PACTO TERRITORIAL PARA LA VIDA Y LA PAZ EN NARIÑO: CONTRATO SOCIAL O PACTO SOCIAL

Por:

Álvaro Montenegro Calvachy (1)

 

Introducción

 

La Constitución Política de Colombia (2) en su artículo 2, consagra que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo….

Contrasto el canon constitucional anterior, con lo ocurrido en Tumaco, el pasado 06 de octubre de 2025, cuando el Gobierno nacional, firmó el Pacto Territorial para la Vida y la Paz en Nariño, como una apuesta histórica para superar décadas de desigualdad y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para sus comunidades. Siendo así, el Gobierno nacional, el Gobierno Departamental, los municipios y las comunidades, sellaron un compromiso histórico para transformar la región en un territorio de paz.

¿Pero lo que se firmó, fue una concepción renovada de un contrato social o de un pacto social?

Pues bien, el contrato social y el pacto social son conceptos relacionados, pero distintos, que explican el origen, legitimidad y renovación del orden político y social.

El contrato social, es una teoría filosófico-política que explica el origen del Estado y de la autoridad legítima a partir de un acuerdo racional entre los individuos. En lugar de que el poder surja por la fuerza o por el derecho divino, se entiende como resultado de un acuerdo voluntario para crear una sociedad ordenada y proteger los derechos…

Históricamente, se tiene como principales exponentes de esta teoría a Thomas Hobbes (Leviatán, 1651): los individuos ceden su libertad total a cambio de seguridad bajo un soberano fuerte; John Locke (Segundo tratado sobre el gobierno civil, 1690): el contrato crea un gobierno limitado que protege los derechos naturales. Si el Estado los viola, el pueblo puede rebelarse; Jean Jacques Rousseau (El contrato social, 1762): el contrato funda una comunidad política basada en la voluntad general y la soberanía popular…

En síntesis, el contrato social es un fundamento teórico del Estado moderno: explica por qué obedecemos leyes y qué hace legítimo el poder político.

En cambio, el pacto social, es una versión contemporánea del contrato social. Se refiere a acuerdos sociales o políticos reales entre diferentes sectores (Estado, empresarios, trabajadores, sociedad civil) para promover estabilidad, justicia y desarrollo.

En síntesis, el pacto social es un acuerdo político o moral real, orientado a garantizar convivencia, justicia y bienestar común.

Con la concepción teórica anterior, entonces, al Pacto Territorial para la Vida y la Paz en Nariño se lo concibe como un acuerdo histórico entre el Gobierno nacional, la Gobernación, los municipios y las comunidades para cerrar brechas sociales, garantizar servicios, fortalecer infraestructuras y gestionar recursos de diversas fuentes para transformar el departamento.

Tal es así que el Gobierno nacional destacó: “En este Pacto Territorial se suman las voces de los jóvenes, las madres cabeza de familia, los líderes sociales, las comunidades indígenas y afrodescendientes. Todos buscan un futuro digno, con paz, igualdad y progreso”.

Su antecedente para llegar a su firma se remite al año 2023, cuando el señor gobernador de Nariño electo, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, le propuso al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, una agenda de inversiones estratégicas para la paz territorial. La firma del acta de voluntades fue en el 2024, que abrió campo para que en el año 2025 el acuerdo se lograra materializar.

Lo anterior se plasmó en el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Nariño, que definió los ejes estratégicos y la hoja de ruta para su implementación.

Son 255 proyectos en 13 subregiones y un valor indicativo de 12,2 billones de pesos y se enfoca en cinco ejes estratégicos:

1. Derechos humanos, cultura de paz y alianzas para la vida.
2. Inclusión social y acceso a derechos.
3. Soberanía alimentaria, productividad y competitividad.
4. Ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental.
5. Integración regional y desarrollo fronterizo.

Se plantean proyectos emblemáticos que hacen referencia a los siguientes aspectos:

 Agua potable y saneamiento básico: optimización del acueducto de Samaniego y solución integral para Tumaco.

 Salud: recuperación del Hospital El Charco y nueva infraestructura en Llorente.

 Educación: multicapas de educación superior en Barbacoas y El Charco.

 Campo: sistemas agroforestales de cacao, programa Coco+Pacífico y centros agrologísticos.

 Energía: comunidades energéticas y mejoramiento del servicio eléctrico en zonas rurales.

 Transporte: modernización de los aeropuertos de Ipiales y Tumaco, construcción de aeródromos en Magüí Payán y Bocas de Satinga, y corredores viales estratégicos para la conectividad regional.

Se conciben también unos megaproyectos que hacen mención al Puerto Pesquero de Tumaco, Vía San Francisco – Mocoa, Vía Pasto – El Estanquillo, Segunda vía al Mar, Vía la Guayacana – Roberto Payán, Vía Catambuco y Puente Telembí y en la intervención que realizó la señora ministra de Transporte, hizo alusión a la reactivación del sistema férreo para que parta desde Tumaco a efectos que no quede desconectado de los grandes escenarios de Colombia y del mundo, propuesta que hace unos días, la formuló el Comité Cívico Académico de Nariño, como vocero de la
sociedad civil, en una mesa técnica, creada a instancia del mencionado Ministerio y del Comité.

El Gobierno nacional plantea entonces que los Pactos Territoriales son parte de una estrategia nacional orientada a promover el desarrollo regional. En el caso de Nariño, este pacto se articulará con instrumentos como los documentos CONPES y las vigencias futuras, articulándose con partidas presupuestales del orden departamental que permitirán garantizar su implementación, sostenibilidad y coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de Paz Total, así como también con el Plan Departamental de Desarrollo.

El Pacto Nariño se suma a la firma de los pactos territoriales de Catatumbo, Cauca y Boyacá, cuyas inversiones alcanzan los 50 billones de pesos en regiones históricamente excluidas.

 

Conclusión

 

Opino entonces, que los nariñenses y no nariñenses que habitamos en nuestro departamento, tenemos todo el derecho de conocer y analizar cuáles son las inversiones que los gobiernos nacional, departamental, distritales y municipales, formulan por conducto de sus gobernantes hacia la comunidad, con sus respectivos soportes presupuestales, a efectos de propiciar desarrollo económico
y revindicar derechos para disminuir en algo las desigualdades sociales.

Sin embargo, injusto sería no reconocer de manera positiva la voluntad política del gobierno nacional y departamental con la concepción del Pacto por Nariño, porque él mismo, encierra toda una concepción humanística y de participación ciudadana, pero su tratamiento no sólo compete a los gobernantes sino fundamentalmente a la sociedad civil que, somos todas y todos los habitantes de
Nariño, de hacerle el seguimiento para que esas propuestas no queden en el marco de su formulación sino que se vayan concretando a corto, mediano o largo plazo, porque de esta manera, el mandato constitucional invocado toma fuerza y se va materializando y el pacto social relevancia significativa en toda su renovada concepción.

—–

(1) MONTENEGRO CALVACHY, Álvaro. Abogado y Economista de la Universidad de Nariño. Defensor de Derechos Humanos. Consultor Social. Autor de la Columna de Opinión: Entre Líneas. San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.
(2) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (artículo 2)