Por:
Alonso Villacís
Durante décadas, los minoristas de combustibles líquidos en Colombia hemos sido un eslabón silencioso pero esencial del sistema de abastecimiento energético nacional. Hemos garantizado continuidad operativa, cobertura territorial —incluidas zonas apartadas y de frontera—, cumplimiento normativo, inversión en infraestructura, formalidad laboral y estabilidad en el suministro, incluso en contextos de alta volatilidad económica, inseguridad y cambios regulatorios constantes.
Sin embargo, los recientes incrementos sostenidos y acumulativos en el precio de los combustibles —primero en gasolina y posteriormente en diésel— están generando una presión financiera desproporcionada sobre los minoristas, al no venir acompañados de un reconocimiento explícito y técnico del costo real de comercialización, lo que amenaza de manera directa la rentabilidad, la liquidez y la sostenibilidad del sector.
1. El error estructural: aumentar el precio del combustible sin ajustar el costo de comercialización
Cada incremento en el precio del combustible no es neutro para el minorista. Por el contrario, eleva de forma automática y progresiva los requerimientos financieros necesarios para operar. Hoy, adquirir el mismo volumen de producto exige mayor músculo financiero, mayor exposición crediticia y mayores costos operativos asociados al manejo del dinero.
No se trata de una percepción subjetiva, sino de una realidad contable y financiera que no está siendo incorporada en la estructura tarifaria regulada. El margen minorista permanece estático, mientras los costos crecen de manera dinámica y acumulativa.
2. Costos reales que no están siendo reconocidos
- El aumento del precio del combustible genera, entre otros, los siguientes impactos directos sobre el minorista:
- Mayor capital de trabajo para adquirir inventarios más costosos.
- Incremento en los costos de transporte de efectivo, desde las estaciones de servicio hacia el sistema financiero.
- Mayores gastos por transacciones bancarias, consignaciones, recaudos electrónicos y servicios financieros.
- Aumento automático del gravamen del 4 x 1.000, directamente proporcional al valor del combustible comercializado.
- Incremento en la base gravable de impuestos, sin ajuste equivalente en el margen.
- Mayores costos de aseguramiento, control, auditoría y cumplimiento normativo, asociados al manejo de mayores flujos monetarios.
- Mayor exposición al riesgo financiero, sin mecanismos de compensación.
- Estos costos no son discrecionales, no responden a ineficiencias del minorista y no pueden ser evitados. Son una consecuencia directa del aumento del precio regulado del combustible.
3. El impacto ignorado en las zonas de frontera
En las zonas de frontera, la situación es aún más crítica. El desmonte progresivo de los diferenciales históricos y la falta de análisis territorial están ampliando peligrosamente la brecha entre el precio del combustible legal y el combustible de origen ilícito.
- Esta desconexión genera efectos perversos:
- Incentiva el contrabando técnico y hormiga.
- Fortalece economías ilegales asociadas a refinerías clandestinas, tanto en Colombia como en países vecinos.
- Debilita al operador formal que cumple normas ambientales, laborales, tributarias y de seguridad.
- Reduce la competitividad del combustible legal frente al ilegal.
- Afecta la seguridad, el recaudo fiscal y el orden público.
- Paradójicamente, mientras al minorista formal se le exige cada vez más, el mercado ilegal encuentra condiciones económicas más favorables para expandirse.
4. Un riesgo sistémico para el abastecimiento
Si el minorista pierde rentabilidad, liquidez y capacidad financiera, el problema deja de ser gremial y se convierte en un riesgo sistémico para el abastecimiento. No puede existir seguridad energética sin operadores sostenibles, capitalizados y formales en el último eslabón de la cadena.
La política pública no puede descansar en la premisa de que el minorista absorberá indefinidamente costos crecientes sin ajustes estructurales. Esa lógica es financieramente inviable y socialmente regresiva.
5. Propuesta: ajuste técnico del costo de comercialización
Por lo anterior, resulta imprescindible que todo incremento en el precio del combustible venga acompañado de un ajuste porcentual automático en el costo de comercialización, que refleje:
- El mayor requerimiento de capital.
- Los costos financieros adicionales.
- El impacto tributario creciente.
- Las particularidades de las zonas de frontera.
- Este ajuste no constituye un privilegio, sino un reconocimiento técnico de costos reales, alineado con principios de sostenibilidad, equidad territorial y formalización económica.
Conclusión
Los minoristas de combustibles no somos un obstáculo para la política energética; somos un aliado histórico del Estado y del país. Pero la sostenibilidad del sistema exige decisiones integrales, técnicamente fundamentadas y territorialmente sensibles.
Aumentar el precio del combustible sin reconocer el costo real de comercialización es trasladar silenciosamente la carga fiscal y financiera al eslabón más expuesto de la cadena. Corregir esta omisión no solo protege al minorista formal, sino que fortalece el abastecimiento, combate la ilegalidad y preserva la economía de frontera.