Procuraduría: Impunidad Campante

Por:

Graciela Sánchez Narváez

Cuando escribo sobre los hechos vergonzosos que le ocurren a nuestro país siento un gran temor relacionado con el riesgo de “dar qué decir”  de nuestra hermosa nación, con la posibilidad de perder aún más la imagen y la poca consideración que ella ha tenido ante quienes nos miran desde afuera; sin embargo, cuando sé que la corrupción es una enfermedad incurable que ha permeado al mundo entero y cuando escucho a los niños y los jóvenes de nuestro pueblo, que son nuestros propios hijos, familiares o vecinos interrogando desconsolados sobre estos temas y levantando su voz en las calles con arengas contra la corrupción, la desigualdad y la escasez, pienso que me asiste un deber moral, ese que todo colombiano debe tener, para poner sobre la mesa y esclarecer estos asuntos que atentan contra nuestra dignidad humana.

Concreta y sencillamente me refiero en esta ocasión, al hecho por el cual en el mes de julio del presente año, la Procuraduría General de la Nación prescribirá cerca de diez mil procesos disciplinarios fruto de las investigaciones efectuadas a funcionarios públicos. La Procuraduría, ha advertido que son 12.142 los procesos en riesgo de quedar en impunidad, pues son casos disciplinarios que estaban en la etapa preliminar, y por ello fueron sancionados en primera instancia ya que sucedieron antes del 1º de julio de 2016. Ellos quedarán anulados porque entrará en vigencia el Nuevo Código General Disciplinario creado el año de 2014 por el ex procurador Alejandro Ordoñez.

Estos casos se relacionan con procesos e investigaciones adelantados a funcionarios de alto nivel, prácticamente son supuestos delitos cometidos por las personas en cuyas manos está la dirección de nuestro país, pues corresponden a 3.108 alcaldes, 644 gobernadores, 21 senadores y 30 representantes a la Cámara, entre otros más. Además, se cerrarían entre muchos otros casos que se han vuelto simbólicos en el país: el proceso en contra de Eduardo Pulgar, por el supuesto soborno a un juez para favorecer a un amigo en una decisión judicial; el del PAE, el robo efectuado de la manera más inmoral y desconsiderada en contra de la alimentación de los niños escolares; entra en vigencia también, una de las investigaciones del delito más sonado en nuestro pueblo, el de Odebrecht, que fue una de las que más revuelo causó por la dimensión de las pérdidas económicas en múltiples contratos;  la Ruta del Sol II, la del exsenador Ñoño Elías; el volteo de tierras, entre muchos otros, que constituyen los actos más escandalosos y corruptos, por la magnitud del daño económico y social, que se han dado en la nación. Entre otros procesos igualmente escandalosos que quedarán incluidos en este acto de impunidad está el del grupo de uniformados del CAI de Villa Luz en Bogotá, que está relacionado supuestamente con la muerte de Javier Ordoñez, ocurrida en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, caso por el que aún hasta el momento reclama explicaciones la población joven colombiana; la investigación que cursa en contra de la exministra Elsa Noguera y el exalcalde Alejandro Char por el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla. No podríamos mencionar más, pues son cerca de 10.000 investigaciones como estas las que se archivarían por vencimiento de términos. Sin embargo, perdemos la memoria y todo pasa y todo queda como si nada hubiera ocurrido, porque según algunas investigaciones, siempre hay quien se encarga de mantenerlos en el silencio.

No puede ser admisible que quienes  se han posicionado como funcionarios en los más altos cargos de poder, precisamente en entidades encargadas de adelantar las investigaciones de las faltas disciplinarias de los servidores públicos, como lo es la Procuraduría, entidad que solo existe en Colombia, dicho sea de paso, hayan usurpado la confianza de nuestro pueblo para burlarse de su desconocimiento e ingenuidad, deteniendo supuestamente estos procesos con un trabajo ineficiente y en la conciencia clara de saber que si no se los agilizaba iban a prescribir y a quedar en la impunidad, impidiendo la posibilidad de sancionar justa y oportunamente a esta clase de funcionarios. Esa es la forma de corrupción más alta, ya que, por la ineficacia en los procesos, se los ha dilatado para que se genere el vencimiento de términos y las normas de justicia y las leyes elaboradas para sancionar estos delitos prescriban.

No entiendo cómo un proceso investigativo de estos delitos tenga fecha de vencimiento de términos. Éticamente, un delito es un delito en cualquier tiempo. Una sanción especial debería aplicarse a estos funcionarios de la Procuraduría que, por inoperancia y muchas veces por acciones directamente intencionadas, no cumplen con su trabajo en el tiempo determinado.

Es completamente injusto y vergonzoso que en la Procuraduría General de la Nación ocurran estos hechos que, lo único que hacen es dar una prueba de lo que en el argot popular se ha dicho siempre: “La ley se ha hecho para los de ruana”, mas no veo justo desde ningún punto de vista que un proceso de estos precluya o se detenga por la ineficiencia de una estructura de control administrativa nacional.

Todos estos hechos bochornosos son la muestra de la ineficiencia e ineficacia de estas entidades. Para nadie es un secreto cómo las leyes son manipuladas al antojo de quien puede sacar provecho. Todo se ampara en la Constitución y la Ley dependiendo de quien haya cometido la falta. Pero algo que nadie espera es que, en esta estructura administrativa de nuestro país, orientada precisamente al control, con tramoyas y prebendas se continúe dilapidando lo que es bien común; amparando estos graves delitos.

El cinismo tiene sus límites, pero el caso de la Procuraduría, la más alta institución de control en el comportamiento correcto de los funcionarios de Colombia se ha extralimitado.

No podemos admitir la respuesta que campantemente se da, explicando que se trata de la escasez de funcionarios, que los años que tuvieron para resolver los casos son insuficientes, tampoco solamente que el Nuevo Código rubricado por el ex procurador Alejandro Ordoñez es el responsable. Mirando desde la Ética, los delitos son delitos en cualquier tiempo. Fuentes de la Procuraduría aseguran que intereses particulares están detrás de buscar el hundimiento de la reforma a la entidad que cursa en el congreso porque incluye un artículo que modificaría una norma que cambió el tiempo de la investigación de los procesos y que impedirá que los más de 10.000 procesos disciplinarios, entre ellos varios que son claves y polémicos, prescriban y sean archivados. Sin embargo, se afirma que en el Congreso se ha desviado la atención en el aumento de la planta de personal, como una cortina de humo para que se hunda la iniciativa y los nuevos plazos que entrarán a regir desde el 1º de julio y dejen sin efecto las investigaciones, incrementando los índices de impunidad en casos tan graves de corrupción como el de Odebrecht. ¿Pero qué podemos hacer con un Cdonde también hay interesados en que estos casos precluyan?