El viernes pasado, el presidente, a través de su cuenta de X, denunció la captura de Enrique León Machado, abogado del expresidente del Senado y exsenador Juan Diego Gómez. Lo que contó el presidente es que la detención se dio en un apartamento que había sido decomisado por la SAE.
Ahí no paró el escándalo ya que la policía habría encontrado en ese inmueble 1.000 escrituras de bienes que habrían sido entregados durante el gobierno Duque a políticos y narcos. Esta información está por confirmarse.
Amelia Pérez, directora de la SAE, rechazó este hecho y ordenó una investigación inmediata. El presidente afirmó que esto evidenciaría una SAE paralela, comparó este caso con el del hacker Carlos Escobar y señaló que estas redes actuaban como testaferros de políticos con cuotas de bienes de la SAE. Según Petro, estos bienes eran entregados al abogado del expresidente del Senado durante el gobierno Duque. A este “paquete de bienes” se le conocía, según él, como “cupos de devolución de bienes a narcos y políticos”.
El presidente señaló: “Duque entregó la SAE y se estableció allí, ya no los cupos de contratación con parlamentarios, sino los cupos de devolución de bienes a la mafia”. Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado, pero Juan Diego Gómez sí, y afirmó que la acusación del presidente tiene que ver por el color de su partido y por ser un antipetrista en el senado.
Por ahora, la Fiscalía se encargará de una investigación exprés, sobre los documentos incautados, para establecer qué funcionarios, abogados y sectores políticos habrían participado en esta supuesta red paralela. De confirmarse la existencia de la “SAE paralela”, el caso podría derivar en un megaproceso judicial, con repercusiones directas sobre la transparencia institucional y sobre figuras políticas vinculadas a gobiernos anteriores.
De confirmarse, sería uno de los escándalos más sonados del presidente Iván Duque, quien, en los últimos días, se le ha visto en Israel apoyando al primer ministro de ese país Benjamin Netanyahu, a pesar de haber sido declarado criminal de guerra por la Corte Penal Internacional y porque, esa misma semana, Israel había ordenado bombardear un hospital al sur de Gaza en donde murieron veinte personas, entre los que se cuentan cinco periodistas.
Mientras tanto, la directora de la SAE afirmó que existe una red de corrupción y que son miles los bienes embolatados: “Es un caso tan escandaloso como el que ocurrió con el parqueadero Padilla”.