Bogotá, 8 de febrero de 2024
El magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, informó a los medios de comunicación y al país que la sesión de este 8 de febrero se desarrolló en condiciones de normalidad. Durante la jornada, se llevaron a cabo dos rondas de votación para elegir a la nueva fiscal General, pero ninguna de las candidatas logró obtener los votos requeridos para ser declarada como la elegida.
“Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal General de la Nación (…) el resultado final es que ninguna de las candidatas, por el momento, sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general, que conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos”, mencionó en su declaración a medios el magistrado Chaverra.
La próxima jornada de votación de la Corte será el jueves 22 de febrero, en dos semanas, cuando nuevamente los 23 magistrados tendrán que deliberar entre las ternadas de Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Mientras tanto, será la vicefiscal, Martha Mancera, quien ejercerá como fiscal encargada desde el 13 de febrero.
La elección podría enfrentar un nuevo retraso, ya que a principios de abril se espera la salida de cinco magistrados de la Corte. Entonces, no se podrá tomar una nueva decisión hasta que los 23 magistrados que integran el alto tribunal estén completos.
Cabe recordar que el pasado 25 de enero, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ya se había enfrentado a la situación en la que tenía que definir quién asumiría el cargo de fiscal General del país. En ese momento, tampoco ninguna de ellas obtuvo los 16 votos necesarios.
Pero este no es un hecho inédito en la historia de Colombia. Un precedente similar ocurrió en 2009, cuando se vivieron 26 votaciones fallidas y más de un año y medio de interinidad en la Fiscalía para una elección definitiva. Esta situación ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe.
De hecho, solo fue hasta que el expresidente Juan Manuel Santos cambió la terna presentada que finalmente se pudo elegir un nuevo Fiscal no encargado, aunque no provenía de la terna inicialmente propuesta por Uribe.
Durante el transcurso de la sesión de este 8 de febrero, más de mil personas se congregaron en las cercanías de la Plaza de Bolívar para protestar por el allanamiento de la Fiscalía a la sede de Fecode, luego de que se conociera que había donado 500 millones de pesos a Colombia Humana mientras Petro estaba en campaña, en 2022. Ese dinero habría excedido los topes de financiación de la campaña del hoy mandatario.
Miembros de Fecode habían mencionado que la protesta tenía el objetivo de exigir una elección de nuevo fiscal. No obstante, días antes de la manifestación Petro solicitó no dirigir las marcha contra la Corte Suprema, sino contra “la impunidad”; razón por la que el punto de destino que se estableció fue el Búnker de la Fiscalía.
Además, los grupos que convocaron a la marcha, luego, comunicaron que su interés real era “resguardar la democracia y asegurar la integridad del Estado Social de Derecho”.
La exfiscal Vivian Morales y contradictora del gobierno dijo sobre esta manifestación: “Petro tiene mucho interés en el fiscal que venga porque quien llegue tiene en sus manos investigaciones que no solamente tienen que ver con allegados al presidente (…) sino con cosas tan importantes como la financiación de su campaña presidencial”.
Varios políticos de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, han sugerido que Petro busca presionar de una u otra forma la elección de un fiscal General con el fin de que no sea investigado.
Al respecto, Petro dijo en X: “No evito que investiguen la campaña, de hecho la Corte Suprema y el Consejo electoral tambien lo hacen, pero la intencionalidad del fiscal es sediciosa”.
También las diferentes Cortes de la Rama Judicial, dieron a conocer el rechazo al plantón, mediante comunicados a la opinión pública.
Con información de infobae.com
Comunicado de la Corte Suprema de Justicia
Bogotá, 8 de febrero de 2024
La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país.
Como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado.
La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia.
En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico.
La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas.
Comunicado del Consejo de Estado
El Consejo de Estado manifiesta su profunda preocupación y rechazo por el bloqueo que mantiene confinados a los servidores judiciales, empleados y contratistas al interior del Palacio de Justicia.
El Estado de Derecho se cimienta en la garantía de los derechos de las personas, la separación de poderes, el principio de legalidad, la independencia y la autonomía judicial. La Corporación hace un llamado a la mesura y al respeto por la institucionalidad de los tres poderes del Estado.
La Rama Judicial desempeña sus funciones dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, es fundamental garantizar su ejercicio independiente y autónomo, y conforme a los procedimientos establecidos. Las decisiones que adopta conforme a las atribuciones Constitucionales deben estar libres de presiones o condicionamientos externos.
Nuestra profunda solidaridad y apoyo irrestricto con nuestros colegas de la Corte Suprema de Justicia, hoy más que nunca estamos unidos en un clamor por el respeto a la independencia judicial.
Comunicado de la Corte Constitucional
La CORTE CONSTITUCIONAL hace un preocupado llamado a la sensatez y a la calma. Destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana, como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones, de respetarla y garantizarla.
Sin embargo, también llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las Instituciones de la Justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios.
La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos, todos, estamos esperando.
Finalmente, la Corte envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos.
Comunicado del Consejo Superior de la Judicatura
Frente a las protestas de los manifestantes del día de hoy jueves 8 de febrero en el Palacio de Justicia ‘Alfonso Reyes Echandía’ de la ciudad de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura hace un llamado a la calma y a la solución pacífica del bloqueo que se presenta en la sede del Palacio, el cual impide la libre movilidad y tránsito de los magistrados, servidores judiciales y ciudadanos que nos encontramos dentro de las instalaciones.
El Consejo Superior de la Judicatura rechaza de forma enfática las interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema de Justicia, que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes, al tiempo que pone en riesgo las instituciones legítimamente establecidas y el Estado Social de Derecho en Colombia.
Los actos que han emprendido un grupo de personas en la sede del Palacio de Justicia, con los que pretenden forzar decisiones de la Corte Suprema, desconocen la tradición democrática de la justicia en Colombia y el apego en sus decisiones a la Constitución Política y a la Ley.
El Consejo Superior de la Judicatura respalda a la Corte Suprema de Justicia en sus deliberaciones y decisiones, y convoca a toda la sociedad a respetar a la institucionalidad judicial en todas sus actuaciones.