EL AGUA EN IPIALES. CUANDO LA SED SE CONVIERTE EN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La discusión sobre la calidad del agua debe ser también de interés público. Mientras los informes del IRCA suelen presentar resultados sin riesgo, miles de ipialeños describen una realidad distinta.
Por:
Fernando Enríquez
Desde hace bastante tiempo el debate sobre el agua en Ipiales se ha mantenido en una discusión administrativa y técnica. Si hay recursos, si existen estudios, si faltan diseños o si la solución llegará dentro de algunos meses. Esa narrativa ha normalizado una realidad que, desde el derecho internacional y la Constitución colombiana, tiene otra dimensión. Lo que vive hoy la población de Ipiales no puede entenderse como una crisis en la prestación de un servicio público. Se trata de una innegable vulneración de derechos humanos.
La afirmación no es exagerada. Desde el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos. En Colombia, la Corte Constitucional ha construido una amplia línea jurisprudencial que reconoce el agua como un derecho fundamental y que su ausencia compromete la dignidad humana, la salud, la vida y el mínimo vital.
Ese es precisamente el escenario que enfrenta Ipiales.
Son miles de familias las que completan cerca de dos años y medio sin acceso permanente al servicio, dependiendo de carro tanques para abastecerse, mientras otra parte de la ciudad recibe agua en condiciones que la ciudadanía considera inadecuadas para el consumo. La imagen de todos los días es de agua turbia, con olores desagradables y sedimentos, esto contrasta con los informes oficiales que hablan de condiciones aceptables de calidad.
La Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios bajo principios que no son simples declaraciones. La continuidad del servicio exige que el suministro de agua sea permanente, salvo circunstancias excepcionales y plenamente justificadas. La cobertura obliga a ampliar progresivamente el acceso para toda la población. La calidad demanda que el agua suministrada sea apta para el consumo humano. Y la eficiencia exige que la prestación del servicio responda al interés general y no a la improvisación administrativa. La realidad demuestra que esos principios no se han cumplido.
Es insostenible decir que existe continuidad en el servicio cuando comunidades enteras han permanecido estos dos últimos años dependiendo de soluciones alternas y poco satisfactorias. Tampoco puede hablarse de cobertura cuando barrios completos siguen esperando que el agua llegue a sus hogares, o que tengan acceso a acueducto y alcantarillado. Mucho menos puede afirmarse que la calidad del servicio está garantizada cuando la percepción diaria de los usuarios contradice los informes técnicos presentados por la administración en los que se califica el agua como potable.
A esta crisis social se suma otra aún más preocupante: la ausencia de gestión institucional.
Hace unos días, el Secretario de Planeación de la Gobernación de Nariño informó que el municipio de Ipiales no tiene proyectos radicados ante el Ministerio de Vivienda para resolver la problemática del agua. Reveló además que un proyecto conjunto con la Gobernación fue devuelto meses atrás para realizar ajustes técnicos y que, hasta la fecha, dichas correcciones no han sido presentadas. Como si eso fuera poco, también manifestó que Empoobando tiene una sanción que le impide ejecutar recursos provenientes del Sistema General de Regalías durante un periodo aproximado de un año.
Frente a ese panorama, la pregunta de la ciudadanía resulta completamente legítima:
¿Qué gestión concreta está realizando la administración municipal para solucionar la mayor crisis de agua que ha vivido Ipiales en las últimas décadas?
Mientras los proyectos estructurales permanecen estancados, el gobierno municipal ha mostrado una enorme diligencia en promover un modelo de operación privada para Empoobando. El alcalde ha mencionado reiteradamente experiencias internacionales y empresas como Aguas de Barcelona, presentando como ejemplos exitosos de gestión. Sin embargo, omite señalar que dichas referencias corresponden a esquemas donde la prestación del servicio se entrega a operadores privados. Esto es una muestra indiscutible de la privatización de la prestación del servicio de agua en Ipiales.
Más allá del discurso político, existe un documento oficial que permite comprender el rumbo que pretende tomar la administración: hablamos del Contrato de Consultoría No. 086 de 2025.
El contrato es suficientemente claro. En una primera etapa se pide al consultor diagnosticar la situación de Empoobando para posteriormente presentar tres modelos de operación estratégica para que el alcalde seleccione uno. En la segunda fase, se deben entregar los componentes financieros, jurídicos, tarifarios y operativos del modelo escogido, para finalmente el contratista acompañe el proceso de selección del operador que ejecutará dicho esquema.
No se trata simplemente de una asesoría técnica, estamos hablando del diseño de un nuevo modelo de gestión que culmina con la escogencia de un operador externo para la prestación del servicio. Es el rostro de la tercerización de la gestión del servicio público del agua
A todo esto, se suma otro elemento que merece explicación pública. El contrato de consultoría fue prorrogado, contempla pagos cada 30 días con un acta de informes de avance. Sin embargo, la información no se puede verificar con suficiente claridad, pues la publicación de esos soportes no se encuentra registrada en SECOP. La transparencia, especialmente en un asunto tan sensible para la ciudadanía, no admite zonas grises.
La discusión sobre la calidad del agua debe ser también de interés público. Mientras los informes del IRCA suelen presentar resultados sin riesgo, miles de ipialeños describen una realidad distinta. Esa contradicción obliga a hacer preguntas que merecen respuestas, sin ambigüedades:
¿Cómo se están tomando las muestras?
¿En qué lugares? ¿Con qué periodicidad?
¿Representan realmente las condiciones del agua que llega a los hogares?
Precisamente, por esas dudas, durante una reunión sostenida con la Superintendencia de Servicios Públicos se solicitó una auditoría sobre el procedimiento utilizado para la toma de las muestras del IRCA. La confianza ciudadana solo puede recuperarse mediante procesos independientes y completamente transparentes.
Ante estos hechos, es inadmisible que alcaldía use un discurso que intenta presentar las movilizaciones ciudadanas como actos de oposición política. Durante dos años y medio la comunidad ha convocado a marchas, plantones, bloqueos y escenarios de diálogo porque el problema persiste y porque los compromisos que anuncia la administración nunca se cumplen. Debe quedar claro que la defensa del agua no pertenece a un partido político ni a un sector ideológico. Pertenece a toda una ciudad.
Por eso el llamado que hoy nuevamente hacen las comunidades debe entenderse en su verdadera dimensión, el propósito es defender el agua, la salud pública, la dignidad humana como derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Las administraciones pasan. Los discursos también. Pero las decisiones quedan escritas en la memoria de los pueblos. Y la historia termina preguntando si, frente a la mayor crisis hídrica de Ipiales, quienes gobernaban estuvieron a la altura de su deber constitucional o si, por el contrario, hicieron de la sed de miles de ciudadanos una oportunidad para transformar el modelo público del agua en un negocio privado.
