Por:
Jorge Mantilla
*Investigador en Conflicto y Crimen Organizado.
Razónpública.com
La operación conjunta con Estados Unidos
Hace un par de semanas, Quito anunció la destrucción de un campamento de los Comandos de Frontera en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. Este grupo, que hoy hace parte de la Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano, una de las facciones de las disidencias de las extintas FARC, se ha convertido en los últimos cuatro años en una organización transnacional con vocación amazónica.
Su presencia se extiende por buena parte de la cuenca del Putumayo y afecta la seguridad de Colombia, Ecuador y Perú.
La acción del gobierno del presidente Daniel Noboa podría interpretarse como una retaliación al ataque de mayo de 2025, en el que once militares ecuatorianos murieron durante una operación contra la minería ilegal.
Sin embargo, al tratarse de una acción realizada con apoyo de los Estados Unidos, el episodio también marca un punto de inflexión: el uso directo de la fuerza por parte de Washington contra organizaciones del crimen organizado en territorio continental de la región andina.
Este hecho plantea interrogantes para Colombia tanto en el plano de la seguridad como en el de la política exterior. El país se aproxima a una elección presidencial en la que los candidatos punteros representan posiciones muy distintas sobre las relaciones con Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y el uso de la fuerza.
A esto se suma que las relaciones con Ecuador atraviesan su peor momento desde la crisis del bombardeo contra Raúl Reyes en 2008, mientras persisten tensiones comerciales que incluso han llevado a hablar de una posible guerra arancelaria.
Este artículo examina dos hechos y dos escenarios que la renovada inestabilidad regional plantea para Colombia.
Un conflicto cada vez más regional
La expansión de los Comandos de Frontera hacia Ecuador y Perú, así como sus formas de operación —con salarios, vacaciones y un funcionamiento casi corporativo alrededor del oro, la extorsión y la cocaína— muestran algo que Colombia ha tardado en reconocer en su estrategia de seguridad.
El anclaje de los grupos armados y del crimen organizado hace parte de una economía transnacional que trasciende las disputas territoriales. Este sistema está integrado por nodos logísticos, intermediarios y redes que conectan las economías ilícitas con mercados globales.
Un ejemplo es lo que ocurre en el Putumayo. Mientras el gobierno intenta acelerar procesos de sustitución voluntaria de cultivos y transición hacia economías lícitas, los Comandos de Frontera fortalecen su aparato armado apoyados en los precios internacionales del oro.
Por eso, muchas personas cercanas al proceso de Paz Total con la Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano en la frontera con Ecuador —incluidos los propios Comandos de Frontera y organizaciones como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico— observan con preocupación el poco tiempo que queda a este gobierno. También perciben una limitada capacidad tanto militar como de negociación para contener la expansión de este grupo.
En otras palabras: si el interés central de cualquier organización armada es la supervivencia, ¿por qué un grupo que está entrando en una guerra en Ecuador habría de dejar las armas en Colombia?
¿Son realmente más atractivos los incentivos económicos de la paz que los de la criminalidad en la Amazonía?
Por ahora esa incertidumbre también alcanza a los niveles más altos de decisión del Estado colombiano. Todavía no está claro si el jefe de los Comandos de Frontera, alias “Araña”, actualmente en proceso de extradición a Estados Unidos, terminará concentrándose con sus hombres en las zonas de ubicación temporal previstas dentro de la Paz Total.
Extraditarlo podría poner en riesgo una eventual desmovilización colectiva del grupo y aumentar la probabilidad de nuevas disidencias o sabotajes contra el proceso de paz. Pero no hacerlo enviaría una señal ambigua a Washington sobre el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Las dimensiones regionales que ha adquirido la lucha contra el crimen organizado están acompañadas de un proceso de contracción territorial del Estado que afecta la soberanía y la integridad de Colombia.
En casi todas las fronteras terrestres del país —con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador— amplias zonas están hoy bajo el control de actores armados que operan al margen de la ley.
Ante una amenaza que evoluciona con rapidez, resulta paradójico que aún no exista una estrategia regional coherente, en gran parte debido a la persistente desconfianza entre los países.
¿Un nuevo “Plan Ecuador”?
En Ecuador es común atribuir la crisis de seguridad que comenzó en 2021 a la influencia colombiana. Algunos hablan incluso de la “colombianización” de Ecuador.
El propio presidente Noboa justificó los aranceles impuestos a productos colombianos a comienzos de año señalando la falta de acción de Colombia frente al narcotráfico en la frontera.
Existe, por supuesto, una corresponsabilidad de Colombia en la difícil situación de la zona binacional. Ecuador ha sufrido durante décadas los efectos del conflicto armado colombiano: desplazamientos masivos, expansión de cultivos de coca y episodios trágicos como el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos por parte de alias “Guacho”.
Sin embargo, también resulta paradójico que un país que no logra controlar sus cárceles atribuya a su vecino la responsabilidad principal de una crisis de seguridad que lleva casi cinco años.
Hoy Ecuador es, por mucho, el país más violento de América Latina, con tasas de homicidio que duplican las de Colombia o México.
Las masacres carcelarias han dejado más de 500 muertos en los últimos años. Pandillas que antes parecían grupos juveniles —como los Lobos, los Tiguerones o las Águilas— evolucionaron rápidamente hacia organizaciones capaces de usar carros bomba o tomar por asalto canales de televisión.
