Bogotá, 18 de agosto de 2026
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó el denominado “Libro de la Verdad – Empalme Anticorrupción 2026”, un documento de 134 páginas que reúne los resultados del proceso de transición gubernamental, identifica comportamientos considerados críticos dentro de diferentes entidades del Estado y expone una serie de hallazgos que fueron puestos en conocimiento de organismos de control y autoridades judiciales.
Según explica el documento, su propósito es ofrecer un diagnóstico del Estado recibido por la nueva administración a partir del trabajo realizado por los equipos sectoriales, el Equipo Élite Anticorrupción, los ministros y el Comité Nacional del Empalme Anticorrupción.
El Gobierno aclara desde las primeras páginas que la publicación no constituye una sentencia, no determina responsabilidades individuales y no reemplaza las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría ni de otras autoridades competentes. Los hechos consignados, señala, fueron documentados para que sean examinados dentro del debido proceso.
Nueve comportamientos críticos identificados
Uno de los principales componentes del informe corresponde al análisis transversal de 126 casos recibidos y priorizados, de los cuales finalmente fueron seleccionados 59 casos para el ejercicio presentado.
A partir de los hallazgos sectoriales, el documento establece nueve comportamientos que, según el análisis del empalme, habrían debilitado los controles institucionales, aumentado la discrecionalidad y generado condiciones que podrían favorecer prácticas de corrupción.
Los nueve comportamientos identificados son:
1. Destrucción del rigor técnico.
2. Colapso de la capacidad tecnológica.
3. Opacidad y distorsión de la información pública.
4. Parálisis operativa.
5. Captura contractual y concentración del poder operativo.
6. Expansión del riesgo litigioso.
7. Pérdida de control territorial frente a economías criminales.
8. Fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica.
9. Capacidad fiscal restringida, considerada una problemática transversal que condicionaría la capacidad de respuesta de todas las entidades.
El informe sostiene que estos problemas no deben analizarse únicamente como dificultades aisladas de determinados ministerios o instituciones, sino como patrones que aparecieron de manera repetida en distintos sectores de la administración pública.
Contratos, proyectos y recursos bajo revisión
El capítulo dedicado a los hallazgos en materia de corrupción recoge diferentes actuaciones adelantadas por el Equipo Élite Anticorrupción. Entre ellas se encuentran solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales y traslados de información a las autoridades competentes.
Uno de los casos mencionados corresponde a un proyecto relacionado con agua para Santa Marta, por aproximadamente $786.000 millones, frente al cual el equipo solicitó la intervención preventiva de la Procuraduría. De acuerdo con el documento, posteriormente el organismo de control adoptó actuaciones frente al proceso.
También se menciona una operación cercana a los $900.000 millones que habría estado prevista poco antes del cambio de Gobierno. Frente a esta situación, el Equipo Élite solicitó igualmente la intervención preventiva de la Procuraduría.
Otro de los hallazgos reseñados corresponde a un contrato aproximado de $23.663 millones, adjudicado a una sociedad cuyo capital social, según el informe, ascendía a alrededor de $117 millones. Ante las circunstancias encontradas, el documento señala que fueron promovidas actuaciones ante la Fiscalía y los organismos de control.
El Libro también hace referencia a un proyecto con una inversión aproximada de $165.492 millones, sobre el cual el Equipo Élite solicitó intervención preventiva de la Procuraduría y posteriormente presentó una queja disciplinaria.
Proyectos que aumentaron su valor y recursos comprometidos
Entre los casos analizados aparece además un proyecto cuyo presupuesto, según el documento, pasó de aproximadamente $68.500 millones a $127.700 millones durante su ejecución. Frente a las observaciones realizadas, se promovieron actuaciones de carácter penal, fiscal y disciplinario para que las autoridades establezcan si existieron responsabilidades.
El informe también aborda asuntos relacionados con la dispensación de medicamentos, señalando recursos cercanos a los $3 billones, así como otros procesos contractuales y administrativos que fueron objeto de revisión durante el empalme.
