Por:
Jorge Luis Piedrahita Pazmiño
En el acumulado de descalabros calamitosos que se apilan en nuestro suceso bicentenario surge un eslabón, el más demencial y aniquilador, y es el que inicia con Núñez, exordio de totalitarismo, de guerra de tres años, golpe de estado de lesa majestad, envilecimiento de la moneda, amputación de Panamá, es decir la sumatoria de una época bochornosa, irreparable, gravosa aunque interesadamente impune en lo que tiene que ver con sus inspiradores y ejecutores que siguen gozando de impecable y acomodada narrativa.
Cuando Núñez posesionó a Julián Trujillo (1880) le anticipó “Regeneración o catástrofe”. Vino la regeneración (o sea el derechazo) y vino la catástrofe.
Un gobierno que gana la guerra en los playones de La Humareda con el consabido triunfo de la Constitución reinante (la de 1863) y lo primero que elimina precisamente es esa misma normativa, cuando lo cuerdo de los resultados era que la Carta vigente saldría fortalecida, pues para eso derrotaron al liberalismo antagonista. Lo política y jurídicamente correcto era que la Constitución que era la bandera con la cual se habían ido a la conflagración quedaba intangible. Pero por esos disparates de la Regeneración, la primera que quedó cadáver luego de la victoria oficialista fue justamente la Constitución.
Siguió su derogatoria desde un balcón y el nombramiento digital de 18 constituyentes que redactarían la Carta del 5 de agosto de 1886. Inspirada por Núñez y Caro, binomio malévolo que produjo un texto monárquico, monástico, hierático, hegemónico, heliocéntrico.
Edad fatídica de irresistibles sexenios cubiertos por los segundones ante los melindres de Núñez que no soportaba vivir en la sombría y maledicente Bogotá. Para peor, los suplentes eran cuñados entre sí y cual más camanduleros y sibilinos.
Su propio copartidario y antiguo servidor Carlos Martínez Silva enjuicia: “Los seis años de gobierno del señor Caro constituyen la más grande catástrofe que ha sufrido el país. La desorganización de la hacienda pública; la bancarrota fiscal, el enorme déficit en el servicio del tesoro; el abandono de la instrucción pública; el desgreño de todos los departamentos administrativos; las humillaciones impuestas a la nación por el mal manejo de las relaciones exteriores; los fraudes y las violencias en las elecciones; el apocamiento y mengua de los caracteres; la corrupción como medio y sistema de gobierno; la desorganización y el desprestigio del partido conservador, la opresión liberal; todo esto y mucho más es lo que el señor Caro nos presenta como argumento de hecho en apoyo de sus teorías”.
Así, el desprestigio de Caro era cada vez mayor y los últimos meses de su gobierno en 1898 fueron una verdadera pesadilla.
Quedan como lastres de la Regeneración los esquizofrénicos niveles de intolerancia religiosa y política en contra de los no católicos y de los históricos y los liberales a quienes –siendo más de la mitad del país- no se les dio personería en los cuerpos colegiados.
Caro fue un mitrado intransigente y belicoso en impedir la participación del liberalismo y de sus propios copartidarios que disintieron de su báculo rocoso. Ni se diga la clausura de las imprentas y la expatriación de los editorialistas opositores.
Además, el peso de la iglesia en la educación y la vigencia de su concordato retardatario y excluyente. “Es mejor que prime el deber y la moral católica, ese es el camino correcto para todo ciudadano, pues en él se encuentra finalmente una relación con Dios”, decía el illuminati Caro. Y agregaba –más lunático: “La desigualdad de condiciones es necesaria en la sociedad; si todos tuviesen igual poder, igual fortuna, iguales facultades no habría armonía … La Iglesia principia predicando como virtud capital la resignación, es decir, el contentamiento de cada cual con la labor que el padre de la familia humana, Dios le tiene designada; y como verdad también principal, el reconocimiento de que la desigualdad de condiciones, no es un mal, no es un desorden, sino bien y armonía”. (sic)
El Syllabus fue muy útil para Caro pues que apareció en el momento justo para que se convirtiera en una arma con la cual defender y atacar no solo lo relacionado con las controversias religiosas sino también con los debates o cuestiones científicas o filosóficas. Y es que esta encíclica del fanático Pio Nono la acogió el conservatismo ultramontano de América Latina para sus propuestas y réplicas sociales y la promulgó con el ánimo de dar la batalla cruenta contra el liberalismo. Miguel Antonio Caro y el fatídico Ezequiel Moreno Díaz que fue su gregario –o al revés- fueron hijos de esta doctrina
Para el período que iniciaba en 98, el monárquico y rural Miguel Antonio Caro escogió el tiquete Sanclemente-Marroquín, entrambos valetudinarios y anónimos. El uno, de 82 años, enfermo del corazón; Marroquín, por los 71, y se sabía que profesaba “una innata repugnancia por la política”. Caro aspiraba a seguir en palacio, pero entrando por la ventana, es decir, haciéndose elegir designado.
El presidente, valluno de Buga, hace más de 50 años había sido ministro; no pudo posesionarse porque lo separaban 500 kilómetros y 30 grados de temperatura. Los primeros 80 días lo reemplazó Marroquín. Por fin llegó Sanclemente en camilla y el 27 de octubre se juramentó ante los jueces porque la camarilla vicepresidencial no lo reconocía.
Su infortunio comienza desde el mismo día de su escogencia porque el momento y el entorno le amenazaban hostiles. Bajo el peso de sus 84 años deambula entre las poblaciones estimulantes y pintorescas de Analoima, Tena y Villeta, todas cundinamarquesas como lo reglaba la ley 149 de 1888. Inmediatamente estalla la guerra de los tres años alentada por los sectarismos oficiales y usufructuada con emisiones amazónicas y empréstitos de más de mil millones de libras esterlinas. El inválido país ocupó el primer renglón mundial de la depreciación monetaria con un tipo de cambio del 20.000 por ciento.
La guerra estalló por El Socorro y Cáchira. Sanclemente, al que calumniaban por amnésico y ausente, dio una elocuente y conciliadora alocución: “El día en que juré cumplir fielmente los mandatos de la Constitución y de las leyes, me obligué a proseguir y castigar a los autores del delito de rebelión contra las instituciones, pero si el paso que hoy doy, llamando a todos los colombianos a la conciliación y a la concordia, pudiera considerarse como una transgresión de aquel juramento, confío en que el Dios de las misericordias, ante cuyo tribunal compareceré en breve plazo, habrá de absolverme en consideración de las lágrimas que haya podido ahorrar” ... “No más divisiones, compatriotas. La unión y la concordia nos liberarán de nuevas disensiones, y permitirán al gobierno cumplir, en beneficio común, los sagrados deberes que le están encomendados. Ese es mi anhelo y a vuestra eficaz cooperación deberé verlo realizado”.
Pero los tiburones de la guerra no dejaron escapar los dividendos de la rentable conflagración y la hecatombe humanitaria arrojó el desolador saldo de más de cien mil cadáveres y otros tantos fusilados y heridos yacentes sobre los campos sangrientos y devastados.
Las fatales pugnacidades se libraban entre los mismos copartidarios antagonistas y criminales, históricos y nacionalistas, más que en contra de los adversarios liberales.
La marrullera barriada del vicepresidente, de arropados y eruditos rábulas, decidió amarrar al presidente legítimo y pacifista y dar el golpe de cuartel y de estado.
La noche del 31 de julio de 1900 patricios episcopales, acerados en la hipocresía leguleyesca –como Abadía Méndez, Martínez Silva, Gerardo Arrubla, Quintero Caderón y el mismísimo José Vicente Concha- sin rubor y sin escrúpulos dieron el manotazo en contra de “las instituciones” (como gustan llamarlas los falsarios santanderistas y ahora uribistas).
Sanclemente se apresuró a instruir: “Supuse por el momento que lo acaecido hoy sería una mera y aislada sedición militar, y acudí a dominarla con entereza y energía; pero hallé que una masa numerosa y respetable de ciudadanos conservadores, apoyada por todo el ejército de la capital, exigía el cambio completo del personal del gobierno y proclamaba al vicepresidente de la república. Algunos medios exiguos habrían podido oponerse a este movimiento; pero comprendí que, sobre ser inútiles, implicaban el sacrificio estéril de muchas vidas preciosas que, dados mis antecedentes políticos, no podía consentir. El señor vicepresidente de la república se declaró en ejercicio del poder ejecutivo, y la evolución política quedó consumada. La historia fallará sobre estos sucesos; en cuanto a mí, puedo asegurar a V.E. que la conciencia me dicta que cumplí con mi deber; pero no puedo menos de lamentar que aún no hayamos podido dar en esta nación a los problemas políticos soluciones pacíficas, legales, únicas que aseguran la estabilidad de las instituciones y el porvenir de los partidos”.
