Por:
Alonso Villacis Aguilera *
En tiempos de cambios vertiginosos y promesas transformadoras, la realidad de la gestión pública en Colombia sigue revelando tensiones profundas entre la expectativa ciudadana y la capacidad institucional de respuesta. En departamentos como Nariño, y municipios fronterizos como Ipiales, se hace cada vez más evidente la necesidad de repensar cómo entendemos el liderazgo, la preparación técnica y la responsabilidad en la toma de decisiones.
La historia, la filosofía política y la psicología social han explorado las dinámicas del poder desde múltiples ópticas. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe (1532), ya advertía que el ejercicio del poder no siempre responde a la virtud sino a la capacidad de aparentarla. Esta afirmación, leída a la luz de nuestras realidades contemporáneas, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la narrativa, la percepción de confianza y la gestión de la imagen en el acceso a posiciones de liderazgo.
Desde la psicología social, estudios como los de Kruger y Dunning (1999) han demostrado que las personas con menor preparación tienden a sobrestimar sus capacidades, mientras que los más calificados tienden a subestimarse. Esta paradoja puede tener implicaciones directas en la selección de liderazgos tanto en lo público como en lo privado, privilegiando estilos dominantes sobre
competencias reales.
Estas condiciones no deben interpretarse como un juicio sobre individuos o instituciones específicas, sino como parte de una problemática estructural que se manifiesta en contextos donde la articulación entre el nivel central y los territorios sigue siendo limitada. Tal como plantea Francis Fukuyama (2004), la legitimidad estatal no depende únicamente de la elección democrática, sino de la capacidad efectiva de ejecutar políticas públicas que respondan a las necesidades de la población.
En regiones como Nariño, donde confluyen retos geográficos, sociales y económicos, el liderazgo requiere más que buenas intenciones: exige preparación, transparencia, visión compartida y una
comprensión profunda de las complejidades locales. No se trata sólo de ocupar un cargo, sino de honrarlo con escucha, rigor y compromiso sostenido.
Desde la sociedad civil, el sector empresarial, las organizaciones sociales y los medios de comunicación, también tenemos el deber de fomentar una cultura de vigilancia constructiva, fortalecimiento institucional y colaboración honesta. El verdadero progreso no se alcanza desde la imposición ni desde la simulación, sino desde el diálogo informado, la gestión técnica y la coherencia ética.
En este esfuerzo, la educación cívica juega un papel fundamental. No basta con formar profesionales, es urgente formar ciudadanos críticos, conscientes de sus derechos y deberes, capaces de reconocer las complejidades del entorno y de participar de manera activa y argumentada en la vida pública. La construcción de una ciudadanía comprometida empieza en la escuela, pero se proyecta en la vida entera.
Asimismo, deben incentivarse mecanismos concretos de participación ciudadana: presupuestos participativos, veedurías comunitarias, observatorios ciudadanos, audiencias públicas vinculantes,
entre otros. Estos canales fortalecen la democracia al permitir que las decisiones no solo se consulten, sino que sean verdaderamente co-construidas desde las bases.
Otro pilar ineludible es la ética, no sólo como atributo deseable en los gobernantes, sino como fundamento colectivo. Una ética ciudadana que se traduzca en responsabilidad cotidiana, en respeto por lo público, en integridad en los pequeños actos. La transparencia institucional será siempre más sólida cuando está respaldada por una cultura ética arraigada en todos los niveles sociales.
Pero debemos reconocer también las barreras: las desigualdades estructurales –económicas, educativas, tecnológicas, territoriales– siguen siendo un obstáculo profundo para una participación
equitativa. Una verdadera democracia sólo es posible si generamos condiciones de acceso y equidad para que todas las voces puedan expresarse y ser escuchadas con dignidad.
Aun así, hay motivos para la esperanza. Existen experiencias que demuestran que cuando se confía en el liderazgo preparado, se abren espacios para la participación real y se promueve el diálogo
informado, los cambios son posibles. Desde juntas de acción comunal que recuperan espacios públicos hasta procesos participativos en municipios rurales que lograron transformar prioridades
presupuestales, hay ejemplos inspiradores que deben visibilizarse y replicarse.
Que esta reflexión no sea una conclusión, sino un inicio: el comienzo de una renovación del pensamiento crítico, de una conciencia colectiva que trascienda ideologías y se comprometa con el bienestar común. Porque cuando la ciudadanía se atreve a pensar con profundidad, a disentir con respeto y a participar con información, florece una democracia verdadera, madura y capaz de transformar.
En definitiva, el liderazgo del siglo XXI, especialmente en contextos regionales, debe ser una síntesis entre humanidad y competencia, entre idealismo y capacidad de ejecución. La invitación no es a señalar errores, sino a construir juntos una forma de gobernar y de incidir que valore el conocimiento, respete la experiencia y abrace la verdad, incluso cuando resulte incómoda.
Este es un llamado a cada lector, a cada comunidad, a cada sector: empecemos hoy, desde donde estemos, a conversar, a cuestionar y a proponer. Solo así podremos ser protagonistas de un nuevo tiempo en el que pensar diferente no divida, sino fortalezca; y en el que el compromiso cívico sea la herramienta más poderosa para dignificar lo público.
*Alonso Villacis Aguilera, Ciudadano nariñense, Empresario y gestor de proyectos sociales.
“Convencido de que la transformación comienza con pensamiento crítico y compromiso colectivo”
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Referencias bibliográficas: