Por:
Jorge Luis Piedrahita Pazmiño
El presidente Petro Urrego ha activado el proceso constituyente montado en el trípode reforma agraria, transformación del territorio excluido y el esplendor de la verdad judicial. Como que estos fueron los ejes de la declaración unilateral del Estado -hecha hace siete años-, que se han incumplido y lo aceleran.
Desde nuestra ciudad de Ipiales -ante la “jerarquía del cabildo”- enfatizó que los grupos dominantes de siempre “se asustaron con el pueblo, pues el pueblo tiene que expresarse, porque ellos van a intentar acorralar el gobierno y el pueblo colombiano tiene no solo que detenerlos, sino decidir sobre estos ejes que benefician a la gran mayoría de la población colombiana, es en esta situación que estamos, así que el paso hay que darlo”. Y concluyó: “Cuando un pueblo se coloca en el talante de decidir sobre un gobierno o sobre las instituciones del Estado, se coloca en algo que se llama poder constituyente”.
Los editorialistas de la prensa fletada de la plutocracia la llaman propuesta disparatada -y dictatorial- porque advierten la presencia popular en las decisiones venideras. Ellos prefieren “la democracia sin pueblo”, de que hablan los profesores europeos. Y pisotean el discurso de Gettysburg que definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
No se trata de confundir -como lo sostienen encopetados golillas del régimen- de que el funcionamiento del Estado, como rige, con sus tres poderes y controles, es incompatible con la conservación del orden público –como antes se decía– y ahora, con el cumplimento de la voluntad del pueblo.
Bien pueden funcionar los poderes constituidos y surtidos hipócritamente (piénsese en una procuradora cooptada desde el ministerio de justicia; un fiscal cooptado desde las bancas gemelas de la Sergio Arboleda; de un defensor del pueblo cooptado desde la registraduría; un contralor cooptado del clientelismo greco-caldense) e imponerse igualmente el terrorismo de Estado ante la protesta popular, como sucedió en la administración Duque. Esa es la preferencia del régimen y es el antifaz santanderista de que se precian nuestros próceres.
Pero lo que verdaderamente nos importa es la superestructura: la devolución de las tres millones de hectáreas raponeadas por el narcotráfico y el paramiitarismo; recuperación de los territorios convalecientes de la guerra para su explotación y cultivo; y el esplendor de la verdad judicial, para que no sean los fiscales y jueces gringos los que acusen y castiguen a los Sarmientos Angulo, Martínez Neira y a la contemporánea United Fruit Company (“Chiquita Brands”).
El santanderismo insepulto supone la devoción esotérica a los poderes taumatúrgicos de la ley como si en nuestro país tal impostura no hubiera regido infructuosamente por 200 años.
La primera constitución se pactó para diez años y a los siete ya no la soportaron. En Ocaña se redactaba una Constitución en contra de Bolívar (por proteccionista y antiesclavista); en 1830, en contra de Sucre (porque no tenía 40 años, y por mejor, lo asesinaron en Berruecos); en 32, para agasajar a Santander; en 1843 todo el peso de las oligarquías centralistas; en 1853, para amarrar a Obando; en 1858, el “director del manicomio se contagió de locura” como dijo Suárez; en 1863, sólo dos años para inutilizar a Mosquera; en 1886, paradójicamente después de ganar la guerra en La Humareda y en vez de fortalecer la Constitución que reinaba, se la desahució desde un balcón. Y desde ese entonces lo que rigió fue el Estado de Sitio, con toques de queda, ley de caballos, expatriación, censura de prensa, eliminación del liberalismo, guerra de mil días, pérdida de Panamá, golpe de estado entre valetudinarios; tribunales militares, supresión de asambleas departamentales (Santos Montejo), cierre a culatazos y bala del Congreso Nacional ordenado por Ospina Pérez para que no lo juzgue por el asesinato de Gaitán; Ospina alegando -él sí- que el funcionamiento del Congreso era incompatible con el mantenimiento del orden público (¡!).
En 1949 eligieron al “monstruo” Laureano Gómez, simpatizante de todos los totalitarismos; en junio de 1953, golpe militar. El dispositivo santanderista del estado de sitio era el “121” (empezaba con uno y terminaba con uno). Código laboral, rector militar para la Universidad Nacional, consagración del país al sagrado corazón, arancel de aduanas… convocatoria del exótico plebiscito o referendo, extraño -para ese entonces- al lenguaje santanderista. Y que lo prohibió para el futuro (¡!).
¡¡¡Por estado de conmoción -y por el asesinato de Lara Bonilla- en 1984 -helas!!!-, se dio inicio a un trámite para cambiar la Constitución por un procedimiento no previsto, pero que fue avalado por la Corte Suprema de justicia. Iniciativa que fue refinada por el ingeniero Barco, que con otro decreto de estado de sitio -o conmoción interna- engendró la Constitución que nos rige.
Los legisperitos del establecimiento reconocen que “además de las razones de orden público –que básicamente tenían que ver con el narcoterrorismo– se dijo que había que acudir a un mecanismo excepcional, ya que la Corte no dejaba cambiar la Constitución… En el fondo, se le echaba la culpa a la Corte por no pasar reformas. Y eso a pesar de que los tres poderes funcionaban”.
Váyase comprobando -entonces- que se impone la analogía. Ante una misma situación de hecho, la misma disposición de derecho.