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Cualquier demócrata coherente debe apoyar una transición a la democracia en Venezuela pues el régimen de Maduro es una terrible dictadura, involucrada en graves violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos y que, además, se robó burdamente las elecciones de 2024, que en forma evidente ganó la oposición. Sin embargo, el fin legítimo de lograr esa transición democrática no justifica la intervención militar de Estados Unidos, que es una clara ruptura del derecho internacional, ya que violó la prohibición del uso unilateral de la fuerza y la interdicción de interferir en la soberanía de otros países, obligaciones para todos los Estados, conforme a la Carta de Naciones Unidas, en especial en el artículo 2. Si el régimen de Maduro era una amenaza a la paz internacional, Estados Unidos debió llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU para que éste discutiera la situación y buscara salidas pacíficas; incluso, en caso de que fuera necesario, el Consejo de Seguridad podría aprobar el uso de la fuerza, conforme al derecho internacional, según los artículos 39 y ss de la Carta.
Algunos plantearán que mi visión es una leguleyada y que podemos hacer un esguince al derecho internacional para permitir un bien mayor, que es la salida de la dictadura de Maduro para lograr la transición democrática en Venezuela, con la vieja tesis de que el fin justifica los medios. Pero esa visión ignora que el derecho internacional, especialmente el surgido con la Carta de Naciones Unidas, tiene un sentido civilizador: busca evitar la guerra y busca proteger a las naciones débiles, como las nuestras, frente a las pretensiones imperiales de los países más poderosos. Por eso tendría consecuencias terribles admitir que Estados Unidos se volviera el juez y policía de América Latina, que decide unilateralmente cuáles regímenes son válidos y cuáles no y que se arroga entonces el derecho de bombardear países y secuestrar gobernantes. Si mañana a Trump no le gustan los resultados electorales en Colombia o en Perú ¿puede entonces imponernos su visión a la fuerza?
Como muchos, siento una gran frustración por la incapacidad de las instituciones multilaterales, como la ONU o la OEA, para hacer frente a crisis como las de Venezuela, Gaza o Ucrania. Y creo, además, que muchos gobiernos de América Latina y Europa han tenido enormes responsabilidades en la crisis venezolana al normalizar la dictadura de Maduro.
Sin embargo, la salida frente a estas deficiencias del multilateralismo y la falta de una acción concertada de América Latina no es reemplazar la Carta de la ONU por la vieja teoría del equilibrio de las potencias, que fue la visión del derecho internacional europeo de los siglos XVIII y XIX, que permitía a las grandes potencias intervenir a la fuerza en sus zonas de influencia a fin de mantener un cierto equilibrio entre ellas. Ahora operaría así: para Rusia toda Europa oriental y que se apropie entonces de Ucrania; para China todo el extremo oriente y que se apropie de Taiwán cuando quiera; y a Estados Unidos le correspondería toda América Latina y que Trump haga con nosotros lo que quiera. Y lo que digo no es una exageración, sino que literalmente está escrito en la reedición y distorsión de la doctrina Monroe por Trump en su reciente “Estrategia de Seguridad Nacional” publicada el pasado noviembre, la cual, literalmente dice que Estados Unidos va a restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental.
Los países de América Latina, que somos todos débiles frente a las potencias, debemos entonces rechazar el uso unilateral de la fuerza y luchar por reforzar los mecanismos multilaterales y por revitalizar, con los cambios necesarios, la ONU, a fin de que avancemos realmente a un constitucionalismo global, a una “Constitución de la Tierra”, como la propuesta por juristas como Luigi Ferrajoli. Esto sería, además, una forma de recuperar la vieja tradición latinoamericana del derecho internacional, que desde las llamadas doctrinas Calvo y Drago siempre ha condenado jurídicamente el uso de la fuerza como forma de resolver los conflictos internacionales y por eso nuestra región ha sido la que ha tenido menos guerras internacionales. Esta es la verdadera salida democrática y civilizatoria a la erosión actual del multilateralismo, gravemente incrementada por Trump.
Entiendo la alegría de muchos venezolanos frente a la captura de Maduro, un dictador abominable. Y ojalá esta crisis favorezca la transición democrática en el país hermano, pero no parece que vaya a ser así.
Las intervenciones militares de Estados Unidos en el pasado para derrocar dictaduras y supuestamente favorecer la democracia, como en Afganistán, Irak o Libia, han tenido resultados catastróficos. Terminaron en guerras civiles o nuevas dictaduras. A lo cual es necesario agregar las declaraciones de Trump en su discurso celebratorio de la intervención militar en el que, lejos de hablar del retorno a la democracia en Venezuela, se refirió sobre todo a intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos (como el petróleo venezolano) y explícitamente dijo que ellos van a administrar Venezuela por un buen tiempo: “hasta que pueda tener lugar una transición segura, apropiada y sensata.” Obviamente será Trump quien defina cuándo se reúnen esos requisitos. Esto no es apoyo a la democracia en Venezuela: es puro colonialismo.
Esta crisis debería fortalecer el multilateralismo en vez de debilitarlo. América Latina debe entonces recordar su tradición jurídica internacional y rechazar esta intervención militar unilateral de Estados Unidos. Pero igualmente esta crisis debe también favorecer una transición democrática real en Venezuela. No existen soluciones fáciles para lograr ambos propósitos, pero debemos persistir en esos propósitos comunes y existen algunas opciones: los países de América Latina deberían comenzar por apoyar a la sociedad civil venezolana y exigir una liberación inmediata de todos los presos políticos del régimen venezolano. Nuestros países deberían igualmente llevar a la Asamblea General de la OEA y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la situación para buscar una transición democrática pacífica y sostenible en Venezuela. Y Colombia en particular debería jugar, en asocio con países como Brasil, un liderazgo para avanzar en esas iniciativas y para responder a una posible crisis migratoria en la frontera.