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En Colombia la violencia que ejercen las organizaciones criminales viene aumentando. Las cifras que presentan las autoridades y la percepción de inseguridad ciudadana evidencian que la criminalidad está creciendo con mayor celeridad desde comienzos de 2025. Hoy se habla de un aumento, en comparación con los dos años anteriores, del número de personas asesinadas, en situación de desplazamiento forzado, como víctimas del terrorismo o que soportan extorsiones.
Esta dinámica comenzó a notarse desde enero de 2025, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decidió declarar la guerra a las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Trágico suceso al que le siguieron los paros armados en el departamento de Chocó, el asesinato de Miguel Uribe en Bogotá y los atentados contra la Fuerza Pública el 21 agosto —en Cali, donde murieron siete personas y quedaron más de 60 heridos, y en Amalfí, donde se masacró a 13 policías—.
Incluso, en lugares como Medellín, donde los indicadores de violencia venían presentando una reducción o al menos un control durante los últimos años, en estos momentos viene dándose un cambio negativo. Aunque a principios de 2025, aún se hablaba de una caída en la tasa de homicidios, al llegar al 15 de julio, se han registrado en la ciudad 186 casos, significando un incremento del 27 por ciento con respecto a la misma fecha del año 2024.
Las razones explicativas de esta conducta violenta y criminal en el país son variadas, pero una de las razones más evidentes es el crecimiento tanto de recursos como de personas involucradas en las diversas guerras que hoy libran en el país las estructuras criminales. Las cifras muestran que los grupos violentos que hacen presencia en el territorio están creciendo; así, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) presenta en sus diversos informes las dinámicas de aumento de los integrantes de las organizaciones armadas, como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias y los combos y bandas en las ciudades.
Este aumento en integrantes y recursos les ha permitido a las organizaciones criminales la expansión territorial y el aumento y diversificación de las rentas ilegales. La conducta criminal evidencia el interés de estas organizaciones por obtener mayores recursos de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la explotación de recursos naturales y la extorsión, entre otro amplio portafolio de rentas. Así queda evidenciado en las guerras que se dieron al inicio del año en la región del Catatumbo, luego en las selvas del Chocó y ahora en el norte de Antioquia o el sur del país, donde se concentran las actividades del narcotráfico y la minería.
Ante esta situación el gobierno Petro tomó la decisión de aumentar la lucha contra las organizaciones criminales. Quedando claro que su interés es aumentar el accionar de la Fuerza Pública contra la criminalidad. Los enfrentamientos del Ejército Nacional contra las organizaciones armadas ilegales ha sido la constante este año. El Estado ha implementado programas directos de lucha contra la delincuencia, incluyendo la inteligencia militar y el bombardeo a los grupos criminales.
A pesar de esta actuación del Estado, el crimen organizado no muestra retroceso en el país. Los criminales insisten en crecer y expandirse. El uso de las armas ilegales para proteger la captura de rentas ilegales es claro. Su accionar está guiado por los incentivos económicos que producen sus conductas delictivas. Se comportan como empresarios estratégicos que invierten en tecnologías —armas y hombres— para que les permita recuperar sus riesgosas inversiones.
Hoy se les ve usando nuevas tecnologías, como drones y sistemas sofisticados de comunicación, que usan para proteger sus negocios ilegales. Y recurriendo a estrategias extorsivas más potentes y persuasivas que les ayuden a aumentar sus capitales y con ello su poder territorial y enfrentar a las autoridades. Incluso, buscan nuevos negocios, como las rentas por contrabando, el carrusel de los licores o la minería ilegal, que les permite pasar más desapercibidos frente a las autoridades y la ciudadanía.
En esta lógica, el país y las autoridades se encuentran en una situación crítica y difícil, en un escenario complejo y triste, donde parece que las medidas que se toman no son las adecuadas. De allí que sea necesario insistir en cambios de estrategia o en la profundización de otras medidas que le permitan luchar de manera más contundente contra estas organizaciones armadas criminales.
Estamos en un contexto donde la destrucción de cultivos de manera manual no da resultados y donde es necesario pensar en otras alternativas de lucha contra el crimen. De allí que sea necesario insistir en la necesidad de establecer acciones que busquen desincentivar el crimen organizado. Mostrarle a las organizaciones delictivas que sus negocios ilícitos son poco rentables y bastante riesgosos. Que, además de aumentar la probabilidad de castigo por la persecución del Estado, los beneficios esperados de participar en los mercados ilegales son menores. Y que realizar actividades como narcotráfico, extorsión y comercio ilegal, entre otras, resultan poco atractivas.
Para desincentivar estas actividades criminales se requiere fortalecer los sistemas de información sobre las actividades criminales, logrando ampliar y mejorar el conocimiento del fenómeno, no solo de las drogas ilícitas sino también de la minería ilegal, el tráfico de armas y personas, la prostitución y el contrabando. Aumentar los esfuerzos de las distintas organizaciones de justicia y seguridad para que cooperen y coordinen, nacional e internacionalmente —como los órganos judiciales y de la fiscalía—, que realicen un trabajo articulado en pro de la seguridad global y que ataquen, con inteligencia, el fraude financiero, la estafa y el tráfico de armas.
Esto permitiría avanzar en el conocimiento de las actividades empresariales criminales, las tecnologías que usan y la manera como llegan a la sociedad para generar violencia. Además permitiría atacar el corazón de las estructuras armadas criminales y no a las bases y peones de la delincuencia, que son el eslabón más débil. Acciones directas contra las organizaciones ilegales que, con eficacia, se dirijan a reducir recursos y perseguir y capturar a los grandes delincuentes. En definitiva, avanzar en el debilitamiento económico y financiero de las organizaciones criminales.
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* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.