Marroquín, al tanto del complot, demoraba expectante y usurero. Sanclemente, lúcido se consumía inerme en las aldeas rumiando su puerilidad y desventura. Y empezó, más exacto será decir que prosiguió, el martirologio. Se le declaró inepto para el ejercicio del poder. Se le acusó farisaicamente de no estar en la capital, pues su enfermedad lo hacía mantenerse en Villeta.
A los tres días llegó a Villeta don Benito Zalamea con la explosiva noticia del súbito motín. El gabinete pensó en la huida por el Magdalena Medio pero la calamitosa salud del presidente hacía ficticio tan desesperado arreglo. Ese mismo día compareció el general Eliseo Arbeláez ante Sanclemente y le espetó como una cuchillada: “Aviso a usted que ya no es presidente de la república”, a lo que el anciano, coronado por la banda tricolor, respondió: “Preso o en libertad aquí o en cualquier parte, seré Presidente de la República, mientras tengo el mandato de la ley”.
Un tal Ramón Pereira (alias Chabur), encargado de mulas, caballos, perros de caza y alguaciles del ministerio de guerra, montó la guardia y las puertas de la casa presidencial en Villeta se cerraron para siempre
Acto seguido se apresó a los hijos del presidente, Carmen y Sergio; y a su nieto, a su sobrina, al yerno, al médico…; luego vino el secuestro –con bayoneta calada- de los archivos personales, todo ordenado por el expresidente Quintero Calderón a la sazón Ministro de Guerra.
Dicen los acongojados inventarios que esporádicamente se veía al anciano eminente pasearse por los corredores interiores de su cautiverio, que el insolente centinela ordenó suprimirlos, y así hubo de recluirse el presidente en una sola estancia, a media luz, sin ventilación, arrinconado por el desamparo y la iniquidad de sus vigilantes.
Todos estos agravios y vejámenes fueron de universal dominio sin que los gazmoños burócratas variaran de contumelia. Miguel Antonio Caro –tan cercano y causante de estas bribonadas que se le devolvieron- se vio en el trance de sonetear en contra de sus adversarios y copartidarios: “Traición ejecutada a salvamano/quebrantado solemnes juramentos/y de la ley de Dios los mandamientos/ todos, con faz piadosa y pecho insano… cintica azul y proceder villano/mozuelos educados en conventos/y hoy maldad perfectos instrumentos … monopolio de bestias y monturas/honradez y billetes a montones/mucho rejo, mucho ajo y mucho muera/ éste es el santo régimen, las puras/almas e incorruptibles corazones/esta, ¡Oh, Pueblos! ¡La histórica bandera!”
Catorce meses duraba ya el cautiverio del presidente, incomunicado y sojuzgado, hasta que en la noche del 24 de septiembre de 1901, Salomón Correal le previene: “Tengo la pena de hacer saber a usted que está preso”. “Esta notificación está de sobra –respondió Sanclemente- porque preso estoy hace más de un año. ¿Y de quién procede la orden?”. Del señor don José Vicente Concha, ministro de guerra”.
Adviértase y repruébese de quien emanaba tan execrable decreto. Saber a Concha, el versado y estricto jurisperito, constitucionalista y penalista, procónsul en el Vaticano, comprometido en el escarmiento de la legitimidad y el vilipendio de un presidente.
Sanclemente vigorosamente condenó la audacia inaudita de sus opresores: “Colombianos: protesto ante vosotros del golpe de estado verificado en la noche del 31 de julio del mes próximo pasado y de la prisión en que se me mantiene. Si vuestros antepasados no consintieron en ser gobernados dictatorialmente por el gran Bolívar, Libertador de cinco naciones, ¿consentiréis vosotros en serlo por el señor Marroquín y por los que le apoyan en acto tan arbitrario? ¿Veréis con indiferencia y lo verá también el ejército, que tantas pruebas de fidelidad ha dado, que se continúe ultrajando al gobierno legítimo de la nación? Haced, pues, lo que el honor nacional demanda, sin creer que mi protesta tenga por objeto el que se derrame una sola gota de sangre por mi causa”.
Prueba irrefutable de que el presidente honraba su magistratura y cabalmente salía por los fueros constitucionales conculcados.
A las cinco de la madrugada, el oficial de guardia urgió al anciano para ponerse en marcha a destino desconocido y con el auxilio de otros esbirros introdujeron la silla de manos, litera o jaula ignominiosa. Acercándose hasta la cama, en donde descansaba en ropa de dormir, le instaron a incorporarse porque debía viajar al Cauca, bajo un crudísimo invierno, desbaratados los caminos y sin ningún avituallamiento.