Ecuador se ha convertido además en una ruta central del narcotráfico global, por donde circula cerca del 70 % de la cocaína que llega a los mercados del norte.
Frente a esta situación, el presidente Noboa ha optado por una estrategia que recuerda —aunque con diferencias— la experiencia colombiana de militarización de la seguridad.
Desde 2024 Ecuador declaró un conflicto armado interno contra el crimen organizado. Esta decisión ha venido acompañada de denuncias de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de organizaciones internacionales.
Al mismo tiempo, el país ha intensificado su cooperación con Estados Unidos. La apertura de una oficina permanente del FBI en Quito, la entrega de helicópteros Bell 505 y programas de entrenamiento para pilotos ecuatorianos hacen parte del plan de seguridad denominado Plan Fénix.
En este contexto, el uso de “fuerza cinética” contra grupos criminales sugiere un acuerdo de cooperación que recuerda, en cierta medida, al modelo de asistencia militar del Plan Colombia.
Implicaciones para Colombia
Para Bogotá, el bombardeo tiene lecturas ambiguas.
Por un lado, la intervención coordinada entre Ecuador y Estados Unidos refleja un nuevo momento en la vigencia de la Doctrina Monroe, adaptada a los desafíos contemporáneos de seguridad.
Las herramientas empleadas combinan sanciones financieras, cooperación militar y presión diplomática, en una lógica que recuerda tanto la Diplomacia del Dólar de comienzos del siglo XX como las estrategias de la Guerra contra el Terror.
En el corto plazo, la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos podría incluso aliviar la presión sobre el sur de Colombia, al golpear bases logísticas de grupos que utilizan la frontera como santuario.
Sin embargo, a mediano plazo estas operaciones también podrían generar efectos de desplazamiento del conflicto, trasladando la actividad criminal hacia departamentos como Caquetá o Nariño, o incluso hacia la Amazonía peruana.
El mensaje regional es claro: Estados Unidos está dispuesto a emplear fuerza militar cuando considere que sus intereses están en riesgo.
Para Colombia esto implica que la cooperación militar seguirá siendo la vía preferida de Washington, lo que inevitablemente condiciona el margen de autonomía de Bogotá en su política de seguridad.
Ante este escenario, la reacción colombiana puede oscilar entre la adhesión pragmática y la resistencia soberanista.
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Pruebas de un posible bombardeo de Ecuador hacia Colombia
Por: Redacción Pares
La tensión entre el gobierno de Noboa y el de Petro viene subiendo con los días desde comienzos de este año cuando se establecieron una especie de retos económicos como los aranceles. Pero durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo el presidente lanzó una noticia sumamente grave y es que habría evidencia suficiente para afirmar que Ecuador intentó bombardear a Colombia. El presidente dijo que habría evidencia suficiente para afirmar que están bombardeando al país desde Ecuador y que no serían precisamente grupos armados. Se encontró un artefacto que pudo haber sido lanzado desde una aeronave. Petro además afirmó que se han efectuado varias explosiones en esa área.
Mientras tanto el diario La Hora de Ecuador afirmó que las operaciones que se hacen desde ese país en la frontera con Colombia cuentan con el apoyo de Estados Unidos y también del gobierno colombiano, algo que podría ser desmentido por Petro ya que afirmó tener en su poder un audio que comprometería seriamente al gobierno ecuatoriano.
El tono en el que dijo esto el presidente fue inusualmente matizado y no abandonó la diplomacia. El gobierno está viviendo un nuevo escándalo con lo que está suciendo con Ecopetrol. Por eso Petro se aferra a agotar la línea diplomática. Por eso el mediador de esto será Estados Unidos: “Le pedí a Trump: actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”.
Por ahora el gobierno de Ecuador no ha hecho una respuesta formal de esta acusación. El material del que hace referencia el presidente aún podría estar activo por lo que se le hizo una advertencia a las personas que viven en la zona ya que en cualquier momento podría activarse y causar pérdidas humanas. El ejército está en la zona intentando desactivarlo.
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Denuncia del Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros
Al intervenir en la sesión de este lunes del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro reveló que en su reciente conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo puso al tanto sobre la ocurrencia de estallidos y la aparición de una bomba en la frontera con Ecuador, que no proviene de grupos armados ilegales, hecho que en este momento está en investigación.
Al respecto, el jefe de Estado colombiano precisó:
“Han aparecido bombas, una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados’.
El mandatario reveló que ‘hay una grabación, que creo debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Hay una cosa extraña, que yo le pedí a (presidente Donald) Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra’.
En su intervención, el presidente Petro anunció que, tras la investigación de este hecho, se tomarán las acciones del caso.
Subrayó que “la soberanía nacional se respeta. Entonces, después de la investigación ya técnica, para saber exactamente (si) la bomba está activa, (si) es peligrosa. Entonces tenemos que tomar las decisiones del caso’.
El Presidente de la República manifestó que “me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo ahora. Es una época de misiles, una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza. Logramos sacar a Colombia. Ya estaban cayendo donde el vecino. Pero tampoco tenemos por qué ser bombardeados con armas menores, desde el punto de vista de un misil’.
Respuesta del presidente de Ecuador Daniel Noboa en la red social X
Dice Daniel Noboa en el post de la red X, como respuesta a Gustavo Petro:
“Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.
Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo.
Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”.