Bogotá
El IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026–2035 plantea una transformación del sistema educativo colombiano durante los próximos diez años. Acceso y permanencia, educación rural, formación docente, infraestructura, conectividad, inteligencia artificial, inclusión, transformación curricular y mayor financiación pública aparecen entre sus principales apuestas.
El Ministerio de Educación Nacional presentó el IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026–2035, documento que establece la hoja de ruta que orientará la política educativa colombiana durante la próxima década y que tiene como eje central el reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental.
La propuesta parte de un desafío de gran alcance: no basta con garantizar un cupo escolar. El objetivo es crear condiciones para que las personas puedan acceder, permanecer, aprender y completar sus trayectorias educativas en condiciones dignas, independientemente del territorio en el que vivan o de sus condiciones sociales.
El documento organiza esta transformación alrededor de tres grandes ejes estratégicos y 20 rutas de política pública, concebidas de manera articulada para responder a las principales necesidades identificadas durante el proceso de construcción del Plan.
Educación como derecho: más allá del acceso a las aulas
El primer gran eje es la Garantía Plena del Derecho a la Educación. Aquí se concentran algunas de las propuestas que tendrán mayor impacto directo sobre estudiantes, docentes y familias.
El Plan contempla asuntos como gratuidad, alimentación y transporte escolar, mejoramiento de infraestructura, formación y dignificación docente, conectividad, acceso tecnológico, bienestar socioemocional y mayor participación de las comunidades educativas en las decisiones de sus instituciones.
Dentro de este eje se establecen nueve rutas: avanzar hacia una ley que reconozca la educación como un derecho pleno, gratuito e irrenunciable; garantizar acceso y permanencia; construir trayectorias educativas continuas; promover el aprendizaje a lo largo de la vida; dignificar y fortalecer la formación de los maestros; mejorar los espacios educativos; cerrar las brechas tecnológicas; promover el bienestar y fortalecer la participación en las instituciones educativas.
Tecnología e inteligencia artificial entran en la agenda educativa
Uno de los componentes más destacados del nuevo Plan es la incorporación explícita de la tecnología y la inteligencia artificial dentro de la política educativa nacional.
La Ruta 7 propone cerrar las brechas de conectividad, infraestructura y acceso a dispositivos, especialmente aquellas que afectan a las zonas rurales y territorios históricamente marginados.
La propuesta plantea que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial sean incorporadas desde criterios de derechos, justicia social, seguridad y soberanía tecnológica. También advierte sobre riesgos asociados a los sesgos algorítmicos, la dependencia de plataformas privadas, la protección de datos y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Plan señala, además, que los establecimientos educativos deberán avanzar hacia una conectividad estable, disponibilidad de equipos y recursos digitales, mantenimiento sostenible y formación para el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas. La prioridad estará especialmente en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso.
La conectividad, según el documento, no debe entenderse simplemente como disponer de internet o computadores, sino como una herramienta para acceder al conocimiento, reducir la exclusión digital y fortalecer los procesos educativos y comunitarios.
Los currículos deberán dialogar con los territorios
El segundo gran eje se denomina Construcción de Conocimiento Público para la Transformación Social y plantea cambios importantes en la forma de enseñar, aprender y producir conocimiento.
La propuesta busca que los currículos reconozcan la diversidad cultural y territorial del país y que las comunidades tengan mayor protagonismo en la construcción del conocimiento.
Este componente incluye educación ambiental, paz, memoria y reconciliación, inclusión de personas con discapacidad, interculturalidad y perspectivas de género.
Entre sus rutas se encuentran la construcción de currículos nacidos desde los territorios; la formación integral para la vida; la producción de conocimiento desde las comunidades; la educación para el cuidado de la vida y la justicia ambiental; la educación para la paz; la garantía del derecho educativo de las personas con discapacidad; la prevención de las violencias de género y el fortalecimiento de una educación campesina con arraigo y pertinencia territorial.
De esta manera, el Plan plantea que Colombia avance hacia una educación menos uniforme y con mayor capacidad para responder a las características sociales, económicas, culturales y territoriales de cada comunidad.
La educación rural, entre las prioridades
Uno de los asuntos transversales del documento es la necesidad de reducir las históricas diferencias entre la educación urbana y rural.
