Por:
Jorge Luis Piedrahita Pazmiño
No puede ser meramente hedónica ni lúdica la afición de las relecturas, sino que ha de alumbrar nuevas y usureras exégesis que nos transportan en aires de nostalgia, pero de reciclaje a edades remotas, pero no por ello abolidas en la evocación y en la memoria, erizadas en el convencimiento de que la interpretación histórica no ha de abdicar de la inalienable y estricta impugnación. Más en estas épocas cuando un gobierno asaz revolucionario y socialista como el actual, es allanado por trujamanes que lo denostan e injurian impunemente.
Lo propio ocurrió contra el Precursor y contra el Libertador, contra Melo y contra López Pumarejo, -contra el mismo dictablando Rojas Pinilla- que han sido calumniados y perseguidos por la voracidad de la plutocracia insaciable, que canoniza a los fiduciarios de sus falaces caudales y hostiga a sus contestatarios que han buscado con suerte diversa la justicia social.
Nuestros historiadores clásicos -por ejemplo- dejaron memoria de los sucesos que rodearon el proceso de independencia, incluida la patria boba o patria trágica diremos, por los delirantes episodios que protagonizaron los autodenominados “próceres” (Camilo Torres, Caldas, los Lozanos, los Camacho, los José Acevedo y Gómez) que desde el comienzo de los tiempos se atravesaron a los auténticos hombres de guerra y de Estado.
También a Nariño le atormentaron con la conducta de su hijo Gregorio, quien se había afiliado, en los momentos en que su padre luchaba por conseguir la independencia y liberación del pueblo granadino, al partido realista y participaba en los preparativos que realizaban los españoles en La Habana, para reconquistar el Virreinato. Esta patética situación causó las mayores amarguras a Nariño y para explicarla se acudió a la hipótesis del complejo de Edipo, el cual se traducía en odio por su progenitor. También -como ahora con Petro- había de por medio una infancia y padecimientos a que se vio expuesto como resultado de los destierros, las cárceles y el embargo de bienes que sufrió el Precursor desde cuando puso en circulación la tabla de los Derechos Humanos. La familia del gran luchador quedó en la indigencia y doña Magdalena Ortega se vio precisada a mendigar la ayuda de parientes remisos, mientras su esposo permanecía trece años embovedado sombríamente. También pudo decir don Antonio como el actual Presidente: “yo no lo críe”. Pronto Gregorio abandonó su hogar y se fugó para Las Antillas, en donde se alistó en los bergantines realistas, y ello fue lo que dio pábulo para que los adversarios del Presidente cambiaran súbitamente de alegatos y comenzaran a acusarlo de tener un entendimiento secreto con los chapetones atribuyendo a Gregorio el papel de oficial de enlace entre el Presidente y las autoridades españolas. Que dizque Nariño había recibido una gruesa suma de dinero en reconocimiento de su traición y repitieron los cargos de la Tesorería de Diezmos, a fin de exhibirlo como un personaje venal y poner en la picota su pulcritud pública.
Y a finales de 1812, llegó -por sus pasos contados- la hora de la dictadura constitucional de Nariño -como en la república romana-. Se dictaron decretos pretorianos que obligaban la lealtad al gobierno; se declaraban subversivos los rumores e incitaciones a los simpatizantes de la regencia de la cual todos los próceres eran adictos; los conspiradores contra la seguridad del Estado quedaban sujetos a la pena de confiscación de sus bienes. Todo con el propósito de terminar con la impunidad de que habían gozado los latifundistas, los hacendados y comerciantes criollos que participaban en la trama y gastaban abultadas platas para fomentarlas, sin que las fuentes del poder frondista, es decir sus fortunas, pudieran ser tocadas.
El 6 de octubre de aquel febril año fue declarada Santafé en estado de alerta y Nariño ordenó la entrega de las armas al pueblo, caso primero y único en nuestra historia.
Por transparentes que fueran las verdades alegadas por Nariño, esas verdades poca cabida tenían ya en el gran conflicto entre la oligarquía y el vigoroso caudillo que se había atrevido a representar las aspiraciones del pueblo en el momento en que la crisis de la monarquía española se juzgó como oportunidad excepcional para que la gran tribu de notables de la Nueva Granada, con su equipaje de apetitos atrasados, se acampara en el poder. Nariño no se escaparía, por eso al odio de la oligarquía, como no se escapó Carbonell, el Gustavo Bolívar de Nariño, a quien se ahorcó por haber liderado el verdadero 20 de julio nocturno.
