Toda la mojigatería plutocrática –que nada dijo de la reelección incestuosa del fachista Bukele- aquí en Colombia está espantada ante la posibilidad de un pronunciamiento popular que provoque una alteración del orden de cosas existente.
Lo asumen como el asalto popular a la democracia (¡!), totalmente desconocido en el ámbito jurídico o político colombiano. Alegan el exclusivo y excluyente camino de la ley y sus beneficios esotéricos, lejos de los cuales no hay salvación.
Como si en nuestro país no fueran consuetudinarios “los golpes de opinión”. Así fue en la Convención de Rionegro que expidió la Constitución de 1863, desovada a los impulsos de la espada vengativa de Mosquera; en 1886 paradójicamente, después de ganar la guerra el “regenerador” sepultó la Constitución y escogió a dedo 9 plenipotenciarios que redactaron la Carta de Caro y de Núñez; en 1910, los convencionistas enemigos de Rafael Reyes deshicieron toda la obra del “quinquenio”; en 36, los liberales lopistas –solos- crearon la revolución en marcha; en 52-53 los cavernícolas laureanistas amontonaron y abortaron Constituyente; en 1957, fue por plebiscito o referéndum exótico que inclusive prohibió “en adelante”, reformar la Constitución (“saturno devorando a sus propios hijos”, dijeron los escépticos); en 1977, la Corte Suprema dijo eso: que la Constitución es irreformable; en 1979, la Corte Suprema (que es poder constituido) sentenció que el Congreso (poder constituyente derivado) no podía reformar la Constitución; en 1991, POR DECRETO DE ESTADO DE SITIO SE CONVOCO LA CONSTITUYENTE, que creó la Constitución de ese año que ya ha sido enmendada más de cincuenta veces.
Así que las esotéricas y tan genuflexadas Constituciones que nos ha regido nunca han sido remesadas por los trámites ordinarios. En el siglo XIX se decía que eran dianas de triunfo porque el ejército victorioso imponía la hoja de ruta hasta la próxima conflagración.
La fauna oligárquica está aterrada de que se active el poder constituyente a través de cabildos, consultas o de movilizaciones populares. Y que todos los poderes constituidos tendrán que respetar los mandatos de ese poder constituyente, que es soberano y puede expresarse por fuera de los cauces formales como ha ocurrido.
Empero, para mayor escarnio de la peña expresidencial –que nunca se había afinado como ahora- la iniciativa se sustenta irónicamente en la propia Constitución de 1991, en el Derecho de los Tratados de Viena –“pacta sunt servanda”- y en el Bloque de Constitucionalidad.
Figura en la página 7 del Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las Farc, el 12 de noviembre de 2016, y dice:
“El gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las otras fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo un nuevo marco de convivencia política y social”.
Fue compromiso entre las altas partes contratantes, depositado y avalado por la Secretaría General de la ONU, nunca denunciado ni disputado sino hasta ahora cuando se “dispara” su ejecución. Al haber ingresado al bloque de constitucionalidad –igual que los tratados de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario- prima y desplaza el derecho interno automáticamente.
Fue contumaz el gobierno Duque en sabotear el Acuerdo de Paz. Lo único que hizo fue robarse su financiación internacional. El Congreso igualmente bloqueado y atrapado en sus corruptelas ancestrales, no avanza en la normatividad que desarrolla el Acuerdo de Paz.
Por eso Petro ha sido reiterativo en delatar el incumplimiento y buscar ponerle fin al conflicto recurriendo al instrumento perentorio yacente en el punto 7 del Acuerdo de Paz.
La guerra de nervios que tiene paralizada a la camarilla expresidencial, por qué no la rastrean en el semillero de atajos y trampas que ella misma ingenió en su momento para sus bribonadas de reelección indefinida o referéndum, ejecuciones extrajudiciales, persecución a jueces y opositores (período Uribe), atracos al presupuesto (período Santos-Duque, 25 billones según informe de la Universidad Javeriana de ayer).
En el gobierno Duque alcanzaron a tener conversaciones en palacio sobre la posibilidad de aumentar el período uno o dos años, justificándolo con la unificación de los períodos de alcaldes y gobernadores.
Así que no hay nada nuevo bajo el sol y en este caso, la vía está en la Constitución como siempre. ¡¡¡Pero por el camino de su Bloque de Constitucionalidad!!!