Por:
Elsy Melo Maya
La Constitución Política de Colombia en varios de sus artículos establece los criterios para la implementación de toda una política pública en favor de las mujeres; es así como a través del artículo 43 instituye que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.
Por su parte la Ley 731 de 2002, consagra que mujer rural es aquella “que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada”.
No obstante, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), evidencia que las mujeres que habitan en las zonas rurales, enfrentan situaciones de vida muy diferentes y desfavorables en comparación con los hombres rurales y con las mujeres residentes de las zonas urbanas del país. Lo cierto es que al hablar de mujer rural, estamos haciendo referencia a 5.7 millones de mujeres en el país, lo cual representa el 48% de la población rural existente en Colombia con mayor representatividad en Antioquia con el 11.3%, Cauca 8.1%, Nariño 7.8%, Córdoba 7.4% y Cundinamarca 6.9%.
A pesar del número significativo de mujeres rurales, cuando hablamos del mercado laboral reconocido, según lo establecen las investigaciones, el 75% es desempeñado por hombres rurales frente a tan solo un 39.1% ocupado por las mujeres. Sin duda que estos resultados reflejan las brechas de desigualdad en los ingresos promedio entre hombres y mujeres teniendo ellas en un gran porcentaje, la responsabilidad de la seguridad alimentaria en los hogares colombianos. Por estas brechas diferenciales, los hogares con jefatura femenina presentan mayores tasas de pobreza monetaria y multidimensional.
Por su parte las mujeres rurales, consideran que, para hablar de una política pública eficiente en relación al acceso a la tierra, es necesario hacerlo de manera integral, partiendo de su propia lectura y cosmovisión sobre lo colectivo y el territorio, incluyendo dentro de la oferta, políticas claras en temas de gobierno, vivienda, educación, salud, participación, medio ambiente y respeto por la identidad y cultura campesina, de manera articulada y con enfoque de género.
En referencia a las condiciones de la educación en el sector rural, se conoció una información según la cual, en el año 2022, el 23.7% de los jóvenes en zonas rurales, no asistió a las instituciones educativas; el 7.8% de las niñas adolescentes y mujeres jóvenes en la ruralidad, no asiste a las escuelas por razones de embarazo y el 23.4% no asiste a clases porque deben encargarse de realizar las labores propias del hogar.
Esta es la realidad y sin duda alguna que es necesaria una política pública específica y real para la mujer rural, con enfoque de género, aplicable en territorio y con el apoyo del estado para no depender del gobierno de turno en su aplicación.