El enfoque territorial reconoce precisamente que las condiciones educativas no son iguales en todo el país y plantea que la inversión debe considerar las características particulares de cada territorio, su población y las condiciones de pobreza, violencia o exclusión que enfrenta.
Esto significa que las regiones que históricamente han presentado mayores rezagos deberán recibir una atención diferenciada para fortalecer sus capacidades educativas. El Plan también reconoce las propuestas formativas propias de pueblos indígenas, comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y del pueblo Rrom.
Inclusión: el sistema debe adaptarse a las personas
Otro cambio importante está relacionado con el concepto de educación inclusiva.
El documento sostiene que no son las personas quienes deben adaptarse a un sistema educativo rígido, sino que es el sistema educativo el que debe transformarse para responder a diferentes capacidades, contextos y formas de aprendizaje.
Esto supone eliminar progresivamente barreras físicas, pedagógicas, comunicativas, tecnológicas, culturales e institucionales.
En infraestructura, por ejemplo, el Plan establece criterios de accesibilidad universal y ajustes razonables en aulas, rutas de circulación, servicios sanitarios, escenarios deportivos y culturales, además de materiales y tecnologías de apoyo para garantizar la participación de las personas con discapacidad.
Más recursos para hacer posible la transformación
El tercer eje estratégico corresponde al Fortalecimiento del Financiamiento de la Educación Pública.
El documento reconoce que los cambios propuestos no podrán hacerse realidad sin recursos suficientes, sostenibles y distribuidos bajo criterios de equidad territorial.
La intención es fortalecer la financiación desde la educación inicial hasta la educación superior, dando prioridad al cierre de brechas históricas y a la sostenibilidad del sistema.
Este eje comprende tres rutas: garantizar recursos suficientes y oportunos desde primera infancia hasta educación media; financiar estrategias que faciliten el tránsito de los estudiantes entre los diferentes niveles educativos; y fortalecer una educación superior pública, gratuita y sostenible.
Un plan construido desde los territorios
El Ministerio destaca que la elaboración del documento estuvo precedida por un amplio ejercicio participativo.
Durante aproximadamente un año participaron más de cinco mil establecimientos e instituciones educativas, 95 Secretarías de Educación, organizaciones sociales, sindicatos, comunidades campesinas, pueblos étnicos, estudiantes, docentes, familias, directivos y otros actores.
El propósito fue que las necesidades de los territorios fueran el punto de partida de la política y no únicamente las decisiones adoptadas desde las instancias centrales.
Para procesar el amplio volumen de información recogida en foros, mesas de trabajo y escenarios de discusión también se utilizaron herramientas de inteligencia artificial. El documento señala que fueron empleadas NotebookLM y Opal, principalmente para organizar, sintetizar e identificar temas comunes dentro de los aportes recopilados. Sin embargo, precisa que estas herramientas actuaron como apoyo y no reemplazaron el análisis crítico realizado por los equipos humanos.
El reto ahora será pasar del documento a los resultados
El Plan no termina con su formulación. También establece mecanismos para determinar si las propuestas realmente se cumplen durante los próximos diez años.
El seguimiento será continuo y participativo durante el decenio, mientras que la evaluación se realizará en dos momentos: a mitad del periodo y al finalizar el IV PNDE. Para ello se utilizarán indicadores oficiales, información normativa, encuestas y herramientas de análisis territorial.
El documento plantea además fortalecer la transparencia, las veedurías ciudadanas y el control social, otorgando a las comunidades educativas un papel activo en el seguimiento de las políticas.
Así, el IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026–2035 plantea una transformación que va mucho más allá de las aulas: propone intervenir las condiciones económicas, tecnológicas, sociales, territoriales y pedagógicas que determinan quién puede estudiar, permanecer en el sistema y aprender.
El desafío durante la próxima década será convertir las 20 rutas propuestas en resultados concretos para las instituciones educativas. Especialmente en los territorios rurales y apartados, el cumplimiento de las apuestas en infraestructura, conectividad, permanencia escolar, formación docente, inclusión y financiación permitirá determinar si el nuevo Plan logra traducirse en una reducción efectiva de las brechas educativas del país.
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Consulte el texto íntegro del Plan en el siguiente enlace:
https://plandecenal.edu.co/1785/articles-429557_documento_IV_PNDE_2026_2035.pdf