CRÓNICA DE LA SED: IPIALES, 12 MESES SIN AGUA
Aquí la discusión no es únicamente sobre el desabastecimiento, sino sobre una vulneración flagrante del derecho al agua.
Por:
Fernando Enríquez
Hace un año, en febrero de 2024, Ipiales comenzó a padecer un desabastecimiento de agua en los denominados barrios altos, un sector que agrupa más de 30 barrios de distintos estratos. Este sector es un nodo clave en la dinámica urbana de la ciudad: alberga el único centro comercial de Ipiales, escenarios deportivos municipales, la salida al aeropuerto, es la conexión con cinco municipios vecinos, paso hacia la costa pacífica nariñense, conexión con vía a la frontera y lo más irónico, se encuentra la sede de la empresa de servicio de acueducto y alcantarillado. Su ubicación estratégica y su crecimiento comercial no impidieron que sus habitantes fueran arrastrados a una crisis humanitaria.
El desabastecimiento no era un fenómeno nuevo. Durante años, la comunidad había soportado intermitencias en el servicio, sin embargo, lo que en otras ocasiones se resolvía en semanas, esta vez se transformó en una tragedia social que ha llegado a cumplir 12 meses. Un año de promesas incumplidas, de improvisaciones administrativas y de una comunidad sometida a la vulneración sistemática de un derecho humano fundamental.
El silencio oficial y la protesta ciudadana
Durante las primeras semanas de la crisis, la administración municipal guardó silencio. Nadie daba respuestas, nadie asumía responsabilidades. Fue la comunidad la que decidió romper la inercia institucional y bloquearon la vía al aeropuerto en un intento desesperado por llamar la atención del alcalde Amílcar Pantoja. Solo entonces apareció el mandatario con una promesa efímera: “en cuatro días habrá agua”. No la hubo.
Conforme las semanas avanzaban y el agua seguía sin llegar, la indignación se extendió a otros barrios. Las protestas crecieron y la administración respondió con su estrategia predilecta: postergar soluciones cada 15 días y alargar la crisis en un bucle de falsas expectativas. La situación alcanzó un punto álgido cuando se organizaba la primera carrera atlética 10K, que generaba una gran impacto regional y tendría su principal desarrollo en los escenarios deportivos municipales. La comunidad, hastiada, bloqueó las vías cercanas exigiendo el mismo trato prioritario que la alcaldía daba al evento.
El gobierno local no respondió con soluciones, sino buscando dilaciones. Además, a través de páginas anónimas de dudosa procedencia, se desató una campaña de ridiculización, estigmatización y criminalización contra quienes protestaban. El silencio del alcalde ante estos ataques no solo lo deja en duda, sino que se lo asume como cómplice de una estrategia mezquina: convertir a las víctimas de la crisis en los villanos de la historia. Aun así, la comunidad logró dos cosas: la suspensión de la carrera atlética y una programación más organizada del suministro de agua por carrotanques con apoyo de municipios vecinos.
Desde ese momento, lo que pareció una solución temporal en el abastecimiento, se ha convertido en el viacrucis de cientos de madres de familia, personas de la tercera edad, niños y jóvenes quienes tienen que acarrear agua en baldes, disputarse una gota de agua y padecer afectaciones físicas por el levantamiento de tanques y la intranquilidad mental que genera la incertidumbre de no tener agua y padecer sed.
No es solo escasez: es una violación de derechos humanos
Aquí la discusión no es únicamente sobre el desabastecimiento, sino sobre una vulneración flagrante del derecho al agua. Este derecho, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas y con amparo constitucional en Colombia, establece que el Estado debe garantizar a toda la población el acceso continuo, suficiente y seguro al agua potable. No es un favor del gobierno de turno, es una obligación ineludible.
Pensar el desarrollo de una ciudad sin garantizar el agua es condenarla al colapso. Ordenar el territorio alrededor del agua no es un capricho técnico, sino una necesidad democrática y garantista. Un sistema hídrico eficiente define el bienestar de la gente mucho más que cualquier megaproyecto. No se trata del ego de un alcalde, sino de la vida de los ciudadanos. No se trata de nombres en el poder, sino de la relación dialéctica entre ciudadanía e instituciones.
Una administración que fracasa en proveer agua demuestra ineficacia y se vuelve culpable de la precarización de la vida. En este punto desde la actual y las anteriores administraciones han fallado, por ello no es válido excusarse en las omisiones del pasado, cuando se hace omisiones en el presente.
Agua contaminada y crisis sanitaria
Pero si la falta de agua fue el primer golpe, el segundo llegó con su contaminación. Entre agosto y septiembre de 2024, la crisis se agravó: el problema ya no era de escasez, también de la calidad del agua que llegaba a los hogares. Olores nauseabundos, colores turbios, residuos visibles. En algunos casos, el agua salía negra. Mientras tanto, los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) aumentaban en el Hospital Civil de Ipiales, que entró en emergencia debido al alto ingreso de personas, muchas de ellas se quedaron sin atención y optaron por tratamiento privado, cabe anotar que el Hospital también padecía de la afectación por la problemática hídrica.
