CUANDO LA SOTANA SE VUELVE PODER

Por:

Lina y Carolina Flórez García

Fundación Pares

 

 

Hay cosas que uno escucha una mañana cualquiera y que, aunque en ese momento no sepa muy bien qué hacer con ellas, se quedan resonando.

Hace algunos meses, la enfermera de nuestra tía llegó a la casa después de asistir a la misa de las diez de la mañana en Villapinzón. Venía confundida, medio atolondrada, con miedo en la voz. Nos contó que el sacerdote había dicho desde el púlpito que ningún católico que tuviera determinadas preferencias ideológicas o políticas podía considerarse verdaderamente parte de la Iglesia, y que no tendría lugar allí.

Su relato nos causó indignación, porque ‎para quienes vivimos la fe desde un lugar íntimo, la Iglesia y el templo no son solamente espacios físicos ni escenarios para una disputa política. Son lugares asociados a la conciencia, al consuelo, a la búsqueda espiritual y, precisamente por eso, a la libertad interior. Quizás por eso aquella conversación no terminó ese día. Han pasado meses y todavía seguimos dándole vueltas.

No porque nos interese discutir por quién debe votar un católico, sino por una pregunta bastante más profunda: ¿qué sucede cuando una autoridad espiritual utiliza su poder en el altar para condicionar a su deseo, la conciencia política de sus fieles?

Hay algo que resulta difícil no recordar en estos casos: la historia de Colombia ya nos enseñó lo peligroso que es cuando una autoridad religiosa empieza a decirles a sus fieles qué opción política es moralmente aceptable y cuál no.

No es un asunto menor ni exclusivamente colombiano. Nuestra historia está llena de momentos en los que la política, la religión y la idea de tener a Dios de nuestro lado terminaron produciendo una mezcla peligrosa. Durante La Violencia, hubo sectores del clero que convirtieron el púlpito en un espacio de confrontación política y religiosa. Basta recordar a monseñor Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, para entender hasta dónde llegó en Colombia la identificación entre una determinada opción política y la defensa de la fe. También basta mirar algunos de los episodios más oscuros de aquella época, como los chulavitas y el laureanismo, para entender qué puede ocurrir cuando las ideas sobre el enemigo, la moral y la violencia terminan mezclándose.

No estamos diciendo que la historia se repita de la misma manera. Sería absurdo y anacrónico pensarlo. Pero la historia deja señales. A veces cambia el lenguaje, cambian los actores, cambian los uniformes y hasta cambian las razones que se invocan. Lo que puede permanecer es la tentación de dividir el mundo entre los que están del lado correcto y los que deben ser señalados, excluidos o convertidos en enemigos.

Y ahí es donde una escena aparentemente pequeña, ocurrida en un pueblo tranquilo y devoto como Villapinzón, deja de ser tan pequeña. Si en un lugar donde la violencia no está cotidianamente en el aire puede aparecer la persecución moral y social de quien piensa diferente, ¿qué deberíamos preguntarnos sobre lo que podría ocurrir en territorios donde la violencia sí forma parte de la vida cotidiana, donde las armas siguen teniendo presencia y donde una palabra pronunciada desde un púlpito puede encontrar otros oídos?

Recordamos que en los inicios de la década de los noventa, en un pueblo muy devoto de Colombia hubo un sacerdote que parecía sentirse cómodo con la Biblia en una mano y, en la otra, algo que no se nombraba. Las campanas sabían callar a tiempo. El párroco cuidaba dos rebaños: uno que se arrodillaba a la luz y otro que lo reconocía de noche por el modo de tocar la puerta. La sotana le olía a cera y a incienso; por dentro, a metal limpio. Llevaba el peso sin que se le torciera el crucifijo.

Nadie lo hubiera dicho. Por eso lo llamaban santo. No era simplemente un lobo vestido de oveja: era un pastor que sabía cuántas ovejas ‎podían perderse sin que el rebaño notara su ausencia.

En el confesionario, la rejilla era un cedazo finísimo: las culpas entraban como agua mansa y salían convertidas en nombres. Él no los repetía; los dejaba escurrir en la oreja correcta, esa que oía sin absolver. Y así, la sinceridad del penitente se volvía soga sin que él la anudara: bastaba con que el arrepentido se entregara a su redentor, que lo redimía en la tierra con plomo y en el cielo con silencio.