El presidente tuvo que penetrar a la jaula infame. El débil anciano, que apenas podía tenerse en pie, dejó sereno y altivo, que irrespetaran su cuerpo. Dos viles bandidos lo aprehendieron por los brazos, lo ingresaron a la mazmorra, la sellaron y tomaron camino con el cautivo.
Es fama que adelante marchaba un piquete de caballería, luego la litera y detrás su hijo, a pie; luego una tropa de infantería y más atrás, los sargentos en briosos corceles.
Los periódicos paniaguados y enchufados del régimen no informaron de tan deleznables aconteceres que solo se supieron por la prensa extranjera, como El Herald de Nueva York, que divulgó la pasmosa noticia de un presidente suramericano conducido ignominiosamente en una jaula. Esta inaudita (y macondiana) narrativa no sólo fue suficiente para torcer al crimen el ánimo de Roosevelt, vacilante hasta entones, sino que en alas de telégrafo voló de un extremo a otro del planeta. Con razón Teodoro Roosevelt no tuvo ningún respeto por Colombia, cuando se tomó Panamá, sino que dijo que sus presidentes y senadores eran unos repugnantes y corruptos pigmeos. El trámite deplorable y truculento del Tratado Herrán-Hay se abona al intransigente y vengativo Caro, quien regresó como senador sólo a sabotear su aprobación.
Dice así la corresponsalía: “Honda, septiembre 30 de 1902. El doctor Manuel Antonio Sanclemente, venerable presidente de Colombia, ha sido mandado llevar por la fuerza, de orden de los directores o caudillos políticos, que pocos días antes le habían arrebatado traidoramente el poder. Encerrado en una caja miserable y burlesca, imitación de una silla de manos, debía ser transportado, por malísimos caminos y al través de ásperas montañas, de su casa de Villeta, a su hacienda de Pichichi, en el departamento del Cauca. Debía ser conducido por el corazón mismo de dos grandes cadenas de los Andes. Se guardó en esto el más grande sigilo, haciendo todos los esfuerzos para que estos hechos no llegasen a conocimiento del público, por temor a que los amigos del presidente depuesto intentasen liberarlo o arrancarlo de sus manos. Ningún periódico de la república en el día, se atrevería a manifestar el hecho de que el doctor Sanclemente había sido sacado de Villeta y mucho menos a decir que iba en calidad de prisionero”.
“Yo podía oír el ruido que producía el cuerpo del doctor Sanclemente, rodando de lado a lado dentro de la caja y mi temor era que se hubiese desmayado o muerto”, dice el azorado reportero.
Habíalo conocido alto y delgado, pero no escaso de carnes, de estatura y formas regulares; sus ojos claros y su fisonomía en general despejada y portando una clara y vigorosa inteligencia.
Los secuestradores tuvieron que devolverlo agónico por la vía de Guaduas. El 19 de marzo de 1903, a las cuatro de la tarde, llamó el moribundo anciano a su hijo Sergio y con augusta serenidad le dictó su última voluntad. A su otro hijo, Tulio, que venía de la natal Buga, le estorbaron el homenaje postrero. Hipócritamente, Marroquín, Fernández, el “doctor Concha”, reclamaron el cadáver dizque para rendirle los honores de rigor. La familia se indignó ante la insolencia de los malhechores que reclamaban el botín para rendirle honras simoníacas.
En la humilde capilla de Villeta se celebraron las exequias del Presidente legítimo y mártir; allí se depositaron en esa tierra amable sus huesos venerables como había sido su voluntad sin que se dejara ningún sello de ellos. Su testamento es compendio de su atormentado paso por la vitanda faena política: “Próxima a sonar la hora que me está señalada en el reloj del tiempo para rendir mi alma al Creador, a quien la encomiendo lleno de fe en sus promesas, me despido de mi Patria, objeto de mi amor y de mi veneración durante mi larga vida, y hago fervientes votos porque Dios le conceda el inapreciable beneficio de la paz de que desgraciadamente carece, y evite que se consuma su ruina, tan avanzada ya; y lo hago, además porque El perdone, como yo perdono de todo corazón, a los que me han irrogado gravísimas ofensas, hasta convertirme en mártir en los últimos días de mi existencia, sin otro motivo que el de haberme dispensado la nación el honor de llamarme a regir sus destinos, dándome así una prueba de confianza que tengo la conciencia de haber sabido apreciar y corresponder como lo merece. Quisiera el Ser Supremo oír mis ruegos, salvar a Colombia de la anarquía que la está devorando y acaso de su disolución, que será el peor de los males que puede sobrevenirle. Digna como es de mejor suerte, yo se la deseo con toda mi alma, a tiempo de dejar la tierra en que tantos desengaños he sufrido, para pasar a otra mansión de positivo descanso en que sólo reina la justicia de Dios, Redentor de los hombres. De resto, encargo a mi hijo Sergio que, muerto yo, disponga que se haga de mi cadáver un entierro humilde, exento de toda vanidad mundana, y que no ponga ni permita poner en mi sepultura inscripción o señal alguna que dé a conocer que en ella reposan mis huesos. Tal es mi postrimera voluntad”.