La administración municipal y la Secretaría de Salud intentaron escudarse en la burocracia, argumentando que aún no se podía confirmar que el agua fuera la causa del brote. Pero la realidad en las casas de miles de ipialeños era evidente. Lo más grave: durante unos meses antes del brote, Ipiales no había entregado sus reportes de Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano – IRCA, al informe nacional del Instituto Nacional de Salud. No era un descuido, era un encubrimiento. Solo tras la intervención del Instituto Departamental de Salud de Nariño se confirmó lo que la gente ya sabía: el agua estaba contaminada y era el agente responsable de la crisis sanitaria.
Desde entonces, toda la ciudad ha tenido que comprar agua embotellada o en bolsa para su consumo. Pero en Ipiales, donde el empleo digno es escaso y la informalidad es la norma, la compra de agua se convierte en un lujo inalcanzable para muchas familias. La crisis del agua ha derivado en una crisis económica y social que aprieta aún más a los sectores más vulnerables.
Mientras barrios enteros sufrían la escasez o consumían agua de mala calidad, Ipiales se mostraba ante Asia, Europa y otros países de América del Sur como la cuna de grandes tríos. Sin duda, el Festival Internacional de Tríos es un evento artístico y cultural que enorgullece a la ciudad, reflejando el gusto de los ipialeños por la música de cuerdas y las letras poéticas que celebran la vida, el amor y la existencia. Sin embargo, en medio del entusiasmo por la cultura, se agudizaba la angustia de quienes padecían la sed. Como un grito de desesperación, hubo quienes exigieron que los recursos destinados al festival fueran reasignados a la crisis del agua. Pero la rigidez presupuestaria, que muchos desconocen, no permite que esa propuesta sea posible. La realidad es que tanto la cultura como los servicios públicos son derechos que deben garantizarse, y no deberían estar en disputa.
Soluciones hay, pero falta voluntad
A lo largo del año, expertos, exgerentes de empresas de servicios públicos, congresistas y la Asamblea Departamental han planteado posibles soluciones.
El diagnóstico es medianamente claro y arroja al menos 2 grandes conclusiones:
- Condiciones ambientales: Las sequías del 2024 redujeron los caudales, pero el problema no es solo climático. La agroindustria lechera y los municipios vecinos han contaminado sistemáticamente las fuentes hídricas que abastecen a Ipiales.
- Infraestructura obsoleta: El sistema de acueducto ha caducado. La planificación territorial se agotó. Durante más de 20 años, la promesa de una nueva planta de tratamiento ha sido un engaño recurrente. Los recursos destinados a ese proyecto se han “desvanecido en el aire”.
Si la solución a largo plazo es una reestructuración del sistema de agua, ¿qué se hace ahora? La gente no necesita discursos técnicos incomprensibles. Necesita agua en sus grifos. No garantizar el acceso al agua no es solo incompetencia, es negar el derecho a vivir.
Los 6.000 millones de pesos destinados al agua en el reciente empréstito de 21.000 millones deben traducirse en acciones concretas. De lo contrario, Ipiales no solo quedará sin agua, sino en crisis financiera.
Poder popular y control ciudadano
En este escenario, la organización comunitaria es la única garantía. La creación de una veeduría ciudadana le da a la gente herramientas jurídicas y capacidad de vigilancia. También la protege de los señalamientos infames de la administración, que ha llegado al absurdo de decir que los problemas de agua son culpa de la “mentalidad” de la gente.
Por último, hay una situación que debe encender las alarmas de la ciudadanía: cada vez toma más fuerza la idea de que la empresa de agua no sirve, y con ella, los rumores de una posible privatización. La afirmación no es menor, pues incluso Edmar Rosero, concejal de gobierno, ha declarado abiertamente que la empresa está obsoleta. Este discurso allana el camino para justificar la mal llamada “recapitalización”, un eufemismo que esconde lo que en realidad sería la privatización del servicio.
Un campanazo de alerta es la mención de Aguas de Barcelona, una empresa que ha participado en procesos de privatización en varias ciudades y cuyo historial evidencia que la privatización solo encarece el servicio y lo aleja del control ciudadano. Pasto ya vivió una experiencia con la mencionada empresa, la respuesta fue la creación de un movimiento social en defensa del agua para mantener el servicio de carácter público y como derecho. Si este modelo se impone en Ipiales, el agua dejaría de ser un derecho y un servicio público para convertirse en una mercancía sometida a la lógica de la rentabilidad y la ganancia.
Desde este espacio de opinión, manifestamos una oposición rotunda a cualquier intento de privatización de los bienes públicos.
Amílcar Pantoja, si usted quiere ser recordado como el alcalde que marcó la diferencia en Ipiales, este es el momento de hacer lo que los otros no han podido hacer: hablar con hechos y en democracia. De lo contrario, sus pasos están siguiendo la misma dirección de quienes usted ha criticado.
La comunidad no pide milagros, exige derechos. Y el agua no es un privilegio: es un derecho que no puede seguir desvaneciéndose en el aire.
