FECODE EN ALERTA: EL FIN DE 36 AÑOS DE FIDUPREVISORA EN EL FOMAG

Ipiales, 7 de noviembre de 2026

Por:

Uriel René Guevara Revelo

Director, Testimonio de Nariño

 

 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) declaró al magisterio en estado de máxima alerta tras la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de no prorrogar el contrato con el que Fiduprevisora administró, durante 36 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El sindicato docente más grande del país acepta que la fiduciaria se vaya, pero pone condiciones: que la atención de más de 820.000 afiliados no se interrumpa, que el Estado financie el faltante y que nadie use la transición para desmontar el régimen especial de los maestros.

 

“No se liquida el Fomag”: la respuesta de Fecode

 

La primera reacción llegó el 1 de noviembre, un día después de vencido el contrato. En un comunicado, Fecode precisó que el fin de la fiducia no liquida el Fomag, no deroga la Ley 91 de 1989 y no cambia por sí solo el modelo de salud vigente. Anunció que defenderá esa ley, el Acuerdo 003 de 2024 y el régimen exceptuado de salud del magisterio.

El pliego de exigencias fue amplio. La federación pidió un plan de transición público, verificable y con recursos, y una entrega ordenada de cuentas, contratos, expedientes y sistemas de información, sin trasladar trámites a los afiliados. También exigió continuidad en consultas, urgencias, cirugías y tratamientos de alto costo, entrega completa de medicamentos, pago oportuno de cesantías, pensiones y fallos judiciales, y un flujo de caja constante hacia clínicas y hospitales.

El punto más duro fue el dinero. Con base en el propio diagnóstico del Ministerio de Educación, Fecode recordó que el sistema cerraría 2026 con un déficit de 2,699 billones de pesos. El traslado de 859.286 millones del rubro de pensiones a salud, aprobado en octubre, cubre apenas una parte: quedan 1,84 billones sin fuente de financiación identificada.

 

La alarma por un supuesto proyecto para eliminar el fondo

 

El 3 de noviembre la tensión escaló. Martha Rocío Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, denunció la filtración de un borrador de proyecto de ley que eliminaría el Fomag. Según ese texto, la salud de los docentes pasaría a Nueva EPS, las pensiones a Colpensiones y las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Alfonso advirtió que, si avanzaba, el sindicato acudiría a demandas, al Congreso y a las calles.

El Ministerio de Educación lo desmintió ese mismo día. La ministra Ilva Myriam Hoyos aseguró que ninguna autoridad del Gobierno encargó ni impulsa esa propuesta, y se comprometió a conservar la Ley 91, salvo que la propia Fecode plantee modificarla.

 

Domingo Ayala: alerta y calle

 

El presidente de Fecode, Domingo Ayala, aclaró que la federación no tiene competencia para escoger a la nueva fiduciaria, pero pidió que se seleccione por idoneidad, transparencia y capacidad. Insistió en que el régimen prestacional de los maestros no puede verse afectado y dijo que la situación permite “declarar al magisterio en estado de alerta”. De acuerdo con diversos medios, confirmó la participación de los docentes en el paro nacional del 19 de noviembre.

La postura tiene un matiz: Fecode no es un actor externo a la decisión. Sus delegados integran el Consejo Directivo del Fomag y, según el Ministerio, presentaron recomendaciones en la sesión extraordinaria del 30 de octubre en la que se resolvió no prorrogar el contrato.

 

La decisión del Gobierno: 59 hallazgos y una auditoría forense

 

El Consejo Directivo del Fomag, que preside el Ministerio de Educación y en el que también tienen asiento Hacienda y Trabajo, resolvió el viernes 30 de octubre no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil 083 de 1990. El acuerdo vencía al día siguiente, el 31 de octubre.

El Ministerio sustentó la medida en una revisión del contrato y sus 43 otrosíes, los informes de supervisión, la medida cautelar de la Superintendencia de Salud y visitas a usuarios, entre ellas la de la ministra a la sede del Fomag en Medellín el 23 de octubre. Entre los hallazgos reportó un patrimonio negativo de 3,198 billones de pesos a junio de 2026. La ministra Hoyos lo calificó como “una decisión de carácter histórico” y pidió al presidente ordenar una auditoría forense; los hallazgos se enviaron a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

El propio De la Espriella respaldó la medida en su cuenta de X. Habló de un fondo con deficiencias en la atención y retrasos en los pagos, denunció presuntas cuotas políticas en el manejo de los recursos y resumió su postura con un “¡Se acabó la alcahuetería!”. Fiduprevisora, por su parte, informó que se acoge a la decisión.

