Por:
Fernando Enríquez
En Ipiales se viene configurando, paso a paso, un proyecto político devastador en sus consecuencias: nos referimos a la privatización sistemática y progresiva de los servicios públicos esenciales.
No se trata de sospechas aisladas ni suposiciones, ni de decisiones técnicas sin articulación. Servicios públicos como el agua, el alumbrado, la señalización vial, la semaforización, la recolección de basuras y hasta el acceso a internet, hoy aparecen como piezas de un mismo tablero en el que se juegan la enajenación de lo común bajo el disfraz administrativo de las sociedades, concesiones y alianzas empresariales.
Esta situación no sería posible si no se contara con dos voluntades articuladas: la del ejecutivo municipal, encabezado por el alcalde Amílcar Pantoja, y la del Concejo Municipal, que ha abandonado su función deliberativa para convertirse en un armatoste de convalidación que funciona de la siguiente manera: el alcalde es quien propone y vende la falsa idea de que privatizar es novedoso e impulsa el desarrollo, y el concejo, en sesiones sean ordinarias o extraordinarias, según convenga, tramita la autorización. Y cuando el Concejo autoriza, sin debate, sin control político, deja de ser corporación pública para convertirse en órgano funcional del despojo y comitiva de aplausos y festejos para la mediocridad administrativa de funcionarios de las secretarías citadas al control.
En este contexto, la recientemente aprobada Sociedad de Economía Mixta de alumbrado público, por la coalición de gobierno en el concejo, es el primer eslabón visible de la privatización sistemática. Bajo la excusa de una participación mayoritaria del municipio (52%), se permitió la apertura a un modelo de negocio donde el servicio deja de ser derecho para convertirse en flujo financiero. El resultado será que, en próximos meses, los ipialeños tendrán alzas tarifarias desproporcionadas de hasta el 400% para algunos sectores, y de hasta el 50% a sectores que terminan golpeados con mayor fuerza y que viven del ingreso diario. Pero el impacto más profundo no se reduce a lo económico, también es político y estructural. Se rompe la relación directa entre el municipio y el servicio, y se instala una capa empresarial que administra, contrata, subcontrata y captura la renta. Es decir, el ente territorial se aparta de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Este es un ensayo general, que no funciona como hecho aislado, es la exposición de un modelo que se anuncia con nitidez: llevar por la misma vía al agua potable, la recolección de basuras, la señalización, la semaforización y los servicios tecnológicos. Todo lo que puede producir flujo de dinero proveniente de los contribuyentes, es decir, la gente, se proyecta hacia esquemas donde lo público pierde centralidad y bajo la viciada idea de desarrollo gana peso el capital privado. La ciudad queda fragmentada en negocios y el municipio asume la reducción de ser socio.
Pero nada de esto podría avanzar sin el voto del Concejo Municipal. Ahí está la médula controversial, porque los concejales no fueron elegidos para impulsar los intereses de empresas privadas sino para cuidar el patrimonio colectivo, pensar de cara a la ciudadanía y controlar objetivamente al gobierno local, así sean de coalición. No obstante, hoy vemos una corporación que opera como mayoría mecánica sin poner en práctica la razón, indiferente a la crítica, al dato técnico, a la objeción jurídica y sorda a la voces comunitarias que cuestionan el devenir del municipio. Es un concejo ajeno a las demandas populares. La coalición de gobierno por ser mayoría se ha convertido en coartada suficiente para anular la discusión.
Lo más inquietante es el giro de quienes antes se presentaban como oposición. Cuatro concejales que llegaron al recinto con un discurso crítico hoy respaldan sin fisuras ni objeciones las decisiones estructurales del gobierno. Se desconoce los motivos de ese vuelco político. Por ahora, en el Concejo se ha configurado una nueva correlación de fuerzas que hace posible cualquier proyecto de privatización sin mayor resistencia institucional. La política ha sido convertida en aritmética, mientras que la ética es diluida en la votación. La democracia no solo muere en los fraudes; también se agota en los consensos fabricados.
