyente de Nariño ensayó formas de democracia directa que aún no han sido plenamente aprovechadas por el país. Lo hicimos con el programa Nariño Territorio Libre de Analfabetismo. Lo hemos hecho, cada vez que nos ha tocado, en la educación popular, en la organización campesina, en la cooperación fronteriza con el Ecuador.
Este es, sin duda, otro de esos momentos. Y por eso es hora de convocar a las mentes lúcidas de esta región. No a las de un partido, ni a las de un sector, ni a las de un liderazgo mesiánico. A todas ellas. A los juristas que aún creen que el derecho sirve para algo. A los agrónomos que saben cuánto pesa una arroba de café mal pagada. A los educadores que han sostenido escuelas rurales cuando el Estado no llegaba. A los alcaldes y concejales de frontera, sin distinción, que conocen las veredas por sus nombres y sus gentes. A los sacerdotes, a los pastores, a los mayores indígenas, a las juntas de acción comunal, a los rectores de nuestras universidades, a los empresarios decentes que quedan, a los pensionados con energía todavía en sus mentes y en sus manos. Y, sobre todo, a ustedes, jóvenes: porque el país y el territorio que se nos viene lo pueden recibir hoy los criminales de toda índole; pero, a la postre, lo van a recibir ustedes, y nadie va a tener más razones que ustedes para exigir que valga la pena vivirlo.
Convocarnos no significa fundar un movimiento ni levantar otra bandera. Significa organizar lo que ya somos: una región con universidades, con historia, con memoria, con territorio, con capital humano formado y con dolor acumulado que le ha enseñado, hace mucho, a no dejar todo en manos ajenas. La palabra que el Estado central rompió tenemos, entre nosotros, cómo volverla a atar. No de la noche a la mañana; sí de manera sostenida, seria, técnica, sin banderas de campaña, sin cálculo electoral. Un hombre solo —por lúcido, por experimentado, por honesto que sea— no alcanza. Cien hombres y mujeres organizados, en cambio, sí.
De eso, y de nada más, se trató este ensayo: de que Nariño quiera hacerlo otra vez. Y de que ustedes, jóvenes, sepan que el momento en que les toca entrar a la conversación pública no es dentro de veinte años. Es ahora.
Conclusión
Un mapa para el futuro
Hemos caminado, ustedes y yo, cuatro orillas de una misma playa. La primera nos hizo detenernos en el paisaje de Nariño y en el ruido con que la coyuntura pretende borrar las vidas hondas: allí entró Santiago, el pescador cubano, con su espinazo blanco y su dignidad intacta, para que ustedes aprendieran a leer a los hombres que llegan invictos, aunque los tiburones les hayan mordido el trofeo. La segunda nos llevó a las veredas fumigadas y al pancoger quemado, y allí quedó sembrada la doctrina que este ensayo se comprometió a rescatar: el campesino no es el enemigo. La tercera nos enseñó a contar de otra manera —a contar la vida, no la muerte— y a exigirle a nuestro país que sepa a quién le encarga sus asuntos más difíciles. La cuarta nombró la palabra rota y la tenaza en que vivimos los ciudadanos de esta frontera, sin ceder al lamento y sin ceder al miedo, y terminó convocando a las mentes lúcidas de esta región para que se pongan en marcha.
Cuatro capítulos, cuatro escenas, un solo pensamiento: que la paz es la forma superior de gobernar una república, y que Nariño —esa tierra pequeña que ha sido tantas veces laboratorio de las peores decisiones ajenas— sabe, cuando quiere, ser laboratorio también de las mejores decisiones propias.
Vuelvo, para cerrar, al viejo Santiago de Hemingway. Al final de la novela, el pescador ha regresado a su rancho con el enorme esqueleto atado al costado de la barca. Los turistas del pueblo lo verán al día siguiente y no sabrán qué mirar, porque tampoco sabrán leerlo. El viejo, mientras tanto, duerme. Duerme profundo. Y sueña, dice Hemingway con esa parquedad que a veces alcanza la altura del salmo, sueña con los leones jóvenes que veía en las playas de África cuando era muchacho. Ha perdido el pescado y ha ganado, sin saberlo, algo más antiguo que un pescado: la certeza de haber peleado hasta el final sin quejarse una sola vez, sin pedir clemencia, sin traicionar la línea y la rectitud que sostenía.
Es en las páginas de esa misma novela donde Hemingway deposita, con la sobriedad de quien sabe lo que dice, la frase que más me importa dejarles a ustedes:
«El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado.»