 

36 años de fiducia: 1989-2023: un contrato que se prorrogó sin licitar

 

La historia empieza con la Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial y un régimen exceptuado de salud y prestaciones para los docentes oficiales. Fecode la considera una de sus conquistas históricas. En 1990 el Ministerio de Educación firmó con Fiduprevisora, entidad mixta adscrita a Hacienda, el contrato 083 para administrar esos recursos.

El contrato se extendió durante más de tres décadas mediante 43 otrosíes. En 2014, la Sala de Consulta del Consejo de Estado, en su Concepto 2227, señaló la necesidad de terminarlo y abrir una licitación pública para escoger al fiduciario. Eso no ocurrió. Durante esos años, la atención médica la prestaban operadores regionales contratados por la fiduciaria; al final eran nueve, y acumularon tutelas, demandas y quejas.

 

2023-2024: el modelo pactado con Fecode

 

En octubre de 2023, el entonces presidente Gustavo Petro frenó la licitación con la que se iban a contratar nuevos operadores. En abril de 2024, Fecode y el Gobierno anunciaron un nuevo modelo de salud concertado, que el Consejo Directivo adoptó con el Acuerdo 003. Desde el 1 de mayo de 2024 se eliminaron los intermediarios y Fiduprevisora quedó como único pagador, con contratos directos con cada clínica y hospital: pasó de unos 9 contratos a más de 3.000. El esquema se presentó como un piloto de la reforma a la salud del gobierno Petro.

 

2024-2026: el colapso

 

Las quejas aparecieron en la primera semana. Desde julio de 2024 hubo fallas en la entrega de medicamentos y en diciembre vencieron los contratos de la red de prestadores. Clínicas como la Shaio y la Santa Fe suspendieron la atención a los maestros por falta de pago. Fecode, que había respaldado el modelo, pasó a la protesta: en 2025, convocó a paros nacionales por la crisis de salud, entre ellos uno de 14 horas el 30 de octubre.

Los costos se dispararon. El gobierno Petro reconoció que el gasto en salud del magisterio pasó de 2,39 billones de pesos en 2023 a 4,85 billones en 2025, aunque el número de afiliados bajaba. La Contraloría reportó 61 hallazgos y pagos por más de 4,4 billones sin soportes, y la Superintendencia de Salud impuso una medida cautelar sobre la operación.

 

2026: un nuevo gobierno y el fin del contrato

 

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial el 21 de junio y asumió el 7 de agosto. El 2 de octubre, el Consejo Directivo trasladó 859.000 millones de pesos de pensiones a salud. El 6 de octubre, tras un consejo de ministros, el presidente ordenó auditar el fondo. Tres semanas después llegó la decisión de no prorrogar el contrato, y el 1 de noviembre comenzó la transición.

 

La crisis en cifras

 

Las cifras no miden lo mismo: unas son lo que el fondo debe, otras lo que le falta para operar este año y otras lo que pagó sin soportes.

 

Indicador	Cifra
Afiliados (docentes, pensionados y beneficiarios)	Más de 820.000
Patrimonio negativo (junio de 2026)	$3,198 billones
Déficit de salud proyectado a cierre de 2026	$2,699 billones
Faltante sin fuente de financiación	$1,84 billones
Deudas con clínicas y proveedores	Más de $2,4 billones (51 % con mora de más de 180 días)
Pagos sin soporte señalados por la Contraloría	Más de $4,4 billones
Quejas acumuladas desde 2024	Más de 109.000
Contratos formalizados con prestadores (octubre de 2026)	1 de 3.934 prestadores inscritos
Hallazgos del Ministerio de Educación	59

 

Lo que viene: un año de transición bajo vigilancia sindical

 

La transición arrancó el 1 de noviembre y durará un año, prorrogable por otro. En ese período Fiduprevisora seguirá operando el fondo mientras el Ministerio estructura una licitación pública para escoger al nuevo administrador. El Gobierno asegura que se mantienen abiertas todas las oficinas del Fomag, que continúan la atención, los medicamentos y el pago de pensiones y cesantías, y que ya empezó la revisión y formalización de la red de prestadores.

El frente judicial también se mueve. El 2 de noviembre, la Red de Veedurías de Colombia denunció ante la Fiscalía a tres exministros del gobierno Petro: Aurora Vergara (Educación), Ricardo Bonilla (Hacienda) y Gloria Inés Ramírez (Trabajo). Es un señalamiento ciudadano que no implica responsabilidad penal establecida.

Para Fecode, la prueba será práctica: que ningún maestro pierda una cita, un medicamento o una mesada mientras se cambia de administrador, y que el nuevo esquema no toque la Ley 91 de 1989.

La ministra de Trabajo, Natalia López, resumió el reto que comparten Gobierno y sindicato: “no podemos seguir tapando huecos con recursos todos los meses”.