Otto Morales Benítez que fue implacable censor de la Regeneración se indigna al comprobar “las cobardes infamias que se cometían contra un hombre indefenso. La inseguridad en el prestigio del acto de arrebato cometido por Marroquín, lo llevaban a ordenar, con sus ministros, los más abyectos actos contra Sanclemente y su familia. Este presidente no vaciló en conservar la noble naturaleza de su investidura y una altura intelectual que se manifestaba en cada nuevo mensaje. Se buscaba intimidarlo, reducirlo, llevarlo a la renuncia. Pero no lograron doblegarlo. Ni inducirlo a un acto indigno. Ni le sacaron un adjetivo de consentimiento a los dictatoriales acontecimientos”.
“El sentido de la dignidad humana se pierde en las dictaduras. Doblegan las fuerzas espirituales para conservar el dominio del poder… Se le produjeron (a Sanclemente) los escarnios más aberrantes, no tuvieron límites en el abuso, prevención y afrenta ejercidos contra el nobilísimo varón”.
Ironías del pícaro mundo. Pasados dos lustros y ya siendo Presidente, Concha no pudo tolerar un día más, el lienzo de la galería que guardaba las facciones del doctor Sanclemente a quien tanto hostigó en vida y lo desterró nuevamente de palacio, ahora en efigie. El detestable y reconocido Salomón Correal vestía ya las charreteras de general de la policía y prestamente aherrojó de palacio al temible acusador.
La Corte Suprema de Justicia –como cuando el cuartelazo de Rojas Pinilla- bendijo el “pronunciamiento cívico militar”, toda vez que sus inspiradores y ejecutores eran acudientes, parientes o padrinos de los jueces. En insólito e irrisorio dictamen dijo que Marroquín “en virtud del título de que está investido, ha podido asumir por derecho propio el poder ejecutivo para ejercer las atribuciones de presidente”. Vale decir que para los altos jueces da lo mismo el tránsito institucional que el zarpazo de un usurpador. Enrevesados veredictos de antaño y hogaño.
El único salvamento se leyó de Marco Fidel Suárez, ministro de instrucción destituido por los golpistas, que en la agenda oficial suscribió vigoroso alegato. Sin perjuicio de volver un cuarto de siglo después en sus afilados “Sueños de Donato”
Julio H. Palacio, perspicaz historiador correveidile de Núñez, esparció la especie de que Sanclemente no gozaba de lucidez y que era fama que estaba perdido no solo en Villeta sino en el tiempo y el espacio. Se especulaba que el presidente andaba preguntando por el general Mosquera, cuando éste había muerto veinte años ha.
Pero un veedor tan avisado como López Michelsen destaca el papel decisivo que desempeñó en la planeación de la victoria de Palonegro, don Manuel A. Sanclemente, a quien los cronistas de todas las épocas han hecho pasar por un anciano decrépito, un sonámbulo mental que, en el ejercicio del mando, se desplazaba entre Anapoima, Tena y Villeta, mientras sus áulicos en la capital de la República, abusando de la confianza que en ellos depositaba el mandatario, gobernaban a su antojo el país, según la leyenda, difundida a través de los años, de que, para dictar decretos y resoluciones, utilizaba un sello de caucho, adulterando su firma.
Con tal pretexto fue derrocado, por medio de un golpe de Estado, el 31 de julio de 1900, y sometido a toda clase de vejámenes por los conspiradores, afiliados al grupo de los “históricos”, opuestos en el seno del Partido Conservador a los “nacionalistas”, que habían concebido y ejecutado la coalición con el presidente Rafael Núñez, en lo que se conoció como la “Regeneración”.
