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ASEGURADOS CREADORES Y EMPLEADOS DE DOS FUNDACIONES DE REHABILITACIÓN EN IPIALES

Los procesados presuntamente obligaban a los internos con problemas de drogadicción o alcoholismo a consumir alimentos descompuestos, además de aplicarles choques eléctricos como técnica de recuperación, entre otras prácticas denigrantes.

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El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Nariño, permitió la judicialización de 9 personas, entre creadores y empleados de dos fundaciones de rehabilitación que operaban en Ipiales (Nariño), donde presuntamente sometían a los pacientes a tratos deplorables y diferentes tipos de tortura.

Tras la imputación de cargos que el ente acusador les hizo a los procesados por los delitos de concierto para delinquir con fines de tortura; fraudulenta internación en asilo, centro médico o establecimiento similar; y actos de discriminación, un juez de control de garantías de Ipiales impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para 8 de ellos, y detención domiciliaria para uno más.

Se trata de los hermanos Jaime Alberto y Alex Andrés Benítez Benavides, conocidos con el alias Los Pájaros; Maira Isabel Medina Guerrero, Luis Guillermo Jajansoy Juajibioy, Herlandy Ferney Yama Coral, Héctor Fabio Villa Anama, Diana Carolina Vallejo Jaramillo, así como los también hermanos Edinson Martín y Daisy Elizabeth Ruano Cabrera.

Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, con apoyo de uniformados del Gaula Militar.

Según las investigaciones, los hechos se habrían presentado desde el 24 de enero de 2020 hasta el pasado 23 de noviembre en las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, ubicadas en el centro de Ipiales y la vereda San Francisco del municipio de Contadero (Nariño), creadas por los hermanos Benítez Benavides como entidades sin ánimo de lucro, cuyo propósito era prestar servicios de rehabilitación a la población afectada por el consumo de drogas y alcohol.

Sin embargo, en desarrollo del proceso se evidenció que no contaban con los permisos y autorización de la Secretaría de Salud Ipiales y la Secretaría de Salud de Nariño para su funcionamiento. Asimismo, se determinó que las personas designadas para realizar los tratamientos y la rehabilitación de los pacientes no eran profesionales en sicología, sicoterapia, enfermería u otras áreas afines.

 

Prácticas de tortura

De acuerdo con las denuncias recibidas, estas dos fundaciones se convirtieron al parecer en centros de tortura, pues relatos de pacientes señalan que allí les realizaban prácticas de dolor y sufrimiento tanto físico como sicológico, indicándoles que eran métodos terapéuticos de recuperación.

Se conoció que presuntamente los procesados les propinaban golpizas a los pacientes con tablas de madera, les aplicaban choques eléctricos con pistolas Taiser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos y tomar su orina como bebida, consumir alimentos cocinados con jabón o detergentes, y los sometían a métodos de asfixia y ahogamiento.

Mediante engaños, los hermanos Benítez Benavides al parecer hacían requerimientos económicos a las familias de los internos, asegurando su plena recuperación, ofreciendo servicios que nunca fueron habilitados para su tratamiento.

Por otra parte, se pudo determinar que los familiares hacían llegar a las dos sedes de los centros de rehabilitación dinero, alimentos, productos de aseo y camas para los pacientes; no obstante, estos nunca llegaron y aparentemente terminaron en manos de quienes operaban como tratantes.

La Fiscalía abrió otra línea de investigación para establecer si se presentaron casos de abuso sexual y acoso contra las personas internadas en las fundaciones.

Cabe anotar que los 97 pacientes que estaban en dichas organizaciones fueron rescatados con apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Personería, y entregados a sus familiares.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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