En materia de infraestructura vial rural, el documento menciona recursos superiores a $612.000 millones comprometidos con Juntas de Acción Comunal. Durante el análisis se contrastó información con auditorías realizadas por la Contraloría y se identificaron situaciones en las que algunos proyectos presentaban ejecución presupuestal total pese a existir cuestionamientos sobre su avance físico.
Como resultado, señala el informe, fueron promovidas actuaciones penales, fiscales y disciplinarias.
Más casos analizados
El capítulo anticorrupción también hace referencia a procesos por aproximadamente $300.000 millones, un contrato superior a $78.000 millones relacionado con servicios para la Unidad Nacional de Protección y otros proyectos y convenios que fueron objeto de revisión.
Asimismo, aparecen referencias a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y Teveandina Ltda. (Canal Trece) por hasta $17.003 millones, frente al cual el Equipo Élite consideró necesario poner determinadas circunstancias en conocimiento de las autoridades.
Otro caso reseñado involucra recursos superiores a $160.000 millones y alrededor de 7.500 familias, relacionado con ASOMUFFAA. Según el documento, la información recopilada fue trasladada a la Procuraduría para que evaluara las circunstancias advertidas.
También se menciona una entidad que habría adelantado procesos contractuales superiores a $68.000 millones mientras se preparaba su liquidación, situación que igualmente fue remitida para valoración de los organismos competentes.
El informe incluye, además, análisis relacionados con nombramientos y contratación de personal. En uno de los casos revisados se hace referencia a un marco que proyectaba la vinculación de hasta 1.686 servidores públicos, situación que llevó al equipo de empalme a examinar la proporcionalidad de las decisiones adoptadas y trasladar información a la Procuraduría y la Contraloría.
Balance de los diferentes sectores del estado
Una parte considerable del Libro de la Verdad está destinada al balance de los sectores de la administración pública. El documento presenta diagnósticos relacionados, entre otros, con Agricultura, Ambiente, Ciencia y Tecnología, Comercio, Cultura, Defensa, Deporte, Educación, Hacienda, Inclusión Social, Interior, Justicia, Minas y Energía, Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Trabajo, Transporte y Vivienda.
Cada cartera presenta la situación encontrada durante el proceso de transición, incluyendo dificultades administrativas, presupuestales, contractuales, operativas o institucionales que, de acuerdo con los responsables de cada sector, deberán ser atendidas por la nueva administración.
El gobierno plantea nuevos principios para la Administración
El capítulo final del documento no se concentra únicamente en los hallazgos. El Gobierno plantea una serie de principios que pretende convertir en respuesta a los nueve comportamientos críticos encontrados durante el empalme.
Entre ellos están: Primero, la Patria; Extrema Coherencia; Verdad y Transparencia; Dignidad Humana; Bien Común; Familia, Comunidad y Cohesión Social; Libertad, Responsabilidad y Mérito; Autoridad Legítima; y Servicio y Restauración.
Según el documento, estos principios deberán traducirse en medidas como verificar la idoneidad de quienes ocupen cargos públicos, fortalecer el mérito, contrastar independientemente las cifras entregadas por las entidades, revisar procesos de contratación sin concurrencia efectiva de oferentes, fortalecer la selección objetiva, prevenir el daño antijurídico y priorizar proyectos según su impacto real sobre la población.
También plantea que la evaluación de la gestión pública debe concentrarse no solamente en cuánto dinero se ejecuta, sino en qué obras, servicios y resultados concretos recibe la ciudadanía.
“No pretende constituirse en una sentencia”
En la presentación del Libro, el presidente Abelardo de la Espriella sostiene que el documento busca poner en conocimiento de las autoridades aquellos hechos que eventualmente pudieron afectar el patrimonio público o la rectitud institucional.
La publicación insiste en que los hallazgos no equivalen a condenas y que será responsabilidad exclusiva de los organismos judiciales y de control determinar, mediante las investigaciones correspondientes y respetando el debido proceso, si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
De esta manera, el “Libro de la Verdad” se convierte en la radiografía con la que el nuevo Gobierno presenta su lectura del Estado recibido en 2026: un documento que combina el diagnóstico administrativo y financiero de las entidades con cuestionamientos sobre contratación, manejo de recursos públicos, capacidad institucional y posibles hechos de corrupción que ahora deberán ser evaluados por las autoridades competentes.