¿ES COLOMBIA INTRÍNSECAMENTE CORRUPTA?
¿No es hora de comenzar a pensar en desactivar, aunque nos cueste, cosas como la intermediación de los congresistas en el empleo público?
Por:
Laura Bonilla
Hace algunos años, un alcalde de un municipio en la frontera colombo-venezolana me narró el funcionamiento del mecanismo de corrupción en su caso particular. Ilustró con un ejemplo claro: tenía la tarea de construir cinco kilómetros de placa-huella en una vereda, como parte de su promesa de campaña en el municipio. Dado que sus recursos eran insuficientes, necesitaba gestionar fondos a nivel nacional, contando con muy pocas opciones para hacerlo. Una de ellas era recurrir a los instrumentos presupuestales vigentes, como el Sistema General de Regalías, mientras que la otra era intentar obtener recursos a través de un cupo indicativo del Senado.
Para resumir esta historia, nuestro municipio, con recursos y capacidad técnica limitados, carecía de la habilidad para formular correctamente estas solicitudes a nivel nacional, y aún si lo hiciera bien, no había garantía de aprobación. Por lo tanto, optó por los cupos indicativos, una decisión que desencadenó una serie de eventos conocidos. Los senadores negociaron estas asignaciones a cambio de votos de gobernadores y alcaldes, lo que a su vez se tradujo en inversiones donde ellos designaban contratistas y operadores. Esto creó no solo una política viciada y costosas campañas, sino también un mercado perverso, perezoso e ineficiente, que dependía de los vaivenes políticos.
La placa huella finalmente se construyó a precios exorbitantes, dictados por el contratista designado por el Senador intermediario. Este mismo senador colocó a funcionarios y contratistas que llenaron las entidades públicas nacionales con una burocracia pesada y poco productiva. Aquellos que permanecían durante años junto a estos políticos eran precisamente aquellos que mejor sabían callar y ejecutar.
Esta historia refleja la realidad de muchas alcaldías, es la cotidianidad de un sistema político en la sombra, aquel que funciona verdaderamente. Es el sistema que Ciro Ramírez y Pierre García aprovecharon para dirigir proyectos hacia sus apoyos políticos y, presumiblemente, hacia sus campañas. También es el sistema que permitió a Olmedo López tener a Sneyder Pinilla a su lado, experto en “manejo político” de la contratación y desvío de recursos para campañas políticas. Este mismo mecanismo facilitó que los paramilitares obtuvieran el 35% del Congreso de la República. Giramos en círculos, cambian los nombres, pero repetimos la historia en un bucle interminable.
Además, en esta carrera contra el tiempo que es gobernar, donde todos los mandatarios, tanto locales como nacionales, llegan con su gente para intentar hacer lo que pueden en el tiempo limitado disponible y obtener los mayores beneficios posibles para mantener sus respectivos grupos políticos, nadie se preocupa realmente por ofrecer soluciones a largo plazo o duraderas a los problemas más urgentes de las poblaciones. Ese es el Estado que tenemos, con pocas excepciones donde hay recursos y capacidad para evitar la intermediación. Pero esto no ocurre en todas partes.
Frente a la pregunta inicial, mi respuesta, aunque dolorosa, es sí. Ese sistema político en la sombra es opaco e intrínsecamente corrupto. Es tan perverso que cuanto más pobre sea un municipio, más fácil es desviar los recursos que deberían destinarse a quienes realmente los necesitan, convirtiendo a los congresistas en intermediarios financieros costosos y gestores de empleo público. Pero como todos vivimos dentro de ese sistema en la sombra, callamos y ejecutamos.
¿No es hora de comenzar a pensar en desactivar, aunque nos cueste, cosas como la intermediación de los congresistas en el empleo público? ¿No sería más lógico simplificar el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías para que sean efectivos, aunque esto signifique menos rédito político para los mandatarios de turno? ¿No es absolutamente necesario una reforma administrativa para que las regiones puedan tener sostenibilidad en sus iniciativas? ¿Y fortalecer el control local, incluyendo liberar a la gente de la dependencia de los políticos profesionales? Curiosamente, en la mayoría de las iniciativas anti-corrupción, no he visto respuesta o propuesta a estas preguntas. Sin embargo, la puerta está abierta para abordarlas.
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