Por:
Alonso Villacís
Que baje el precio de los combustibles sería una muy buena noticia para el país.
Pero cuando un anuncio de este calibre aparece en plena antesala de campañas a Senado, Cámara y Presidencia, la responsabilidad institucional exige máxima claridad y cero ambigüedades.
No porque el anuncio sea malo, sino porque el momento obliga a separar titulares de política pública real.
Para que una reducción de precios sea verdadera, sostenible y no destructiva, el Estado debe cumplir integralmente con lo siguiente:
- Decretos formales, que establezcan cómo, cuándo y cuánto bajará el precio.
- Estudios técnicos completos, que midan el impacto en toda la cadena: ciudadano, transporte, minorista, mayorista, frontera.
- Resoluciones reglamentarias, que eviten vacíos, discrecionalidad y traslados ocultos de costos.
- Concepto y respaldo técnico de la CREG, porque sin regulador no hay estabilidad ni seguridad jurídica.
- Consenso técnico real, no político, con los actores que operan el sistema diariamente.
- Revisión integral de la estructura actual de precios, hoy desfasada frente a los costos reales.
- Reconocimiento del margen minorista, congelado mientras los costos han crecido más del 65 % en tres años.
- Revisión del margen y obligaciones del mayorista, también impactado por mayores costos financieros y operativos.
- Evaluación del efecto de nuevos almacenamientos e intermediarios, que alargan la cadena, encarecen la logística y reducen eficiencia.
- Alivios tributarios compatibles con ingresos regulados, porque no se puede exigir más impuestos a quien no puede ajustar precios.
- Medidas diferenciales reales para frontera, donde el riesgo, el contrabando y la informalidad son estructuralmente mayores.
Si uno solo de estos elementos no se cumple, el anuncio no se convierte en beneficio real.
El costo no lo asume el Estado: lo asume el transportador, el minorista formal, el mayorista y finalmente el empleo.
Por eso, en contexto electoral, la prudencia técnica es obligatoria.
Los anuncios sin decretos, sin estudios y sin regulación pueden generar aplausos, pero no sostienen la cadena de abastecimiento ni protegen la formalidad.
No pedimos privilegios.
Pedimos que el modelo vuelva a cuadrar.
Si el Gobierno quiere cumplirle al país, debe hacerlo con toda la cadena y con reglas claras, no solo con titulares. Porque bajar el precio sin estructura no soluciona el problema: lo traslada, lo fragmenta y lo agrava.
No es ideología. No es oposición.
Es técnica, derecho y responsabilidad social.
Cumplir implica hacerlo bien. Y hacerlo bien implica cumplir todo, no una parte.