No es imposible que para justificar el quebrantamiento del orden constitucional se empañara su obra de gobernante y llegara su humillación al extremo de que haya sido imposible establecer a cabalidad el sitio donde reposan sus restos en la región de Villeta, en donde se encontraba cuando fue depuesto por los militares al servicio de los insurrectos.
Sin embargo, gracias a un documento de su puño y letra, que reposa en poder de alguno de sus descendientes, es claro que no solamente conservaba su lucidez mental, sino que disponía de informaciones completas sobre el estado de la Nación en el turbulento período de la guerra civil de los Mil Días.
Se trata de una carta, con las respectivas correcciones de redacción, en donde el Presidente le imparte instrucciones precisas al Ministro de Guerra para hacerle frente a la embestida en el departamento de Santander. En una carta fechada en Tena, el 24 de marzo de 1900, dispone el Jefe del Estado la forma como debe integrarse un ejército suplementario de 10.000 hombres, indicando minuciosamente las guarniciones a donde deben ser movilizadas las tropas acantonadas en el centro del país y la ruta que deben seguir, para reunirse en lo que fuera más tarde la Colina de Palonegro.
¡Y pensar que la batalla de Palonegro tuvo ocurrencia un mes largo después de esta misiva y, no obstante, la victoria de las fuerzas gobiernistas, el Presidente constitucional fue depuesto cuatro meses más tarde!
Por lo que a mí respecta, no me cabe duda de que la suerte del gobierno conservador se jugó y se ganó militarmente, gracias a la inspiración y a la dirección del Jefe del Estado, a quien se ha hecho pasar a la Historia como un hombre pusilánime y al que fue necesario deponer para salvar a la República.
Hasta los propios liberales, encabezados por el general Benjamín Herrera, concibieron la esperanza de una paz honrosa con el ascenso al solio de Bolívar del vicepresidente de la República, don José Manuel Marroquín. Patético ejemplo de la manera como los medios de comunicación consiguen, cuando se lo proponen, desviar la atención pública hasta desfigurar para la eternidad a determinadas figuras históricas.
“Lejos de ser el presidente Sanclemente un pobre diablo, me parece que se impone reconocerle su carácter de arquitecto de la victoria que inclinó la balanza a favor de la causa conservadora en el más cruento de los enfrentamientos de nuestras guerras civiles, como fuera la batalla de Palonegro”, termina dictaminando el otrora presidente honorario de la Academia Nacional de Historia.
Pero ni siquiera los conspiradores usufructuaron su avilantez como que Marroquín se arrojó en las garras del granuja general Arístides Fernández, doblado comandante de la policía y gobernador de Cundinamarca, que reprodujo entre nosotros la dictadura del bestiario tropical que describió Alfredo Iriarte.
Los historiadores, voceros y notarios del aquel régimen de vil trapacería no dejaron una sola línea sobre época tan oprobiosa a no ser a favor de los usurpadores.
Ni la de Bolívar –que fue una contrarrevolución a favor de los resguardos indígenas y de los esclavos; ni la de Melo Ortiz que fue una verdadera revolución artesanal, indigenista, draconiana, proteccionista; ni la de Reyes Prieto que fue rehabilitadora de las minorías; ni siquiera la de Rojas Pinilla pretoriana y demagógica fue tan atrabiliaria y demoledora como esta de aristócratas católicos, apegados al espíritu y a la letra de la Constitución (¡!). Y a las faldas de monseñor Paul y de Ezequiel Moreno Díaz.
Régimen que ha sido escrutado y pulverizado escrupulosamente desde el periscopio jurídico por Carlos Restrepo Piedrahita, Hernando Valencia Villa, Otto Morales Benítez; desde el histórico por Llano Isaza y por Benjamín Ardila Duarte y desde el panfletario por José María Vargas Vila o el Indio Uribe.
Pero desde la narrativa oficial los periodiqueros y gacetilleros paniaguados -ayer y hoy- pasan como sobre brasas sobre episodios tan escabrosos, si se tiene en cuenta que los cronistas son los Henao y Arrubla de siempre, alzafuelles beneficiados de los silencios calculados. Laméntese que historiadores y jurisperitos como Alfredo Vásquez Carrizosa, severos en otros enjuiciamientos, para estos episodios son condescendientes quizá porque son retoños directos de los responsables. Será por eso que sus continuadores suprimieron la cátedra de historia patria para sacar en limpio el honor de tanto advenedizo.