Por:
Fernando Enríquez
El abordaje del lenguaje es un campo de batalla sutil y, a la vez, de un impacto decisivo en la política. No solo es un instrumento para describir los acontecimientos, es la herramienta, la maquinaria con la que se define lo que puede decirse, lo que puede imaginarse y, en consecuencia, lo que puede hacerse. Quien tiene el control de la palabra controla las márgenes de la realidad.
Michel Foucault describe que el poder no solo se evidencia en la ejecución activa de las instituciones, el poder también se ejecuta en las prácticas discursivas con las que se normalizan, clasifican y se produce verdad. El acto de nombrar algo no es inocente ni inconsciente; es fijar jerarquías. Por ejemplo, denominar a una misma persona como “terrorista” o “luchador social” transforma su destino político y social. De esa manera, el lenguaje ocurre como un dispositivo de inclusión o exclusión.
Ese acto de nombrar, hoy lo vemos en Ipiales cuando se intenta disfrazar la privatización del agua con eufemismos como: “alianzas estratégicas”, “fortalecimiento institucional” o “despolitización de los servicios públicos”. Palabras que buscan borrar de manera disimulada, el carácter público del servicio de agua en el municipio, es un intento de ocultar el despojo bajo un ropaje técnico y presentar como modernización lo que en realidad es un negocio con la vida de los ipialeños. En este escenario, la semántica no es neutra, es un arma.
Pierre Bourdieu explica que el poder del lenguaje reposa en el reconocimiento de la palabra. Una resolución militar o un decreto presidencial no se sostienen y se cumplen solo porque este escrito, sino porque quienes lo escuchan reconocen la legitimidad de esa palabra. Lo mismo ocurre con la narrativa de la privatización que se quiere aplicar en Ipiales: se pretende imponer no solo por un documento que llegue a avalarla, sino también, porque intentan lograr que la población interiorice que “no hay alternativa”, que el mercado es sinónimo de eficiencia.
Sin embargo, el lenguaje también es territorio donde existe resistencia. Ernesto Laclau enseñó que los significados nunca están cerrados, no son absolutos; por lo tanto, se disputan. Por eso los movimientos sociales resignifican palabras como “pueblo”, “dignidad” o “vida”. En nuestro caso, en Ipiales, hablar del derecho al agua es disputar este concepto no solo desde lo jurídico, es debatir un horizonte político. Es la afirmación que el agua no es mercancía, es vida, y que ningún contrato, por más que lo quieran llamar de “alianza estratégica”, puede estar por encima de la sed de un pueblo.
En ese orden de ideas, se puede entender que el poder político del lenguaje no le pertenece únicamente a la boca de los poderosos. También habita en el eco popular que se niega a llamar “alianza” al saqueo, que refuta la etiqueta de “despolitización” cuando lo que buscan es neutralizar la voz ciudadana. Si bien el derecho al agua no es una batalla de palabras, sin la disputa por el lenguaje esa batalla estaría perdida de antemano. Y aquí, lo que se quiere hacer es crear palabras endulzantes para ocultar la agria realidad.
El lenguaje, entonces, no solo sirve para ver reflejada la realidad, también la crea. Y en Ipiales, en medio de la crisis del abastecimiento de agua y del avance de la privatización disfrazada, se juega algo más que la hegemonía del discurso, está en juego el derecho a la vida.
El neoliberalismo ha utilizado como fórmula predilecta las privatizaciones de los servicios públicos, para trasladar los bienes colectivos a manos privadas. Con la pomposa promesa de eficiencia y modernización, se permite que multinacionales conviertan los derechos fundamentales en negocios altamente rentables. La marca de estas corporaciones se identifica porque no llegan a fortalecer el servicio ni a garantizar cobertura, llegan a extraer rentas y asegurar utilidades, ese es su principal interés. Terminan subordinando las necesidades de la comunidad a la lógica de la ganancia. Y lo hacen porque su poder no es únicamente económico, también es político y discursivo. Logran entonces, imponer un relato en el que el mercado aparece como única salida, y acaban invisibilizando el costo social de la exclusión y el despojo.
Frente a esta situación, la movilización social no puede reducirse o ser usada como un caballo de Troya de las coyunturas políticas locales, tampoco puede ser vista como un mecanismo de presión sobre las administraciones municipales de turno. Eso sería un reduccionismo injusto e inmerecido. La defensa por el agua debe trascender las fronteras de los gobiernos porque es un acto político en salvaguardia de derechos supremos y de los bienes comunes que son esenciales para la vida. Defender el agua no es estar a favor o en contra de un alcalde, es ponerse del lado de la dignidad humana frente a los intereses que buscan mercantilizarla.
Por eso es que la importancia de la movilización popular reside en su capacidad de tejer comunidad. Es decir, si el pueblo se reúne en torno a la palabra, en cabildos abiertos, en asambleas barriales o marchas, el lenguaje deja de ser propiedad de los poderosos y se convierte en herramienta colectiva y comunitaria de resistencia. Nombrar la defensa del agua como defensa de la vida, del territorio y de la soberanía es construir un horizonte común, que le pertenece a toda la población. Allí la palabra deja de ser consigna, para convertirse en acto, tejido, en fuerza que recuerda que solo la organización comunitaria puede impedir que nos roben la posibilidad misma de existir.
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Referencias
Bourdieu, P. (2008). Lenguaje y poder simbólico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Foucault, M. (2002). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets Editores.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.