La Biblia era su funda. No la abría para leerla, sino para que los demás vieran que no empuñaba nada. La caridad era su cerradura; la paz, su ganzúa; la hostia, una llave blanca que se deshacía antes de tocar fondo.

Y quizá esa sea una de las formas más peligrosas de la impostura: no la del que renuncia abiertamente a la bondad, sino la del que aprende a vestirla mientras hace, a escondidas, exactamente lo contrario.

Quizá por eso mismo es tan importante recordar lo que Colombia decidió construir después de experiencias como esas. La Constitución de 1991 consolidó un Estado laico que no es enemigo de la religión, sino el que garantiza que ninguna religión pueda convertirse en autoridad política sobre los demás. Un católico puede ser católico. Un judío puede ser judío. Un musulmán puede ser musulmán. Y quien no crea en ninguna religión tiene exactamente el mismo derecho a participar en la vida pública.

La laicidad no significa expulsar la religión de la sociedad. Significa impedir que una religión se convierta en la medida de ciudadanía, de moral pública o de acceso al poder.

Por eso resulta llamativo que, mientras algunos sectores religiosos parecen volver a sentirse autorizados para intervenir directamente en la conciencia política de los ciudadanos, el debate público colombiano esté adquiriendo además una dimensión religiosa internacional en la que empieza a hacerse visible la influencia del sionismo revisionista.

No es un salto gratuito. La misma lógica que permite que un sacerdote decida quién es buen católico puede permitir que un poder político extranjero decida quién es buen demócrata, quién está del lado del bien y quién no. La autoridad cambia de rostro, pero la estructura se repite: alguien, desde una posición de poder, se arroga el derecho de definir quién pertenece y quién queda fuera.

‎Hoy el gobierno de Israel ocupa un lugar particularmente importante en el discurso político del gobierno colombiano. Se habla de antisemitismo, antisionismo, judaísmo, seguridad, persecución religiosa y relaciones con Israel con una intensidad que hace apenas unos años habría parecido difícil de imaginar. ‎Y aquí conviene ser muy precisos: combatir el antisemitismo es un deber; ninguna persona puede ser discriminada o atacada por ser judía. Otra cosa es convertir cualquier cuestionamiento a las actuaciones de un gobierno extranjero o a una ideología política en una cuestión religiosa.

La misma prudencia debería aplicarse en sentido contrario: defender los derechos de los palestinos no puede convertirse en hostilidad contra los judíos.

‎La preocupación, entonces, no es qué religión tiene razón, sino qué ocurre cuando la religión empieza a ocupar nuevamente un lugar privilegiado en la definición de lo políticamente correcto; ‎por qué alguien considera que tiene el poder de determinar qué interpretación religiosa es aceptable y por qué se permite que el gobierno de otra nación influya en el devenir de nuestro gobierno y nuestro debate político.

Porque si alguna vez nos pareció peligroso que un sacerdote colombiano utilizara la autoridad del altar para decirle a sus feligreses cómo votar, también debería parecernos peligroso que cualquier poder político —nacional o extranjero— utilice categorías religiosas para establecer quién representa el bien, quién representa el mal y quién merece ser señalado.

‎La regla es la misma para todos.

‎El gobierno colombiano no puede dirigir el país ni legislar a partir de las creencias religiosas de sus miembros, y tampoco puede hacer publicidad de ello, más allá de que cada individuo practique lo que le parezca en su intimidad. Así como ningún sacerdote puede convertir el púlpito en una frontera entre los ciudadanos que considera buenos creyentes y aquellos que, por pensar distinto, cree que son indignos de entrar a su iglesia.

La laicidad no es una amenaza para la fe. Es precisamente la garantía de que la fe no tenga que convertirse en poder para ser respetada.

Quizás ‎la enfermera que llegó aquella mañana de domingo a nuestra casa con miedo no necesitaba que un sacerdote le dijera por quién votar. Necesitaba un lugar donde su conciencia pudiera estar en paz.

‎Podemos preguntarnos, entre otras cosas, si en el país que construimos queremos que una palabra pronunciada desde un púlpito divida a los ciudadanos que merecen estar dentro y los que deben quedarse afuera.

Porque ‎los fantasmas de nuestra historia no siempre regresan con el mismo rostro, y a veces solo basta con que volvamos a abrirles la puerta.