Por:
Álvaro Montenegro Calvachy (1)
Introducción
Los artículos 346 y 348 de la Constitución Política de Colombia (2), se refieren al tema del presupuesto general de la Nación. Efectivamente, se contempla que el Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno y si no hubiere sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.
Abordar el tema presupuestal en Colombia es de mucho interés general en materia económica y de las finanzas públicas, porque tiene mucha incidencia en la comunidad, entidades nacionales, descentralizadas, territoriales del orden departamental, municipal y distrital porque se verá reflejado para el año 2026, la manera como operarán los recortes que se realizarán, los gastos de funcionamiento, manejo de la inversión pública, deuda pública y los posibles tributos o impuestos que se pueden crear con en el complemento del trámite de una ley de financiamiento o reforma tributaria como también se le suele llamar y que impactan en la economía del país.
Se tiene información que en la semana que está por finalizar, que el Presupuesto General de la Nación 2026, ya no se aprobará por decreto, gracias a un consenso entre el Congreso y el Gobierno nacional, que incluyó bajar el monto total en $10 billones y que el monto total pasaría de $556,9 billones a $546,9 billones.
Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el proyecto en primer debate, acogiendo la ponencia alternativa de una representante del partido Alianza Verde y otros congresistas, con el aval naturalmente del Ministerio de Hacienda.
Congresistas de la oposición aceptaron apoyar el texto para evitar que el Gobierno impusiera el presupuesto vía decreto, por ejemplo, ocho artículos muy discutidos, como el que permitía reprogramar vigencias futuras, fueron eliminados.
Lo anterior, tiene repercusiones con la propuesta de la reforma tributaria o ley de financiamiento a tramitarse porque ya no se buscarían $26,3 billones, sino $16,3 billones. La decisión de las comisiones económicas tiene incidencias porque los $10 billones deben salir de algún lado. La ponencia alternativa recortó $6 billones de funcionamiento y $4 billones de inversión, pero el tema será parte de la discusión que se avecina en las plenarias de Cámara y Senado.
El ministerio de Hacienda reveló que con este ajuste en el presupuesto del próximo año en materia de inversión para el 2026 quedará en $ 85 billones, en el pago de la deuda $ 102 billones y en materia de funcionamiento 359.3 billones.
Con el recorte de los 10 billones, los ministerios con las más altas partidas para el próximo año serían: Educación con $ 81.4 billones, salud $ 74.6 billones, defensa $ 63.3 billones, trabajo $ 52.5 billones y la Registraduría $ 6.4 billones.
También se ajustaron algunas partidas teniendo en cuenta la necesidad de las entidades y ministerios como es el caso del deporte que, ahora tendrá un presupuesto de $ 56 mil millones.
Pero a voces del Gobierno, se seguirá necesitando una reforma tributaria, aunque ahora por $16,28 billones. El ministro de Hacienda expresó que, en la discusión de la ley de financiamiento, se debe considerar que el Presupuesto 2026, que aprobaría el Congreso, contempla estos recursos, pero varios congresistas advirtieron que no por aceptar la ponencia apoyarían los nuevos impuestos.
Es decir, se logró un consenso para que el presupuesto pase a su segundo y último debate, pero varios congresistas de las comisiones económicas ratificaron su postura que no apoyarán la reforma tributaria del Gobierno. Sin ley de financiamiento, el presupuesto igual quedaría desfinanciado, aunque ahora el hueco sería menor.
El Gobierno ya ha dado esbozos de los impuestos que se eliminarían de la propuesta de reforma tributaria. El texto radicado en el Congreso incluye llevar el IVA a tarifa plena (19 %) para los vehículos híbridos, licores, tabaco, gasolina y diésel, entre otras cosas. La justificación del ministerio es que el costo fiscal, es decir lo que dejó de recaudar el Estado por exenciones o ventajas tributarias, sumó $135 billones en 2023. De esa cifra, el IVA representó $88,4 billones.
La reforma tributaria que busca ahora $10 billones menos, llevó al Gobierno a considerar que “lo más justo, es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza”. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, fue enfático en sostener que se mantendrían las propuestas en materia de renta y patrimonio porque tienen un alto nivel de progresividad.
El presupuesto 2026, entonces seguirá su trámite en el Congreso y deberá ser aprobado en las plenarias de Cámara y Senado antes del 20 de octubre de 2025, ahora con un monto menos ambicioso y claro está, se viene un gran debate por los recortes y los nuevos impuestos que se necesitan para evitar un hueco en las finanzas públicas.
Conclusión
Opino entonces que estos temas del presupuesto general de la Nación, siempre deben estar en la agenda de estudio de la sociedad civil, gobernantes de los diferentes niveles y congresistas de Nariño por los diferentes aspectos económicos que se consideran, porque ellos tienen una incidencia directa con los recursos que transfiere la Nación para atender gastos de funcionamiento, pero sobre todo de inversión.
En nuestro departamento de Nariño, proyectos a perfilarse como la doble calzada Pasto – Popayán, Pasto – Catambuco, sedes de la Universidad de Nariño en varios municipios, inversiones en la costa Pacífica, estudios de prefactibilidad para el sistema férreo, habilitación internacional del aeropuerto San Luis de Ipiales, respaldo a las entidades territoriales en varios proyectos viales, ambientales, agua potable, alcantarillados, educacionales entre otros y la carretera Moca – San Francisco, dependen de la inclusión de partidas presupuestales necesarias para lograr su financiación a corto, mediano o largo plazo; razón por la cual, los Senadores y Representantes a la Cámara de Nariño como actores directos en el Congreso de la República, deben estar atentos del tratamiento de la inversión que se consignaría en el presupuesto general de la Nación para el año 2026; pero a nosotros como sociedad civil, también nos asiste el derecho y el interés de saber
cuál es el compromiso que el Gobierno Nacional del señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, consigna para nuestro departamento en el último año de su gobierno en respuesta al nutrido respaldo político que se le brindó para llegar a la primera magistratura del país.
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(1) MONTENEGRO CALVACHY, Álvaro. Abogado y Economista Universidad de Nariño. Defensor de Derechos Humanos. Asesor Social. Autor de la Columna Entre Líneas. San Juan de Pasto.
(2) Constitución Política de Colombia (artículos 346 y 348).