La conozco de memoria desde muchacho y siempre me pareció una divisa noble, pero solo ahora, escribiendo este ensayo, he entendido lo que significa de verdad. Significa que hay una diferencia moral —y no apenas semántica— entre ser destruido y ser derrotado. Uno puede ser destruido por los años, por los tiburones, por las circunstancias, por el trino que un día se lanza al aire sin medir la onda que produce. Ser derrotado, en cambio, exige otra cosa: exige que uno se deje. Que suelte la línea. Que se calle. Que renuncie al oficio. Que empiece a mentirse a sí mismo.
Y aquí quisiera dejar consignada, para ustedes y para el registro de esta región, mi convicción íntima: el maestro Parmenio Cuéllar Bastidas no está destruido y no está derrotado. No lo está porque no ha soltado su rectitud. Porque a la edad en que ya casi nadie escribe, sigue redactando, con su pulcra letra jurídica, la solicitud de rectificación que corresponde. Porque sigue leyendo. Porque sigue enseñando. Porque sigue creyendo, con la serenidad de quien creyó desde muy joven, que la paz es un derecho constitucional y un deber cívico, y no una consigna de campaña. Porque el sueño con que se dormirá esta noche, en su tierra del sur, no es el sueño del vencido, sino el del pescador que peleó lo suyo y que sabe —él sabe, aunque no lo diga— que los leones jóvenes ya están corriendo por las playas de Nariño, y que basta con esperar a que también ellos aprendan a nadar mar adentro.
Ese es el mapa que quería entregarles al cabo de estas páginas. No es un mapa de rutas ni de doctrinas cerradas. Es un mapa moral. Está hecho de cuatro brújulas muy sencillas, que ustedes pueden llevar en el bolsillo de la camisa por el resto de la vida y consultar cuando la coyuntura los ensordezca:
La primera brújula: el campesino no es el enemigo. Nunca lo fue, nunca lo será. Cualquier política que lo trate como enemigo es, por definición, indecente.
La segunda brújula: la vida se cuenta. No solamente la muerte. Aprendan a hacer la aritmética de los explosivos que no estallaron, de los hijos que no fueron enterrados, de las hectáreas que cambiaron de sembrado, de las madres que durmieron en la noche sin sobresalto. Un país que no sabe hacer esa cuenta, no sabe gobernarse.
La tercera brújula: la palabra empeñada obliga, y obliga a todos. Al Estado que la firma, al gobierno que la hereda, al grupo armado que se sienta a la mesa, al ciudadano que la escucha (y que la razona). Sin palabra empeñada, ninguna comunidad —desde la más pequeña vereda hasta la República entera— puede sostenerse.
Y la cuarta, la más nariñense de todas: cuando la palabra ajena se rompe, la propia tiene que atar el nudo. No hay a quién esperar. No viene nadie de afuera a arreglárnoslo. La región que decida hacerse cargo de sí misma es la única que tiene futuro; la que espere, se lo entregará una vez más a otros que no la conocen ni la quieren.
Esas cuatro brújulas —campesino no es enemigo, vida se cuenta, palabra obliga, la propia región tiene que atar el nudo— caben, si se las mira con calma, en una sola divisa. La divisa la formuló el maestro Cuéllar hace más de un cuarto de siglo, y no ha perdido un milímetro de vigencia: para hacer la paz no hay que hacer la guerra. Esa es la sentencia que ustedes deben escribir, si les parece, en el lugar de la casa donde nunca se olvide. Es la sentencia con la que este ensayo termina y con la que su vida cívica, si me permiten decirlo, debería empezar.
He escrito estas páginas desde Ipiales, en el atardecer de un año difícil, con la esperanza de quien confía en que los muchachos del sur —ustedes— harán con estas ideas lo que a los de mi generación ya no nos alcanzará el aliento para hacer. No les pido que sigan a nadie. Les pido que se preparen. Les pido que estudien. Les pido que cuiden la palabra. Y que aprendan a leer a los hombres decentes cuando pasen a su lado —porque pasan, todavía pasan, aunque cada vez sean menos— y que no los dejen pasar sin haber aprendido de ellos algo. Y les pido, por encima de todo, que no confundan nunca el ruido del día con la verdad del tiempo largo.
El viejo Santiago duerme esta noche en su rancho a orillas del Golfo, con los leones jóvenes corriendo en su sueño: no son fieras cazando ni rugiendo con violencia — son melenas al viento, colmadas de energía y de paz. El maestro Parmenio Cuéllar Bastidas duerme esta noche en las tierras nariñenses que lo vieron nacer, con la conciencia limpia y la línea firme, y sueña con esos mismos leones — los del sur, los nuestros — que retozan hoy en las orillas del Guáitara y emanan la vida entera que traen por delante. Y ustedes, jóvenes del sur, se despiertan mañana con un mapa nuevo en la mano y con un mar entero por delante.
Entren en él. Con respeto. Con oficio. Sin miedo. El sendero ya está trazado.
La paz —esa que no se hace con la guerra— los está esperando.