Son las mismas tácticas que utiliza la plutocracia contra todos los mandatarios renuentes a someterse a sus cicateros dictados. Con esta habilidosa táctica -dicen los historiadores ponderados- comienza a perfeccionarse en la aquella paradigmática época -que hizo tránsito a verdadera institución paraoficial- la pretendida identificación de los intereses y su hegemonía con la causa del Derecho. Este exorbitante silogismo se explica porque en ninguna de las naciones hispanoamericanas se han establecido más espurias ataduras entre los intereses de los estamentos acaudalados y las formulaciones positivas del Derecho Público y Privado. El orden jurídico no se ha entendido entre nosotros como una forma de regular el cambio de estructuras económicas y sociales y de tutelar la insalvable concordancia de una sociedad atrasada y en formación a más equitativas pautas de justicia comunitaria, sino como el seguro instrumento para petrificar las situaciones estancadas, como el custodio de la heredad de los poderosos y la armadura de los instintos retardatarios y derechistas de aquellos sectores de la sociedad en los que se ha concentrado desde siempre la riqueza.
De ahí se deriva el equívoco espectro que ofrece la historia colombiana a todos los analistas que se dejan deslumbrar por las fafaracheras luces de su epidermis política. Sobre un mar de fondo de miseria, ignorancia, desamparo -dice una crítica severa pero honrada- flota a sus anchas una oligarquía altanera y simuladora, cuyos abogados y retóricos de turno no cesan de alegar que ellos son los gansos del Capitolio y los centinelas insomnes del Estado de Derecho, de un mero Estado de Derecho que se licua ante el statu quo -al estilo kelseniano-, imperturbable ante la majestad de lo que llaman solemnemente “las instituciones”, así sean estas contentivas de reprochables injusticias y desigualdades. Estado de Derecho y no Estado Social de Derecho. Neoliberalismo puro y duro sin asomo de pliegues protectores de welf state para las grandes masas de desheredados y desvalidos.
Así se comprende por qué en toda oportunidad en que el pueblo colombiano ha tratado de libertarse de los viejos yugos y provocar un modesto mejoramiento de sus condiciones de vida, el litigio entre las legítimas aspiraciones de los desheredados y los intereses creados de los poderosos se ha visto asimilado, por obra de campañas de propaganda cuidadosamente calculadas para producir ese efecto, a una supuesta batalla entre la libertad y la opresión, la ley y el despotismo.
El Derecho ha sido la bandera favorita de la oligarquía colombiana para su interpretación y usufructo fachista, que les ha permitido confundir sus intereses con la juridicidad, y los de abajo se vean en la alternativa de aceptar el precario lote que les fue asignado, desde temprano, en el reparto de los beneficios de la nacionalidad, o de convertirse, en facciosos, enemigos de la sacralizada “institucionalidad”.
Sobre este pantanoso mito de la legalidad, está fundada la carnadura de nuestra celosa oligarquía de la que deriva el engañoso altruismo de las doctrinas de que ella se sirve para sustentar los esfuerzos que, en favor del statu quo, realizan quienes de él derivan toda clase de ventajas y privilegios.
Nada tiene de extraño que en toda ocasión en que un gran conductor de nuestro pueblo irrumpe en el escenario político para defender la causa de los desheredados contra él se levante la rebelión frondista de una oligarquía vocinglera que nunca confiesa su ambición de proteger sus franquicias, sino que los reviste de banderas de la Libertad y diciéndose defensora de “las instituciones”, personera de la causa del Derecho y de las garantías ciudadanas, corre a sindicar de déspota y tirano a quien ha tenido la audacia de dejar oír su voz de insurrección frente a un estado de cosas que los de arriba identifican con la cultura y la civilización de una fantástica “Atenas Suramericana” y que los de abajo deben pagar con la moneda de la miseria, la frustración, la ignorancia y el desamparo.
Tan complejo ha sido entre nosotros el predominio de esta oligarquía incestuosa -que se reproduce permanentemente- pero conserva perenne su filosofía retardataria que nuestra crónica política todavía resiente una controversia anacrónica e imposible entre “las instituciones” y la democracia.
El asalto del Estado cumplido a nombre de “las instituciones” por una plutocracia indolente y reacia a permitir que el gobierno atienda intereses distintos a los suyos. A esta rebelión frondista se enfrentó Nariño como ahora se enfrenta el Presidente Petro y no por coincidencia.