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YO DI LA ORDEN

6.402 cadáveres, son el censo de la seguridad democrática 2002-2010, que arrojó ese saldo terrorífico de jóvenes masacrados por las armas del Estado

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Por:

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

6.402 cadáveres, son el censo de la seguridad democrática 2002-2010, que arrojó ese saldo terrorífico de jóvenes masacrados por las armas del Estado; si se tiene en cuenta que 3.225, fue el catastro igualmente espantoso de la dictadura de Pinochet, debe reconocerse que las víctimas del siniestro dictador chileno por lo menos eran contestatarias y beligerantes en contra de su máquina de muerte, mientras que las inmoladas en la horripilante dictadura de Uribe hubieran querido ser ciertamente contratadas para recoger café como con avilantez lo dijo, pero por el contrario, eran inermes adolescentes que fueron engañados por los militares interesados en mejorar las estadísticas de la seguridad democrática que no era sino terrorismo de Estado.
Siquiera se murió Alfredo Iriarte que no alcanzó a saber de la carnicería uribista para incluirla en su Bestiario Tropical, en compañía de tantos sátrapas sanguinarios que han pululado a lo largo de la geografía latinoamericana y que alimentaron lujuriosamente el boom de la narrativa canibalesca. Borges también se hubiera aprovechado lucrativamente de la bellaquería uribista para implicarlo en la Historia Universal de la Infamia.
Ante la calumniada y vituperada –pero igualmente temida- Jurisdicción Especial para la Paz, creada en La Habana, han venido sincerando sus inconfesables conductas desde los generales desalmados hasta los afrentosos oficiales. Hace 15 días en Dabeiba fue el general retirado Mario Montoya -que con Uribe constituía la cúpula de las Fuerzas Militares- quien respondía de 104 ejecuciones extrajudiciales. Los subalternos le comprobaron que les pedía no meros litros sino carrotanques de sangre. Y respondieron en Yopal, Casanare, por más de 300 ejecuciones extrajudiciales o asesinatos a sangre fría. Espeluznante actuación de soldados que portaron las insignias de la patria.
Sólo fue gracias al tesón de los familiares y al apoyo de ONG que se llegó a desenmascarar y probar el engaño no solo a los muchachos asesinados sino a toda la sociedad y a la comunidad internacional, porque como siempre los órganos de control de la época (Procuraduría de Ordoñez y de la Cabello), Defensoría del Pueblo, Personerías, nada hicieron ni denunciaron en aquel sobrecogedor tramo de atribulada historia.
De ahí la importancia de haber reconocido la existencia del conflicto interno, la aceptación de que la confrontación militar se dio porque se alzaron en armas para tomarse el poder y modificar el régimen constitucional. Decir perversamente que lo que existía no era un conflicto interno sino un desafío terrorista, era justificar precisamente la validez de las ejecuciones extrajudiciales
Nunca será ocioso escudriñar e investigar la falsa película de estar derrotando al enemigo que fue la clave para mantener el apoyo a las masacres de Uribe, los manirrotos y fantásticos presupuestos militares para comprar armas y entrenamiento con su entramado de corrupción.
Fue el uso político que se dio a las ejecuciones extrajudiciales lo que sirvió para implementar en el imaginario de los colombianos una percepción de triunfo militar de la nunca suficientemente maldecida seguridad democrática.
Ahora se repiten por parte del cuestionado Ejército Nacional, conductas que encajan en la figura de la perfidia -también reprochadas por el DIH.­­-, de militares activos, identificados por sus fusiles, que camuflados de disidentes de las Farc amedrentan a la población civil de los caseríos.
Esto traduce que la ética y la disciplina de nuestros soldados viene averiada por el ejemplo relajado y criminal que recibieron de sus superiores. De la propia cúpula, en cabeza del expresidente del Centro Democrático.

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