Por:
Alvaro Montenegro Calvachy (1)
Introducción.
El Titulo II de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 1 de los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia (2), expresamente en su artículo 11 consagra que el derecho a la vida es inviolable.
Inicio con este mandato constitucional para referirme en contexto al reciente episodio del asesinato del Senador de la República y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, militante del partido político Centro Democrático, ocurrido en la semana que termina.
En el argot político y judicial se tiene esbozado el concepto de magnicidio. Un magnicidio es el asesinato de una persona que ocupa o está destinada a ocupar un cargo de gran relevancia política, social o religiosa, como un jefe de Estado, presidente, candidato presidencial, líder político de alto nivel o figura emblemática de gran influencia en la sociedad.
La palabra proviene del latín: magnus (grande) + caedere (matar), lo que significa “matar a alguien grande”. Son características principales del magnicidio:
1. Víctima de alta relevancia: no se trata de un homicidio común, sino de alguien con poder político, religioso o social.
2. Impacto nacional o internacional: el asesinato busca desestabilizar instituciones o enviar un mensaje de poder.
3. Motivaciones políticas: en la mayoría de los casos, el móvil está vinculado a disputas por el poder, ideologías o intereses económicos.
4. Efecto histórico: suele marcar un antes y un después en la historia de un país.
Ejemplos universales de magnicidio incluyen a: Julio César (Roma, 44 a.C.), Abraham Lincoln (EE.UU., 1865), John F. Kennedy (EE.UU., 1963), Mahatma Gandhi (India, 1948) y Benazir Bhutto (Pakistán, 2007).
En Colombia, el término magnicidio político se refiere al asesinato de una figura pública de gran relevancia política o social, como un candidato presidencial, líder político o figura emblemática. A lo largo del siglo XX y hasta el presente, se han registrado varios casos emblemáticos.
Magnicidios políticos en Colombia (siglo XX – hasta 2025):
1. Rafael Uribe Uribe (1914). General liberal, líder político y senador, asesinado el 15 de octubre de 1914, cerca del Capitolio Nacional.
2. Jorge Eliécer Gaitán (1948). Caudillo liberal y posible candidato presidencial, asesinado el 9 de abril de 1948. Su muerte desencadenó el “Bogotazo”.
3. Jaime Pardo Leal (1987). Fundador y líder de la Unión Patriótica (UP), asesinado el 11 de octubre de 1987 durante una emboscada.
4. Luis Carlos Galán (1989). Candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha.
5. Bernardo Jaramillo Ossa (1990). Candidato de la UP, asesinado el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
6. Carlos Pizarro Leongómez (1990). Excomandante del M‑19 y candidato presidencial, asesinado el 26 de abril de 1990 en un avión comercial.
7. Álvaro Gómez Hurtado (1995). Político conservador, excandidato presidencial, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.
8. Miguel Uribe Turbay (2025). Senador y precandidato presidencial, herido en un atentado el 7 de junio de 2025 y fallecido el 11 de agosto del mismo año.
En total, desde principios del siglo XX hasta el presente 2025, se reconocen al menos 8 magnicidios políticos formales en Colombia.
Ahora bien, si los magnicios tienen esa connotación, ¿qué pasa con los asesinatos de líderes sociales y personal de las fuerzas militares que igualmente han sido asesinados? ¿No tienen la misma trascendencia e importancia para el Estado y la sociedad? Claro que sí, pero las estadísticas no son nada favorables.
En 2025, 69 líderes sociales han sido asesinados y se han registrado 22 masacres, según reportes de la Defensoría.
La Defensoría del Pueblo, publicó un reporte sobre la situación humanitaria que se vive en el país. Desde enero de este año, y hasta el mes de abril, registró 69 homicidios de líderes sociales, 20 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz y 22 masacres que han dejado 67 víctimas.
Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca son los departamentos que concentran el mayor número de víctimas, señala la Defensoría
Desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia en el año 2016, han sido asesinados 460 de los firmantes, quienes dejaron las armas desmovilizándose del grupo guerrillero las FARC, buscando mejores posibilidades para ellos y sus familias.
Además, desde enero del 2016, hasta el 30 de abril de 2025, se registraron 1.557 homicidios de líderes sociales. La mayoría de casos de homicidios de firmantes de paz se han dado en Norte de Santander, Antioquia y Huila.
Por otra parte, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2025, 133 uniformados –68 militares y 65 policías– fueron asesinados, según cifras de la fuerza pública.
La cifra ya supera los registros de todo 2024 y anticipa que este año podría convertirse en el más letal para la institución en al menos diez años.
Como se puede apreciar, con los últimos acontecimientos, la polarización se radicaliza aún más, alimentada por la historia del conflicto armado, la violencia política, la desigualdad social y la desconfianza en las instituciones, y siendo así, es un fenómeno complejo que no se resuelve con una sola medida.
Se podría decir que se requieren estrategias de mediano y largo plazo en lo político, lo social, lo cultural y lo político.
Por qué no pensar en el fortalecimiento institucional y confianza ciudadana, el diálogo social y construcción de consensos, una educación para la paz y la ciudadanía, implementación de medios de comunicación responsables para fomentar códigos de ética que reduzcan la desinformación y el sensacionalismo que alimentan divisiones. Apoyar medios comunitarios alternativos que
representen voces diversas, incentivar espacios de debate con respeto, sin caer en la estigmatización del adversario.
Obviamente, la reducción de la desigualdad social, la cultura del reconocimiento y la reconciliación y reformas del sistema político, seguirán siendo los grandes retos por alcanzar.
Conclusión
No solo los gobernantes, clase política, sectores económicos y líderes y lideresas de las diferentes clases, son los llamados a propiciar escenarios que tiendan a conjurar la polarización en el país; fundamentalmente, la sociedad civil, que somos quienes padecemos en la práctica las tensiones de esa confrontación, somos los llamados también a propiciar espacios de reflexión para la creatividad y la imaginación conjunta de soluciones, para que esos desafortunados magnicidios o muertes como las detalladas anteriormente, jamás se vuelvan a presentar, pues como personas que somos, el derecho a la vida que es inviolable, debe ser la premisa más importante para respetarla porque en todos nosotros está el compromiso y la responsabilidad de vivir en paz.
—–
(1) MONTENEGRO CALVACHY, Álvaro. Abogado y Economista de la Universidad de Nariño. Defensor de Derechos Humanos. Asesor Social.
(2) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (Artículo 11).