El juez cuarto penal municipal de Pasto (Nariño) acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y privó de la libertad en centro carcelario a Sebastián Alberto Caipe Oliva, presunto jefe de la autodenominada Primera Línea en esa capital.
En audiencias concentradas el ente acusador le imputó cargos al procesado por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro simple, concierto para delinquir con fines de terrorismo, terrorismo, incendio, daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo, u oficial; obstrucción a vías públicas; fabricación, tráfico, y porte de sustancias u objetos peligrosos; y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
Durante las investigaciones de la policía judicial, se evidenció que Sebastián Caipe habría coordinado la retención de buses de transporte público, lo cual quedó registrado en videos de las cámaras de seguridad de los sectores afectados por el bloqueo de las vías.
Igualmente se presume que era quien coordinaba la consecución de elementos para la fabricación de bombas incendiarias y que fueron arrojadas contra las unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante los disturbios ocurridos en esa capital.
En las audiencias concentradas, el ente acusador presentó audios que revelan las instrucciones que habría dado el procesado sobre los roles que debían cumplir los presuntos integrantes de la ‘Primera Línea’ en la jornada de paro y las protestas contra la reforma tributaria.
Por la posible participación en diferentes hechos perpetrados por la ‘Primera Línea’, 7 personas más fueron vinculadas a la investigación.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
