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LA BANALIDAD DEL MAL

GEOMETRIAS

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Por:

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

Jorge Luis Piedrahita Pazmiño

 

 

A raíz de las recientes audiencias sobre ‘falsos positivos’ realizadas en Dabeiba, Antioquia, el presidente Gustavo Petro calificó dichas ejecuciones extrajudiciales como una ignominia. El peor crimen contra la humanidad. También hizo un llamado a la no repetición y pidió reparar a las víctimas.

Nuevamente emerge la narrativa estremecedora de verdad y dolor. Y el uribismo vuelve a rotular esas revelaciones de noticias falsas o a compungirse hipócritamente por las manzanas podridas (el mismo dolor de patria que confiesa también hoy por la financiación corrupta de la campaña del “buen compañero” Oscar Iván Zuluaga).

El caso escueto y deprimente fue que el Ejército Nacional –encargado de velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía– estructuró un sistema criminal para asesinar a civiles inocentes que inflaran sus cifras de combate. Pasaron de “no estarían recogiendo café”, a culpar a supuestos traidores de la patria.

La Fiscalía -en este caso- aseguró que el general retirado Mario Montoya -que con Uribe Vélez constituía la cúpula de las Fuerzas Militares- es responsable de 104 ejecuciones extrajudiciales. En la JEP, militares han dicho que les pedía no meros litros sino “carrotanques de sangre”.

“La banalidad del mal” -que denunció Hannah Arendt- y que se predica de una política que reduce a trivial el exterminio de los seres humanos sin consideraciones éticas ni humanitarias, como aconteció en los campos de concentración de Hitler.

6.402 son el censo de la seguridad democrática 2002-2010, que arrojó ese saldo terrorífico de jóvenes masacrados por las armas del Estado versus 3.225, que fue el catastro igualmente espantoso de la dictadura de Pinochet. Pero téngase en cuenta que las víctimas del siniestro chileno por lo menos eran contestatarios de su régimen; mientras que las inmoladas de la horripilante dictadura de Uribe hubieran querido ser ciertamente contratadas para recoger café, como con avilantez lo dijo Uribe, pero -por el contrario- eran inermes adolescentes que fueron engañados por los militares interesados en mejorar las estadísticas de la seguridad democrática, que no era sino terrorismo de Estado.

La fementida seguridad democrática se montó sobre los triunfos simulados, sobre el despeje de carreteras para dar sensaciones de seguridad, sobre la extradición de jefes paramilitares para que no contaran sus verdades: ropajes en forma de avances que en realidad significaron violaciones a la vida, a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario.

Ante la calumniada y vituperada –pero igualmente temida- Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en La Habana, han venido sincerando sus inconfesables conductas desde los generales desalmados hasta los despistados oficiales, y ello pudiera ser el comienzo del cierre del conflicto armado.

Sólo fue gracias al tesón de los familiares y al apoyo de ONG que se llegó a desenmascarar y probar el engaño no solo a los muchachos asesinados sino a toda la sociedad y a la comunidad internacional, porque como siempre, los órganos de control  de la época (Procuraduría de Ordoñez y de la Cabello), Defensoría del Pueblo, Personerías, nada  hicieron ni denunciaron en aquel dantesco tramo de nuestra atribulada historia.

Quienes nada hicieron en su momento para  investigar a los autores y ejecutores de los falsos positivos ahora vociferan que la JEP aplique principios de simetría con los comandantes de las Farc, como si se pudiera igualar los delitos de quienes ostentan el monopolio legítimo a usar la fuerza con quienes se alzan en armas y acuden a la lucha violenta. Cuando se pide simetría entre el reconocimiento de crímenes de militares y de guerrilleros  se presume que  como las Farc no respetaban norma alguna ni derechos humanos, el ejército quedaba eximido también de hacerlo automáticamente como cualquier regimiento mercenario.

De ahí la importancia de haber reconocido la existencia del conflicto interno, la aceptación de que la confrontación militar se dio porque se alzaron en armas para tomarse el poder y modificar el régimen constitucional. Decir perversamente que lo que existía no era un conflicto interno sino “un desafío terrorista”, era justificar precisamente la validez de las ejecuciones extrajudiciales

La falsa película de estar derrotando al enemigo fue la clave para mantener el apoyo a la guerra de Uribe, los manirrotos y fantásticos presupuestos militares para comprar armas y entrenamiento con su entramado de corrupción y sin esa deleznable estrategia de victoria nadie quiere desperdiciar recursos.

Fue el uso político que se dio a las ejecuciones extrajudiciales lo que sirvió para implementar en el imaginario de los colombianos una percepción de triunfo militar de la nunca suficientemente maldecida seguridad democrática. Ahora ambientan la teoría de la traición aislada de unos cuantos uniformados como si no fuera una verdad de a puño que concibieron y estructuraron una política de Estado que fue ejecutada con fría y espeluznante  contundencia.

 

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