Ahora bien, el clima electoral es un elemento que no debe ser ignorado en la coyuntura actual. En medio de la estructuración del modelo de alumbrado vía Sociedad de Economía Mixta y del anuncio de nuevas privatizaciones, se viene impulsando la candidatura a la Cámara de Representantes del recientemente conocido David Salcedo. Sobre su rol específico en el proyecto de la SEM existen algunas versiones que presuntamente lo vinculan. Lo que sí es cierto es que existen fotografías y encuentros que evidencian cercanía con actores del poder local, alcalde, asesores del alcalde, concejales, secretarios y hasta eventos políticos públicos con fuerte presencia de funcionarios en ellos. No corresponde aquí afirmar responsabilidades sin pruebas jurídicas formales. Pero sí corresponde advertir que cuando un negocio público, su estructura de contratación y campaña electoral coinciden en el tiempo y en el escenario, la línea de riesgo institucional se vuelve extremadamente delicada.
El problema no es un nombre en particular. El problema es el cruce entre poder económico, poder político local y proyección en futuras elecciones parlamentarias. Allí es donde en Colombia se han incubado escándalos de corrupción. Allí es donde los recursos públicos y las tarifas dejan de ser instrumentos de sostenibilidad y se convierten en la caja principal para financiaciones indirectas, favores cruzados y lealtades políticas en escenarios de proselitismo electoral.
Y nuevamente el Concejo Municipal aparece como actor decisivo frente a este escenario. Porque es el concejo el que autoriza, quien permite que la administración circule de un modelo público a uno empresarial sin que los ciudadanos tengan siquiera la posibilidad de un debate abierto. Cada sesión sin control es renunciar a la representación popular.
El incremento en las tarifas de alumbrado es la primera señal del nuevo modelo. Cuando el costo del servicio se dispara, se está anunciando el tipo de ciudad que se quiere construir, una donde el acceso a los servicios básicos depende de la capacidad de pago y no del principio de universalidad. Una ciudad donde se terceriza la gestión y la responsabilidad se diluye. Ipiales se convierte en una ciudad donde el municipio administra papeles y los privados administran rentas.
Se está edificando una privatización por capas, primero se rompe la gestión directa, luego se transfiere la operación; después se flexibiliza la contratación, más tarde se naturaliza el aumento de tarifas; finalmente, cuando el ciudadano quiere reclamar, ya no hay a quién exigirle, porque el servicio ya no es municipal, aunque se siga cobrando como si lo fuera, ahí es donde recae la responsabilidad política de quienes sin deliberación decente aprobaron tanto el aumento de tarifas, como la creación de la Sociedad de Economía Mixta. Todo esto ocurre mientras la coalición del oficialismo levanta la mano disciplinadamente.
El objeto de la crítica no puede desvanecerse en abstracciones técnicas ni en peleas secundarias como ocurre en el recinto. El epicentro del problema está en que las mayorías construidas en el Concejo Municipal de Ipiales realizan virajes inexplicados, renuncian al control, son cómodos frente al poder ejecutivo. De esa manera el despojo avanza no solo desde el despacho del alcalde; avanza con cada voto que pretende legitimar la enajenación. El concejo es corresponsable.
Y la historia política es clara: cuando los concejos abandonan su papel de contrapeso, la ciudad entra en un período de decisiones irreversibles. Los contratos se firman por años, las sociedades se blindan jurídicamente, las tarifas se indexan, los alegatos ciudadanos se quedan sin eco, y cuando llega el momento de reclamar, el daño estructural ya está hecho.
Ipiales debe discutir algo más allá que un modelo de gestión. Discute su capacidad de decidir sobre sí misma. Hoy se le ha quitado la oportunidad de decidir sobre si su patrimonio común será administrado desde lo público o desde la rentabilidad. Hoy la ciudadanía debe discutir y reflexionar si el concejo es una tribuna de y para la gente o una oficina auxiliar de los negocios del ejecutivo local, sea quien sea.
Criticar al Concejo de Ipiales no es un capricho, es una necesidad democrática, porque allí se están trazando las líneas profundas del despojo.
En este momento que se escribe la historia, no basta decir que “así funcionan las mayorías”. Las mayorías también son responsables. Y también rinden cuentas.